Elizabeth García Romero
Expediente 963/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 963/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Elizabeth García Romero
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos y el contenido de la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha la parte promovente, no interpuso recurso de queja en contra del auto de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda intentada por Elizabeth García Romero; atento a lo anterior, se declara que queda firme dicho auto, con fundamento en la fracción II, del arábigo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), del mismo ordenamiento legal. Atento a lo anterior, previa revisión por la Secretaría de que estén hechas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese este asunto como totalmente concluido.
- Principal
se notifica por lista a la parte quejosa el auto de veintinueve de octubre del año en curso Demanda Vista la demanda de amparo promovida por Elizabeth García Romero, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California; fórmese el expediente y regístrese en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 963/2019-2. Ahora bien, a efecto de determinar la procedencia de la acción de amparo, es menester precisar el acto reclamado a partir del cual se hace valer conforme las manifestaciones bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa, acorde con la jurisprudencia 2a./J. 183/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acorde con ello, se tiene que la petición de amparo se entabla en contra de la determinación de dos de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California, en el juicio laboral 2220/2013-1B, en el cual se resolvió el recurso de revisión interpuesto por la parte demandada Serfincor, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra del acuerdo de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, en relación con el cómputo de la condena y de la diligencia de requerimiento de pago y embargo de la misma data. Desechamiento Puntualizado lo anterior, se estima que en el caso sobreviene de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, aplicado en sentido contrario, del propio ordenamiento legal, habida cuenta que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo por vía indirecta. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]". La aplicación sistemática de las porciones normativas en cita permiten colegir la improcedencia del juicio de amparo derivada de actos de tribunales judiciales, entre otros, que aun dictados fuera de juicio o después de concluido, versen sobre la ejecución de sentencia o al procedimiento de remate. En ese contexto, la procedencia del juicio se colmará siempre que tratándose de actos ocurridos en la etapa de ejecución, se promueva contra la última resolución dictada en esa fase que, conforme lo define la propia disposición legal, será aquella que en un primer supuesto apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado; en segunda hipótesis, declare la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento y, en tercer término, ordene el archivo definitivo del expediente. Sin embargo, en la especie, la improcedencia resulta notoria y manifiesta en la medida que de acuerdo con los antecedentes del caso expuestos por la propia peticionaria de amparo bajo protesta de decir verdad, se desprende que el acto reclamado se dictó durante la fase de ejecución; asimismo, que tiene su origen en la resolución emitida en el recurso de revisión que hizo valer la parte demandada en el juicio de origen. Con base en esos antecedentes, es posible concluir que la resolución de dos de septiembre de dos mil diecinueve, respecto de la que se promueve la acción de amparo que se analiza en su procedencia, no corresponde a la última resolución recaída en la fase de ejecución dado que no tiene por objeto aprobar o reconocer el cumplimiento total de lo sentenciado; tampoco declare la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento a la cosa juzgada, mucho menos tiene por objeto ordenar el archivo definitivo del expediente, de manera que al no tener dichas características en modo alguno puede estimarse pertinente la instauración de la acción de amparo conforme la fracción IV del artículo 107 de la Ley aplicable ya citado. En el mismo orden, tampoco conlleva una afectación directa a derechos fundamentales, por cuanto la materia de la resolución combatida tiene efectos meramente intraprocesales, es decir, en oposición a aquellos que inciden en derechos fundamentales que tornan la procedencia de la acción de amparo. En relación con ello, cabe abundar que la distinción entre un derecho sustantivo y uno de carácter adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Aunado a ello, por cuanto el acto que se pretende referir como conculcatorio de derechos, tampoco tiene independencia al principio de efectividad de la sentencia que constituye cosa juzgada en el procedimiento de origen; por el contrario, sus antecedentes y el motivo de su dictado permite advertir que tiene íntima relación con la ejecución de la condena habida cuenta que con lo determinado en el recurso de revisión promovido por la parte demandada que declaró procedente revocar el cómputo de la condena y de la diligencia de requerimiento de pago y embargo, lo que refleja su dependencia con la ejecución de la sentencia. Condición que deriva en la imposibilidad jurídica para admitir a trámite la petición de amparo pues ello implicaría contravenir la efectividad de la sentencia y, por ende, el derecho de tutela judicial efectiva contenida en el artículo 17 constitucional. En ese orden, dada la etapa procesal en que se encuentra el juicio del que deriva el acto que se reclama, el presente sumario constitucional carece de las notas distintivas para la procedencia de la acción de amparo en vía indirecta dado que no se trata de resolución que ponga fin a la etapa correspondiente, tampoco tiene una trascendencia de imposible reparación sobre derecho fundamental alguno del peticionario de amparo y no es independiente a la ejecución de la sentencia firme, por lo que es dable concluir que el juicio de amparo es improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, este último de aplicación en sentido contrario. En consecuencia, al ser manifiesta, notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, aplicado en sentido contrario, del propio ordenamiento legal, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo.
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