Elizabeth García Rangel y Otros.
Expediente 1090/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1090/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/10/2018
Partes del expediente
- Elizabeth García Rangel y Otros.
- Elizabeth García Rangel
Actuaciones
- Principal
...Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra el auto en que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula...I
- Principal
Téngase por recibido y agréguese a los autos el informe justificado, que rinde la autoridad responsable: Presidente de la Junta Especial Cincuenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Asimismo, con apoyo en el artículo 119 de la Ley que rige el juicio constitucional, téngase como prueba de la autoridad responsable, la documental que adjunta a su informe. Ahora, vistas las constancias en copia certificada de cuenta, como lo impone el precepto 62 de la Ley de Amparo, se advierte la improcedencia del juicio constitucional, respecto a los actos de los que se duele la justiciable, que en esencia consisten en: El proveído de siete de agosto de dos mil dieciocho, dictado por la responsable, en el que se señalaron las nueve horas con treinta minutos del once de enero de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente laboral ****, de su índice. Es así, pues de las constancias que remite la responsable se advierte que el veinte de septiembre del año en curso, por los razonamientos que refirió la Junta responsable, en términos de los artículos 685 y 686 de la Ley Federal del Trabajo, regularizó el procedimiento del expediente laboral de origen, pues al efecto dejó sin efectos la audiencia señalada en el auto de radicación y en su lugar fijó las diez horas del seis de noviembre del año en curso, para que tenga lugar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; de tal forma que al haberse dictado el auto de veinte de septiembre del año que transcurre, se actualiza el supuesto previsto en la fracción XXI del precepto 61 de la Ley de Amparo, en lo que se reseña como la circunstancia de que han cesado los efectos del acto reclamado, como se explica enseguida. La disposición jurídica de que se habla, expresamente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos del acto reclamado se traduce en que lo que dictó, ejecutó o pretende ejecutar la autoridad responsable, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, es decir, ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando las cosas han vuelto al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. En el caso que nos ocupa, de las constancias que remite la autoridad señalada como responsable, a las que se le confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de copias certificadas expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones; como ya se dijo, se advierte que la Junta responsable, de conformidad con los artículos 685 y 686 de la Ley Federal del Trabajo, regularizó el procedimiento de origen y señaló diversa fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; asimismo, notificó de manera personal el citado auto a la aquí quejosa. Por tanto, han cesado los efectos del acto reclamado, pues la responsable, por auto de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, señaló las diez horas del seis de noviembre del año que transcurre, para que tenga lugar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente laboral de origen; en esa medida, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de puntual apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis listada con el número 2a./J. 59/99, página 38, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De tal guisa, al actualizarse la causal de improcedencia aludida, con apoyo en el artículo 63 fracción V de la ley de la materia, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, incluso sin esperar la celebración de la audiencia. Lo anterior, atendiendo a que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia, y conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que puede sobreseerse en el juicio fuera de audiencia cuando la causa de improcedencia sea manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En las relatadas consideraciones, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia en el presente juicio, se impone necesario sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63 fracción V de la Ley de Amparo. Máxime, que del escrito de cuenta, signado por el autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, el cual se ordena agregar a los autos, se advierte que manifiesta la conformidad de la parte quejosa con lo determinado por la responsable en relación al señalamiento de nueva fecha y hora para que tenga verificativo la referida audiencia. Consecuentemente, se deja sin efectos la fecha y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional...I NP
- Principal
RECEPCIÓN DE OFICIO Y DE ESCRITO ACLARATORIO: Agréguese a los autos el escrito aclaratorio signado por Jorge Contreras Morales; asimismo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Cincuenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a través del cual remite copia certificada de las constancias que integran el expediente laboral ********** de su índice; en consecuencia, ténganse a las citadas partes dando cumplimiento al requerimiento contenido en autos y se provee: ADMISIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo; se ADMITE a trámite la demanda de que se trata promovida por ***, por cumplir con los requisitos que establece la ley de Amparo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que en el caso sea necesario formar incidente de suspensión, al no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO para llevar a cabo la audiencia constitucional de este juicio. INFORMES JUSTIFICADOS. Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, mismas que deberán rendirlo por escrito y de la siguiente forma: 1.- Dentro del término de cinco días hábiles, en caso de que éstos sean en sentido negativo, o 2.- Dentro del plazo de quince días hábiles, si son en sentido afirmativo. El cual se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, en el entendido que en dicho informe deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, y 238 de la actual Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que de no rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. Dicho informe podrán rendirlo vía fax (442) 235 73 52 o mediante correo electrónico 5jdo22ctoajf@correo.cjf.gob.mx, preferentemente, sin perjuicio que deseen usar la correspondencia oficial común. En el entendido que de conformidad con lo establecido en el séptimo párrafo del numeral antes invocado, NO PROCEDERÁ QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR EL INFORME PRETENDAN VARIAR O MEJORAR LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NI QUE OFREZCAN PRUEBAS DISTINTAS DE LAS CONSIDERADAS AL PRONUNCIARLO, SALVO LAS RELACIONADAS CON LAS NUEVAS PRETENSIONES DEDUCIDAS POR EL QUEJOSO. AUTORIDADES INEXISTENTES. Apercíbase a la parte quejosa para que, en el supuesto de que las autoridades señaladas como responsables, con la denominación que indica en su demanda de amparo, no existan, con fundamento en la fracción III del artículo 108, de la Ley de Amparo vigente (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre ellas el señalar en forma precisa las autoridades responsables), sin ulterior acuerdo, se les tendrá como inexistentes y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa proporcione la denominación correcta de las autoridades responsables; lo anterior, tomando en consideración que le corresponde al quejoso estar pendiente de la tramitación del presente asunto; lo que guarda congruencia con el derecho fundamental tutelado por el artículo 17 constitucional, en su modalidad relativa a justicia pronta y expedita. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con apoyo en los numerales 9º, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicados los domicilios para oír y recibir notificaciones que señalen. Sin que haya lugar a tener como autorizados para consultar expedientes y recibir documentos a las personas que mencionen las responsables, toda vez que esa facultad está reservada para la parte quejosa y los terceros interesados; lo anterior, con excepción de los particulares señalados como autoridades responsables. REQUIERE POR CONSTANCIAS SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En otra línea, con fundamento en el artículo 64, de la ley del juicio constitucional, se requiere tanto a las autoridades señaladas como responsables, como a la autoridad llamada a este juicio y a la parte quejosa, para que comuniquen de inmediato a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de sobreseimiento y sobre todo, informen si es de su conocimiento que la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo, y en su caso, informen el estado procesal del respectivo juicio de amparo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. PRUEBAS. Con apoyo en lo establecido por el artículo 119 de la ley que rige el juicio constitucional, téngase como pruebas de la parte quejosa, las que refiere en su escrito inicial de demanda, las que de ser pertinentes, serán tomadas en el momento procesal oportuno. Sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En el entendido de que subsisten los autorizados y el domicilio para oír y recibir notificaciones, precisados en el auto inicial...I
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RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase, a ************ y otros, promoviendo demanda de amparo contra actos del Junta Especial Número Cincuenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 1090/2018; procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio. REPRESENTANTE COMÚN. Con apoyo de del numeral 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común a ****************, sin perjuicio de que con posterioridad se nombre a diversa persona. PREVENCIÓN. Ahora bien, previo a proveer lo que en derecho proceda respecto a la admisión de la demanda, con fundamento en los artículos, 108, 110 y 114 de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, siguientes al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, con las copias suficientes de su escrito aclaratorio y anexos, para correr traslado a las partes, cumpla con lo siguiente: Único: De conformidad con los requisitos que prevén los artículos 108, fracción I y 114, fracción III de la Ley de Amparo, aclare cuál es el nombre completo y correcto de la siguiente parte quejosa, pues al inicio del proemio de la demanda, así como en el apartado de "Nombre y domicilio del quejoso:" aparece el de Contreras Morales, mientras que al final de la misma, donde obra estampada la firma correspondiente se asentó el nombre de Jorge Contreras Morales. Lo antepuesto es así, porque es uno de los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto, esto es, el nombre del quejoso, o de quien promueve en su nombre, circunstancia que resulta necesaria para dar claridad a esta Juzgadora, a fin de discernir en el caso concreto respecto a su procedencia. En el entendido de que la prevención decretada sólo podrá cumplirla el propio quejoso y no los autorizados ni siquiera en términos amplios de éste, debido a que aquél entraña expresiones bajo protesta de decir verdad, inherentes a la accionante. Ilustra la Jurisprudencia 2a./J. 88/2006, de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, visible en la página 348, tomo XXIV, julio de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del rubro siguiente. "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA". APERCIBIMIENTO. Bajo apercibimiento, que de no dar cumplimiento a lo solicitado, con fundamento en el numeral 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda únicamente por lo que ve a dicha persona. REQUERIMIENTO A AUTORIDAD. Asimismo, con fundamento en los artículos 78, 79 y 90 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 2o. de esta ley, que establecen que para conocer la verdad, el juzgador puede valerse de cualquier persona y de cualquier documento, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos; en el caso, en atención a la garantía de acceso a la impartición de justicia a favor de los gobernados contenida en el artículo 17 de la Constitución Federal, que consagra los principios de justicia pronta y expedita, con el objeto de mejor proveer en seguimiento de los indicados principios constitucionales, requiérase a la Junta Especial Número Cincuenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir del momento en que quede debidamente notificado del presente acuerdo, informe la fecha en que se notificó a los trabajadores de la radicación del expediente laboral número 952/2018 de su índice, y remita las constancias respectivas con las que acredite su dicho, esto es, copia certificada del acuerdo de siete de agosto de dos mil dieciocho, así como copia de la notificación que se haya realizado a la parte trabajadora, aquí quejosa; bajo apercibimiento de que no cumplir con lo anterior, dentro del término que se le concede, se hará acreedor a una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, ello de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho, en relación con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la tesis sostenida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1858, Tomo XVII, Enero de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto que siguen: "REQUERIMIENTO. LOS JUECES DE DISTRITO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 79 Y 88 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO, ESTÁN FACULTADOS PARA REQUERIR INFORMACIÓN SOBRE LA EXISTENCIA Y AUTENTICIDAD DE DOCUMENTOS, AUN ANTES DE ADMITIR LA DEMANDA DE AMPARO. De acuerdo a lo previsto en los artículos 79 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, el Juez de amparo puede allegarse de información sobre la existencia y autenticidad de los documentos con los que la parte quejosa pretende demostrar su interés público subjetivo en el interés jurídico, siempre que lo haga dentro del mismo término que se le otorga a la parte quejosa, cuando el ocurso de demanda haya sido objeto de aclaración o requerimiento porque no satisface los requisitos a que alude el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, en el mismo auto de admisión de la demanda, sin que con ello deba retardar el proveer sobre la suspensión provisional dentro del término legal previsto para ello, y sin que deba reservar de acordar cuando no haya causa legal para ello." DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en esta ciudad, y, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizados en términos amplios a las personas que designa. Sin que haya lugar a tener a la persona que menciona como apoderado de la parte quejosa, lo anterior, toda vez que no se anexa documento idóneo para acreditar tal carácter. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.... 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