Elizabeth García Mendoza y Otros.

Expediente 1178/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1178/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
29/09/2017

Partes del expediente

  • Elizabeth García Mendoza y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    V. Archívese como asunto concluido.

  2. Principal

    V. Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México informa que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Elizabeth García Mendoza y otros, con motivo de la competencia declinada por este Juzgado Federal Como lo solicita la autoridad oficiante, notifíquese por medio de lista a la parte quejosa, el proveído del veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, dictado en el juicio de amparo 1115/2017, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2º de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio signado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México, mediante el cual remite el juicio de amparo directo 1178/2017-V, de su índice; toda vez que mediante auto de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Elizabeth García Mendoza, por su propio derecho, y Edgar Abraham Macías Macías e Isbeth De la Rosa Vargas, en su carácter de terceros extraños a juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 107, fracción VI, y 37 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto; acúsese recibo de estilo. Fórmese cuaderno respectivo y, regístrese en el libro que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito con el número 1115/2017. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir a la parte quejosa para que llene los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo a las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que los promoventes puedan subsanarlas en tiempo. En ese tenor, el artículo 114 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." De lo transcrito se desprende que dicho artículo permite al juzgador federal exigir la aclaración de la demanda cuando se adviertan, entre otros aspectos, omisiones en los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento. Al respecto, con la finalidad de que este órgano jurisdiccional se allegue de mayores datos que permitan satisfacer los requisitos de procedibilidad de la instancia constitucional, de conformidad con los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, se previene a los promoventes para que dentro del plazo de cinco días computados legalmente, por escrito y bajo protesta de decir verdad, de manera personal y no por conducto de las personas que autorizan en su escrito de demanda, aclaren la demanda en los puntos que se precisarán más adelante, entendidos de la responsabilidad en la que incurren las partes en el juicio y de las sanciones previstas en los artículos 236 y 237 de la Ley de Amparo, que a letra establecen: "ARTÍCULO 236. Para mantener el orden y exigir respeto, los órganos jurisdiccionales de amparo mediante una prudente apreciación de acuerdo con la conducta realizada, podrán imponer a las partes y a los asistentes al juzgado o tribunal, y previo apercibimiento, cualquiera de las siguientes medidas disciplinarias: I. Multa; y II. Expulsión del recinto judicial o del lugar donde se celebre la audiencia. En casos extremos, la audiencia podrá continuar en privado. Para estos efectos las autoridades policiacas, federales, estatales y municipales deberán prestar auxilio a los órganos jurisdiccionales de amparo cuando lo soliciten." "ARTÍCULO 237. Para hacer cumplir sus determinaciones, los órganos jurisdiccionales de amparo, bajo su criterio y responsabilidad, podrán hacer uso, indistintamente, de las siguientes medidas de apremio: I. Multa; II. Auxilio de la fuerza pública que deberán prestar las autoridades policiacas federales, estatales o municipales; y III. Ordenar que se ponga al infractor a disposición del Ministerio Público por la probable comisión de delito en el supuesto de flagrancia; en caso contrario, levantar el acta respectiva y hacer la denuncia ante la representación social federal. Cuando la autoridad infractora sea el Ministerio Público de la Federación, la infracción se hará del conocimiento del Procurador General de la República." Ahora bien, los promoventes señalan como autoridades responsables las siguientes: Juez Quinto civil del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, con sede en Tecámac, Estado de México. Lic. José Luis Quebrado Cantor, Ejecutor adscrito al Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, con sede en Tecámac, Estado de México. A su vez, refieren como acto reclamados a las autoridades que señalan como responsables, los siguientes: De la autoridad responsable ordenadora: el auto de fecha siete de agosto de la presente anualidad dictado por el Juez Quinto Civil del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos con residencia en Tecamac Estado de México dentro de los autos del juicio ordinario mercantil número 57/2007 del índice de ese juzgado y el cual nos fue notificado en fecha de diecisiete de los corrientes. De la autoridad responsable ejecutora: el auto de fecha siete de agosto de la presente anualidad dictado por el Juez Quinto Civil del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos con residencia en Tecámac Estado de México dentro de los autos del juicio ordinario mercantil número 57/2017 del índice de ese juzgado el cual nos fue notificado en fecha diecisiete de los corrientes. Precisados los actos reclamados y las autoridades que señala como responsables; con fundamento en el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, deberán "bajo protesta de decir verdad", realizar lo siguiente: 1. Señalar de manera individualizada y clara y en forma destacada el acto o actos que reclaman por esta vía; toda vez que no se advierte su verdadera intención; lo anterior es así, ya que del capítulo correspondiente se advierte que la parte quejosa al momento de enunciar el acto que por esta vía reclama aduce que es la ejecución de la sentencia emitida en el juicio ordinario mercantil 57/2007, del índice del Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de Morelos, con sede en Tecámac, Estado de México; asimismo, señalan que no han sido oídos y vencidos en el juicio del cual derivan los actos reclamados. 2. Hecho lo anterior, precisen a qué autoridad les reclamada cada uno de los actos que precise en su escrito de desahogo de prevención, conforme a sus funciones y atribuciones de cada autoridad. 3. Aunado a lo anterior, deberá narrar "bajo protesta decir verdad", todos y cada uno de los hechos y abstenciones de dicho acto reclamado, lo cual deberá de realizar de forma amplia, cronológica, enunciativa y no limitativa, toda vez que no se advierte que lo hubiera hecho en dichos términos. 4. Si en contra del acto que señale como destacado promovió algún recurso o medio de defensa ordinario o diverso juicio de amparo, y ante quién lo promovió, de conformidad con los artículos 46, 47 y 48 del Acuerdo General del Pleno que establece las actividades administrativas de los Órganos Jurisdiccionales, y en caso de ser así precise: i. Precise cuál. ii. El número de expediente. iii. El estado que guarda. iv. Si se encuentra pendiente por resolver. v. Para el caso de que se haya resuelto, indique en qué sentido. Lo anterior, es así, toda vez que los antecedentes del acto que por esta vía se impugnan deberá hacerse "bajo protesta de decir verdad", debido a que la frase de referencia es una formalidad que se requiere para instar el juicio de amparo indirecto, pues la fracción V, del citado precepto 108, establece que la parte quejosa deberá expresar bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia P./J 127/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, del Tomo X, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, que establece: "PROTESTA DE DECIR VERDAD, ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA SOLA EXPRESION FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar al artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que lo consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una formula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa obligación, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo Necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." Es aplicable en lo conducente la tesis VI.1o.19 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 301, del Tomo XV-II, del Semanario Judicial de la Federación, de febrero de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, con número de registro 208347, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. LA CARENCIA DEL REQUISITO DE FORMA CONSISTENTE EN LA NARRACION DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE CONSTAN AL QUEJOSO Y QUE CONSTITUYAN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, NO ES CAUSA DE SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, la omisión en el escrito de demanda del requisito señalado en el diverso artículo 116, fracción IV, de la propia ley, esto es, en cuanto a la narración de los hechos y abstenciones que consten al quejoso y que constituyan los antecedentes del acto reclamado, es motivo para que se prevenga al promovente que le dé cumplimiento, con el apercibimiento de tener por no interpuesta dicha demanda en caso de no hacerlo; por lo cual es evidente que esta irregularidad no constituye una causa de improcedencia o sobreseimiento del juicio." Al respecto, se hace del conocimiento a la parte quejosa las penas en que incurre en el caso de que exprese hechos falsos u omita los que consten en relación con el acto reclamado, contenidos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261.- Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: - - - I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y - - - II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." En la inteligencia que de los escritos con los cuales cumplan lo solicitado, deberán de exhibir las copias necesarias para correr traslado a cada una de las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 de la ley de la materia. Es aplicable la jurisprudencia P/J.36/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, publicada en la página 79, del Tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Abril del año dos mil uno, Novena Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO.- Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Por otra parte, se apercibe a la parte quejosa que para el caso de no desahogar en sus términos las prevenciones formuladas, así como de no acompañar las copias necesarias para correr traslado a las partes como lo establece el artículo 110 de la ley de la materia, se procederá en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley en cita, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de mérito. Sin que represente obstáculo a las anteriores prevenciones el alto criterio del Honorable Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con sede en Nezahualcóyotl, contenido en la jurisprudencia II.1o. J/3 (10a.), de la Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el uno de julio de dos mil dieciséis, del rubro y texto siguientes: "RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO POR NO HABERSE DESAHOGADO UN REQUERIMIENTO PARA SU ACLARACIÓN. DEBE DECLARARSE FUNDADO, SI DICHA SANCIÓN PROCESAL TIENE COMO PRESUPUESTO UNA PREVENCIÓN INJUSTIFICADA, CONTRARIA AL DERECHO HUMANO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. El artículo 114 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare su demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y, V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. En caso de que no se subsanen las irregularidades detectadas por el juzgador dentro del plazo de cinco días, la sanción procesal que dicho numeral prevé es que se tenga por no presentada la demanda. Por otra parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que el derecho humano a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de recurso efectivo, consagrado en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. Bajo ese parámetro, si el Juez de Distrito requiere al quejoso para que enmiende su escrito inicial, bajo apreciaciones injustificadas, solicitándole que precise, entre otras cuestiones, el acto reclamado y la autoridad responsable, no obstante que dichos datos eran claros desde un inicio, el recurso de queja que se interponga contra el auto que tenga por no presentada la demanda por no haberse desahogado tal requerimiento para su aclaración, debe declararse fundado, pues la sanción procesal que se impugna tiene como presupuesto una prevención injustificada, de suyo, contraria al mencionado derecho humano de tutela judicial efectiva que, como se dijo, pugna por evitar formalismos e interpretaciones innecesarias y ociosas." Lo anterior es así, en primer lugar, porque tal tesis está dirigida a la forma en que resuelven los Tribunales Colegiados de Circuito los recursos de queja en contra de los desechamientos y acuerdos en los que se tengan por no presentadas las demandas de amparo indirecto, cuestión que de perogrullo es de su exclusiva competencia y no de los Juzgados de Distrito. En segundo lugar, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que si bien los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, puesto que de lo contrario se dejarían de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional, en detrimento de la seguridad jurídica de los gobernados. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 5/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, contenida en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 15, febrero de dos mil quince, tomo II, página mil cuatrocientos sesenta, de los siguientes rubro y texto: "AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. EL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA, NO TRANSGREDE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, puesto que de lo contrario se dejarían de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional, en detrimento de la seguridad jurídica de los gobernados. En ese sentido, el artículo 81, fracción II, de la Ley de Amparo no viola el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, en tanto que sólo establece, de conformidad con el numeral 17, correlacionado con el diverso 107, fracción IX, ambos de la Constitución Federal, los presupuestos de admisibilidad del recurso de revisión tratándose de amparo directo, sujetando ésta a la existencia de un planteamiento de constitucionalidad en la demanda de amparo, o bien, en el pronunciamiento que pueda realizar el órgano jurisdiccional competente de dicha naturaleza y, además, que el tema sea de importancia y trascendencia, en cuyo caso, de no actualizarse dichos requisitos, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ejercicio de sus facultades, podrá desechar el medio de impugnación." En tercer lugar, no resulta aplicable el insigne criterio judicial local de referencia de nuestro alto Tribunal Federal en esta municipalidad, en virtud de que no se actualiza el supuesto normativo integrador creado, dado que no nos encontramos ante una eventual prevención injustificada, sino al contrario, está lógica y jurídicamente justificada y fundada no sólo en el artículo 108 de la Ley de Amparo, sino también en el diverso numeral 114 de la misma legislación invocada, en el que se establece literal y textualmente la obligación del promovente de precisar los puntos de prevención de que se ha dado noticia. Por lo que si nuestro Constituyente Permanente fijó tales presupuestos procesales, dentro de su marco de facultades configurativas, como legislador racional y omnicomprensivo, no se pueden desconocer dichos requisitos formales y legales mediante reglas de adjudicación. Además cabe magnificar que el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), de la Décima Época, contenida en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 4, marzo de dos mil catorce, tomo I, página trescientos veinticinco, de los siguientes rubro y texto: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." De igual modo, es importante traer a contexto que del derecho a la tutela jurisdiccional se desprenden dos instituciones distintas. En primer término, la acción, que en general puede concebirse como un derecho subjetivo, público y autónomo, mediante el cual se requiere la necesaria intervención del Estado para la protección de una pretensión jurídica que deriva de ser titular de un derecho tutelado por el derecho objetivo. Por otro lado, la vía, es el esquema del ejercicio de la potestad jurisdiccional, esto es, la forma o el camino a través del cual se desarrolla el proceso para resolver la pretensión planteada. El mismo derecho a la tutela judicial efectiva implica que una vez ejercitada la acción, el planteamiento realizado debe desarrollarse a través de un proceso, en el que se deben respetar ciertas formalidades, que se desarrollan a través de varias etapas que la ley detalla, a fin de llevar en cada una de ellas diversas actuaciones procesales que culminan con una sentencia, es decir, en una decisión sobre la pretensión planteada; proceso al cual se le conoce como vía. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 98/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, contenida en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 11, octubre de dos mil catorce, tomo I, página novecientos nueve, del siguiente contenido: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio." Y la diversa tesis 1a. CXCIV/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, publicada el ocho de julio de dos mil dieciséis, de los siguientes rubro y texto: "DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN. De la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 42/2007, (1) de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", deriva que el acceso a la tutela jurisdiccional comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos que lo integran: 1) una previa al juicio, a la que atañe el derecho de acceso a la jurisdicción; 2) otra judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, 3) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. En estos términos, el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción debe entenderse como una especie del diverso de petición, que se actualiza cuando ésta se dirige a las autoridades jurisdiccionales, motivando su pronunciamiento. Su fundamento se encuentra en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual corresponde al Estado mexicano impartir justicia a través de las instituciones y procedimientos previstos para tal efecto. Así, es perfectamente compatible con el artículo constitucional referido, que el órgano legislativo establezca condiciones para el acceso a los tribunales y regule distintas vías y procedimientos, cada uno de los cuales tendrá diferentes requisitos de procedencia que deberán cumplirse para justificar el accionar del aparato jurisdiccional, dentro de los cuales pueden establecerse, por ejemplo, aquellos que regulen: i) la admisibilidad de un escrito; ii) la legitimación activa y pasiva de las partes; iii) la representación; iv) la oportunidad en la interposición de la acción, excepción o defensa, recurso o incidente; v) la competencia del órgano ante el cual se promueve; vi) la exhibición de ciertos documentos de los cuales depende la existencia de la acción; y, vii) la procedencia de la vía. En resumen, los requisitos de procedencia, a falta de los cuales se actualiza la improcedencia de una acción, varían dependiendo de la vía que se ejerza y, en esencia, consisten en los elementos mínimos necesarios previstos en las leyes adjetivas que deben satisfacerse para la realización de la jurisdicción, es decir, para que el juzgador se encuentre en aptitud de conocer la cuestión de fondo planteada en el caso sometido a su potestad y pueda resolverla, determinando los efectos de dicha resolución. Lo importante en cada caso será que para poder concluir que existe un verdadero acceso a la jurisdicción o a los tribunales, es necesario que se verifique la inexistencia de impedimentos jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o que resulten discriminatorios." Por último, no está por demás señalar que la finalidad de una prevención es, por una parte, auxiliar al promovente en el planteamiento y exposición de su demanda, a fin de procurar su acceso a la justicia y, por otra, que el Juez de Distrito quede en aptitud de admitir la demanda, una vez satisfechos todos los requisitos de forma y contenido de aquélla, con base en los cuales es dable concluir que los presupuestos procesales de la acción constitucional están satisfechos y que no se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Robustece ese argumento, la tesis I.11o.C.15 K (10a.), del Decimoprimer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, correspondiente a la Décima Época, contenida en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 6, mayo de dos mil catorce, tomo III, visible a página mil novecientos ochenta y cinco, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA SATISFACCIÓN DE LA PREVENCIÓN POR PARTE DEL QUEJOSO, NO TRAE COMO CONSECUENCIA LÓGICA Y FORZOSA, SU ADMISIÓN (INTERPRETACIÓN LATO SENSU DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE AMPARO). De un estudio gramatical, aislado y en "estricto sensu" de ese precepto, se llegaría a la conclusión de que en la hipótesis de que el primer proveído emitido una vez presentada la demanda sea una prevención y ésta se cumpla, el actuar forzoso y lógico del Juez de Distrito es su admisión, por lo que quedaría impedido para declararse incompetente o desecharla. Sin embargo, esa interpretación no puede ser válida, dado que debe preferirse una interpretación "lato sensu", sistemática y teleológica de ese precepto en relación con los restantes que forman un sistema definido por el legislador, a fin de no hacer nugatorio dicho régimen. Al partir de esas bases, la finalidad de una prevención es, por una parte, auxiliar al promovente en el planteamiento y exposición de su demanda, a fin de procurar su acceso a la justicia y, por otra, que el Juez de Distrito quede en aptitud de admitir la demanda, una vez satisfechos todos los requisitos de forma y contenido de aquélla, con base en los cuales es dable concluir que los presupuestos procesales de la acción constitucional están satisfechos y que no se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En razón de lo expuesto, debe preferirse una interpretación lato sensu del citado precepto 115 pues, de no ser así, se llegaría al absurdo de obligar a un Juez de Distrito a admitir una demanda aun cuando pudieran no estar satisfechos los presupuestos procesales de la acción constitucional o cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, derivado de los nuevos datos aportados por el quejoso. Por tanto, de interpretarse en forma aislada y gramatical el precepto 115 de la Ley de Amparo, se rompería con el sistema establecido por el legislador, dentro del cual se encuentra inmerso y que atiende a los distintos escenarios que se presentan al recibir una demanda. Esto se respalda con el hecho de que dicha interpretación gramatical y aislada iría en detrimento del derecho fundamental de acceso a la justicia de forma pronta y expedita, en virtud de que éste no debe ser irrestricto, sino consonante con el de las demás partes que debieran intervenir en el juicio de amparo y que podrían ser llamadas innecesariamente. Asimismo, porque sería contrario al derecho de tutela judicial efectiva, tramitar un procedimiento de amparo que desde el momento en que se satisface la prevención efectuada, pueda advertirse de manera clara e indudable su improcedencia, con el consecuente desgaste derivado de echar a andar la maquinaria judicial." De igual manera, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 125/2012 (10a.), pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XIV, noviembre de dos mil doce, tomo 2, página mil quinientos ochenta y tres, de los siguientes rubro y texto: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU ALCANCE FRENTE AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO AL RESULTAR IMPROCEDENTE LA VÍA CONSTITUCIONAL Y PROCEDENTE LA ORDINARIA. El reconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva frente al desechamiento de una demanda de amparo por improcedencia de la vía, no implica que el órgano constitucional del conocimiento deba señalar la autoridad jurisdiccional ordinaria que considera competente para tramitar la vía intentada y ordenar la remisión de los autos y menos aún, que aquélla tome como fecha de ejercicio de la acción la de presentación de la demanda del juicio constitucional improcedente, pues ello implicaría dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso, al permitir a los particulares rescatar términos fenecidos y desconocer instituciones jurídicas como la prescripción, instituidas para efectos de orden público." Y la diversa tesis II.3o.P.4 K (10a.), del Tercer Tribunal Colegido en Materia Penal del Segundo Circuito, correspondiente a la Décima Época, contenida en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 6, mayo de dos mil catorce, tomo III, página mil novecientos ochenta y tres, del contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI AL RESOLVER EL RECURSO DE QUEJA SE ADVIERTE QUE LA PREVENCIÓN PARA QUE SE ACLARARA NO SE AGOTÓ TOTALMENTE Y SÓLO SE CORRIGIERON LAS DEFICIENCIAS, IRREGULARIDADES U OMISIONES VINCULADAS CON LA AUTORIDAD ORDENADORA Y NO DE LA EJECUTORA A QUIEN NO SE RECLAMÓ ACTO ALGUNO POR VICIOS PROPIOS, DEBE ADMITIRSE SÓLO EN LA PARTE EN QUE AQUÉLLAS NO EXISTEN Y TENERLA POR NO PRESENTADA POR CUANTO HACE A LA AUTORIDAD RESPECTO DE LA CUAL EL PROMOVENTE INCUMPLIÓ CON DICHO REQUERIMIENTO. Del artículo 114 de la Ley de Amparo, se advierte la potestad que tiene el juzgador del juicio constitucional (llámese Juez de Distrito o Magistrado de Tribunal Unitario de Circuito) para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad en él o se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la ley de la materia; como cuando no se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente, o bien, cuando no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado o no se exhibieren las copias necesarias de la demanda, esto último con la excepción hecha a las hipótesis prescritas en el párrafo segundo del numeral 110 de la ley en consulta, por lo que el incumplimiento de ese requerimiento trae como consecuencia que no se tenga por presentada la demanda correspondiente. Ahora bien, cuando al resolverse el recurso de queja se advierta que la prevención no se agotó totalmente y sólo se corrigieron las deficiencias, irregularidades u omisiones vinculadas con la autoridad ordenadora y no respecto a la ejecutora a quien el quejoso no le reclama acto alguno por vicios propios, la demanda de amparo debe admitirse parcialmente, esto es, sólo en la parte en que no existen imprecisiones y deficiencias (acto reclamado y autoridad ordenadora), y tenerse por no presentada por cuanto hace a la autoridad ejecutora respecto de la cual, el promovente incumplió con el requerimiento que se le hizo." Asimismo, tampoco este Juzgado de Distrito pasa por alto el artículo 1° de la Constitución Federal, la que dispone que las normas relativas a los derechos humanos y principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Ello es así, pues el principio pro homine tiene como fin acudir a la norma más protectora y/o a preferir la interpretación de mayor alcance de ésta al reconocer o garantizar el ejercicio de un derecho fundamental; o bien, en sentido complementario, aplicar la norma y/o interpretación más restringida al establecer limitaciones y restricciones al ejercicio de los derechos humanos. Apoya, en lo conducente, la tesis aislada 1a. XXVI/2012 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL. El segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro personae que es un criterio hermenéutico que informa todo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, es decir, dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios. Esto implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho más extenso y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. Por tanto, la aplicación del principio pro personae en el análisis de los derechos humanos es un componente esencial que debe utilizarse imperiosamente en el establecimiento e interpretación de normas relacionadas con la protección de la persona, a efecto de lograr su adecuada protección y el desarrollo de la jurisprudencia emitida en la materia, de manera que represente el estándar mínimo a partir del cual deben entenderse las obligaciones estatales en este rubro ." Sin embargo, este principio constitucional aun cuando implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para la persona, es decir, que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos, y por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio, de ninguna manera implica que dicha interpretación suponga desconocer a la ley en cada caso hasta lograr su mayor beneficio, ni mucho menos a ignorar la norma realmente aplicable en la especie. En efecto, la reforma constitucional relacionada con los tratados de derechos humanos así como con la interpretación más favorable a la persona -principio pro persona o pro homine-, no implica que los juzgados y tribunales mexicanos dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dichos cambios sólo conllevan a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Por tanto, si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar la ley en cada caso hasta lograr su mayor beneficio, ni mucho menos a ignorar la norma realmente aplicable en la especie, pues tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. Apoya a lo anterior las tesis aisladas 2a. LXXXI/2012 (10a.) y 2a. LXXXII/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros y textos dicen: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Por tanto, la aplicación del principio pro persona no puede servir como fundamento para considerar procedentes por sí solas las acciones intentadas por los justiciables. Lo anterior es así, toda vez que se reitera, la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para no desestimar las pretensiones de los gobernados. Aunado a lo anterior, debe resaltarse que un órgano de amparo únicamente puede conocer de las violaciones a los derechos humanos que le sean planteadas, atendiendo a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales deberá resolver con base en tales numerales y, en los que resulten aplicables de su Ley Reglamentaria; de ahí que, de advertirse diversas violaciones a los derechos humanos en perjuicio del quejoso, en relación con un acto distinto del reclamado, este Juzgado está impedido para realizar cualquier tipo de pronunciamiento al respecto pues, de lo contrario, modificaría la litis constitucional, desnaturalizaría el fin último del juicio, afectando los principios que le rigen, entre otros, el de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos inherentes a quienes resultaren afectados por el pronunciamiento que así se hiciera, como pudieran ser los derechos afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Así lo establece el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 5/2016 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el doce de agosto de dos mil dieciséis en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "DERECHOS HUMANOS. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO DE PROMOVERLOS, RESPETARLOS, PROTEGERLOS Y GARANTIZARLOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SÓLO SE ACTUALIZA EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, POR LO QUE CARECE DE ATRIBUCIONES PARA PRONUNCIARSE RESPECTO DE VIOLACIONES A LOS QUE NO FORMEN PARTE DE LA LITIS CONSTITUCIONAL. Si bien del precepto constitucional referido deriva la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo cierto es que ese compromiso se limita a que se ejerza dentro de la competencia de cada autoridad en particular. Así, un órgano de amparo sólo puede conocer de las violaciones a los derechos humanos que le sean planteadas como controversia conforme a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales deberá resolver en atención a lo previsto en los aludidos preceptos y en los que resulten aplicables de su Ley Reglamentaria. Por tanto, si durante el trámite o resolución de un juicio de amparo se advierte la posible violación de un derecho humano en perjuicio del quejoso, del tercero interesado o de cualquier otra persona, en relación con un acto distinto del señalado como reclamado y, en su caso, por parte de autoridades que no necesariamente hayan sido designadas como responsables, el órgano de amparo está impedido para pronunciarse al respecto pues, de lo contrario, modificaría la litis constitucional, desnaturalizaría el fin último del juicio, afectando los principios que le rigen, entre otros, el de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos inherentes a quienes resultaren afectados por el pronunciamiento que así se hiciera, como pudieran ser los derechos afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Por tanto, cuando se advierta una violación a derechos humanos ajena a la controversia esencial que es materia del juicio, el órgano de amparo debe denunciar, dar vista o poner en conocimiento de la autoridad que resulte competente de investigar los hechos correspondientes, o que sea directamente responsable de promover, respetar, proteger y garantizar dichos derechos, teniendo especial cuidado de que, con ese actuar, no incluya pronunciamiento alguno sobre la determinación de existencia de aquella violación, que sólo debe tratarse como probable. A la vez, tampoco debe emitirse al respecto condena, recomendación o incluso sugerencia de carácter vinculatorio en relación con las consecuencias de la probable violación ni a la forma de restituir el derecho que se advierta posiblemente violado, sin que ello descarte la posibilidad de que a la denuncia, vista o puesta en conocimiento, se acompañen elementos técnicos que permitan a la autoridad competente apreciar objetivamente la posible violación a derechos humanos, las razones que lo sustenten e incluso, los aspectos que se considere habrían posiblemente evitado que se incurriera en la citada violación; lo anterior, precisamente porque las sentencias de amparo tienen un peso jurídico, e incluso moral que, de no tenerse el especial cuidado expresado, podrían hacer vinculatorios determinados pronunciamientos sin que se emitan en un juicio o procedimiento en el que las partes involucradas tengan la oportunidad de hacer valer los argumentos y pruebas y demás defensas que fuesen procedentes en cada caso. Así, aunque se advierta una evidente violación a los derechos humanos, lo correcto es que la autoridad competente la valore en su propia dimensión y en términos del procedimiento de ley que resulte aplicable. Con este proceder, los órganos de amparo, sin desnaturalizar el juicio, ni excederse en sus facultades, reafirman su compromiso en materia de derechos humanos". Por otra parte, no obstante que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el boletín judicial de este Juzgado de Distrito; de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 27 de la Ley de Amparo vigente, ésta y las posteriores notificaciones, aún las de carácter personal, practíquensele por medio de lista de acuerdos; toda vez que en materia de amparo, no existe precepto legal que establezca la notificación por medio de boletín judicial. Por lo anterior, para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de lo establecido en los artículos 26, 27, incisos b) y c), así como 29, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. Dada la trascendencia del presente acuerdo, se solicita al Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México, que de no tener inconveniente legal alguno, haga del conocimiento del quejoso la radicación en este Juzgado del juicio de amparo en que se actúa. Por otro lado, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios de dicho artículo al profesionista Israel Montaño Reyes, en virtud de que cuenta con cédula profesional, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito. En otro punto, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. Finalmente, no pasa por alto para este juzgador la emisión del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; por ende, en la medida de lo posible, digitalícense las promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con el presente expediente, para que las partes que cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), y que dentro del presente expediente se encuentren previamente autorizadas, estén en aptitud de consultar las actuaciones que obren en el expediente electrónico que al efecto se forme por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que mediante oficio SECJACNO/CON/1186/2013, el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos, informó que se encuentran implementando las acciones correspondientes para proporcionar a los órganos jurisdiccionales los recursos humanos y materiales, así como la capacitación necesaria, para dar cumplimiento a lo anterior. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Edgar Genaro Cedillo Velázquez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, asistido de Joan Freden Mendoza González, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe

  3. Principal

    V. Este Juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la presente demanda de amparo por los motivos que se exponen en el auto que se lista; en consecuencia, remítase el presente expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl.

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