Elizabeth Galeana Ortiz

Expediente 662/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
662/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
05/09/2017

Partes del expediente

  • Elizabeth Galeana Ortiz

Actuaciones

  1. Principal

    ......ES NOTIFICACION PERSONAL....

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; cuatro de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta mediante el cual la Secretaria de Acuerdos del tribunal de alzada comunica que se admitió el recurso de queja.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintiséis de julio de dos mil diecisiete. Visto el escrito signado por la parte quejosa Elizabeth Galeana Ortiz, a través del cual interpone recurso de queja en contra del proveído de diecisiete de julio del año en curso; con fundamento en los artículos 97, 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, agréguese una copia del ocurso que se provee al juicio en que se actúa; remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, el original y copia de éste, así como copia certificada de las constancias que señala el recurrente y las que este juzgado federal estime necesarias, para el efecto de que se substancie el citado recurso. Ahora bien, de conformidad con el numeral 101 de la Ley de Amparo, se rinde informe con justificación, en los siguientes términos: es cierto el acto impugnado, en virtud de que en la fecha indicada se dictó la determinación que reclama. Notifíquese.

  4. Principal

    AVISO.- S ENOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECISIETE de julio de dos mil diecisiete, QUE DICE: "... Vista la demanda de amparo promovida por Elizabeth Galeana Ortiz, por su propio derecho y en su carácter de trabajadora del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero (plantel 4 Coloso), contra actos de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente dependiente de la Secretaría de Educación Pública, con sede en la Ciudad de México, y de otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 662/2017, y fórmese expediente. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "(...) El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, la notificación para llevar a cabo la aplicación de la evaluación del desempeño del personal docente y técnico docente en educación básica y media superior, LINEE-04-2017, con número de referencia 158977, de fecha veintitrés de junio del año en curso, de la cual tuvo conocimiento el veintisiete del mismo mes, por medio de su correo electrónico. En razón de lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 6, del mismo cuerpo normativo, los cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) Fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." La fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, por sí misma no alberga algún motivo de improcedencia de objetiva constatación del juicio de garantías, lo cual se debe a que el legislador no podía prever en forma casuística todas las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional; por eso, para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando formuló los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que ciertamente es justificada, puesto que existen causas o motivos que tienen como resultado la ineficacia del ejercicio de la acción constitucional de amparo y que derivan de los mandatos contenidos en la Carta Magna o, en su caso, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esa Norma Suprema. Uno de los cuales es el que se deriva del numeral 6 de la ley de la materia, el cual establece que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado; de manera que, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, que el acto o la ley reclamada en su caso, en un juicio de amparo, cause un perjuicio directo al agraviado en alguno de los derechos fundamentales que contempla en su favor la Constitución Federal del País. En efecto, pues el derecho de promover la acción constitucional es personalísimo y debe existir un perjuicio o violación a los derechos de una persona constitucionalmente protegidos, afectación que debe ser personal y directa, en alguno de sus derechos sustantivos fundamentales que la Constitución tutela mediante las garantías individuales. Aunado a lo expuesto resulta conveniente señalar lo siguiente: La impugnación de un acto de autoridad, en la vía de amparo indirecto, presupone de la existencia de un perjuicio en la esfera jurídica de la parte quejosa, para que así el examen de la constitucionalidad del mismo, tenga como marco de referencia el perjuicio que este le causa; de lo contrario, si dicho acto no le causa agravio alguno, sino que requiere de un acto posterior de aplicación, por lo cual el juicio de amparo enderezado en su contra antes de que se cumpla esa condición, es improcedente. Se invoca al respecto, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. Al quejoso en el amparo, como actor en el juicio, al igual que en una contienda de carácter civil, le corresponde, de conformidad con el artículo 149 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, demostrar la procedencia de la acción constitucional; y para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan. Por tanto no basta el reconocimiento, por las autoridades responsables, de la existencia del acto, para concluir que necesariamente el mismo perjudica al promovente del juicio de garantías, puesto que el perjuicio depende de que existan legítimamente amparados los derechos cuya garantía constitucional se reclama." De acuerdo al criterio jurisprudencial invocado, a la parte quejosa corresponde demostrar la procedencia de la acción constitucional; y para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan. Por tanto no basta la existencia del acto, para concluir que necesariamente el mismo perjudica al promovente del juicio de amparo, sino que se requiere justificar el perjuicio que sufre con motivo del acto reclamado. En ese orden de ideas, la notificación del oficio con número de referencia 158977 de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, signado por la Directora General de Permanencia de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, con sede en la Ciudad de México, a través del cual se informa a la aquí quejosa la aplicación de la evaluación del desempeño del personal docente y técnico docente en educación básica y media superior, LINEE-04-2017, con número de referencia 158977, de fecha veintitrés de junio del año en curso, en sus etapas 1, 2 y 3, de conformidad con la Ley General del Servicio Profesional Docente, ni la determinación en él contenida, no generan una trasgresión actual, personal y directa en los derechos de la inconforme, ya que de acuerdo a su contenido se advierte que es un mero comunicado que no lleva implícita una afectación precisa ni concreta en su esfera jurídica, pues no contiene la orden coactiva para que el particular ajuste su conducta en determinado sentido, tan es así que le refieren que dicha aplicación se llevará a cabo hasta los meses de septiembre, octubre y noviembre de la presente anualidad. Tampoco contiene ni anuncia alguna sanción para el caso de que la quejosa no acuda a someterse a la evaluación que se le notifica, lo que podría condicionar una eventual consecuencia, o bien, el resultado desfavorable que obtuviera de haberlo presentado, pero ello no depende o deriva necesariamente del acto reclamado en ese momento, sino de circunstancias externas vinculadas con la conducta o voluntad de la propia quejosa, puesto que, como se ha dicho, ese comunicado sólo tiende a la eficacia de la normativa que regula el servicio profesional docente en el que la parte quejosa está inmersa según manifiesta bajo protesta de decir verdad y al que refiere no se opone. Máxime que tampoco es su expresa intención combatir las disposiciones de observancia general que regulan dicho procedimiento de evaluación; de ahí que la mencionada notificación reclamada por sí misma no puede depararle perjuicio alguno. En esas condiciones, si la resolución reclamada, no satisface las condiciones para que sea considerada como un acto dentro del juicio que tenga una ejecución de imposible reparación, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refieren los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en su demanda y por autorizados en términos amplios del numeral 12, párrafo segundo, de Ley de Amparo a Andrés Omar Juárez Navarro, Fredy Juárez Guadarrama y Miguel Ángel Pantoja Bedolla, cuyas cédulas profesionales se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a J. Ascención Vázquez Juárez, por no contar con el requisito anterior. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se faculta al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente.

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