Elizabeth Flores Rivera
Expediente 118/2020 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 20 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 118/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 23/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Elizabeth Flores Rivera
- Maria de Jesus Cabrera Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a dos de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, con el cual se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 200), quienes no hicieron manifestación alguna al respecto (foja 289). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de veintinueve de octubre de dos mil veinte este Órgano Colegiado resolvió conceder a Elizabeth Flores Rivera la protección constitucional para los efectos siguientes: "I. Deje insubsistente el laudo reclamado; y, II. Dicte un nuevo fallo en el que partiendo de la consideración de que la actora acreditó haber laborado al servicio de la actual Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, con libertad de jurisdicción, analice la totalidad de las prestaciones reclamadas a dicha demanda (sic). III. Además, con plenitud de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, resuelva lo que en derecho corresponda en relación a la responsabilidad que pueda o no resultarles al Poder Ejecutivo y a la Oficialía Mayor de Gobierno, ambos del Estado de Tlaxcala, pero respecto de la segunda de las mencionadas tome en cuenta que dio contestación a la demanda, por lo que deberá pronunciarse en relación a las excepciones y defensas que en su caso haya opuesto" (foja 144 vuelta). I. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, dictó laudo el diecinueve de noviembre de dos mil veinte (fojas 161 a 186) respecto del cual el Magistrado Presidente de este Órgano Judicial Federal por resolución de diez de marzo de dos mil veintiuno, consideró que la autoridad responsable no daba cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que de las copias certificadas remitidas por la responsable advirtió que no está firmado por todos y cada uno de los integrantes del Tribunal responsable, por lo cual existió impedimento técnico para determinar si la ejecutoria de amparo se encontraba o no cumplida; en consecuencia, requirió a la responsable para que emitiera un nuevo laudo en cual subsanara la violación formal apuntada (fojas 198 a 200). II. Mediante oficio 292/2021, de diez de marzo de dos mil veintiuno, la autoridad responsable informó que por error envió copia certificada de un documento interno del propio tribunal laboral y adjuntó copia certificada del mismo laudo de diecinueve de noviembre de dos mil veinte en el que constan las firmas de todos los integrantes de ese órgano laboral, lo que no fue acordado favorable en proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno (fojas 209 a 241). III. Posteriormente, el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, remitió el oficio 373/2021, al que adjuntó copia certificada del acuerdo de diecisiete del mes y año en cita, en el que dejó insubsistente el laudo de diecinueve de noviembre de dos mil veinte y ordenó turnar los autos a su auxiliar a fin de formular el proyecto de resolución correspondiente (foja 247). IV. El veintinueve de marzo de dos mil veintiuno el Tribunal de Conciliación y Arbitraje dictó un nuevo laudo en el cual subsanó la violación formal apuntada, esto es, constan las firmas de todos sus integrantes, así se advierte de la siguiente imagen (foja 279): ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- V. Con el citado laudo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 280), quienes no hicieron manifestación alguna al respecto (foja 289); en consecuencia, se procede al análisis correspondiente con la finalidad de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En este orden de ideas, del análisis al indicado laudo se advierte que el tribunal responsable estableció lo siguiente: Citó los hechos constitutivos de la acción, así como los términos en que se excepcionaron las partes. Además (en lo que para este cumplimiento resulta de interés), destacó lo que la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala contestó, pues al respecto citó: ".ÚNICO. Respecto a los hechos marcados con los números arábigos 1, 2, 3, 4 y 5 del capítulo de hechos del escrito de demanda que contestamos, exteriorizamos que la parte actora ELIZABETH FLORES RIVERA, en los hechos del escrito de demanda, ninguna relación laboral atribuye a la OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, de ahí que por esa razón omitimos contestar los hechos que narró en el escrito de demanda que originó este juicio, al tratarse de hechos ajenos a la OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.". Asimismo, refirió que en relación a las entidades públicas Poder Ejecutivo y Secretaría de Desarrollo Económico, ambos del Estado de Tlaxcala, en términos de la resolución interlocutoria de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, se les tuvo por confesada la demanda planteada, esto en términos del artículo 143 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios (fojas 258 vuelta a 259 vuelta). Precisó que el nombre actual de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Estado de Tlaxcala es "Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Tlaxcala", teniendo este como el correcto de dicha parte demandada (foja 259 vuelta). Destacó que en relación al Poder Ejecutivo y Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Tlaxcala se les tuvo por confesada la demanda, precisando que esto no era óbice para analizar los presupuestos de la acción ejercitada, a fin de dilucidar si existió vínculo laboral entre dichos enjuiciados y la actora, toda vez que la contestación del demandado en sentido afirmativo por sí sola es insuficiente para reconocer dicho vínculo (fojas 259 vuelta y 260). Respecto de la Oficialía Mayor de Gobierno reiteró que se excepcionó en el sentido de que no existió el vínculo laboral con la actora, lo que precisó sería materia de análisis posteriormente (foja 260 vuelta). Enseguida, emprendió el estudio para determinar con quién se estableció la relación laboral de origen, y con libertad de jurisdicción concluyó que Elizabeth Flores Rivera demostró haber laborado al servicio de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado (fojas 261 vuelta a 265). Por cuanto hace al Poder Ejecutivo, de manera fundada y motivada, determinó que si bien la actora le atribuyó un nexo laboral y que se le tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo a dicho organismo, lo cierto es que esto no era suficiente para reconocer el multicitado vínculo laboral; en consecuencia, precisó que era carga de la prueba del actor, por lo que emprendió el análisis de los medios de convicción ofrecidos por la parte trabajadora, concluyendo que las confesionales no le favorecen porque se desistió de su ofrecimiento y que de la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana no se desprende algún dato que evidencie dicho vínculo; por tanto, dijo la autoridad laboral, no se acreditó esa relación laboral (foja 265). Respecto a la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala retomó la excepción toral de su defensa, esto es la de carencia de acción y de derecho, toda vez que dicha dependencia, como se precisó, negó el vínculo de trabajo; en consecuencia, dijo que es carga de la prueba de la parte trabajadora acreditar esa relación laboral, por lo que, con libertad de jurisdicción, procedió al análisis de las pruebas ofrecidas por la actora, advirtiendo que se desistió de las confesionales de los demandados y que de la instrumental pública de actuaciones, así como de la presuncional legal y humana no se desprende algún elemento que acredite el vínculo laboral. Sin embargo, dijo el tribunal laboral que no obstante la excepción y defensa que hizo valer la Oficialía Mayor de Gobierno, lo cierto es que en términos de lo dispuesto en los artículos 25, 50 y 51 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala se desprende una subordinación de la actora de tipo administrativa a dicha entidad pública, toda vez que esa dependencia es la encargada de tramitar los nombramientos, remociones, renuncias, licencias, jubilaciones y llevar el control administrativo de los servidores públicos del Estado, así como autorizar las plantillas del personal, tabuladores de sueldo, elaboración, autorización de pago de la nómina. Concluyendo que la Secretaría de Desarrollo mencionada y la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala son responsables solidarios de la relación laboral con la actora (fojas 265 vuelta a 268). Absolvió a los demandados Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala y Pensiones Civiles de Tlaxcala, del pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas por la actora en su escrito inicial de demanda en virtud de no haberse acreditado la relación laboral (foja 269). Tuvo como hechos ciertos (foja 269 vuelta) los siguientes: 1. Existió relación laboral entre la actora y Oficialía Mayor de Gobierno y Secretaría de Desarrollo Económico, ambas del Estado de Tlaxcala. 2. La fecha de ingreso de la actora fue a partir del primero de enero de dos mil siete. 3. El último puesto desempeñado por la trabajadora fue el de Jefe de Departamento en la Secretaría de desarrollo Económico del Estado de Tlaxcala. 4. Las funciones desempeñadas por la actora en favor de la parte demandada fueron las consistentes en: contestación de solventaciones al órgano de fiscalización, realizar proyectos, elaboración de convenios, dar asesoría jurídica, así como las inherentes al cargo. 5. El último salario percibido por la actora fue de ocho mil quinientos cincuenta pesos con cero centavos, lo que se traduce en un salario diario a razón de quinientos setenta pesos cero centavos. 6. Desempeñando un horario comprendido de las ocho horas con treinta minutos a las veinte horas con treinta minutos de lunes a viernes. 7. El quince de febrero de dos mil once fue despedida injustificadamente de su empleo. Posteriormente, precisó el análisis correspondiente, condenó a los demandados Oficialía Mayor de Gobierno y Secretaría de Desarrollo Económico, ambas del Estado de Tlaxcala, a reinstalar a la actora en el puesto de Jefe de Departamento en la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Tlaxcala, realizando las funciones consistentes en contestación de solventaciones al Órgano de Fiscalización realizar proyectos, elaboración de convenios, dar asesoría jurídica, así como las inherentes al cargo, en una jornada de conformidad con lo dispuesto por los artículos 12, 14 y 15 de la abrogada Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, con un salario quincenal de ocho mil quinientos cincuenta pesos, lo que traduce en un salario diario a razón de quinientos setenta pesos cero centavos (foja 273). También condenó a las demandadas al pago de salarios caídos o vencidos a partir del día en que la actora fue despedida injustificadamente quince de febrero de dos mil once, hasta la fecha en que este laudo sea debidamente cumplimentado (foja 273). Ordenó la apertura del incidente de liquidación a efecto de determinar la procedencia en su caso de los incrementos salariales (foja 273). Absolvió los demandados del pago de horas extras y/o jornada extraordinaria y prestaciones laborales (foja 274). Condenó a las demandadas al pago de antigüedad, mantenimiento en favor de la actora de los beneficios y prerrogativas médicas, quirúrgicas, farmacéuticas y de prótesis (fojas 275). Igualmente condenó a las demandadas al pago de las aportaciones y/o cotizaciones correspondientes a Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala (fojas 276 vuelta). Por otro lado, absolvió a los demandados Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala y Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Tlaxcala, de pagar a la actora prestaciones laborales que en forma legal o contractual dejó de percibir durante todo el tiempo que dure el presente juicio, hasta su reinstalación, esto es, vacaciones, prima vacacional, bono de productividad, aguinaldo o cualquier otra prestación que le pudieran corresponder (foja 277). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por oficio a los terceros interesados. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.Apizaco, Tlaxcala, a dos de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, con el cual se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 200), quienes no hicieron manifestación alguna al respecto (foja 289). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de veintinueve de octubre de dos mil veinte este Órgano Colegiado resolvió conceder a Elizabeth Flores Rivera la protección constitucional para los efectos siguientes: "I. Deje insubsistente el laudo reclamado; y, II. Dicte un nuevo fallo en el que partiendo de la consideración de que la actora acreditó haber laborado al servicio de la actual Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, con libertad de jurisdicción, analice la totalidad de las prestaciones reclamadas a dicha demanda (sic). III. Además, con plenitud de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, resuelva lo que en derecho corresponda en relación a la responsabilidad que pueda o no resultarles al Poder Ejecutivo y a la Oficialía Mayor de Gobierno, ambos del Estado de Tlaxcala, pero respecto de la segunda de las mencionadas tome en cuenta que dio contestación a la demanda, por lo que deberá pronunciarse en relación a las excepciones y defensas que en su caso haya opuesto" (foja 144 vuelta). I. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, dictó laudo el diecinueve de noviembre de dos mil veinte (fojas 161 a 186) respecto del cual el Magistrado Presidente de este Órgano Judicial Federal por resolución de diez de marzo de dos mil veintiuno, consideró que la autoridad responsable no daba cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que de las copias certificadas remitidas por la responsable advirtió que no está firmado por todos y cada uno de los integrantes del Tribunal responsable, por lo cual existió impedimento técnico para determinar si la ejecutoria de amparo se encontraba o no cumplida; en consecuencia, requirió a la responsable para que emitiera un nuevo laudo en cual subsanara la violación formal apuntada (fojas 198 a 200). II. Mediante oficio 292/2021, de diez de marzo de dos mil veintiuno, la autoridad responsable informó que por error envió copia certificada de un documento interno del propio tribunal laboral y adjuntó copia certificada del mismo laudo de diecinueve de noviembre de dos mil veinte en el que constan las firmas de todos los integrantes de ese órgano laboral, lo que no fue acordado favorable en proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno (fojas 209 a 241). III. Posteriormente, el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, remitió el oficio 373/2021, al que adjuntó copia certificada del acuerdo de diecisiete del mes y año en cita, en el que dejó insubsistente el laudo de diecinueve de noviembre de dos mil veinte y ordenó turnar los autos a su auxiliar a fin de formular el proyecto de resolución correspondiente (foja 247). IV. El veintinueve de marzo de dos mil veintiuno el Tribunal de Conciliación y Arbitraje dictó un nuevo laudo en el cual subsanó la violación formal apuntada, esto es, constan las firmas de todos sus integrantes, así se advierte de la siguiente imagen (foja 279): ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- V. Con el citado laudo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 280), quienes no hicieron manifestación alguna al respecto (foja 289); en consecuencia, se procede al análisis correspondiente con la finalidad de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En este orden de ideas, del análisis al indicado laudo se advierte que el tribunal responsable estableció lo siguiente: Citó los hechos constitutivos de la acción, así como los términos en que se excepcionaron las partes. Además (en lo que para este cumplimiento resulta de interés), destacó lo que la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala contestó, pues al respecto citó: ".ÚNICO. Respecto a los hechos marcados con los números arábigos 1, 2, 3, 4 y 5 del capítulo de hechos del escrito de demanda que contestamos, exteriorizamos que la parte actora ELIZABETH FLORES RIVERA, en los hechos del escrito de demanda, ninguna relación laboral atribuye a la OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, de ahí que por esa razón omitimos contestar los hechos que narró en el escrito de demanda que originó este juicio, al tratarse de hechos ajenos a la OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.". Asimismo, refirió que en relación a las entidades públicas Poder Ejecutivo y Secretaría de Desarrollo Económico, ambos del Estado de Tlaxcala, en términos de la resolución interlocutoria de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, se les tuvo por confesada la demanda planteada, esto en términos del artículo 143 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios (fojas 258 vuelta a 259 vuelta). Precisó que el nombre actual de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Estado de Tlaxcala es "Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Tlaxcala", teniendo este como el correcto de dicha parte demandada (foja 259 vuelta). Destacó que en relación al Poder Ejecutivo y Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Tlaxcala se les tuvo por confesada la demanda, precisando que esto no era óbice para analizar los presupuestos de la acción ejercitada, a fin de dilucidar si existió vínculo laboral entre dichos enjuiciados y la actora, toda vez que la contestación del demandado en sentido afirmativo por sí sola es insuficiente para reconocer dicho vínculo (fojas 259 vuelta y 260). Respecto de la Oficialía Mayor de Gobierno reiteró que se excepcionó en el sentido de que no existió el vínculo laboral con la actora, lo que precisó sería materia de análisis posteriormente (foja 260 vuelta). Enseguida, emprendió el estudio para determinar con quién se estableció la relación laboral de origen, y con libertad de jurisdicción concluyó que Elizabeth Flores Rivera demostró haber laborado al servicio de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado (fojas 261 vuelta a 265). Por cuanto hace al Poder Ejecutivo, de manera fundada y motivada, determinó que si bien la actora le atribuyó un nexo laboral y que se le tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo a dicho organismo, lo cierto es que esto no era suficiente para reconocer el multicitado vínculo laboral; en consecuencia, precisó que era carga de la prueba del actor, por lo que emprendió el análisis de los medios de convicción ofrecidos por la parte trabajadora, concluyendo que las confesionales no le favorecen porque se desistió de su ofrecimiento y que de la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana no se desprende algún dato que evidencie dicho vínculo; por tanto, dijo la autoridad laboral, no se acreditó esa relación laboral (foja 265). Respecto a la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala retomó la excepción toral de su defensa, esto es la de carencia de acción y de derecho, toda vez que dicha dependencia, como se precisó, negó el vínculo de trabajo; en consecuencia, dijo que es carga de la prueba de la parte trabajadora acreditar esa relación laboral, por lo que, con libertad de jurisdicción, procedió al análisis de las pruebas ofrecidas por la actora, advirtiendo que se desistió de las confesionales de los demandados y que de la instrumental pública de actuaciones, así como de la presuncional legal y humana no se desprende algún elemento que acredite el vínculo laboral. Sin embargo, dijo el tribunal laboral que no obstante la excepción y defensa que hizo valer la Oficialía Mayor de Gobierno, lo cierto es que en términos de lo dispuesto en los artículos 25, 50 y 51 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala se desprende una subordinación de la actora de tipo administrativa a dicha entidad pública, toda vez que esa dependencia es la encargada de tramitar los nombramientos, remociones, renuncias, licencias, jubilaciones y llevar el control administrativo de los servidores públicos del Estado, así como autorizar las plantillas del personal, tabuladores de sueldo, elaboración, autorización de pago de la nómina. Concluyendo que la Secretaría de Desarrollo mencionada y la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala son responsables solidarios de la relación laboral con la actora (fojas 265 vuelta a 268). Absolvió a los demandados Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala y Pensiones Civiles de Tlaxcala, del pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas por la actora en su escrito inicial de demanda en virtud de no haberse acreditado la relación laboral (foja 269). Tuvo como hechos ciertos (foja 269 vuelta) los siguientes: 1. Existió relación laboral entre la actora y Oficialía Mayor de Gobierno y Secretaría de Desarrollo Económico, ambas del Estado de Tlaxcala. 2. La fecha de ingreso de la actora fue a partir del primero de enero de dos mil siete. 3. El último puesto desempeñado por la trabajadora fue el de Jefe de Departamento en la Secretaría de desarrollo Económico del Estado de Tlaxcala. 4. Las funciones desempeñadas por la actora en favor de la parte demandada fueron las consistentes en: contestación de solventaciones al órgano de fiscalización, realizar proyectos, elaboración de convenios, dar asesoría jurídica, así como las inherentes al cargo. 5. El último salario percibido por la actora fue de ocho mil quinientos cincuenta pesos con cero centavos, lo que se traduce en un salario diario a razón de quinientos setenta pesos cero centavos. 6. Desempeñando un horario comprendido de las ocho horas con treinta minutos a las veinte horas con treinta minutos de lunes a viernes. 7. El quince de febrero de dos mil once fue despedida injustificadamente de su empleo. Posteriormente, precisó el análisis correspondiente, condenó a los demandados Oficialía Mayor de Gobierno y Secretaría de Desarrollo Económico, ambas del Estado de Tlaxcala, a reinstalar a la actora en el puesto de Jefe de Departamento en la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Tlaxcala, realizando las funciones consistentes en contestación de solventaciones al Órgano de Fiscalización realizar proyectos, elaboración de convenios, dar asesoría jurídica, así como las inherentes al cargo, en una jornada de conformidad con lo dispuesto por los artículos 12, 14 y 15 de la abrogada Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, con un salario quincenal de ocho mil quinientos cincuenta pesos, lo que traduce en un salario diario a razón de quinientos setenta pesos cero centavos (foja 273). También condenó a las demandadas al pago de salarios caídos o vencidos a partir del día en que la actora fue despedida injustificadamente quince de febrero de dos mil once, hasta la fecha en que este laudo sea debidamente cumplimentado (foja 273). Ordenó la apertura del incidente de liquidación a efecto de determinar la procedencia en su caso de los incrementos salariales (foja 273). Absolvió los demandados del pago de horas extras y/o jornada extraordinaria y prestaciones laborales (foja 274). Condenó a las demandadas al pago de antigüedad, mantenimiento en favor de la actora de los beneficios y prerrogativas médicas, quirúrgicas, farmacéuticas y de prótesis (fojas 275). Igualmente condenó a las demandadas al pago de las aportaciones y/o cotizaciones correspondientes a Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala (fojas 276 vuelta). Por otro lado, absolvió a los demandados Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala y Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Tlaxcala, de pagar a la actora prestaciones laborales que en forma legal o contractual dejó de percibir durante todo el tiempo que dure el presente juicio, hasta su reinstalación, esto es, vacaciones, prima vacacional, bono de productividad, aguinaldo o cualquier otra prestación que le pudieran corresponder (foja 277). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por oficio a los terceros interesados. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, tres de mayo de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de siete de abril del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
Quedan 16 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · 6,390 expedientes
- Eliud Romano Galicia258/2023
- Elizaberth Piedras Martínez79/2017
- Elizabeth Bravo Ramos Y/O Elizabeth Ramos Bravo541/2014
- Elizabeth Coronel Ajuech189/2022
- Elizabeth Cruz Mateos119/2022
- Elizabeth del Rocio Alcalá Esqueda722/2017
- Elizabeth Flores Rivera745/2021
- Elizabeth Flores Rivera209/2021
- Elizabeth Flores Rivera357/2018
- Elizabeth Flores Rivera36/2021
- Elizabeth Hernández Lezama438/2019
- Elizabeth Herrera Moreno613/2022