Elizabeth Flores Cortes

Expediente 593/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 19 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
593/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
16/12/2021

Partes del expediente

  • Elizabeth Flores Cortes
  • Titular del Órgano de Operación Administrativa Desoncentrada Den Morelos Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social En el Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 593/2021, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el diez de noviembre de dos mil veintiuno, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, procédase a la destrucción del duplicado. Se hace del conocimiento de las partes que dado que aún no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, en atención al artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en el diverso 25/2020, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; y adicionalmente, éstas estarán colocadas en el espacio externo designado para tal efecto en las instalaciones del edificio sede de este Circuito Judicial, para que acudan a consultarla sin contar con una cita previa. Finalmente, se hace del conocimiento a las partes que mediante oficio SEADS/1114/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre del presente año, el Pleno del citado órgano determinó la adscripción de la Jueza Ana Columba Contreras Martínez, designándola como titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 593/2021-III, promovido por ELIZABETH FLORES CORTES, por derecho propio; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. DEMANDA. Por demanda presentada el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito y turnada el mismo día a este juzgado federal ELIZABETH FLORES CORTES, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Morelos Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Morelos y otras autoridades. SEGUNDO. TRÁMITE. Por auto de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito, se requirió su informe justificado a las autoridades responsables y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que dio inicio al tenor de acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se reclama la emisión del acto combatido, su ejecución, y residen las autoridades señaladas como responsables. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo que prevé el numeral 74, de la Ley de Amparo, se precisa que lo que la quejosa reclama de las autoridades responsables Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Morelos Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Morelos; Titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Morelos; Titular del Hospital General Regional con Medicina Familiar número 1 de Cuernavaca, Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social y Titular de la Unidad de Medicina Familiar Número 8 de Ciudad Ayala, en Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social (en sus denominaciones correctas). La falta de tratamiento especializado de hemodiálisis y la omisión o negativa de suministrar los medicamentos necesarios para su tratamiento. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. No es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, pues expresaron que los actos que se les atribuyen se encuentran fuera de sus funciones y atribuciones. No obstante a lo anterior, ante el reclamó efectuado a dicha autoridad, se analizará si se encontraban facultadas o no para emitir el acto que se le atribuye. Es aplicable por identidad de razones la jurisprudencia de la Décima Época, de número de registro 2018110, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, página 926 del siguiente rubro: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO." El Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Morelos Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Morelos, manifestó que los actos que se le atribuyen no se encuentran dentro de sus facultades legales. Ahora bien, el artículo 251 A, del Seguro Social establece que el Instituto, a fin de lograr una mayor eficiencia en la administración del Seguro Social y en el despacho de los asuntos de su competencia, contará con órganos de operación administrativa desconcentrada, así como con órganos colegiados integrados de manera tripartita por representantes del sector obrero, patronal y gubernamental, cuyas facultades, dependencia y ámbito territorial se determinarán en el Reglamento Interior del Instituto. Las atribuciones del Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Morelos Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Morelos, se encuentran previstas en el artículo 144 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual es del tenor literal siguiente: "Artículo 144. Son atribuciones del Delegado dentro de su circunscripción territorial, las siguientes: I. Representar al Instituto, como organismo fiscal autónomo y al Director General, ante todas las autoridades con la suma de facultades generales y especiales que requiera la Ley, así como con aquéllas que corresponden a los mandatarios generales para pleitos y cobranzas, actos de administración, incluyendo la facultad expresa para conciliar ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y las especiales que requieran cláusula especial conforme al Código Civil Federal, en los términos del poder notarial conferido, pudiendo sustituir total o parcialmente éste en favor del titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos y abogados respectivos; II. Interponer en representación de las autoridades delegacionales demandadas, el recuso de revisión en contra de las resoluciones y sentencias que pongan fin al juicio que emita el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente; III. Ejercer el presupuesto autorizado de acuerdo a los objetivos y metas trazados para la operación de los servicios institucionales y conforme a los indicadores y procesos generales establecidos; IV. Ejercer actos de dominio a nombre del Instituto, previo acuerdo del Consejo Técnico y en los términos del poder notarial conferido; V. Promover ante los órganos Superiores y Normativos, por conducto de la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones, los estudios socioeconómicos respecto del inicio de servicios del régimen obligatorio del Seguro Social a grupos de personas susceptibles de ser amparadas por el Instituto; VI. Presidir los Comités delegacionales que se integren para toma de decisiones en los asuntos operacionales; VII. Convocar semanal o quincenalmente y presidir la celebración de juntas a las que concurra el Cuerpo de Gobierno delegacional; VIII. Vigilar el cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo y sus reglamentos, en la esfera de su competencia y ejercitar las acciones que correspondan, incluyendo la de rescisión de la relación laboral; IX. Remitir a la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones, las solicitudes de reconsideración de las rescisiones de la relación laboral; X. Celebrar convenios en los juicios laborales, previa autorización de la Dirección Jurídica; XI. Aceptar las renuncias de los trabajadores y autorizar los finiquitos que correspondan conforme a las estipulaciones contenidas en los contratos individuales de trabajo y en el Contrato Colectivo de Trabajo; XII. Ordenar y llevar a cabo, con el personal que en cada caso designe, las visitas de auditoría que considere necesarias, así como revisar los dictámenes formulados por contador público, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la Ley y sus reglamentos; XIII. Vetar los acuerdos que emita el Consejo Consultivo Delegacional, cuando éstos impliquen inobservancia de la Ley o de sus reglamentos, o no se ajusten a los criterios del Consejo Técnico o a las políticas generales del Instituto. El efecto del veto será el de suspender la ejecución de tales acuerdos, mismos que serán remitidos a la Secretaría General del Instituto, para ser presentados al Consejo Técnico en un plazo de cinco días; XIV. Conceder o negar, previo estudio y opinión de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, los préstamos a cuenta de pensiones formuladas por derechohabientes con residencia en la jurisdicción que abarca la Delegación; XV. Imponer las multas y demás sanciones a que se refieren la Ley y el Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, con excepción de las sanciones administrativas a los contadores públicos autorizados; XVI. Aplicar las medidas correctivas que dicte el Director de Administración y Evaluación de Delegaciones, respecto de las irregularidades identificadas en el análisis de la prestación de los servicios del Instituto; XVII. Llevar a cabo los actos relacionados con: a) El registro de patrones y demás sujetos obligados; b) La clasificación de empresas y determinación de la prima en el seguro de riesgos de trabajo; c) La afiliación de trabajadores y demás sujetos de aseguramiento; d) El registro de los beneficiarios legales de los asegurados; e) La certificación sobre la vigencia de derechos para el otorgamiento de las prestaciones en especie y en dinero; f) La determinación, emisión, notificación y cobro de liquidaciones por cuotas obrero patronales, capitales constitutivos, actualización, recargos y multas, así como por los gastos realizados por el Instituto por inscripciones improcedentes y los que tenga derecho a exigir de las personas no derechohabientes; g) La autorización, en el ámbito de su competencia, de las solicitudes de prórroga para el pago diferido o en parcialidades de créditos fiscales a favor del Instituto, en términos de la Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables, así como presentar al Consejo Técnico las solicitudes relativas a los casos previstos en el artículo 40 E de la Ley; h) Los trámites administrativos relativos a la calificación, aceptación, control, efectividad y cancelación de pólizas de fianza, otorgadas en garantía de créditos fiscales a favor del Instituto; i) La incorporación voluntaria al régimen obligatorio de los sujetos que precisa la Ley; j) El cobro de las multas impuestas por infracciones a la Ley y sus reglamentos; k) La incorporación al régimen voluntario del Seguro Social, mediante el seguro de salud para la familia; l) La inscripción en la continuación voluntaria en los seguros conjuntos de invalidez y vida y de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; m) La contratación de seguros adicionales; n) La cancelación por incobrabilidad, incosteabilidad o por no localización del deudor o responsables solidarios de los créditos fiscales a favor del Instituto, en los términos que apruebe el Consejo Técnico; o) Declaración de la prescripción de créditos fiscales o la extinción de las facultades de comprobación del Instituto, en los términos de la Ley y demás disposiciones aplicables, y p) El dictamen formulado por contador público sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley y sus reglamentos. XVIII. Conceder, rechazar y modificar las pensiones que, conforme a la Ley, le corresponde otorgar al Instituto; XIX. Recaudar y cobrar las cuotas de los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales, salud para la familia y adicionales, los capitales constitutivos, así como sus accesorios legales y percibir los demás recursos del Instituto. De igual forma, recaudar y cobrar las cuotas y sus accesorios legales del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; XX. Ratificar o rectificar la clase, fracción y la prima de riesgo de las empresas para efectos de la cobertura de las cuotas del seguro de riesgos de trabajo; XXI. Ordenar y practicar las investigaciones correspondientes en los casos de sustitución patronal y de responsabilidad solidaria previstas en la Ley y en el Código Fiscal de la Federación y emitir los dictámenes respectivos; XXII. Establecer coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, del Distrito Federal, Estatales y Municipales para el cumplimiento de sus objetivos; XXIII. Llevar a cabo los procedimientos de contratación que tengan por objeto la adquisición, arrendamiento y prestación de servicios, así como de obra pública y servicios relacionados con la misma, en los términos de la legislación, disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, así como la terminación anticipada, o bien, la rescisión administrativa de los contratos suscritos dentro del ámbito de su competencia; XXIV. Planear, programar, organizar, controlar y administrar los recursos humanos, materiales y presupuestarios asignados para el desarrollo de sus funciones; XXV. Analizar en forma permanente los indicadores de variación del número de patrones y demás sujetos obligados de la circunscripción territorial de las Subdelegaciones que le correspondan, así como analizar las extensiones territoriales, vías de comunicación, medios de transporte y demás circunstancias que estime pertinentes, a efecto de proponer, en su caso, a las unidades administrativas competentes, la reclasificación, fusión, supresión o creación de nuevas Subdelegaciones; XXVI. Resolver las solicitudes de declaratoria de prescripción de la obligación patronal de enterar las cuotas obrero patronales y los capitales constitutivos, cuando lo soliciten los patrones y demás sujetos obligados, en los términos del Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones aplicables; XXVII. Resolver, en el ámbito de su competencia, conforme a la Ley y demás disposiciones aplicables, las solicitudes presentadas por los patrones y demás sujetos obligados, relativas a dejar sin efectos las multas impuestas por incumplimiento del pago de los conceptos fiscales señalados en la Ley; XXVIII. Resolver conforme a la Ley y demás disposiciones aplicables, las solicitudes presentadas por los patrones y demás sujetos obligados, relativas a la rectificación de clase, fracción y prima para la cobertura del seguro de riesgos de trabajo; XXIX. Supervisar que las unidades administrativas adscritas cumplan con la aplicación de las disposiciones de la Ley y sus reglamentos, las demás disposiciones legales aplicables, así como de los criterios emitidos por el Consejo Técnico del Instituto y la normatividad emitida en el área de su competencia; XXX. Supervisar observaciones, recomendaciones y solicitudes de información, derivados de los actos de fiscalización practicados por órganos revisores, estableciendo mecanismos de control, seguimiento y análisis, así como aplicar las medidas preventivas y correctivas para evitar la reincidencia; XXXI. Resolver, conforme a la Ley y demás disposiciones aplicables, las solicitudes de condonación de multas; XXXII. Autorizar a terceros el uso de los bienes inmuebles del Instituto, en los términos de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables; XXXIII. Enajenar, en los términos de las disposiciones aplicables, los bienes aceptados como dación en pago con motivo de la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución; XXXIV. Designar al órgano operativo que realizará las funciones de afiliación y cobranza, tratándose de la incorporación voluntaria de las personas a que se refiere el artículo 13 de la Ley, en el ámbito territorial que corresponda; XXXV. Informar a la Secretaría de la Función Pública sobre las irregularidades en que incurran los servidores públicos adscritos dentro de su circunscripción territorial, con motivo de sus funciones, así como de aquéllas que causen un daño o perjuicio al patrimonio del mismo, en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y XXXVI. Las demás que le señalen la Ley y sus reglamentos, los acuerdos del Consejo Técnico y el Director General. Las delegaciones para el eficaz desempeño de sus atribuciones, se integrarán con las jefaturas y unidades administrativas que sean autorizadas por la Dirección General o la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones. Éstas tendrán a su cargo el desempeño de las atribuciones que les señalen los manuales de organización respectivos." En efecto, de la lectura del anterior precepto legal, no se advierte que sea facultad del Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Morelos Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Morelos el prestar de manera directa las prestaciones médicas referidas por la impetrante de amparo, si no que se observa un catálogo con facultades administrativas, en el cual no se prevé prerrogativa directa para otorgar los servicios médicos referidos. En ese orden de ideas, se debe citar lo aducido por el Titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Morelos; Titular del Hospital General Regional con Medicina Familiar número 1 de Cuernavaca, Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social y por el Titular de la Unidad de Medicina Familiar Número 8 de Ciudad Ayala, en Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes refirieron al momento de rendir de manera conjunta su informe justificado, que la aquí quejosa se encuentra adscrita a la Unidad de Medicina Familiar número 008, en el Municipio de Ayala, Morelos, sin embargo, dado el padecimiento referido por la quejosa (insuficiencia renal crónica), de acuerdo a la zona correspondiente, como lo prevé la fracción II del artículo 4 del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, debe ser atendido en una unidad de segundo nivel de atención para recibir atención diagnostica, terapéutica y de rehabilitación, y que en ese tenor, a quien le corresponde prestar los servicios médicos referidos por Elizabeth Flores Cortes, es al Hospital General de Zona, con Medicina Familiar número 7 de Cuautla, Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social, y no a las referidas autoridades responsables. Con base a lo expuesto, se deben citar los artículos 4 y 5 del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su texto establecen lo siguiente: "Artículo 4. Para otorgar las prestaciones médicas a la población derechohabiente, el Instituto dispondrá de un sistema de unidades médicas organizadas en tres niveles de atención: I. Primer Nivel de Atención. Lo constituyen las unidades de medicina familiar en donde se otorga atención médica integral y continua al paciente; II. Segundo Nivel de Atención. Lo constituyen los hospitales generales de subzona, zona o regionales en donde se atiende a los pacientes, remitidos por los servicios de los distintos niveles de atención, de acuerdo a la zona que les corresponda, para recibir atención diagnóstica, terapéutica y de rehabilitación, de conformidad a la complejidad de su padecimiento, y III. Tercer Nivel de Atención. Lo constituyen las Unidades Médicas de Alta Especialidad, que cuentan con la capacidad tecnológica y máxima resolución diagnóstica terapéutica. En este nivel se atiende a los pacientes que los hospitales del segundo nivel de atención remiten, o por excepción los que envíen las unidades del primer nivel, de conformidad con la complejidad del padecimiento. Para efectos del otorgamiento de los servicios, los niveles de atención señalados en las fracciones I y II, se integrarán en las Áreas Médicas que correspondan." "Artículo 5. Para efecto de recibir atención médica, integral y continua, el Instituto asignará a los derechohabientes su unidad médica de adscripción y médico familiar, acorde a la estructuración de los servicios establecida en el Área Médica correspondiente. [.]." De los anteriores numerales se puede advertir que para efecto de recibir atención médica, el Instituto asignará a los derechohabientes su unidad médica de adscripción y médico familiar, acorde a la estructuración de los servicios establecida en el Área Médica correspondiente. Ahora bien, en las constancias remitidas por las autoridades responsables, obra la constancia de vigencia de derechos de la hoy quejosa, de la que se advierte que se encuentran con derecho al servicio médico vigente en la "UMF 008 CIUDAD AYALA", es decir en la Unidad de Medicina Familiar ubicada en el Municipio de Ayala, Morelos. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, y con la que se acredita que como derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social a la hoy quejosa, se le asignó como su unidad médica familiar de adscripción la UMF 008 ubicada en Ciudad Ayala, Morelos, datos que se corroboran además con las constancias que la quejosa anexó a su escrito inicial de demanda, en las que obra cartilla en la que se advierte su número de seguridad social, la unidad médica a la que se encuentra adscrita (UMF 008), y que el domicilio de la impetrante se ubica en Calle Ejidal número 27, colonia 3 de Mayo, Cuautla, Morelos. Ahora bien, el numeral 4 del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, en sus fracciones I y II, establecen que el primer nivel de atención lo constituyen las unidades de medicina familiar en donde se otorga atención médica integral y continua al paciente, que el segundo nivel de atención médica lo constituyen los hospitales generales de subzona, zona o regionales en donde se atiende a los pacientes, remitidos por los servicios de los distintos niveles de atención, de acuerdo a la zona que les corresponda, para recibir atención diagnóstica, terapéutica y de rehabilitación, de conformidad a la complejidad de su padecimiento. En ese sentido, como quedó precisado, las autoridades responsables refirieron que dado el padecimiento de insuficiencia renal crónica que padece la quejosa, su atención no corresponde a la clínica familiar, sino a una unidad de segundo nivel de atención, y dado la zona que le corresponde a la quejosa, su atención corresponde al Hospital General de Zona, con Medicina Familiar número 7 de Cuautla, Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Expuesto lo anterior, resulta inconcuso que como lo refieren las autoridades responsables referidas en el presente considerando, la facultad de proporcionar los servicios médicos requeridos por la ahora quejosa, en atención a la unidad médica de adscripción y de acuerdo a la zona, corresponde al Hospital General de Zona, con Medicina Familiar número 7 de Cuautla, Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social, y no a las autoridades responsables precisadas en el presente considerando. Por ende, ante la inexistencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa haya ofrecido medios de prueba para desvirtuar dicha negativa, o que haya acreditado con medio de convicción alguno haber solicitado los servicios médicos referidos en su demanda a dichas autoridades responsables, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia publicada con el número 284, consultable en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, de número de registro 1002350, del rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES" No pasa desapercibido para quien resuelve que las autoridades responsables al rendir su informe justificado, refirieron que el órgano responsable de proporcionar la atención médica referida por la ahora quejosa es el Hospital General de Zona, con Medicina Familiar número 7 de Cuautla, Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin embargo, no es posible para quien resuelve determinar sobre la certeza o no del acto reclamado en relación a dicha autoridad, por ende tampoco en relación a su legalidad, dado que la quejosa fue omisa en desahogar el requerimiento hecho por este órgano jurisdiccional por auto de trece de julio de dos mil veintiuno, por tanto, por auto de nueve de agosto de dos mil veintiuno, se le tuvo por desinteresada en la ampliación de la demanda de amparo por cuanto a la referida autoridad Hospital General de Zona, con Medicina Familiar número 7 de Cuautla, Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en consecuencia al no ser llamada a juicio, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia V.2o. J/96 de registro digital 210740, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, numero 80, Agosto de 1994, página 55, de rubro: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS." Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ELIZABETH FLORES CORTES, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando tercero. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, hoy diez de noviembre de dos mil veintiuno, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

  3. Incidental

    Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 593/2021-III y, I.- FIJACIÓN CLARA Y PRECISA DEL ACTO RECLAMADO. Mediante escrito de demanda ELIZABETH FLORES CORTES, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, con suspensión de los actos reclamados de la autoridad responsable Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos en representación del Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Morelos, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y otras autoridades, de quienes reclamo lo siguiente: La falta de tratamiento especializado de hemodiálisis para pacientes con insuficiencia renal crónica para afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. La omisión o negativa de otorgar los servicios médicos al no suministrar los medicamentos necesarios para su tratamiento para dicho padecimiento. II.- INEXISTENCIA DEL ACTO. La autoridad responsable Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos en representación del Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Morelos, del Instituto Mexicano del Seguro Social, al rendir su informe previo negó el acto reclamado, por tanto, al no haber sido desvirtuada dicha negativa con medio probatorio alguno por la parte quejosa, se niega la suspensión definitiva. Lo anterior tiene apoyo en la tesis aislada visible en el Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, Enero a Junio de mil novecientos noventa y ocho, página 356, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, cuyo rubro y texto son de la literalidad siguiente: "INFORME PREVIO. El informe de la autoridad señalada como responsable que niega la existencia del acto reclamado, debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra la que en él se afirma y por tanto, debe negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, no desvirtuado en autos." III.- CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Se tienen por ciertos los actos reclamados a las autoridades Titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, Titular de la Dirección del Hospital General Regional con Medicina Familiar Número 1 de Cuernavaca, Morelos, y Titular de la Unidad de Medicina Familiar número 8 de Ayala Morelos, todos del Instituto Mexicano del Seguro Social, toda vez que si bien al rendir su informe previo por conducto de la primera de las nombradas negaron el mismo, lo cierto es que de la lectura íntegra del informe se desprende su existencia. Se determina en este sentido toda vez que la Titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas del Hospital General Regional con Medicina Familiar Número 1 de Cuernavaca, Morelos al hacer lo propio manifestó que el nosocomio que presta los servicios Médicos Especializados a la aquí quejosa ELIZABETH FLORES CORTES, es el Hospital General de Zona, con medicina Familiar Número 7 de Cuautla, Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual no cuenta con el servicio de hemodiálisis, pues en términos del artículo 12 del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, subrogó dicho servicio a la moral denominada Principios Básicos Empresariales Sociedad Anónima de Capital Variable, empresa que ha proporcionado a la quejosa los servicios medios de hemodiálisis. Asimismo, para acreditar lo anterior, remitió copia certificada de las hojas de registro de hemodiálisis a nombre de la quejosa, de las cuales se desprende que ha acudido a recibir atención médica el día 29 de abril, 2,4,8,11,13,15, 18,22, 25, 27 y 29 de mayo de dos mil veintiuno. Constancias a las que se les concede valor probatorio pleno, al tratarse de documentos públicos por haber sido expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, en términos de los artículos 197 y 207, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. No obstante ello, la promovente en su escrito de demanda, exhibió la documental consistente en cartilla a nombre de ELIZABETH FLORES CORTES, con número de seguro social 1510871639-8, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social; documento con el que la quejosa acredita que es derecho-habiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, de lo que, hasta este momento procesal se desprende que la institución encargada de proporcionar los servicios médicos a la quejosa es el Instituto Mexicano del Seguro Social y no un diverso hospital o clínica privada. Además, las autoridades responsables fueron omisas a remitir las constancias de las cuales se advierta que la impetrante ha recibido el tratamiento consistente en la hemodiálisis posterior al veintinueve de mayo de dos mil veintiuno; motivos por los cuales se tienen por ciertos los actos que por esta vía se les reclama. Constancias a las que se les concede valor probatorio indiciario en razón de haberse exhibidas en fotocopia simple, en términos de los artículos 197 y 207, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. IV.- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Ahora bien, en el caso en particular el acto reclamado está relacionado con el derecho humano a la salud, el cual se encuentra estrechamente relacionado con el disfrute de los demás derechos humanos; entre ellos la dignidad humana, pues no se gozaría de una condición de vida en esos términos, al padecer algún padecimiento médico que no es diligentemente atendido por las institución de salud pública. En consecuencia, es inconcuso que a fin de preservar la salud, vida e integridad física, procede se conceda la suspensión definitiva de los actos que reclama para los efectos que se precisaran al final de la presente determinación, como se explica a continuación. Para evidenciar lo anterior, es necesario destacar inicialmente, que el derecho a la salud está reconocido en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que: "Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución". Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 378/2014, en sesión de quince de octubre de dos mil catorce, señaló que el derecho a la salud previsto en el artículo 4º de la Constitución General de la República, puede entenderse como la obligación del Estado, de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud, encaminados a la obtención de un determinado bienestar general, integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. En esa tesitura, se trata de un derecho complejo, que despliega una amplia serie de posiciones jurídicas fundamentales para los particulares y para el Estado; luego, la protección de la salud y el desarrollo de los correspondientes sistemas sanitarios asistenciales, es una de las tareas fundamentales de los Estados democráticos contemporáneos y representa una de las claves del Estado del bienestar. Así, la salud es una meta prioritaria en sí misma y, a su vez, es el pilar estratégico para que existan otras prerrogativas, ya que las posibilidades de que sean capaces los individuos para desplegarlas como tales, dependen de los logros en salud, en tanto un estado de bienestar general resulta indispensable para poder ejercer el resto de los derechos humanos que tutela la Constitución Federal y, en consecuencia, para poder llevar una vida digna. De ahí que el derecho a la salud constituye un presupuesto para el desarrollo y no una mera consecuencia del mismo y, por ende, la realización del derecho humano a la salud aparece crecientemente como una regla esencial para saber si realmente hay progreso en un Estado y, al mismo tiempo, como un medio decisivo para obtenerlo. En la referida ejecutoria la Segunda Sala precisó que el Estado Mexicano se encuentra obligado a adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, la plena efectividad del derecho a la salud. En esa lógica, señaló la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se impone al Estado Mexicano, por una parte, una obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho al nivel más alto posible de salud y, por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio hasta el máximo de los recursos que disponga. Las anteriores consideraciones dieron origen a la tesis 2a. CVIII/2014 (10a.), de la Segunda Sala del Máximos Tribunal del País, de rubro: "SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO.". En ese sentido, se reitera que en el presente incidente se solicita la suspensión de los actos reclamados consistentes en la negativa de brindar atención médica a ELIZABETH FLORES CORTES, concerniente a: La falta de tratamiento especializado de hemodiálisis para pacientes con insuficiencia renal crónica para afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. La omisión o negativa de otorgar los servicios médicos al no suministrar los medicamentos necesarios para su tratamiento para dicho padecimiento. Por tanto, con apoyo en los artículos 127, 128, 136, 138 y 139 de la Ley de Amparo se concede la suspensión definitiva del acto reclamado en los siguientes términos: Para que dentro del ámbito de sus atribuciones las autoridades señaladas como responsables observando la normatividad que las rige, brinden a la quejosa ELIZABETH FLORES CORTES la atención médica necesaria y se implementen las acciones adecuadas por parte de las autoridades responsables, para salvaguardar su salud, y de acuerdo a la valoración médica y padecimiento que refiere bajo protesta de decir verdad padecer (insuficiencia renal crónica) en la presente demanda de amparo, proporcionen los tratamientos médicos y quirúrgicos vitales bajo su más estricta responsabilidad; en el caso específico, el tratamiento especializado de hemodiálisis con motivo de la insuficiencia renal crónica que refiere padecer. Además, deberá proporcionar a la directa quejosa, los medicamentos y estudios correspondientes para tratar de la mejor forma su padecimiento; así como cualquier otra medida de carácter urgente que se estime necesaria para lograr tal propósito, en virtud de que lo que se protege es el derecho humano a la salud que se tutela en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La anterior determinación surte efectos, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que a efecto se dicte en el presente asunto, pues sólo en tales condiciones se estará en aptitud de conservar la materia del juicio de garantías sin afectar el interés de la colectividad en que los juicios se prosigan hasta su resolución. Comuníquese a las autoridades responsables que conforme a la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización -esto en relación con lo dispuesto en el artículo 238 de esa ley-, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el incidente de suspensión, no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Sin que en el particular atento al derecho humano que se está tutelando, se estime procedente requerir la exhibición de garantía para garantizar los efectos de la medida cautelar, además que se combate la omisión de las autoridades responsables en garantizar la salud de la quejosa, lo que de suyo deriva de un imperativo constitucional como se dijo y, por ende, su debido cumplimiento no puede representar daño o detrimento alguno en su perjuicio. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, en los artículos 125, 138, 140, 143 y 146 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ELIZABETH FLORES CORTES, respecto del acto reclamado y las autoridades responsables precisadas y, por las razones expuestas en el punto segundo de la presente resolución interlocutoria. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por ELIZABETH FLORES CORTES, respecto del acto reclamado y las autoridades responsables precisadas y, por las razones expuestas en el punto tercero de la presente resolución interlocutoria. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede y, tomando en consideración que el término de tres días concedido a la parte quejosa para dar cumplimiento al requerimiento efectuado mediante auto de trece de julio de dos mil veintiuno, ha transcurrido sin que la parte quejosa haya dado cabal cumplimiento al mismo, no obstante, de encontrarse debidamente notificada, tal y como se advierte de las constancias que obran en autos; en esas condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, y se tiene por no presentado el escrito exhibido ante este juzgado el doce de julio del año en curso, con número de folio 10178; en consecuencia, dado que el término de quince días concedido a la parte quejosa mediante auto de siete de junio del presente año, transcurrió sin que la impetrante hubiere realizado manifestación alguna; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de referencia y se tiene a la parte quejosa por desinteresada en la ampliación de la demanda en el presente juicio de amparo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.

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