Elizabeth Díaz Cibrian

Expediente 948/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
948/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
16/12/2022

Partes del expediente

  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito
  • Elizabeth Díaz Cibrian

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia en la que se negó el amparo en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Devolución de legajos de prueba. En ese orden de ideas, resulta innecesario conservar los legajos de prueba recibidos mediante proveído de ******************** e identificados como Tomo I, II, III y IV, los cuales fueron formados con las constancias remitidas por la responsable; en esa virtud, se ordena su devolución a su lugar de origen. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Audiencia y resolución Constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con veinte minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Violeta Ybarra Escalante, secretaria con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, la secretaria da cuenta con la demanda de derechos, las constancias de emplazamiento a las partes y el informe justificado rendido por la autoridad responsable. El juez acuerda: Téngase por hecha la certificación que antecede. Abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con los medios de convicción ofrecidos por la autoridad responsable y parte tercera interesada . El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadoa por su propia y especial naturaleza, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos la secretaria hace constar que la parte tercera interesada hizo manifestaciones. El juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las demás partes a formular alegatos. Acto seguido, se cierra este periodo, y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 948/2022 PC-CIVIL; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el trece de julio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y remitido por razón de turno, el día hábil siguiente a este juzgado de Distrito,********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que se precisará con posterioridad. Por proveído de veinte de julio de dos mil veintidós, se admitió la citada demanda, se pidió a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, y se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete. En determinación de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, se le reconoció el carácter de terceros interesados a Eunise Jesabel García García, Edgar Obed García García, Julio Abraham García Martínez y a la menor P.M.G.G. Posteriormente, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos tuvo lugar en los términos del acta que antecede. Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracciones II, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; debido a que el acto reclamado tiene ejecución en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Fijación de la litis Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado: La determinación de tres de junio de dos mil veintidós de dos mil veintidós, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, en el toca civil 241/2021 de su índice, en la que se resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la interlocutoria de seis de febrero de dos mil veinte, pronunciada por el juez de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora, con motivo del incidente de nulidad de actuaciones planteado por******************** -quejosa, contra la junta de herederos y nombramiento de albacea de diez de diciembre de dos mil diecinueve, derivada del expediente 69/2019, derivado del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Abraham García Coronado, promovido por Edgar Obed García García y Eunise Jesabel García García -terceros interesado-. Existencia del acto reclamado Es cierto el acto reclamado, toda vez que así lo manifestó el magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Circunstancia que se corrobora con las constancias que anexó la autoridad responsable a su respectivo informe, las cuales derivan del toca civil 241/2021 de su índice, y el juicio sucesorio intestamentario 69/2019 proveniente del Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2 del mismo ordenamiento legal, ya que no fueron objetadas en cuanto a su autenticidad; además, provienen de autoridades en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial número 226 sustentada por el Pleno de la otrora Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 156, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Quinta Época, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Causas de improcedencia Conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público. Sin embargo, del estudio de las actuaciones que componen el presente juicio, este órgano de control constitucional no advierte la existencia de alguna causa que involucre improcedencia; además, las partes interesadas no invocaron algún motivo por el que estimaran improcedente el juicio. V. Antecedentes del acto reclamado Para una mejor comprensión de las consideraciones de esta sentencia, se estima pertinente realizar la siguiente reseña de antecedentes: Por proveído de siete de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el juicio sucesorio intestamentario 69/2019 del índice del Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora, entre otros aspectos, se tuvo por presente a Edgar Obed y Eunise Jesabel ambos de apellidos García García -terceros interesados-, por su propio derecho denunciando la sucesión intestamentaria a bienes de Abraham García Coronado. En resolución de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, dictada por el juez de primera instancia referido anteriormente, en el juicio de jurisdicción voluntaria (acreditación de hechos de concubinato) 1655/2018 de su índice, en lo que interesa se resolvió lo siguiente: "(.) SEGUNDO.- Ha sido procedente la petición que hace a este Tribunal ELIZABETH DIAZ CIBRIAN (parte quejosa); en la vía de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA (ACREDITACIÓN DE CONCUBUNATO); en consecuencia: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERCERO.- Por las consideraciones vertidas en el cuerpo de la presente resolución, se declaran procedentes las diligencias de jurisdicción voluntaria y se tiene por acreditado el concubinato entre ELIZABETH DÍAZ CIBRIAN y ABRAHAM GARCÍA CORONADO quienes vivieron juntos como si fueran cónyuges desde el año dos mil trece, como si fueran marido y mujer en unión libre, es decir en concubinato, haciéndolo en forma in- interrumpida (sic) dicha relación, hasta el cuatro de octubre del año dos mil dieciocho, que fue cuando falleció el señor ABRAHAM GARCÍA CORONADO, habiendo procreado cuatro hijos tal y como lo establece el artículo 1711 del Código Civil Sonorense. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (.)" En audiencia de Junta de Herederos y Nombramiento de Albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Abraham García Coronado, celebrada el diez de diciembre de dos mil diecinueve, el multicitado juez de primera instancia, resolvió en lo que interesa lo siguiente: "- - - PRIMERA. Se declara como únicos y universales herederos de la presente sucesión intestamentaria a bienes de ABRAHAM GARCÍA CORONADO, a los hijos del autor de la presente sucesión EUNISE JESABEL GARCÍA GARCÍA, EDGAR OBED GARCÍA GARCÍA, JULIO ABRAHAM GARCÍA MARTÍNEZ y a la menor PAULA MARINA GARCÍA GARCÍA, quien es representada por su señora madre MA. SOLEDAD GARCÍA ESCOBAR, mas no así a ELIZABETH DIAZ CIBRIÁN y a Ma. Soledad García Escobar por derecho propio por las razones que a continuación se expresan. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por otra parte, se aclara que no se reconoce como heredera de la sucesión intestamentaria a bienes de Abraham García Coronado, a la señora********************, ya que si bien los concubinos tienen derecho a heredar, tal y como lo establece el artículo 1711 del Código Civil para el Estado de Sonora, también es cierto que para que ello sea posible deben cumplirse con los requisitos y cargas procesales que ello conlleva, ya que de esa manera se cumple con la garantía de audiencia, debido proceso y seguridad jurídica de las partes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Asimismo, se advierte de autos que si bien la señora******************** presentó resolución emitida en un Juicio de jurisdicción Voluntaria (acreditación de hechos de concubinato), tramitado en el expediente 1655/2018, del índice de este Juzgado, para tratar de acreditar su entroncamiento con el de cujus, también es cierto que el procedimiento para reconocer el carácter con que se ostenta la señora Díaz Cibrián, debió haberse llevado en el expediente formado a la sucesión que nos ocupa, tal y como lo prevé la fracción IV, del artículo 787 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Sonora "El derecho a heredar por sucesión legítima debe comprobarse en la forma siguiente: . . .IV. La Concubina acreditará su carácter mediante las pruebas escritas que pueda exhibir y además con información de testigos que se recibirá con citación del Ministerio Público y herederos afectados."; y que al no haberse hecho de esta manera, los presuntos herederos o bien quien tenga interés en la presente sucesión no tuvieron la oportunidad de manifestar su inconformidad, o su oposición con la solicitud de acreditar si cumple con los requisitos para que se le reconozca como concubina, y que al no haberse hecho de tal manera es que se desestime su reconocimiento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - Lo anterior, tiene fundamento en los artículos 77,787 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, 1711 del Código Civil Sonorense, y 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. - - - - - De igual manera, se omite reconocer el carácter de concubina a la señora Ma. Soledad García Escobar, toda vez que al igual que la señora Díaz Cibrián no llevó a cabo los actos tendientes a la acreditación de su concubinato con el de cujus, así como al hecho de que en autos se encuentra acreditado que la misma contrajo nupcias con persona diversa, y al no haber perdurado su relación con el de cujus durante los últimos cinco años antes de su muerte, es que no se actualice el supuesto previsto por el artículo 1711 del Código Civil para el Estado de Sonora, aunado al hecho de que cuando comparezcan a la sucesión dos personas que se ostenten con el carácter de concubinas ninguna de las dos heredará. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (.)" Asimismo, en la diligencia mencionada en párrafos que anteceden, la secretaria de acuerdo, hizo constar que******************** -quejosa- no deseó firmar la diligencia retirándose del recinto judicial de primera instancia. En determinación de tres de junio de dos mil veintidós de dos mil veintidós, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, en el toca civil 241/2021 de su índice, se confirmó la interlocutoria de seis de febrero de dos mil veinte, pronunciada por el juez de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora, con motivo del incidente de nulidad de actuaciones planteado por la parte quejosa, contra la junta de herederos y nombramiento de albacea de diez de diciembre de dos mil diecinueve, derivada del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Abraham García Coronado. Esta última determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. VI. Conceptos de violación Los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, por economía procesal se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no encontrarse este resolutor obligado a transcribirlos. Lo anterior, conforme a la tesis de jurisprudencia 58/2010, aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País de texto y rubro siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Asimismo, debe precisarse que dichos argumentos se analizarán bajo la técnica de estricto derecho. VII. Cuestión jurídica de fondo a resolver Los conceptos de violación resultan inoperantes por una parte e infundados por otra, los cuales, por cuestión de técnica jurídica, se analizarán en orden distinto en que fueron propuestos. Sin que en el presente asunto exista motivo de suplencia de la queja en términos del artículo 79 de la Ley de amparo, fracción VI, de la Ley de Amparo, e ilustrativamente conforme la tesis de rubro: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA CIVIL Y ADMINISTRATIVA. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 76 BIS, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO." En un concepto de violación, la parte quejosa refiere que la autoridad responsable al emitir el acto reclamado no lo motivó, ni fundamentó debidamente, acorde a los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. Aduce, que la citada autoridad, en su resolución motivo de reclamo, llevó a cabo un estudio incongruente, ya que por un lado declaró que su agravio era fundado y por otro inoperante. Resultan inoperantes tales aseveraciones. En primer término, resulta oportuno precisar que de la interpretación sistemática de los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, en relación con el principio procesal de congruencia que debe observarse en toda resolución jurisdiccional, se advierte que la litis constitucional en el juicio de amparo se integra, por regla general, con la demanda de garantías y el informe justificado que rindan las autoridades responsables; por tanto, para que en la sentencia constitucional que emita el juez de distrito se observe tal principio, deberá acotar su decisión a lo que constituya la materia de la litis en el juicio de amparo indirecto, esto es, deberá existir identidad jurídica entre lo resuelto por el juzgador y lo que es materia de la controversia en el juicio, entendida ésta como las cuestiones de hecho y de derecho que se deben ponderar para decidir si el acto reclamado resulta o no violatorio de garantías constitucionales. Asimismo, el Máximo Tribunal del País sustentó criterio en el sentido de que, para que el juzgador de amparo se encuentre obligado a estudiar los motivos de la queja basta con que en ellos se hubiera expresado con claridad la causa de pedir, mediante el señalamiento de la lesión o agravio que estime le cause el acto y los motivos que originaron ese agravio. Lo que obedece a la necesidad de precisar que los conceptos de violación no necesariamente deban plantearse a manera de silogismo jurídico como lo sustentaba la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni bajo alguna fórmula sacramental. Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que lo anterior, de ninguna manera implica que los peticionarios de amparo se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, porque es obvio que al accionante de amparo le corresponde, salvo los supuestos legales de suplencia de la queja, exponer razonadamente el por qué estima inconstitucionales o ilegales los actos que reclama. Precisado lo anterior, en el caso concreto, la parte quejosa es omisa en combatir directamente las consideraciones producidas por el tribunal responsable en la resolución de tres de junio de dos mil veintidós, a través de la cual confirmó la interlocutoria de seis de febrero de dos mil veinte, pronunciada por el juez de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora, con motivo del incidente de nulidad de actuaciones planteado por la parte quejosa, contra la junta de herederos y nombramiento de albacea de diez de diciembre de dos mil diecinueve, derivada del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Abraham García Coronado. Es decir, omite exponer argumentos del por qué considera que la resolución reclamada carece de fundamentación, motivación y congruencia. Resultan aplicables por analogía las jurisprudencias 36 y 1a./J. 19/2012 (9a.), del tenor siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUÉLLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS. Si en la sentencia recurrida el juez de Distrito expone diversas consideraciones para sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados de las distintas autoridades señaladas como responsables en la demanda de garantías, y en el recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad de esas consideraciones el recurrente se concreta a esgrimir una serie de razonamientos, sin impugnar directamente los argumentos expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, sus agravios resultan inoperantes; siempre y cuando no se dé ninguno de los supuestos de suplencia de la deficiencia de los mismos, que prevé el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, habría que suplir esa deficiencia, pasando por alto la inoperancia referida." "AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUÉLLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo." Por otra parte, la parte quejosa, en su demanda de derechos, específicamente en el apartado de conceptos de violación refiere dos argumentos, que son los siguientes: ".La autoridad responsable, en su sentencia, reconoce que el Juez de Primera Instancia de lo Familiar de Guaymas, Sonora, aplicó incorrectamente el artículo 154 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, y a pesar de ello, confirmó la resolución de fecha seis de febrero de dos mil veinte dictada dentro del expediente número 69/2019, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de ABRAHAM GARCÍA CORORNADO." ".La responsable en el considerando III a foja 19 de su sentencia, determinó que en presente caso, se actualiza lo previsto por el artículo 154 fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, argumentando que la suscrita quejosa estuve en posibilidad de inconformarme en el momento mismo de la celebración de la junta de herederos celebrada en el expediente número 69/2019." De los citados argumentos, la parte quejosa refiere que al emitir la resolución reclamada, la autoridad responsable fue omisa en tomar en cuenta que no es abogada, que es un apersona dedicada al hogar, y que el día que se celebró la junta de herederos y nombramiento de albacea -diez de diciembre de dos mil diecinueve-, no tenía representación legal, que no conocía el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, ni contaba con los conocimientos jurídicos necesarios para interponer el recurso o medio de impugnación que marca la ley. El argumento reseñado es inoperante. La razón de ello radica en que el argumento vertido no fue formulado ante el tribunal responsable al interponer el recurso de apelación del que derivó la resolución reclamada, lo que significa que no tuvo la oportunidad legal de analizarlo ni de pronunciarse sobre él, de modo que resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de la sentencia combatida a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable, pues tales manifestaciones no formaron parte de la litis natural. Es de invocar, dada la identidad jurídica del tema analizado, la jurisprudencia VI.2o.A. J/7 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de contenido: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES AQUELLOS QUE INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON PLANTEADOS EN EL JUICIO NATURAL. Son inoperantes aquellos conceptos de violación en que se formulan argumentos que no se hicieron valer ante la Sala Fiscal, toda vez que en caso de ocuparse de su estudio se violaría el principio de congruencia establecido en el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, que obliga a pronunciarse sobre todas las cuestiones planteadas por las partes, en razón de que tales manifestaciones como no formaron parte de la litis natural, la Sala no tuvo la oportunidad legal de analizarlas." Por último, debe decirse que los demás motivos de inconformidad asentados por la parte quejosa resultan inoperantes, por las razones que enseguida se exponen. En efecto, vista la naturaleza del juicio de amparo, el juzgador al emitir la sentencia debe realizar una labor interpretativa en la medida en que, sin alterar los hechos expuestos en la demanda, analice en su integridad las constancias, a efecto de desentrañar la pretensión perseguida por la parte quejosa y la causa de pedir, para resolver la cuestión efectivamente planteada. En suma, al dictar la sentencia de amparo el juez de Distrito deberá examinar la justificación de los conceptos de violación contenidos en la demanda confrontándolos con los fundamentos del acto reclamado; debiendo verificar su eficacia, de darse ésta procederá al análisis de fondo para decidir si son fundados o infundados; y, de no darse el caso, los declarará inoperantes. Cabe señalar que los conceptos de violación resultan inoperantes, entre otras razones, cuando el quejoso omite manifestar el agravio que le ocasiona el acto reclamado, cuando incurre en generalidad, vaguedad o falta de concreción en su formulación, o cuando no se dirigen a controvertir las consideraciones torales que lo fundan y, en el supuesto de que sean varias desvinculadas entre sí, omita combatir cada una de las cuales lo sustentan, esto es, cuando estén dirigidos a cuestionar solo un argumento de los diversos independientes que la sustentan. Apoyan lo antes determinado, el criterio sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis jurisprudencial número I.6o.C. J/21, publicada en la página 1051, Tomo XII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente al mes de agosto del año 2000, y las jurisprudencias 700 y 703, publicadas en las páginas 471 y 473, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1995, Tomo VI, que, respectivamente, a la letra dicen: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON SI NO CONTIENEN DE MANERA INDISPENSABLE, LOS ARGUMENTOS NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LAS TRANSGRESIONES DEL ACTO RECLAMADO. Si en los conceptos de violación no se expresan los razonamientos lógicos y jurídicos que expliquen la afectación que le cause a la quejosa el pronunciamiento de la sentencia reclamada, los mismos resultan inoperantes, toda vez que todo motivo de inconformidad, no por rigorismo o formalismo, sino por exigencia indispensable, debe contener los argumentos necesarios, tendientes a justificar las transgresiones que se aleguen, de tal manera que si carecen de aquéllos, no resultan idóneos para ser analizados por el tribunal federal correspondiente, en el juicio de amparo." "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Si el impetrante aduce alegaciones, en las cuales no se controvierten de manera específica las consideraciones que la responsable tomó en cuenta para dictar el fallo reclamado, ello trae como consecuencia que los conceptos de violación se estimen inoperantes." "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Son inoperantes los conceptos de violación en la medida de que el quejoso no combate a través de un razonamiento jurídico concreto, las consideraciones en que se sustentó el fallo impugnado, supuesto que no basta indicar los preceptos legales que se consideren infringidos, sino que es indispensable explicar, concretizar el daño o perjuicio ocasionado por la autoridad responsable y además argumentar jurídicamente los razonamientos o consideraciones de la resolución que se reclama." De igual forma sirven de apoyo a lo anterior, por los criterios que las informan, las tesis cuyas sinopsis son: "CONCEPTOS DE VIOLACION QUE OMITEN COMBATIR ALGUNAS CONSIDERACIONES EN QUE SE APOYA EL ACTO RECLAMADO. SON INSUFICIENTES. Los conceptos de violación deben estar relacionados directa e inmediatamente con los fundamentos del acto reclamado, para que de esta forma queden de manifiesto los vicios de que adolezca; por tanto si el quejoso omite hacerse cargo de algunas consideraciones en que se apoyó la autoridad responsable y no las combate, el Tribunal Colegiado no está en aptitud de examinar la constitucionalidad de éstas y por consecuencia deben subsistir." "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. DEBEN ATACAR TODOS LOS ARGUMENTOS DEL ACTO IMPUGNADO. Cuando son varias las consideraciones en que se sustenta el acto impugnado y en los conceptos de violación solo se combaten algunas de ellas, los mismos resultan ineficaces para declararlo insubsistente, tomando en cuenta que, para ese efecto, deben destruirse todos los argumentos expuestos por la Junta responsable para apoyar su determinación." "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INEFICACES. SON LOS REFERIDOS A CUESTIONES COLATERALES AL SUSTENTO TORAL DE LA SENTENCIA RECLAMADA, QUE NO SE SUPERA. Si el fallo reclamado se sustenta en una consideración toral que tiene por inexistente el derecho en que el quejoso basó sus pretensiones, y los conceptos de violación en lugar de ocuparse de tal consideración toral, se dirigen a tratar de evidenciar diversas violaciones procesales no determinantes de ese sustento del fallo, tales argumentos resultan ineficaces por referirse a cuestiones colaterales o ajenas a esa consideración que rige el sentido de esa resolución insuperada." En la resolución reclamada, la responsable expuso los fundamentos y motivos de su determinación, las que, como se advierte del contenido de la demanda de amparo, en forma alguna fueron controvertidas por el impetrante del amparo y que al no haberlo hecho, deben quedar firmes, pues este órgano jurisdiccional se encuentra técnicamente imposibilitado para llevar a cabo el estudio de alegaciones que no atacan, con razonamientos lógico-jurídicos, el acto reclamado. Así las cosas, los conceptos de violación deben referirse, en primer lugar, a la pretensión, esto es, al qué se reclama y, en segundo lugar, a la causa petendi o causa de pedir, que implica el porqué de la pretensión, incluyendo los fundamentos o razones y los hechos de la demanda, así como las pruebas (que son la base de lo debatido). La conexión o relación de estas últimas sólo debe darse con los hechos, que son determinantes y relevantes para efectos de la pretensión, en virtud de ser el único extremo que amerita y exige ser probado para el éxito de la acción deducida. En este contexto, como se dijo, son inoperantes los argumentos de la parte quejosa, porque según se advierte de su simple lectura, se aprecia que no combate las consideraciones en que se sustentó la resolución reclamada, dado que, se limita a efectuar antecedentes relacionados con el acto reclamado, y omite atacar las consideraciones y fundamentos que sirvieron al tribunal responsable para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en el juicio de origen. Lo anterior, sin exponer consideración lógica jurídica que tienda a evidenciar la ilegalidad de los motivos y los fundamentos que sirvieron de sustento la resolución reclamada; máxime que las manifestaciones de la parte impetrante resultan insuficientes para desvirtuar lo considerado por la responsable en dicha resolución, amén de que no indica cómo es, que lo determinado por la autoridad es ilegal, ya que sus argumentos deben estar relacionados directa e inmediatamente con los fundamentos del acto reclamado, para que de esta forma queden de manifiesto los vicios de que adolezca; por tanto, si la parte quejosa omitió hacerse cargo de las consideraciones en que se apoyó la autoridad responsable y no las combate, tales argumentos resultan inoperantes, como acontece en la especie. VIII. Decisión En consecuencia, al no evidenciarse a la luz de los conceptos de violación la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que procede es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada. Por otra parte, este juzgador omite el estudio de los argumentos vertidos por la parte tercera interesada en vía de alegatos, pues éstos no forman parte de la Litis en el juicio constitucional, dado que constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación. Lo anterior, de acuerdo a la jurisprudencia P./J. 27/94, de rubro "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los 1°, fracción I, 73 a 75 y 124 de la Ley de Amparo, se: IX. Resuelve: La Justicia de la Unión no ampara ni protege a********************, en relación con el acto reclamado y autoridad responsable señalados en los apartados II y III, por los motivos expuestos en el considerando VII, todos del presente fallo constitucional. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Recepción de comunicación oficial. Agréguese a los autos el oficio 589/2022, a través del cual, el juez de Primera Instancia Mixto con Competencia Especializada, del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora, remite el despacho 45/2022, con número de orden 188/2022, del índice de este juzgado. Dese de baja de la estadística mensual la referida comunicación oficial, debiéndose realizar las anotaciones en el libro cuatro de juzgado de "Registro de Comunicaciones Oficiales Enviadas", así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Sin que sea necesario hacer efectivo el apercibimiento impuesto en el proveído de veintisiete de septiembre del año en curso, en virtud de que el diecisiete de octubre pasado, se tuvo por apersonados al sumario a los terceros interesados y por señalado el domicilio procesal que informaron. Notifíquese; personalmente a la secretaria encargada del libro cuatro de juzgado de "Registro de Comunicaciones Oficiales Enviadas". Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Apersonan terceros interesados. Glósese a los autos el escrito de cuenta presentado por Eunise Jesabel García García, Edgar Obed García García, Julio Abraham García Martínez y Ma. Soledad García Escobar, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngasele por apersonado al presente juicio con el carácter que se ostenta, dado que así se desprende de las actuaciones de autos del juicio de origen. Pruebas. Ahora bien, con fundamento en el numeral 119 de la mencionada ley, se tienen por ofrecidas las documentales anexas al escrito que se atiende, la confesional expresa, la instrumental de actuaciones, presuncional -lógico, jurídico y humano-; sin perjuicio de relacionarlas al momento de resolver el presente juicio de resultar conducente y necesario. Domicilio. Como lo solicita, se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el referido en el escrito de cuenta. Correos electrónicos. En relación a los correos electrónicos que menciona, se le tiene por proporcionado para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales, en términos de los ordinales 5, fracción I, y 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV2. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su ocurso, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autorizan sólo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. Alegatos. Por otro lado, en atención a las manifestaciones que realiza, conforme a lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulados los alegatos que vierte en los términos que indica. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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