Elizabeth Diana Acosta García
Expediente 931/2022 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 931/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Elizabeth Diana Acosta García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Juicio de Amparo Directo
Vista la cuenta que antecede, de la que se desprende que el plazo de tres días concedido a la quejosa con relación a la posibilidad de que se actualice la causal de improcedencia; en consecuencia, devuélvase este expediente a la ponencia donde se encontraba, para los efectos legales a que haya lugar.
- Juicio de Amparo Directo
En veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, siendo las nueve horas y en atención a la razón que antecede, notificó el auto de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, al quejoso; por medio de lista, como lo establece el artículo 29, en relación con el diverso 26, ambos de la Ley de Amparo. Doy fe. Cuyo auto se dijo:Visto el dictamen de cuenta, a través del cual se estima que procede dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, respecto a la posibilidad de que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Una vez puntualizado lo anterior, se estima que debe sobreseerse en el presente juicio constitucional, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior, vinculado a lo previsto en el diverso numeral 61, fracción XVIII, del propio ordenamiento legal, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Asimismo, el numeral 170 de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo; que se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido; y, que para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que prevea la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. De igual forma, debe precisarse, que del artículo 374 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, se colige que los autos que no fueren apelables, pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Por tanto, es inconcuso que las determinaciones previas al dictado de la sentencia en lo principal, se ubican en el supuesto previsto por el precepto legal citado y, por ende, son impugnables mediante el recurso de revocación. Así pues, en virtud de que en contra del auto reclamado en la presente instancia constitucional procede el recurso de revocación, es legal concluir que al no haberse interpuesto previamente a la promoción del presente juicio de amparo directo, es improcedente, al no cumplirse con la exigencia prevista en el artículo 170, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el numeral 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal. En las relatadas consideraciones, se considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En atención a la determinación anterior, se ordena dar vista a la referida quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación a la causal de improcedencia antes señalada; bajo el apercibimiento de que en caso de no desahogar la vista ordenada dentro del plazo concedido, este tribunal colegiado resolverá conforme a derecho corresponda.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el dictamen de cuenta, a través del cual se estima que procede dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, respecto a la posibilidad de que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Una vez puntualizado lo anterior, se estima que debe sobreseerse en el presente juicio constitucional, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior, vinculado a lo previsto en el diverso numeral 61, fracción XVIII, del propio ordenamiento legal, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Asimismo, el numeral 170 de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo; que se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido; y, que para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que prevea la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. De igual forma, debe precisarse, que del artículo 374 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, se colige que los autos que no fueren apelables, pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Por tanto, es inconcuso que las determinaciones previas al dictado de la sentencia en lo principal, se ubican en el supuesto previsto por el precepto legal citado y, por ende, son impugnables mediante el recurso de revocación. Así pues, en virtud de que en contra del auto reclamado en la presente instancia constitucional procede el recurso de revocación, es legal concluir que al no haberse interpuesto previamente a la promoción del presente juicio de amparo directo, es improcedente, al no cumplirse con la exigencia prevista en el artículo 170, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el numeral 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal. En las relatadas consideraciones, se considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En atención a la determinación anterior, se ordena dar vista a la referida quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación a la causal de improcedencia antes señalada; bajo el apercibimiento de que en caso de no desahogar la vista ordenada dentro del plazo concedido, este tribunal colegiado resolverá conforme a derecho corresponda.
- Juicio de Amparo Directo
Visto que los autos del expediente en que se actúa, se encuentran en estado de resolución, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 41, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, túrnese el expediente al Magistrado Pedro Gámiz Suárez, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
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