Elizabeth Cruz Cruz
Expediente 1023/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1023/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Elizabeth Cruz Cruz
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de once de octubre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este órgano jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 20, fracción II, inciso a) (Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, transfiérase al depósito documental que, para tal efecto designe el Área coordinadora de archivos. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
PREVIO AVISO QUE SE DEJÓ PARA LA PARTE QUEJOSA.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintitrés. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo, promovida ELIZABETH CRUZ CRUZ, contra actos del Juez Especializado en Materia Oral Mercantil del Circuito Judicial del Centro y Civil en Materia de Extinción de Dominio para todo el Estado de Oaxaca, y otra autoridad, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese el expediente respectivo y regístrese con el número 1023/2023. Desechamiento. Del estudio integral de la demanda se advierte que el acto reclamado por la parte promovente se hace consistir en lo siguiente: La omisión por falta de notificación debida de los requisitos esenciales establecidos en el Código de Comercio, respecto de los acuerdos de treinta de junio y once de septiembre de dos mil veintitrés dictados dentro del expediente 224/2020, del índice del Juzgado Especializado en Materia Oral Mercantil del Circuito Judicial del Centro y Civil en Materia de Extinción de Dominio para todo el Estado de Oaxaca, al no haberse enterado de ellas hasta el diecinueve de septiembre del año en curso. Cabe mencionar que en los referidos proveídos se acordó lo correspondiente a la solicitud de apertura de etapa de avalúos y nombramiento de perito. De lo asentado en el escrito inicial de demanda, también se deduce lo siguiente: La promovente del amparo es parte formal y material del asunto de donde derivan los actos reclamados, tan es así que tiene el carácter de demandada. No existe incertidumbre en cuanto a que ese procedimiento deriva de un juicio oral mercantil en el cual el veintitrés de junio de dos mil veintiuno se dictó sentencia, la cual ha quedado firme; pues de la narrativa de los antecedentes del acto reclamado no se señala que se haya emitido la sentencia correspondiente. A efecto de proveer, respecto de la admisión o desechamiento de la demanda es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera cusa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano", De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo en su integridad, y si encuentra un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tiene la facultad para desecharla. Ello, toda vez que la improcedencia del juicio de amparo, es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto cuyo análisis es preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda de amparo. Para esto, el concepto "manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS", en el siguiente sentido, por lo que hace a manifiesto lo define como: el que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo constitucional; y por lo que hace a indudable, el que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia es operante en el caso concreto. En el caso, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los numerales 61, fracciones XVIII y XXIII y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; ." XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". De la porción normativa transcrita, se tiene que el juicio de amparo es improcedente contra aquellos actos en los que la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. El citado numeral refiere uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo como lo es el de definitividad, el cual consiste en que, al ser el juicio constitucional un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Sostiene lo así considerado por las razones que la informan, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Bajo ese contexto, contra el acto reclamado al Juez Especializado en Materia Oral Mercantil del Circuito Judicial del Centro y Civil en Materia de Extinción de Dominio para todo el Estado de Oaxaca y Actuario judicial adscrito, consistente en la falta de notificación acuerdos de fechas treinta de junio y once de septiembre ambos del año dos mil veintitrés, dictados dentro del juicio ejecutivo mercantil 0224/2020, Segunda Secretaría, previo al juicio de amparo, procede el incidente de nulidad de actuaciones de conformidad con los numerales 1349 al 1358 del Código de Comercio, cuyo texto es: ". Artículo 1349.- Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, por lo que aquéllos que no guarden esa relación serán desechados de plano. Artículo 1350.- Los incidentes se substanciarán en la misma pieza de autos, sin que suspendan el trámite del juicio en lo principal. Artículo 1351.- Los incidentes, cualquiera que sea su naturaleza, se tramitarán verbalmente en las audiencias o por escrito, según se dispone en los siguientes artículos. Artículo 1352.- Cuando en el desarrollo de alguna audiencia se interponga en forma verbal, un incidente relacionado con los actos sucedidos en la misma, el tribunal dará vista a la contraria para que en el mismo acto, de modo verbal manifieste lo que a su derecho convenga. Acto seguido se resolverá por el juez, el fondo de lo planteado. Las partes no podrán hacer uso de la palabra por más de quince minutos, tanto al interponer como al contestar estos incidentes. En este tipo de incidentes no se admitirán más prueba que la documental que se exhiba en el acto mismo de la interposición y desahogo de la contraria, la instrumental de actuaciones y la presuncional. Artículo 1353.- Cualquier otro tipo de incidentes diferentes a los señalados en el artículo anterior, se harán valer por escrito, y al promoverse el incidente o al darse contestación al mismo, deberán proponerse en tales escritos las pruebas, fijando los puntos sobre las que versen las mismas. De ser procedentes las pruebas que ofrezcan las partes, se admitirán por el tribunal, señalando fecha para su desahogo en audiencia indiferible que se celebrará dentro del término de ocho días, mandando preparar aquellas pruebas que así lo ameriten. Artículo 1354.- En la audiencia incidental se recibirán las pruebas y acto seguido los alegatos que podrán ser verbales citando para dictar la interlocutoria que proceda la que se pronunciará y notificará a las partes dentro de los ocho días siguientes. Artículo 1355.- Cuando las partes no ofrezcan pruebas o las que propongan no se admitan, una vez contestado el incidente o transcurrido el término para hacerlo, el juez citará a las partes para oír la interlocutoria que proceda, la que se pronunciará y notificará a las partes dentro de los tres días siguientes. Artículo 1356.- Las resoluciones que se dicten en los incidentes serán apelables en efecto devolutivo, salvo que paralicen o pongan término al juicio haciendo imposible su continuación, casos en que se admitirán en efecto suspensivo. Artículo 1357.- Las disposiciones de este capítulo serán aplicables a los incidentes que surjan en los juicios ejecutivos y demás procedimientos especiales mercantiles que no tengan trámite específicamente señalado para los juicios de su clase. Artículo 1358.- En los incidentes criminales que surjan en negocios civiles, se observará lo dispuesto en el Código de Procedimientos Penales respectivo." (el énfasis es propio) Al respecto, no pasa por alto que el Título Especial relativo al Juicio Oral Mercantil, en su artículo 1390 Bis 6 del Código de Comercio, prevee el incidente de nulidad de actuaciones en los juicios orales, sin embargo dicho precepto lo establece de la siguiente forma: "Artículo 1390 Bis 6.- La nulidad de una actuación deberá reclamarse en la audiencia subsecuente, bajo pena de quedar validada de pleno derecho. La producida en la audiencia de juicio deberá reclamarse durante ésta hasta antes de que el juez pronuncie la sentencia definitiva. La del emplazamiento, por su parte, podrá reclamarse en cualquier momento hasta antes de que se dicte sentencia definitiva. (.)" En el caso, al encontrarse la sentencia del juicio de origen firme, no se encuentra una audiencia subsecuente prevista, por ello se alude a la aplicación del artículo 1357 del Código de Comercio, antes citado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XXXII.6 C (10a.) pronunciada por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, Febrero de 2023, Tomo IV, página 3681, perteneciente a la Undécima Época, con registro digital 2025901, cuyo rubro y texto son los siguientes: "JUICIO ORAL MERCANTIL. SI UNA DE LAS PARTES QUE PARTICIPÓ EN SU SUSTANCIACIÓN IMPUGNA LA FORMA EN LA QUE SE NOTIFICÓ LA ADMISIÓN DEL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA, PRIMERO DEBE AGOTAR EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES Y SI ÉSTE NO LE RESULTA FAVORABLE, PUEDE HACERLA VALER COMO VIOLACIÓN PROCESAL AL RECLAMAR EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE RESOLVIÓ AQUEL INCIDENTE, PERO NO OSTENTARSE COMO TERCERA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN. Hechos: Una persona promovió amparo indirecto ostentándose como tercera extraña a juicio, pues no fue debidamente citada al incidente de liquidación de sentencia en un juicio oral mercantil. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que si una de las partes que participó en la sustanciación del juicio oral mercantil impugna la forma en la que se notificó la admisión del incidente de liquidación de sentencia, primero debe agotar el incidente de nulidad de actuaciones y si éste no le resulta favorable, puede hacerla valer como violación procesal al reclamar en el juicio de amparo indirecto la resolución interlocutoria que resolvió aquel incidente, pero no ostentarse como tercera extraña por equiparación. Justificación: Lo anterior, porque el quejoso no está en condiciones de ostentarse con el carácter de persona extraña a juicio por equiparación en la etapa de liquidación de sentencia del juicio natural, pues con dicha calidad debe entenderse a la parte demandada que no fue emplazada a dicho juicio o que lo fue incorrectamente. Luego, si la parte quejosa reclamó la forma en la que se le notificó el auto que dio trámite al citado incidente de liquidación de sentencia, debió observar lo establecido en el artículo 1390 Bis 6 del Código de Comercio, que prevé que el incidente de nulidad de actuaciones en los juicios mercantiles orales debe interponerse en la audiencia subsecuente; en el caso, en el procedimiento de ejecución no existen audiencias como tales, puesto que éstas ocurren dentro de la sustanciación del juicio; sin embargo, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia 1a./J. 68/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. ES EL MEDIO IDÓNEO PARA IMPUGNAR LA FORMA EN LA QUE SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DE UN AUTO DICTADO EN UN PROCEDIMIENTO EN MATERIA MERCANTIL.", a través del incidente de nulidad de actuaciones puede revisarse si la notificación se realizó conforme a las reglas legales respectivas y su incumplimiento acarrea su nulidad." De igual forma la jurisprudencia 1a./J. 68/2019 (10a.), pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 1047, perteneciente a la Décima Época, con registro digital 2020845 de rubro y texto siguientes: "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. ES EL MEDIO IDÓNEO PARA IMPUGNAR LA FORMA EN LA QUE SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DE UN AUTO DICTADO EN UN PROCEDIMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. El artículo 1345, fracción V, del Código de Comercio al prever que se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan contra el auto que desecha el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y contra la resolución que se dicte en el incidente, permite inferir la existencia misma del incidente de nulidad de actuaciones. Sin embargo, dicho incidente de nulidad no tiene mayor regulación que la prevista para todos los incidentes que se susciten en los juicios mercantiles, prevista en los artículos 1349 a 1358 del Código de Comercio, sin que se regule de manera explícita si procede en contra del auto en el que se ordena la forma en la que se hará una notificación, por lo que al no existir fundamento legal que prevea expresamente un medio de impugnación contra el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación, es necesario realizar una interpretación jurídica a fin de determinar cuál es el medio de impugnación idóneo contra dicho acto. Ahora bien, el recurso de revocación tiene por objeto controvertir autos de mero trámite que hayan conculcando las normas que rigen el procedimiento, de esta manera, la litis en dicho recurso consiste en analizar la legalidad de los fundamentos y las consideraciones que sustentan los autos, siendo el caso que se confirman, revocan o modifican. Por otra parte, el incidente de nulidad de actuaciones, cuando se trata de defectos en el emplazamiento, tiene por objeto analizar la legalidad de los actos judiciales a través de los cuales se hace del conocimiento de las partes los autos emitidos dentro del procedimiento, esto es, se verifica que la notificación haya cumplido con las formalidades que al efecto establece la ley y, en caso de que se estime fundado, se repondrá el procedimiento. Por lo anterior, el medio de impugnación idóneo para revisar el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación es el incidente de nulidad de notificaciones, porque a través de él se puede revisar si la notificación se realizó conforme a las reglas legales respectivas y su incumplimiento acarrea su nulidad." Ahora bien, de los hechos narrados por el quejoso bajo protesta de decir verdad, se advierte que el juicio ejecutivo mercantil 224/2020, del índice de Juzgado Especializado en Materia Oral Mercantil del Circuito Judicial del Centro y Civil en Materia de Extinción de Dominio para todo el Estado de Oaxaca, se encuentra en etapa de ejecución, pues el promovente aduce entre otras cosas, que el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se dictó sentencia condenatoria de primera instancia, la cual fue impugnada vía amparo directo, el cual fue resuelto el trece de mayo de dos mil veintidós, y se le negó el amparo. Así las cosas, el apoderado de legal de la institución financiera denominada Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, solicitó se abriera la etapa de avalúos y nombró perito, situación de la que se duele la quejosa de no haber sido notificada, ya que hasta el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés tuvo conocimiento de los acuerdos de treinta de junio y once de septiembre de dos mil veintitrés, mediante los cuales se tuvo por perdido su derecho para nombrar perito valuador y se le hizo efectivo el apercibimiento decretado. De lo anterior, se advierte que los acuerdos de treinta de junio y once de septiembre de dos mil veintitrés, mediante los cuales se tuvo por perdido el derecho de la parte quejosa para nombrar perito valuador y se le hizo efectivo el apercibimiento decretado, fueron dictados dentro del procedimiento de ejecución, en el juicio ejecutivo mercantil 224/2020, del índice de Juzgado Especializado en Materia Oral Mercantil del Circuito Judicial del Centro y Civil en Materia de Extinción de Dominio para todo el Estado de Oaxaca. En efecto, lo acordado en el auto que reclama la parte quejosa, se trata de un acto pronunciado en ejecución de sentencia, encaminado directamente a su cumplimiento, por lo que no constituye la última resolución dictada en dicha etapa procesal, en contra de la cual podría promoverse el amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: . "IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Entendiéndose por última resolución, la que declara cumplida la sentencia o convenio que tienen la calidad de cosa juzgada como culminación de un juicio en que ya se cumplió la garantía de audiencia previa, con las formalidades esenciales del procedimiento; o en su caso, que establece la imposibilidad para cumplirla. En efecto, la falta de notificación de los acuerdos de treinta de junio y once de septiembre de dos mil veintitrés, que reclama en este asunto, mediante los cuales se tuvo por perdido su derecho para nombrar perito valuador y se le hizo efectivo el apercibimiento decretado, dictados en el juicio ejecutivo mercantil 224/2020, del índice de Juzgado Especializado en Materia Oral Mercantil del Circuito Judicial del Centro y Civil en Materia de Extinción de Dominio para todo el Estado de Oaxaca, no puede considerarse que sea la última resolución que ponga fin al periodo de ejecución del juicio ejecutivo mercantil, pues esto sólo acontecerá hasta en tanto haya una resolución que declare cumplido el remate, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, o bien, se reconozca la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento, y en el caso no acontece dicha circunstancia, o por lo menos no es la resolución que por esta vía se ataca. Además, la resolución reclamada no se encuentra en alguno de los casos de excepción a la regla, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Por tanto, la omisión de notificarle dichos autos, no afecta en perjuicio de la quejosa algún derecho sustantivo, en virtud de que los derechos sustantivos son aquellos que se refieren a la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; y en el caso, es claro, que la citada resolución que constituye el acto reclamado, no afecta alguno de los citados derechos fundamentales, y en consecuencia tampoco puede considerarse que dicha resolución, sea un acto de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del juicio biinstancial que nos ocupa. En consecuencia, dicho acto no es susceptible de ser impugnado en amparo indirecto, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento respectivo. Al caso, es aplicable, la jurisprudencia sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 31 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Así como, en lo conducente, la tesis 2ª. VIII/98, sustentada por la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 230, Tomo VII, febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." En tales condiciones, resulta que la quejosa se encuentra obligada a agotar el citado medio ordinario de defensa contra el acto que combaten, previo a la promoción del juicio de amparo, por lo que al no haberlo hecho así, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, y 107, fracción IV, por lo que con apoyo en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda constitucional. Domicilio y autorizados Se faculta en términos amplios del precepto 12 de la legislación invocada a los profesionistas que indica siempre y cuando, cuente con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de lo contrario, únicamente se les autoriza para oír y recibir notificaciones y documentos. Se autoriza a las personas que indica para oír y recibir notificaciones, por así haberlo solicitado. Consulta expediente electrónico. Se instruye a la Oficial Judicial "A", para que realice la autorización respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, siempre y cuando el usuario proporcionado, se encuentre registrado y vigente en el referido sistema. De ser procedente la autorización del usuario "********************" -como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 13 y 14 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, de encontrarse debidamente registrados, se le autoriza la consulta vía electrónica de las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran el presente juicio de amparo. Datos de contacto. Téngase a la parte quejosa proporcionando el número de teléfono y correo electrónico que indica, únicamente para contacto no procesal con este órgano jurisdiccional, en casos necesarios; no así para recibir notificaciones, toda vez que dicha vía no se encuentra contemplada por la Ley de Amparo. Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Uso de medios electrónicos. Como lo solicita el promovente y toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso a las personas que designa para tal efecto siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que reciba la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración del expediente físico y electrónico. En términos del artículo 3º, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 252, 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, y 3º del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; fórmese el expediente físico y electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que se implementan las siguientes medidas: 1. Se adopta como eje rector la actuación a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por lo cual se autorizarán las actuaciones mediante la firma electrónica Firel. 2. Únicamente formaran el expediente físico las promociones físicas exhibidas por las partes y las actuaciones relevantes, como son, el auto inicial, la resolución final, y las demás que este órgano jurisdiccional así lo considere. 3. Las demás actuaciones y promociones electrónicas sólo deberán integrarse al expediente electrónico, a efecto de que puedan ser consultadas por las partes. 4. Los actuarios judiciales deberán integrar las constancias de notificación dentro de las veinticuatro horas siguientes al en que se hayan efectuado. Por lo tanto, se instruye a la secretaría de este juzgado, al actuario judicial, al oficial judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en este asunto, así como la digitalización de los documentos y constancias en los términos de los artículos indicados. Consulta del expediente electrónico. Las partes autorizadas podrán consultar el expediente desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y para el caso de acudir físicamente a consultar el mismo, podrán hacerlo mediante el uso del equipo de cómputo que se encuentra instalado a la entrada de acceso a este juzgado, en términos del artículo 261 del Acuerdo General del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Para lo cual, se instruye al Coordinador Técnico adscrito a este juzgado, preste el auxilio necesario a las partes para ese efecto. Asimismo, se hace saber a las partes que en el área de atención al público de este juzgado, se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los secretarios adscritos, a efecto de que pueden entablar contacto y solicitar la atención correspondiente. Solicitud de copias. Hágase del conocimiento de las partes que podrán comparecer y solicitar copias de las constancias que obren en el presente asunto -sujetándose al proceso de fotocopiado- en la Secretaría de este Juzgado, y sin ulterior acuerdo, serán expedidas a su costa, previa identificación, así como razón que de su entrega y recepción que se deje en autos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintitrés. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo, promovida ELIZABETH CRUZ CRUZ, contra actos del Juez Especializado en Materia Oral Mercantil del Circuito Judicial del Centro y Civil en Materia de Extinción de Dominio para todo el Estado de Oaxaca, y otra autoridad, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese el expediente respectivo y regístrese con el número 1023/2023. Desechamiento. Del estudio integral de la demanda se advierte que el acto reclamado por la parte promovente se hace consistir en lo siguiente: La omisión por falta de notificación debida de los requisitos esenciales establecidos en el Código de Comercio, respecto de los acuerdos de treinta de junio y once de septiembre de dos mil veintitrés dictados dentro del expediente 224/2020, del índice del Juzgado Especializado en Materia Oral Mercantil del Circuito Judicial del Centro y Civil en Materia de Extinción de Dominio para todo el Estado de Oaxaca, al no haberse enterado de ellas hasta el diecinueve de septiembre del año en curso. Cabe mencionar que en los referidos proveídos se acordó lo correspondiente a la solicitud de apertura de etapa de avalúos y nombramiento de perito. De lo asentado en el escrito inicial de demanda, también se deduce lo siguiente: La promovente del amparo es parte formal y material del asunto de donde derivan los actos reclamados, tan es así que tiene el carácter de demandada. No existe incertidumbre en cuanto a que ese procedimiento deriva de un juicio oral mercantil en el cual el veintitrés de junio de dos mil veintiuno se dictó sentencia, la cual ha quedado firme; pues de la narrativa de los antecedentes del acto reclamado no se señala que se haya emitido la sentencia correspondiente. A efecto de proveer, respecto de la admisión o desechamiento de la demanda es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera cusa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano", De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo en su integridad, y si encuentra un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tiene la facultad para desecharla. Ello, toda vez que la improcedencia del juicio de amparo, es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto cuyo análisis es preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda de amparo. Para esto, el concepto "manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS", en el siguiente sentido, por lo que hace a manifiesto lo define como: el que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo constitucional; y por lo que hace a indudable, el que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia es operante en el caso concreto. En el caso, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los numerales 61, fracciones XVIII y XXIII y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; ." XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". De la porción normativa transcrita, se tiene que el juicio de amparo es improcedente contra aquellos actos en los que la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. El citado numeral refiere uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo como lo es el de definitividad, el cual consiste en que, al ser el juicio constitucional un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Sostiene lo así considerado por las razones que la informan, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Bajo ese contexto, contra el acto reclamado al Juez Especializado en Materia Oral Mercantil del Circuito Judicial del Centro y Civil en Materia de Extinción de Dominio para todo el Estado de Oaxaca y Actuario judicial adscrito, consistente en la falta de notificación acuerdos de fechas treinta de junio y once de septiembre ambos del año dos mil veintitrés, dictados dentro del juicio ejecutivo mercantil 0224/2020, Segunda Secretaría, previo al juicio de amparo, procede el incidente de nulidad de actuaciones de conformidad con los numerales 1349 al 1358 del Código de Comercio, cuyo texto es: ". Artículo 1349.- Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, por lo que aquéllos que no guarden esa relación serán desechados de plano. Artículo 1350.- Los incidentes se substanciarán en la misma pieza de autos, sin que suspendan el trámite del juicio en lo principal. Artículo 1351.- Los incidentes, cualquiera que sea su naturaleza, se tramitarán verbalmente en las audiencias o por escrito, según se dispone en los siguientes artículos. Artículo 1352.- Cuando en el desarrollo de alguna audiencia se interponga en forma verbal, un incidente relacionado con los actos sucedidos en la misma, el tribunal dará vista a la contraria para que en el mismo acto, de modo verbal manifieste lo que a su derecho convenga. Acto seguido se resolverá por el juez, el fondo de lo planteado. Las partes no podrán hacer uso de la palabra por más de quince minutos, tanto al interponer como al contestar estos incidentes. En este tipo de incidentes no se admitirán más prueba que la documental que se exhiba en el acto mismo de la interposición y desahogo de la contraria, la instrumental de actuaciones y la presuncional. Artículo 1353.- Cualquier otro tipo de incidentes diferentes a los señalados en el artículo anterior, se harán valer por escrito, y al promoverse el incidente o al darse contestación al mismo, deberán proponerse en tales escritos las pruebas, fijando los puntos sobre las que versen las mismas. De ser procedentes las pruebas que ofrezcan las partes, se admitirán por el tribunal, señalando fecha para su desahogo en audiencia indiferible que se celebrará dentro del término de ocho días, mandando preparar aquellas pruebas que así lo ameriten. Artículo 1354.- En la audiencia incidental se recibirán las pruebas y acto seguido los alegatos que podrán ser verbales citando para dictar la interlocutoria que proceda la que se pronunciará y notificará a las partes dentro de los ocho días siguientes. Artículo 1355.- Cuando las partes no ofrezcan pruebas o las que propongan no se admitan, una vez contestado el incidente o transcurrido el término para hacerlo, el juez citará a las partes para oír la interlocutoria que proceda, la que se pronunciará y notificará a las partes dentro de los tres días siguientes. Artículo 1356.- Las resoluciones que se dicten en los incidentes serán apelables en efecto devolutivo, salvo que paralicen o pongan término al juicio haciendo imposible su continuación, casos en que se admitirán en efecto suspensivo. Artículo 1357.- Las disposiciones de este capítulo serán aplicables a los incidentes que surjan en los juicios ejecutivos y demás procedimientos especiales mercantiles que no tengan trámite específicamente señalado para los juicios de su clase. Artículo 1358.- En los incidentes criminales que surjan en negocios civiles, se observará lo dispuesto en el Código de Procedimientos Penales respectivo." (el énfasis es propio) Al respecto, no pasa por alto que el Título Especial relativo al Juicio Oral Mercantil, en su artículo 1390 Bis 6 del Código de Comercio, prevee el incidente de nulidad de actuaciones en los juicios orales, sin embargo dicho precepto lo establece de la siguiente forma: "Artículo 1390 Bis 6.- La nulidad de una actuación deberá reclamarse en la audiencia subsecuente, bajo pena de quedar validada de pleno derecho. La producida en la audiencia de juicio deberá reclamarse durante ésta hasta antes de que el juez pronuncie la sentencia definitiva. La del emplazamiento, por su parte, podrá reclamarse en cualquier momento hasta antes de que se dicte sentencia definitiva. (.)" En el caso, al encontrarse la sentencia del juicio de origen firme, no se encuentra una audiencia subsecuente prevista, por ello se alude a la aplicación del artículo 1357 del Código de Comercio, antes citado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XXXII.6 C (10a.) pronunciada por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, Febrero de 2023, Tomo IV, página 3681, perteneciente a la Undécima Época, con registro digital 2025901, cuyo rubro y texto son los siguientes: "JUICIO ORAL MERCANTIL. SI UNA DE LAS PARTES QUE PARTICIPÓ EN SU SUSTANCIACIÓN IMPUGNA LA FORMA EN LA QUE SE NOTIFICÓ LA ADMISIÓN DEL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA, PRIMERO DEBE AGOTAR EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES Y SI ÉSTE NO LE RESULTA FAVORABLE, PUEDE HACERLA VALER COMO VIOLACIÓN PROCESAL AL RECLAMAR EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE RESOLVIÓ AQUEL INCIDENTE, PERO NO OSTENTARSE COMO TERCERA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN. Hechos: Una persona promovió amparo indirecto ostentándose como tercera extraña a juicio, pues no fue debidamente citada al incidente de liquidación de sentencia en un juicio oral mercantil. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que si una de las partes que participó en la sustanciación del juicio oral mercantil impugna la forma en la que se notificó la admisión del incidente de liquidación de sentencia, primero debe agotar el incidente de nulidad de actuaciones y si éste no le resulta favorable, puede hacerla valer como violación procesal al reclamar en el juicio de amparo indirecto la resolución interlocutoria que resolvió aquel incidente, pero no ostentarse como tercera extraña por equiparación. Justificación: Lo anterior, porque el quejoso no está en condiciones de ostentarse con el carácter de persona extraña a juicio por equiparación en la etapa de liquidación de sentencia del juicio natural, pues con dicha calidad debe entenderse a la parte demandada que no fue emplazada a dicho juicio o que lo fue incorrectamente. Luego, si la parte quejosa reclamó la forma en la que se le notificó el auto que dio trámite al citado incidente de liquidación de sentencia, debió observar lo establecido en el artículo 1390 Bis 6 del Código de Comercio, que prevé que el incidente de nulidad de actuaciones en los juicios mercantiles orales debe interponerse en la audiencia subsecuente; en el caso, en el procedimiento de ejecución no existen audiencias como tales, puesto que éstas ocurren dentro de la sustanciación del juicio; sin embargo, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia 1a./J. 68/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. ES EL MEDIO IDÓNEO PARA IMPUGNAR LA FORMA EN LA QUE SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DE UN AUTO DICTADO EN UN PROCEDIMIENTO EN MATERIA MERCANTIL.", a través del incidente de nulidad de actuaciones puede revisarse si la notificación se realizó conforme a las reglas legales respectivas y su incumplimiento acarrea su nulidad." De igual forma la jurisprudencia 1a./J. 68/2019 (10a.), pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 1047, perteneciente a la Décima Época, con registro digital 2020845 de rubro y texto siguientes: "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. ES EL MEDIO IDÓNEO PARA IMPUGNAR LA FORMA EN LA QUE SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DE UN AUTO DICTADO EN UN PROCEDIMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. El artículo 1345, fracción V, del Código de Comercio al prever que se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan contra el auto que desecha el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y contra la resolución que se dicte en el incidente, permite inferir la existencia misma del incidente de nulidad de actuaciones. Sin embargo, dicho incidente de nulidad no tiene mayor regulación que la prevista para todos los incidentes que se susciten en los juicios mercantiles, prevista en los artículos 1349 a 1358 del Código de Comercio, sin que se regule de manera explícita si procede en contra del auto en el que se ordena la forma en la que se hará una notificación, por lo que al no existir fundamento legal que prevea expresamente un medio de impugnación contra el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación, es necesario realizar una interpretación jurídica a fin de determinar cuál es el medio de impugnación idóneo contra dicho acto. Ahora bien, el recurso de revocación tiene por objeto controvertir autos de mero trámite que hayan conculcando las normas que rigen el procedimiento, de esta manera, la litis en dicho recurso consiste en analizar la legalidad de los fundamentos y las consideraciones que sustentan los autos, siendo el caso que se confirman, revocan o modifican. Por otra parte, el incidente de nulidad de actuaciones, cuando se trata de defectos en el emplazamiento, tiene por objeto analizar la legalidad de los actos judiciales a través de los cuales se hace del conocimiento de las partes los autos emitidos dentro del procedimiento, esto es, se verifica que la notificación haya cumplido con las formalidades que al efecto establece la ley y, en caso de que se estime fundado, se repondrá el procedimiento. Por lo anterior, el medio de impugnación idóneo para revisar el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación es el incidente de nulidad de notificaciones, porque a través de él se puede revisar si la notificación se realizó conforme a las reglas legales respectivas y su incumplimiento acarrea su nulidad." Ahora bien, de los hechos narrados por el quejoso bajo protesta de decir verdad, se advierte que el juicio ejecutivo mercantil 224/2020, del índice de Juzgado Especializado en Materia Oral Mercantil del Circuito Judicial del Centro y Civil en Materia de Extinción de Dominio para todo el Estado de Oaxaca, se encuentra en etapa de ejecución, pues el promovente aduce entre otras cosas, que el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se dictó sentencia condenatoria de primera instancia, la cual fue impugnada vía amparo directo, el cual fue resuelto el trece de mayo de dos mil veintidós, y se le negó el amparo. Así las cosas, el apoderado de legal de la institución financiera denominada Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, solicitó se abriera la etapa de avalúos y nombró perito, situación de la que se duele la quejosa de no haber sido notificada, ya que hasta el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés tuvo conocimiento de los acuerdos de treinta de junio y once de septiembre de dos mil veintitrés, mediante los cuales se tuvo por perdido su derecho para nombrar perito valuador y se le hizo efectivo el apercibimiento decretado. De lo anterior, se advierte que los acuerdos de treinta de junio y once de septiembre de dos mil veintitrés, mediante los cuales se tuvo por perdido el derecho de la parte quejosa para nombrar perito valuador y se le hizo efectivo el apercibimiento decretado, fueron dictados dentro del procedimiento de ejecución, en el juicio ejecutivo mercantil 224/2020, del índice de Juzgado Especializado en Materia Oral Mercantil del Circuito Judicial del Centro y Civil en Materia de Extinción de Dominio para todo el Estado de Oaxaca. En efecto, lo acordado en el auto que reclama la parte quejosa, se trata de un acto pronunciado en ejecución de sentencia, encaminado directamente a su cumplimiento, por lo que no constituye la última resolución dictada en dicha etapa procesal, en contra de la cual podría promoverse el amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: . "IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Entendiéndose por última resolución, la que declara cumplida la sentencia o convenio que tienen la calidad de cosa juzgada como culminación de un juicio en que ya se cumplió la garantía de audiencia previa, con las formalidades esenciales del procedimiento; o en su caso, que establece la imposibilidad para cumplirla. En efecto, la falta de notificación de los acuerdos de treinta de junio y once de septiembre de dos mil veintitrés, que reclama en este asunto, mediante los cuales se tuvo por perdido su derecho para nombrar perito valuador y se le hizo efectivo el apercibimiento decretado, dictados en el juicio ejecutivo mercantil 224/2020, del índice de Juzgado Especializado en Materia Oral Mercantil del Circuito Judicial del Centro y Civil en Materia de Extinción de Dominio para todo el Estado de Oaxaca, no puede considerarse que sea la última resolución que ponga fin al periodo de ejecución del juicio ejecutivo mercantil, pues esto sólo acontecerá hasta en tanto haya una resolución que declare cumplido el remate, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, o bien, se reconozca la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento, y en el caso no acontece dicha circunstancia, o por lo menos no es la resolución que por esta vía se ataca. Además, la resolución reclamada no se encuentra en alguno de los casos de excepción a la regla, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Por tanto, la omisión de notificarle dichos autos, no afecta en perjuicio de la quejosa algún derecho sustantivo, en virtud de que los derechos sustantivos son aquellos que se refieren a la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; y en el caso, es claro, que la citada resolución que constituye el acto reclamado, no afecta alguno de los citados derechos fundamentales, y en consecuencia tampoco puede considerarse que dicha resolución, sea un acto de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del juicio biinstancial que nos ocupa. En consecuencia, dicho acto no es susceptible de ser impugnado en amparo indirecto, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento respectivo. Al caso, es aplicable, la jurisprudencia sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 31 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Así como, en lo conducente, la tesis 2ª. VIII/98, sustentada por la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 230, Tomo VII, febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." En tales condiciones, resulta que la quejosa se encuentra obligada a agotar el citado medio ordinario de defensa contra el acto que combaten, previo a la promoción del juicio de amparo, por lo que al no haberlo hecho así, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, y 107, fracción IV, por lo que con apoyo en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda constitucional. Domicilio y autorizados Se faculta en términos amplios del precepto 12 de la legislación invocada a los profesionistas que indica siempre y cuando, cuente con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de lo contrario, únicamente se les autoriza para oír y recibir notificaciones y documentos. Se autoriza a las personas que indica para oír y recibir notificaciones, por así haberlo solicitado. Consulta expediente electrónico. Se instruye a la Oficial Judicial "A", para que realice la autorización respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, siempre y cuando el usuario proporcionado, se encuentre registrado y vigente en el referido sistema. De ser procedente la autorización del usuario "********************" -como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 13 y 14 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, de encontrarse debidamente registrados, se le autoriza la consulta vía electrónica de las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran el presente juicio de amparo. Datos de contacto. Téngase a la parte quejosa proporcionando el número de teléfono y correo electrónico que indica, únicamente para contacto no procesal con este órgano jurisdiccional, en casos necesarios; no así para recibir notificaciones, toda vez que dicha vía no se encuentra contemplada por la Ley de Amparo. Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Uso de medios electrónicos. Como lo solicita el promovente y toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso a las personas que designa para tal efecto siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que reciba la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración del expediente físico y electrónico. En términos del artículo 3º, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 252, 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, y 3º del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; fórmese el expediente físico y electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que se implementan las siguientes medidas: 1. Se adopta como eje rector la actuación a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por lo cual se autorizarán las actuaciones mediante la firma electrónica Firel. 2. Únicamente formaran el expediente físico las promociones físicas exhibidas por las partes y las actuaciones relevantes, como son, el auto inicial, la resolución final, y las demás que este órgano jurisdiccional así lo considere. 3. Las demás actuaciones y promociones electrónicas sólo deberán integrarse al expediente electrónico, a efecto de que puedan ser consultadas por las partes. 4. Los actuarios judiciales deberán integrar las constancias de notificación dentro de las veinticuatro horas siguientes al en que se hayan efectuado. Por lo tanto, se instruye a la secretaría de este juzgado, al actuario judicial, al oficial judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en este asunto, así como la digitalización de los documentos y constancias en los términos de los artículos indicados. Consulta del expediente electrónico. Las partes autorizadas podrán consultar el expediente desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y para el caso de acudir físicamente a consultar el mismo, podrán hacerlo mediante el uso del equipo de cómputo que se encuentra instalado a la entrada de acceso a este juzgado, en términos del artículo 261 del Acuerdo General del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Para lo cual, se instruye al Coordinador Técnico adscrito a este juzgado, preste el auxilio necesario a las partes para ese efecto. Asimismo, se hace saber a las partes que en el área de atención al público de este juzgado, se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los secretarios adscritos, a efecto de que pueden entablar contacto y solicitar la atención correspondiente. Solicitud de copias. Hágase del conocimiento de las partes que podrán comparecer y solicitar copias de las constancias que obren en el presente asunto -sujetándose al proceso de fotocopiado- en la Secretaría de este Juzgado, y sin ulterior acuerdo, serán expedidas a su costa, previa identificación, así como razón que de su entrega y recepción que se deje en autos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,308 expedientes
- Elizabet Sánchez González795/2016
- Elizabet Sánchez González221/2016
- Elizabeth Arguello García36/2017
- Elizabeth Bautista Velasco1149/2017
- Elizabeth Cristal Valencia Montero y Otros.1204/2021
- Elizabeth Cristal Valencia Montero157/2022
- Elizabeth Cruz Ruiz655/2014
- Elizabeth de los Ángeles Bautista Reyes1805/2015
- Elizabeth Guzmán López525/2016
- Elizabeth Hernández Morales1263/2017
- Elizabeth López Jiménez65/2019
- Elizabeth Matus Rodriguez361/2016