Elizabeth Chagala Sánchez y Otros.

Expediente 703/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
703/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
13/10/2021

Partes del expediente

  • Elizabeth Chagala Sánchez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio 1032/2021-L, suscrito por el actuario judicial adscrito al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con el que devuelve las copias certificadas relativas al juicio de amparo 703/2021, e informa que el diverso auto de veintidós de septiembre del año en curso, en el que se determinó desechar de plano el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa ha quedado firme; en consecuencia, realícense las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, sin que haya necesidad de acusar de recibo, por así haberlo solicitado la autoridad oficiante; y, hágase del conocimiento de las partes. Por otro lado, se hace constar que este sumario no es de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste, no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez que transcurran tres años- al haberse desechado la demanda de amparo y carecer de relevancia documental. De igual forma, en relación a las constancias devueltas por el tribunal de alzada relativas a la copia certificada del expediente en que se actúa, destrúyanse al no ser necesaria su conservación. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese el oficio 971/2021-L, suscrito por la secretaria de acuerdos del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con el que acusa recibo de los autos de la copia certificada relativa al juicio de amparo 703/2021 y original del escrito mediante el cual interpuso recurso de queja y formuló agravios la parte quejosa; asimismo, informa que se desechó por notoriamente improcedente el medio de impugnación interpuesto y quedó registrado con el número Q.P. 160/2021-III, de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Atento a lo anterior, una vez que cause estado dicha determinación se proveerá lo que en derecho corresponda. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por Ignacio Sánchez Galindo, autorizado de los quejosos ... por medio del cual con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, interpone recurso de queja contra el auto donde se desecha la demanda de garantías, dictado en el expediente en que se actúa. Por tanto, en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe respecto a la queja interpuesta por el quejoso, en el sentido de que es cierto el acto impugnado; y, para justificar su legalidad, remítase la constancia de notificación en original, así como copia certificada de los autos que integran este sumario al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en turno; lo anterior, para la substanciación del medio de impugnación hecho valer. Notifíquese.

  4. Principal

    DOMICILIO/MH Visto el escrito de demanda presentado por ..., contra actos del Juez Segundo de Delitos No Graves en la Ciudad de México; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 703/2021. Ahora, de la lectura integral de la demanda, se advierte que la parte promovente en esencia señala como acto reclamado el auto de once de agosto del año en curso en el cual se ordenó la práctica de nuevos estudios a la víctima María Angélica Muñoz Rosas, en materia de medicina, que resulten en un dictamen pericial. En ese orden, tomando en consideración la causa de pedir que se deriva de la lectura integral de la demanda que se provee, cabe precisar que en el caso que nos ocupa, el suscrito estima que se actualiza de manera plena e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V y 173, fracciones X y XVIII, los últimos dos interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones. De los artículos enunciados se desprende que tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sólo procede cuando esos actos tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las prerrogativas fundamentales, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto a los cuales no procede el amparo indirecto, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica; de ahí que respecto de ellos el amparo biinstancial es improcedente. En el caso, se advierte que respecto del acto reclamado consistente en el auto de once de agosto del año en curso en el cual se ordenó la práctica de nuevos estudios a la víctima ..., en materia de medicina, que resulten en un dictamen pericial, se actualiza la causal de improcedencia invocada, en razón de que no tiene sobre su persona una ejecución que sea de imposible reparación, puesto que se trata de un acto intraprocesal, que no provoca una afectación de imposible reparación al no vulnerar derechos sustantivos, precisamente porque se tratan de violaciones a las leyes que rigen el procedimiento, reclamables a través del juicio de amparo directo, siempre y cuando trasciendan al resultado del fallo definitivo Aunado a que, el acuerdo donde se desecha un medio de impugnación ordinario, o bien, no se admiten pruebas, o se impide desahogarlas, o se desahoguen incorrectamente, constituyen violaciones al procedimiento, susceptibles de ser reparadas en la sentencia definitiva que se dicte en la causa, por estar previstas en las fracciones X y XVIII del artículo 173 de la Ley de Amparo, por lo cual sólo puede combatirse mediante el amparo directo que se promueva en su contra si la violación trasciende al resultado. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J.6/94 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta 76 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Abril de 1994, página 13, que señala: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." Incluso, cabe precisar que hasta el dictado de la sentencia definitiva, se podrá apreciar si con dicho acto se vulneró prerrogativa fundamental alguna de la parte promovente de tal manera que trascienda al resultado de ésta; lo que hace evidente, que ese tipo de actuaciones no tiene una ejecución de imposible reparación, al no afectar un derecho sustantivo y referirse únicamente a derechos procesales. Tampoco, se está en el caso de que las consecuencias del acto en el juicio reclamado afecten a las impetrantes del amparo en sus derechos sustentados en la propia Constitución y en los tratados internaciones en los que el país es parte; pues se duelen de la práctica de nuevos estudios a la víctima María Angélica Muñoz Rosas, en materia de medicina, que resulten en un dictamen pericial, por lo que no implica una situación de cuya decisión dependa la suerte de todo el proceso natural, para asegurar la continuación de su trámite con respecto a las garantías procesales esenciales del proceso y menos aún puede ocasionar una afectación extraordinaria o sobresaliente a los amparistas; máxime que, sin emitir un juicio de valor anticipado o bien un pronunciamiento respecto de lo cual es facultad exclusiva de la autoridad responsable, pueden obtener sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto y con ello quedarían reparadas las posibles violaciones y perjuicios que se le hubieran ocasionado; considerar lo contrario, haría interminables los juicios e implicaría hacer procedente el amparo indirecto contra la mayoría de los actos practicados dentro del juicio, contraviniendo la sistemática legal de la procedencia del juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo que antecede, la tesis 2a. L/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la páginas 1069, libro 19, junio de dos mil quince, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2009477, que al rubro precisa: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD." Lo antepuesto es así, en razón de que la finalidad perseguida por la Ley de Amparo al reservar el conocimiento de determinadas violaciones para el juicio de derechos fundamentales, es la de evitar el entorpecimiento del procedimiento natural a través de la promoción de diversos juicios de amparo que harían interminable la solución del asunto natural. En esas condiciones, se concluye que en relación al acto que por esta vía se reclama, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V y 173, fracciones X y XVIII, los últimos dos interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Asimismo, resulta ilustrativa al caso la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1539, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto son: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." (Énfasis añadido). Es menester señalar que el anterior posicionamiento no se contrapone con la reforma del artículo 1° constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en la que se contempla el deber de los órganos jurisdiccionales de procurar la protección más amplia de los derechos y obligaciones del gobernado; ya que, es de ingente relevancia analizar la procedencia de la vía de control constitucional que se promovió, dado que no es dable soslayar los lineamientos creados por el autor de la norma especial, pues significaría interpretar en sentido diverso el contenido de los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo y dar un alcance no previsto por el legislador para hacer procedente lo que no es; actuar que, no es lo que tutela el principio pro persona. En apoyo a las anteriores consideraciones, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 487, del tomo I, febrero de 2014, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA." De igual forma, es ilustrativa la tesis 1a. CCLXXVI/2012, emitida por la referida Sala, publicada en la página 530 del tomo I, diciembre de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que expone: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO." Sobre las anteriores bases constitucionales, es evidente que el trámite del presente juicio resulta improcedente, sin que ello implique que se le esté negando a la parte promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, pues ésta debe cumplir con los requisitos de procedencia establecidos en la ley de la materia. En esas condiciones, al encontrarse este órgano de control constitucional ante diversos motivos manifiestos e indudables de improcedencia, con fundamento en numeral 113 del citado ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, al existir un impedimento que legalmente imposibilita su trámite. En relación con lo anterior, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito publicada en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." DE LA PARTE QUEJOSA: Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado y por autorizadas a las personas que indica, para los efectos precisados en el escrito de cuenta. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Y REQUERIMIENTO DE ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN En términos del artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se les exhorta a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es: a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para lo cual, deberán solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. La actuación por este medio requerirá de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, conforme con lo dispuesto en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General en cita, se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS DIGITALES. Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite fotocopiar los acuerdos que se emitan en el presente asunto a través del medio digital correspondiente, para lo cual se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, por lo que, únicamente las podrán tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Con base a lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el último párrafo del artículo 6 del ordenamiento citado. NOTIFICACIONES El presente acuerdo, así como los que se dicten subsecuentemente, se publicarán en su totalidad -salvo datos sensibles o confidenciales- bajo las pautas del artículo 29 de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN AL ACTUARIO Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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