ELIZABETH CAMPOS PÉREZ y Otros.
Expediente 835/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 835/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Elizabeth Campos Pérez
- ELIZABETH CAMPOS PÉREZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de octubre de dos mil diecinueve. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA IV-B. Notificación personal por lista. (Quejoso) San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Con la demanda de amparo promovida por ********, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 835/2019. Antes de admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. En la especie, de la lectura integral de la demanda de amparo y documental anexa a la misma, se advierte que la parte quejosa reclama del Juez Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, el auto de doce de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el juicio sumario hipotecario 826/2010, respecto de la parte relativa en la que la responsable resuelve el recurso de revocación planteado por la demandada, aquí quejosa, que aduce es del tenor siguiente: ". sin más trámite de plano se procede a resolver sobre la revocación planteada, por lo que debe decirse a la recurrente que resultan infundados los agravios, ya que aduce falta de fundamentación y motivación, dando como consecuencia violación a la garantía de legalidad consagrada por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no encontrar aplicación lo establecido en los artículos 127 y 432 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, sin embargo, no son fundados sus agravios, porque no es aplicable al juicio sumario a tramitar el incidente de liquidación de intereses, en términos del artículo 404 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, ya que dicho numeral establece en su último párrafo, que dicho trámite no será aplicable para la tramitación de los incidentes en el Juicio Sumario Hipotecario, y se estará a lo ordenado en las reglas específicas. En este orden de ideas, es evidente que los incidentes del juicio sumario se tramitan en términos del artículo 432 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, por lo tanto, ningún agravio se le causa a la recurrente, al aplicar correctamente el procedimiento establecido en la ley, sin que se viole su garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estando en lo correcto esta autoridad admitir a trámite el incidente en los términos planteados en el auto de fecha diecisiete de junio del año dos mil diecinueve, por lo que se declara improcedente el recurso de revocación planteado, quedando intocado el auto recurrido en todas y cada una de las partes." En ese orden, la suscrita juzgadora advierte que contra el precisado acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] El dispositivo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, establece que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Por su parte, el diverso 107, fracción V, del ordenamiento jurídico antes invocado señala que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Aunado a lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 , sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora bien, no es inadvertido que la resolución reclamada fue emitida dentro del incidente de liquidación promovido en la etapa de ejecución de sentencia en el juicio natural; sin embargo, no se está en alguno de los casos de excepción a la regla, pues como antes se dijo, no afecta de manera directa derechos sustantivos de la promovente, por lo que en todo caso, está en aptitud de impugnar en el juicio de amparo la resolución que le ponga fin a dicho incidente, donde podrá impugnar las violaciones suscitadas durante la secuela procesal que lo rige. Ilustra lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia P./J. 108/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6 del Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Bajo tales premisas, como se adelantó, se estima que el auto de doce de agosto de dos mil diecinueve, en el que la responsable resuelve el recurso de revocación planteado por la parte quejosa, se trata exclusivamente de un reclamo dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, el cual no deja sin defensa a la parte quejosa ni puede verse de forma autónoma, ya que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria, por lo que no constituye un acto dentro del procedimiento de ejecución que sea de imposible reparación, dado que no constituye la última resolución. Por tanto, el acto reclamado no produce una afectación directa a los derechos sustantivos de la peticionaria del amparo, pues aquél no implica, per se, la vulneración material a ninguno de sus derechos sustantivos. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de que se trata. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones personales el que indica la parte promovente en su demanda de amparo, y por autorizada con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, a ********, por así solicitarlo expresamente y encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; y ser el presente asunto de naturaleza civil, en tanto que a las diversas personas que indica, únicamente por autorizadas para oír y recibir notificaciones, por no encontrarse registrada su cédula en el sistema antes aludido. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente
- Principal
MESA IV B Notifíquese personalmente.
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