Elizabeth Bustos López
Expediente 3721/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 3721/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/02/2019
Partes del expediente
- Elizabeth Bustos López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vistas las piezas postales mediante las cuales se devuelven los oficios 48341/2018 y 58533/2018, dirigidos a las autoridades responsables Subdirectora Ejecutiva de Supervisión Operativa en Suplencia por ausencia del Director Ejecutivo de Supervisión y Vigilancia Sanitaria dependiente de la Comisión de Operación Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y Verificador Sanitario de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, a los que se adjuntaron los diversos en los que se notifica la sentencia dictada en autos y el recurso de revisión interpuesto; lo anterior, con motivo del cambio de domicilio, al respecto, se ordena reexpedir los citados oficios, en los domicilios correctos. I. Se carece de acuse. Por otra parte, de autos se advierte que se carece del acuse relativo al oficio 61533/2018, dirigido a la autoridad responsable Verificador Sanitario de la Comisión de Operación Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, mediante el cual se notifica el auto de doce de diciembre de dos mil dieciocho. II. Requiérasele. Por tanto, requiérasele, vía telegráfica, para que dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente al en que se les notifique el presente acuerdo, informe la fecha en que recibió dicho comunicado. III. Apercíbasele. De no acatar lo anterior, o de no manifestar su imposibilidad para ello, se le impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior en términos de los artículos 237, fracción I en relación con el 259 de la Ley de Amparo y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y la certificación que antecede, con fundamento en el artículo 75 de la ley de Amparo, en relación con el diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se requiere al Director de lo Contencioso de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del que surta efectos la notificación del presente proveído, remita en original o en su caso copia certificada y legible de la autorización de descuento de vía nómina de dieciséis de julio, del consentimiento de descuento de once de julio, del mandato especial de pago de doce de julio y del consentimiento de descuento vía nómina de once de julio todos de dos mil dieciocho, mismas que acompaño en copia simple en su informe justificado. Apercíbase. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del numeral 259, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, veintiocho de enero siguiente. Alegatos. Por otra parte, visto el escrito signado por autorizada de la parte tercera interesada, mediante el cual hace manifestaciones a manera de alegatos; en atención a su contenido, se tienen por formuladas sus manifestaciones en vía de alegatos, las que de ser procedentes serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, por tanto agréguese a los autos el escrito de cuenta para que surta los efectos legales correspondientes. Pruebas. Luego, conforme a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas las pruebas documentales que acompaño en su escrito, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional, y con las mismas dese vista las partes para los efectos legales correspondientes. Difiérase audiencia. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para hoy, SE DIFIERE para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE.
- Principal
Téngase por recibidos los oficios de cuenta, de la Secretaría de Transporte del Gobierno del Estado de Jalisco y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, mediante los cuales en cumplimiento a lo requerido en auto de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, el citado en primer orden proporciona como domicilios de Carmen Villalpando Penilla, los ubicados en: ------. Y la autoridad citada en segundo orden informa que en su base de datos no localizó registro alguno; en consecuencia, agréguense a los autos para que surtan los efectos legales correspondientes. En razón de lo anterior, túrnense nuevamente los autos al Actuario Judicial adscrito a este órgano federal, para que proceda a emplazar a la citada tercera interesada, con los insertos necesarios en el domicilio ubicado en ----. Notifíquese, y personalmente a la parte tercera interesada ----.
- Principal
Visto lo de cuenta, y como está ordenado en el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 125 y 128, fracción I, y parte última de dicho numeral, ambos de la Ley de Amparo, tramítese por duplicado y por cuerda separada el incidente de suspensión relativo a la ampliación de demanda del juicio de amparo número 2849/2018, promovido por ..., contra actos de autoridades. Señalamiento de fecha y hora para celebrar la audiencia incidental. En términos de lo dispuesto por la fracción II del referido artículo 138 de la ley de la materia, se señalan las ONCE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Precisión de las autoridades responsables. Se precisa que el ordinal 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece como obligaciones de los peticionarios de amparo, entre otras, el señalar con precisión a las autoridades responsables (incluso tratándose de asuntos en materia penal pues sobre el tema no opera la suplencia de la queja a que hace referencia el artículo 79 de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa de que, en caso de que las autoridades responsables no existan con las denominaciones que indica en su demanda, sin mayor trámite, se les tendrán por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá el juicio conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables, hasta antes de la audiencia incidental, al considerar que le corresponde a la parte impetrante estar pendiente de la tramitación de su asunto; la anterior circunstancia guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. Solicitud de informe previo. Con fundamento en la fracción III del artículo 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, el cual deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, remitiéndoles al efecto copia de la demanda de derechos fundamentales y escrito aclaratorio, bajo apercibimiento que de no cumplir lo anterior, se procederá conforme a los artículos 142 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Fijación del acto reclamado y efectos de la suspensión. Previamente a estudiar si en el caso procede el otorgamiento de la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, es menester determinar cuál es el acto reclamado cuya suspensión solicita; por lo que, del análisis acucioso de la ampliación de demanda, se hace consistir en la emisión del oficio número 400-75-00-03-05-2018-12328, a través del cual solicitó el aseguramiento, bloqueo, embrago precautorio o definitivo de la cuenta bancaria 60-59542991-4, clave interbancaria 014320605954299148, abierta en LA SUCURSAL 7815, LA NORMAL, GUADALAJARA, JALISCO, DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO. Asimismo, se aprecia que la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado para el efecto de que ".sea liberada la cuenta de nómina número 60-59542991-4, clave interbancaria 014320605954299148, abierta en LA SUCURSAL 7815, LA NORMAL, GUADALAJARA, JALISCO, DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO.". En tanto que, en términos de la fracción I, del precepto 138 de la Ley de Amparo, los jueces de distrito sólo pueden pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión que se haya solicitado expresamente. Así pues, con base en lo anterior, este Juzgado de Distrito únicamente se pronunciará por lo que hace a la solicitud plasmada en el capítulo de suspensión, sirve de fundamento para ello, la aplicación por analogía de la jurisprudencia 111/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del rubro siguiente: ...Determinación sobre la suspensión. En primer término, debe decirse que, para proveer acerca de la suspensión provisional solicitada, se tomará en cuenta el contenido la fracción X, del artículo 107 constitucional, así como, los artículos 128, 138, 139, 146, 147, 150 y 157 de la Ley de Amparo, para lo cual se deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, para que sea dable pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión del acto reclamado, para establecer los requisitos y efectos de la medida cautelar, o bien, la ejecución del acto por parte de la autoridad responsable. Luego, el artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que exista la solicitud del quejoso (interés suspensional y afectación); b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En tanto que, el otro requisito se cumple, en conjunto con la exigencia de la ponderación de la apariencia del buen derecho, en razón a lo siguiente. De conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que lo concede tiene por objeto restituir al quejoso el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, o bien, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Así, el juicio de amparo es el medio de control constitucional por excelencia con el que cuentan los ciudadanos para hacer posible la restitución de un derecho que hubiera sido desconocido o afectado. Sin embargo, muchas veces esta restitución puede no ser oportuna, por haberse consumado determinados actos de las autoridades responsables antes de que la autoridad de amparo se pronuncie con respecto a si realmente tuvo lugar o no la violación de los derechos humanos. Precisamente para evitar lo anterior, es que el juicio de amparo contempla una figura jurídica como la suspensión del acto reclamado, cuya racionalidad es la conservación de la materia del juicio, atendiendo a las finalidades restitutorias del mismo, bajo los parámetros antes mencionados, establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el numeral 138 de la Ley de Amparo. De este modo, tomando en cuenta el contenido de esas disposiciones, que contemplan la obligación de los Jueces de ponderar en cada caso concreto entre la apariencia del buen derecho y el interés social, es claro que la suspensión debe entenderse como aquel medio eficaz que está al alcance de los juzgadores para evitar que se pierda la materia litigiosa. Toda vez que, la parte quejosa bajo protesta de conducirse con la verdad, manifestó ser parte demandada en el juicio laboral de origen. Bajo esas condiciones, se concede la suspensión provisional a la parte quejosa ..., para el efecto de que la autoridad fiscal ordene a las autoridades competentes que se destrabe el aseguramiento, congelamiento y/o embargo de las cuentas bancarias precisadas con anterioridad, hasta en tanto se resuelva al suspensión definitiva. De ahí que, como lo solicita la parte quejosa y como consecuencia de la medida cautelar otorgada, por el tiempo que dure la suspensión decretada, las autoridades responsables no podrán confiscar, ni extraer los recursos económicos que tenga la parte quejosa en dichas cuentas. De conformidad a lo que dispone el artículo 135 de la Ley de Amparo, surte efectos de inmediato la medida cautelar si no existe crédito fiscal determinado o el embargo derivado de algún juicio en el que se haya ordenado tal acto en su contra, de lo contario, sólo se levanta el aseguramiento sobre el monto embargado que exceda del total de la cantidad adeudada, es decir, del o los créditos fiscales determinados o la condena determinada en dicho juicio, para tal efecto las autoridades responsables tienen la obligación de realizar todas las medidas necesarias para que se levante el embargo únicamente respecto del excedente del crédito fiscal o condena del juicio del que derive. Sirve de apoyo a lo anterior: "EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS CON MOTIVO DE UN CRÉDITO FISCAL EXIGIBLE. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN ES INNECESARIO SATISFACER EL REQUISITO DE EFECTIVIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO, SI A JUICIO DEL JUEZ DE DISTRITO EL INTERÉS FISCAL ESTÁ SUFICIENTEMENTE GARANTIZADO MEDIANTE AQUÉL (APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 167/2009). De conformidad con el artículo 135 de la Ley de Amparo, el otorgamiento de la suspensión contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos surtirá efectos previo depósito del total de la cantidad, en efectivo, a nombre de la Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o del Municipio que corresponda, el cual tendrá que cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, asegurando con ello el interés fiscal. En otro aspecto, el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación dispone que las autoridades fiscales se encuentran facultadas para exigir el pago de los créditos fiscales que no hubieran sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos legales, a través del procedimiento administrativo de ejecución, esto es, el crédito se torna exigible, cuando su pago no ha sido cubierto o garantizado dentro de los plazos legales. Ahora bien, en relación con el embargo de la negociación mediante su intervención con cargo a la caja, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 167/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, octubre de 2009, página 73, de rubro: "GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL. ES INNECESARIO EL DEPÓSITO DEL TOTAL EN EFECTIVO DEL CRÉDITO FISCAL Y SUS ACCESORIOS ANTE LA TESORERÍA CORRESPONDIENTE, PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO, SI LA AUTORIDAD PREVIAMENTE PRACTICÓ EMBARGO SOBRE LA NEGOCIACIÓN CON INTERVENCIÓN CON CARGO A LA CAJA, SIEMPRE QUE A JUICIO DEL JUEZ DE AMPARO EL INTERÉS FISCAL DEL CRÉDITO EXIGIBLE ESTÉ SUFICIENTEMENTE GARANTIZADO.", determinó que es innecesario el depósito del total en efectivo del crédito fiscal y sus accesorios ante la tesorería que corresponda, para que surta efectos la suspensión del acto reclamado en términos del precepto inicialmente citado, siempre que en opinión del Juez de amparo el interés fiscal del crédito exigible se encuentre suficientemente garantizado, considerando que el embargo es una de las formas autorizadas en la fracción V del artículo 141 del mencionado código para garantizarlo. En estas condiciones, el pronunciamiento del Alto Tribunal resulta aplicable, por analogía, tratándose del embargo de cuentas bancarias practicado con motivo de un crédito fiscal exigible. Por tanto, para que surta efectos la suspensión contra el cobro de contribuciones (embargo de cuentas bancarias), es innecesario que el quejoso satisfaga el requisito de efectividad previsto en el artículo 135 de la Ley de Amparo, si a juicio del Juez de Distrito el interés fiscal se encuentra suficientemente garantizado mediante el embargo de las aludidas cuentas." De igual manera, es preciso enfatizar que la presente medida cautelar que se otorga no tiene efectos restitutorios, motivo por el cual, en caso de que los actos reclamados se hubiesen consumado ya, si los mismos obedecen a antecedentes diversos a los narrados en la demanda de amparo, o si dichos actos provienen de autoridades distintas a las señaladas como responsables, en consecuencia, la suspensión otorgada no surtirá sus efectos legales. En el entendido de que la medida cautelar de mérito no surtirá sus efectos, si la orden de inmovilización de las cuentas bancarias proviene de autoridades distintas a las señaladas como responsables, o de antecedentes diversos a los asentados en la demande de amparo. Expedición de copias. Como lo solicita, de con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídansele las copias certificadas de lo que indica, previa toma de razón y recibo que otorgue en autos el promovente o las personas que señala. Habilitación de días y horas inhábiles. Se habilitan días y horas inhábiles en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, por estimarse pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Transparencia. Finalmente, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 9° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional protegerá los datos personales, salvo el consentimiento expreso de la parte correspondiente.
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