Elizabeth Bracamontes Diaz
Expediente 382/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 382/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Mexico
- Elizabeth Bracamontes Diaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Glósese a sus autos el oficio de cuenta suscrito por la Superioridad, a través del cual remite testimonio de la resolución de ocho de junio de dos mil diecisiete: "ÚNICO.- Es infundado el recurso de queja ...".
- Principal
... se tiene a la Superioridad acusando recibo del oficio por medio del cual se le remitieron los documentos descritos en la constancia secretarial; asimismo, hace del conocimiento de este Juzgado el auto de veintitrés de Mayo de dos mil diecisiete e informa que se admite el recurso de queja interpuesto
- Principal
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, por medio del cual la quejosa, interpone recurso de queja en contra del acuerdo que desechó la demanda de garantías en tal virtud; se tiene por interpuesto dicho medio de impugnación
- Principal
CIUDAD DE MÉXICO; VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE. Vista la demanda de garantías promovida por Elizabeth Bracamontes Díaz, contra actos de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas en los artículos 14, 16 y 17; fórmese expediente impreso y electrónico, y regístrese en el libro de gobierno con el número 382/2017 Del análisis de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado se hace consistir, según constancia secretarial, en la resolución dictada por la Sala responsable, a través de la cual confirmó el acuerdo dictado en audiencia, por virtud del cual tuvo por confesa a la ahora quejosa de las posiciones formuladas por su contraparte, ante su inasistencia a dicha audiencia. Al respecto, cabe precisar que al examinar la demanda se debe analizar si se actualiza alguna de las causales de improcedencia y por ende este órgano de control constitucional lleva a cabo su examen de manera oficiosa, atento a lo ordenado por el artículo 113 de la Ley de Amparo el cual establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable, resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Por su parte, la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en lo que interesa, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [...] Fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Igualmente, el artículo 107 fracción V, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] Fracción V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De los artículos transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto solo procede contra los actos que tienen como efectos que sean de imposible reparación, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos, que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto a los cuales no procede el amparo indirecto, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que sea adverso a los intereses del agraviado; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales al gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica; de ahí que respecto de ellos, el amparo biinstancial es improcedente y tal acto se puede impugnar como una violación al procedimiento reclamable en el amparo directo que en su caso se promueva contra la sentencia definitiva hecha valer por la parte que le resulte desfavorable. En la especie, de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado se hace consistir esencialmente según constancia secretarial en la resolución dictada por la Sala responsable, a través de la cual confirmó el acuerdo dictado en audiencia, por virtud del cual tuvo por confesa a la ahora quejosa de las posiciones formuladas por su contraparte, ante su inasistencia a dicha audiencia. Entonces, se concluye que las resoluciones reclamadas son actos dentro de juicio, que no tienen, por el momento, como efecto sobre la aquí quejosa que sea de imposible reparación, toda vez que los actos que se reclaman no afectan un derecho sustantivo de la impetrante del amparo, tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial en los términos del artículo 107 fracción V de la Ley de Amparo, pues la única consecuencia jurídica que produce es la de que se continúe con la tramitación del procedimiento; y la afectación sólo puede darse en derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal e intraprocesal y en todo caso inciden en la posición que va tomando el solicitante del amparo como una de las partes dentro del procedimiento natural con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objeto primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos; y de no ser así, el acto reclamado podría constituir una violación intraprocesal, misma que podría reclamarse en el juicio de amparo directo, en términos de lo dispuesto por el artículo 171 y demás aplicables de la Ley de Amparo. Asimismo, es aplicable por analogía la tesis de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Octubre de 1995, página 333, que a la letra señala: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA DEL. ACTOS DE NATURALEZA IRREPARABLE. Cuando el juicio de amparo es el único medio para combatir un acto de autoridad, no por ello debe estimarse la procedencia de aquél, porque, en principio, debe atenderse a si los actos de autoridad reclamados son de naturaleza irreparable, esto es, si revisten la característica de que la afectación que producen dentro del procedimiento judicial en el que fue emitido trasciende a los derechos fundamentales tutelados por las garantías individuales (entre los que se encuentran la propiedad, la libertad, la vida, la integridad personal, etcétera), y no que solamente tenga una consecuencia simplemente procesal, para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 114, fracción IV de la Ley de Amparo. Por lo tanto, no basta que un determinado proveído y la posible violación que con él se cometa en juicio, ya no sea materia de la sentencia que en dicho procedimiento se dicte, sino es necesario además que tal cuestión afecte inmediata y directamente los derechos fundamentales, que la Constitución General tutela en favor de los gobernados para que sea susceptible de impugnación mediante el juicio de amparo indirecto." Consecuentemente, SE DESECHA por notoriamente improcedente la demanda aludida, con fundamento en el artículo 61 fracción XXIII, esta última en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, y artículo 113, todos de la Ley de Amparo. Sin que obste a la anterior determinación el hecho de que el promovente ocurra a esta vía de amparo reclamando la resolución dictada por la Sala responsable, a través de la cual confirmó el acuerdo dictado en audiencia, por virtud del cual tuvo por confesa a la ahora quejosa de las posiciones formuladas por su contraparte, ante su inasistencia a dicha audiencia, ya que dicho acto podría hacerse valer como una violación intraprocesal, en el juicio de amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de origen. Por otra parte, tomando en consideración que en el acuerdo general 76/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de cinco de noviembre de dos mil tres y publicado en el Diario Oficial de la Federación del catorce de noviembre del mismo año, se modificaron los artículos 19 y tercero transitorio del diverso acuerdo 30/2003 del mismo Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los órganos, criterios y procedimientos institucionales para la transparencia y acceso a la información para los órganos del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el modificado artículo 19 antes aludido, dígase a las promoventes que la resolución que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; así como también el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual deberán manifestar dentro del término de tres días hábiles, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia; en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de sus datos; cabe precisar que en términos del artículo 18 del acuerdo general precitado, los asuntos de naturaleza familiar, constituyen información reservada por el plazo de doce años contados a partir de su conclusión. Por otro lado, se tiene a la promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y autorizando únicamente para los mismos efectos a las personas que menciona por así haberlo solicitado expresamente. Con fundamento en lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles al actuario de este juzgado, para que notifique el presente proveído. Notifíquese y personalmente a la promovente. Así lo proveyó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante el licenciado Humberto Coria Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe. *nanc Revisó y cotejó todos y cada uno de los datos en el presente proveído, Licenciado Humberto Coria Martínez. Conste
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