Elizabeth Bonilla Díaz
Expediente 621/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 621/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Elizabeth Bonilla Díaz
Actuaciones
- Principal
Mesa "1" Ciudad de México, nueve de agosto de dos mil veintitrés. -CAUSA ESTADO- Conforme a la certificación que antecede, de la que se observa ha transcurrido el plazo legal de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente recurriera el proveído de veinte de julio de dos mil veintitrés a través del cual desechó la demanda de amparo, con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al artículo 2° de la ley de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. -ARCHIVO- De conformidad con el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. -CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA- Conforme a los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se estima que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en la fracción IV, del numeral 20 de dicho ordenamiento y ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Se comunica al promovente que de conformidad con el artículo 9 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, después de ese lapso, se procederá a la destrucción, en términos con lo establecido en el precepto 20. Se hace la precisión que no existen documentos originales exhibidos, a que se refiere el primer párrafo del arábigo 20 referido (de los mencionados en el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo de referencia). Asimismo, se indica que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; además de que no se ubica dentro de los requisitos contenidos en el ordinal 15 del Acuerdo antes mencionado. Notifíquese.
- Principal
MESA "1" En la Ciudad de México, veinte de julio de dos mil veintitrés. -RADICACIÓN- Vista la demanda de amparo promovida por ----------------------, por propio derecho, contra actos de la Agencia Investigadora del MP MH-3 de la Fiscalía de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo; regístrese bajo el número 621/2023-1 y fórmese el expediente físico y electrónico. -AVOCAMIENTO- En ese sentido, de conformidad en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, infórmese que este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de dicho sumario, asimismo, acúsese de recibo. -SE CONVALIDAN ACTUACIONES- De conformidad con el numeral 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2°, se convalidan las actuaciones realizadas por el homólogo declinante. -IMPROCEDENCIA- Previo a la admisión, prevención o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto debe desecharse de plano la demanda. En ese tenor, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "ARTICULO 113.... Por otra parte, tomando en consideración que la solicitante del amparo reclama: ? La omisión de substanciar, tramitar y resolver las denuncias presentadas con fechas treinta y uno de octubre y catorce de marzo, ambos de dos mil veintidós. ? La omisión de dirigir la investigación sin que sea interrumpida ni suspendida, hasta la emisión de la sentencia de las denunciIAS... En ese tenor, este órgano de control constitucional considera que a la especie, es improcedente, toda vez que en se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, que a la letra versa lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" Lo anterior, se estima de tal manera, tomando en consideración el contenido del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone lo siguiente:"Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. (...)" Lo anterior es así, debido a que una de las facultades de la institución del Ministerio Público es precisamente averiguar los delitos, la cual se encuentra establecida en el ordinal 21 constitucional, que, en lo que interesa, dispone que los agentes del Ministerio Público, en representación de la sociedad, se encuentran facultados para llevar a cabo las diligencias necesarias para esclarecer los probables hechos que se consideran delictuosos, integrando en su caso la averiguación previa o carpeta de investigación respectiva. Aunado a lo anterior, cabe destacar que el desahogo de diligencias tendentes a la integración de tales indagatorias no causan daño o perjuicio a la parte quejosa por ser de orden público, como lo establece nuestra Constitución y como consecuencia de ello, el amparo contra dicha investigación es improcedente. Resulta importante tener presente que la carpeta de investigación constituye medularmente una investigación a través de la cual la fiscalía trata de hacerse del material probatorio necesario para sustentar un caso, que presentará ante el Juez con el fin de que éste tenga buenas posibilidades de éxito. Es decir, dicho procedimiento administrativo-penal constituye el instrumento con el que cuenta exclusivamente el órgano acusador para construir, adecuadamente, casos penales. En ese contexto, el precepto constitucional transcrito (artículo 21) hace referencia a las facultades de investigador que constitucionalmente se otorgan al Ministerio Público en la fase de integración de la carpeta de investigación; en esencia, este dispositivo constitucional delimita las obligaciones y prerrogativas que durante esta etapa del proceso penal le confiere la Constitución a esta institución pública. Dicho precepto consagra el principio acusatorio en el que descansa el sistema penal mexicano, que consiste en el deber que constitucionalmente se impone al Ministerio Público de acreditar, dentro de la fase del procedimiento penal, los elementos del delito y la probable responsabilidad del imputado. En esas condiciones y dado que corresponde a esa institución pública el acreditamiento de la actualización del delito, por imperativo constitucional, en todos los casos se le constriñe a realizar "la investigación y persecución de los delitos" debiendo para ello, necesariamente "buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de los inculpados". Por esos motivos, la Suprema Corte de Justicia ha sostenido el criterio reiterado de que, por regla general, los actos tendientes a la integración, así como los actos relacionados con la investigación no son susceptibles de control constitucional. Con base en todo lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional el Ministerio Público, por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y, por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una carpeta de investigación para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado. Ello, en razón a que no le irrogan un perjuicio, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En este sentido, de los actos que reclama la quejosa, no pueden combatirse por esta vía indirecta, pues no constituyen actos de imposible reparación, pues de conformidad con el artículo 21 constitucional, es facultad del Ministerio Público iniciar las carpetas de investigación den como resultado hechos constitutivos de delitos. Por lo antes expuesto, con fundamento en el diverso 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA la demanda de cuenta por actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista e en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los numerales 107 fracción IV, y 113 ambos del ordenamiento legal invocado. -DOMICILIO DEL QUEJOSO Y AUTORIZADOS- Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala. Con fundamento en la fracción XIX del artículo 2° del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngase como medio alterno de comunicación el correo electrónico que señala. Asimismo, se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ------------------------------------------------------------------------. Luego, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, párrafo segundo, en relación con el arábigo 12, segunda parte, ambos de la ley que rige la materia, se tienen por autorizadas a las demás personas que designa, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, quedando a salvo su derecho para acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho y que su cédula profesional se encuentre registrada en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho (REGPROF), tal y como lo establece el numeral 2611 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece. -CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO- Con relación a la solicitud para consultar el expediente electrónico, a través de los usuarios "rodrigosalazar", el cual después de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se advierte su registro; se autoriza la consulta electrónica del presente asunto a través del mismo; por ello, instrúyase a la Oficial Judicial A, para que capture dicha autorización. Atento a lo anterior, infórmese a la parte interesada que queda en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página del Consejo de la Judicatura Federal, a través del usuario señalado para tal efecto. -INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO- Se precisa que se deberá asegurar la integridad del expediente electrónico, para lo cual se deberá procurar el contenido de las promociones, acuerdos, resoluciones o sentencias se generen de manera electrónica, utilizando los medios tecnológicos y soluciones digitales. -SE EXHORTA AL TRÁMITE ELECTRÓNICO- De conformidad con lo establecido en la fracción IV del artículo 263 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo", se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica; para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico; así como se le notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten; y, presentar promociones por ese medio. -AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL PERSONAL DEL JUZGADO- Se habilita a los actuarios judiciales de este órgano jurisdicciona para realizar inmediatamente las notificaciones que se ordenen de carácter personal en el presente asunto en días y horas inhábiles, lo anterior de conformidad en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se precisa que los Actuarios Judiciales se encuentran facultados para remitir las notificaciones que deriven del presente asunto haciendo uso de la vía interconexión, así como los medios digitales que señalen las autoridades. -USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS- Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. -TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES- Conforme a los lineamientos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo se publique esta información.Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa...
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