Elizabeth Blanco Nava
Expediente 701/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 701/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 21/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Elizabeth Blanco Nava
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Incidental
VISTOS para resolver sobre la suspensión definitiva en el incidente relativo al juicio de amparo número 701/2022; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Naybi Ríos Sandoval, en su carácter de defensora particular de Elizabeth Blanco Nava, reclama del Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Centuagésima Quinta Investigadora, de la UEIDMS (Jorge Iván Acuña Espinoza), el acuerdo de aseguramiento de uno de septiembre de dos mil veintiuno, decretado en la carpeta de investigación C.I. FED/SEIDO/UEIDMS-MOR./210/2021, del bien mueble consistente en la camioneta marca Toyota, modelo dos mil diecinueve, color gris, con número de serie 5TDKZRFH4KS319269, número de motor 2GR-8491171, clave vehicular 521908. SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de uno de junio de dos mil veintidós, se proveyó sobre la suspensión provisional; se solicitó a las autoridades responsables rindieras sus informes previos y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, previos diferimientos, se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. La autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Centuagésima Quinta Investigadora, de la UEIDMS (Jorge Iván Acuña Espinoza), al rendir su informe previo aceptó la existencia del acto que se le reclama. Con apoyo en los numerales 128 y 129 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva, pues dada la naturaleza de los actos reclamados no son susceptibles de ser suspendidos. A fin de evidenciar la afirmación anterior, se estima pertinente transcribir los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 125, 128, 129, 130, 131, 136 y 139, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes." "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso." "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." "Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." "Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda". "Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional." "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes". "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional." De los artículos transcritos se advierte que en tratándose de la suspensión de los actos reclamados se deben tomar en consideración los siguientes temas: Los requisitos de procedencia de la suspensión, que en su conjunto determinarán si la medida cautelar debe concederse; Los efectos de la suspensión, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o no hacer en cumplimiento a la medida cautelar; Las acciones o garantías que, en su caso, se requieran al quejoso para que subsistan los efectos de la suspensión; y, A su vez, los requisitos de procedencia de la suspensión deben examinarse en un orden lógico y secuencial, de modo que la ausencia de alguno de ellos impedirá seguir avanzando en el análisis de los subsecuentes, al implicar la improcedencia de la medida cautelar. De acuerdo con la regulación Constitucional y legal aplicable, los requisitos de procedencia de la suspensión que deben examinarse, son los siguientes: Petición de parte La Ley de Amparo indica en su artículo 128, que fuera de los casos en los que proceda la suspensión de oficio, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados siempre que la solicite el quejoso. En tal virtud, fuera de los casos de excepción, para que el juzgador de amparo esté en aptitud de emitir un pronunciamiento en relación con la suspensión de los actos reclamados, debe existir solicitud del quejoso en ese sentido. La existencia del acto reclamado El artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal antes transcrito, prevé que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión, de lo cual se desprende como presupuesto lógico que debe existir un acto reclamado, esto es, el acto de autoridad que presuntamente vulnere los derechos humanos del quejoso. Cabe precisar que tratándose de la suspensión provisional, el acto reclamado se presume existente con base en las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad formulen los promoventes del amparo; en cambio, para decidir sobre la suspensión definitiva, la existencia del acto ya no sólo debe tomar en cuenta las manifestaciones de la demanda, sino el contenido del informe previo para establecer si existe litis respecto de la existencia del acto y, en su caso, las cargas probatorias resultantes y el análisis de las mismas. Que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido. El artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal dispone que, para conceder la suspensión se deberá tomar en cuenta la naturaleza del acto reclamado, de lo que se deriva la obligación de verificar si el acto es susceptible de suspenderse. Que el quejoso resienta una afectación a su interés jurídico o interés legítimo. Conforme al artículo 131 de la Ley de Amparo, el quejoso debe contar con: a) interés jurídico o interés legítimo y b) resentir una afectación en cualquiera de ellos. Además, debe acreditar dicho elemento. Esto es, para efectos de la suspensión provisional, el quejoso tendrá que acreditar, cuando menos de manera indiciaria, la afectación que le causa el acto reclamado a su interés legítimo o jurídico, pues para ese momento basta la comprobación que se obtenga a través de un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resulta agraviado con el acto reclamado, aunado a que pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación. En cambio, cuando se trate de la suspensión definitiva, para la comprobación del interés jurídico o legítimo, así como su afectación, se exigirá un grado probatorio mayor, pues al momento de su pronunciamiento ya se cuenta con los informes previos rendidos por las autoridades responsables, conforme a los cuales corresponderá al quejoso, en su caso, desvirtuar o no su contenido, mediante elementos probatorios que la ley permite ofrecer en la sustanciación del incidente de suspensión. El orden público e interés social y su ponderación con la apariencia del buen derecho. En el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo se señala como requisito de procedencia que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; en el diverso artículo 129, se señala una serie de supuestos en los que, invariablemente, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. Por consiguiente, en los demás casos distintos a los contenidos en dicha norma, el juzgador tendrá la facultad de calificar si con la suspensión de los actos reclamados no se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. Además de ello, conforme al artículo 138 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo deberá realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social. Ahora bien, en el caso concreto debe negarse la suspensión definitiva de los actos reclamados, toda vez que de concederse la medida cautelar se contravendrían disposiciones de orden público, asimismo se causaría perjuicio al interés social, incluso se considera que en el caso se actualiza la hipótesis de no procedencia de la suspensión contenida en el párrafo tercero del invocado numeral 128, dado que el aseguramiento reclamado es una técnica de investigación decretada por una autoridad administrativa, que se encuentra en ejecución, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 229, 230 y 233 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que impide conceder la suspensión provisional de los actos reclamados; además, que de concederse la suspensión implicaría trastocar el orden público, toda vez que en términos del artículo 21 de la Constitución Federal, al Ministerio Público le corresponde la investigación de los delitos, tarea que se vería obstaculizada si mediante la medida cautelar solicitada se ordena poner en posesión a la parte quejosa del bien inmueble asegurado, la cual incluso como se advierte de la demanda se encuentra recluida, pues conllevaría al riesgo que los indicios que se pretendan conservar desaparezcan, lo que a su vez atentaría contra el interés de la sociedad, que es que los delitos sean sancionados. Cierto, de conformidad con lo previsto en el numeral 128, fracción II, así como en el primer párrafo del diverso 138, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe atender a las características de cada asunto en particular y así determinar si la medida cautelar solicitada sigue perjuicio al interés social y contraviene disposiciones de orden público, efectuando de igual manera, un análisis ponderado con la apariencia del buen derecho. Al respecto, el numeral 129 de la propia norma prevé la definición de cuándo se contravienen esos primeros dos conceptos, lo que no implica que el juzgador tenga vedada la posibilidad de valorar, en cada caso en particular, si se actualizan o no las afectaciones que el ordenamiento pretende evitar, pues incluso, puede conceder la suspensión si a su juicio con la negativa de la medida cautelar puede causarse mayor afectación al interés social. En el caso, al ponderarse si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir la quejosa, debe prevalecer la negativa de la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden jurídico o del interés de la sociedad está por encima del interés particular que se dice afectado. Aunado a que de la demanda de amparo se advierte que se encuentra en curso una investigación regida por normas que deben observarse en esa fase del procedimiento penal con el objeto de garantizar el correcto desenvolvimiento de las investigaciones de los delitos; por lo que ante ese escenario debe imperar el interés colectivo, sobre el de la particular quejosa, dado que la sociedad tiene especial atención en que resulten exitosas esas indagaciones, a efecto de conseguir un clima de seguridad generalizado en el país y credibilidad en las instituciones del Estado. Son aplicables, por las razones que informan, los criterios jurisprudenciales que a continuación se transcriben e identifican: "ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CUANDO ES EVIDENTE Y MANIFIESTA SU AFECTACIÓN, NO SE REQUIERE PRUEBA SOBRE SU EXISTENCIA O INEXISTENCIA. Si bien es cierto que en el incidente de suspensión las partes tienen el derecho de allegar al Juez de Distrito las pruebas que la Ley de Amparo permite para acreditar la existencia del acto reclamado y la afectación o no afectación al orden público y al interés social con motivo de la suspensión del acto reclamado en el amparo, también lo es que los elementos probatorios son innecesarios cuando dicha afectación es evidente y manifiesta, por lo que en tal supuesto si las partes aportan pruebas para acreditar tal extremo y éstas les son desechadas, ninguna afectación les causa tal acto, ya que el juzgador debe atender a la evidente y manifiesta afectación aludida, para denegar la suspensión solicitada." (Registro: 186504 en la versión electrónica del Semanario Judicial de la Federación, Época: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 52/2002, Página: 296). "SUSPENSION, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERES SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad." (Registro: 199549 en la versión electrónica del Semanario Judicial de la Federación, Época: Novena Época, Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, Materia(s): Administrativa, Tesis: I.3o.A. J/16, Página: 383). Ahora, en cuanto a lo manifestado por la parte quejosa en el sentido de que es aplicable la jurisprudencia I.11o.C. J/5 K, del rubro: "SUSPENSIÓN CON EFECTOS RESTITUTORIOS. CUANDO EL ACTO RECLAMADO YA SE HUBIERE EJECUTADO, PROCEDE CONCEDERLA CON ESOS ALCANCES SÓLO SI ELLO TIENE EFECTOS PROVISIONALES Y NO PLENOS." Debe decirse que no es correcta su afirmación, en razón de, sólo procede en casos excepcionales, en los que se pueda deducir de las constancias de autos, que no se afecte el interés social ni el orden público, conforme al actual artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, que no entorpecería el ejercicio de la investigación ministerial del delito y del indiciado, lo que no sucede en el caso particular con los datos que se desprenden del escrito de demanda, por tanto, no hay mayores elementos para que este Juzgado de Distrito pudiera conceder la medida solicitada, aunado a que la Ley de Amparo, de acuerdo al criterio sostenido por la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, privilegia la libertad judicial para que se analicen todas las particularidades del caso y se evalué si procede la suspensión, por lo tanto, son las circunstancias de cada caso las que determinan si debe concederse o no la suspensión provisional solicitada. Es decir, para el otorgamiento de la suspensión provisional, el Juzgador además de vigilar que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 128, de la Ley de Amparo, debe realizar un análisis de la posible afectación que pueda ocasionar al orden público o al interés social la suspensión del acto reclamado, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida; en ese sentido, al ser de orden público y de interés social la integración de una carpeta de investigación, de la cual deriva el aseguramiento del bien inmueble, no debe suspenderse el acto reclamado. Razones por las que no resulta aplicable la jurisprudencia que se cita en párrafos precedentes. Además, no se puede soslayar que el aseguramiento del bien mueble que se reclama, deriva de la integración de una carpeta de investigación iniciada con apoyo en las facultades que el invocado artículo 21 de la Constitución Federal, otorgan al agente del Ministerio Público, de persecución del delito y del delincuente, lo cual constituye una cuestión de orden público e interés social, como ya se dijo. Esta determinación se orienta en la tesis cuyos datos de localización y texto, a continuación se transcriben: Décima época Registro: 2015494 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 48, noviembre de 2017, tomo III Materias: Común y penal Tesis: XVII.1o.P.A.17 A Página: 1937 "ASEGURAMIENTO DE BIEN INMUEBLE Y DE LOS MUEBLES LOCALIZADOS EN SU INTERIOR CON MOTIVO DE UNA ORDEN DE CATEO DICTADA POR UN JUEZ DE CONTROL. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, AL TRATARSE DE UNA TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DECRETADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN. De conformidad con los artículos 128, fracción II y 138, primer párrafo, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe atender a las características de cada asunto en particular para determinar si la suspensión de los actos reclamados solicitada sigue perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público, así como efectuar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho. Al respecto, el numeral 129 del propio ordenamiento prevé cuándo se actualizan los primeros dos aspectos, lo que no implica que el juzgador tenga vedada la posibilidad de valorar, en cada caso concreto, si se actualizan o no las afectaciones que el ordenamiento pretende evitar pues, incluso, puede conceder la medida cautelar si a su juicio, con la negativa, puede causarse mayor afectación al interés social. Ahora, si el acto reclamado consiste en el aseguramiento de un bien inmueble y de los muebles localizados en su interior con motivo de una orden de cateo dictada por un Juez de control, debe negarse la suspensión provisional, aunque el quejoso haya acreditado el interés suspensional con la copia certificada de la escritura pública que demuestra su derecho de propiedad porque, de concederse, se contravendrían disposiciones de orden público y se causaría perjuicio al interés social e, incluso, se actualiza la hipótesis de improcedencia de la suspensión, contenida en el párrafo tercero del numeral 128 mencionado, dado que el aseguramiento reclamado es una técnica de investigación decretada por una autoridad administrativa que se encuentra en ejecución, derivada de una medida cautelar como lo es la orden de cateo, en términos de los preceptos 229, 230, 233, 252, fracción II y 288, párrafo cuarto, del Código Nacional de Procedimientos Penales." Así como en la diversa tesis cuyos datos de localización y texto, a continuación se transcriben: Registro digital: 167354 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena época Materias: Penal Tesis: I.5o.P.66 P Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, abril de 2009, página 1966 Tipo: Aislada "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN MATERIA PENAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE REFIERA AL ASEGURAMIENTO DEL MENAJE QUE SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DEL INMUEBLE ASEGURADO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 30/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 218, con el rubro: "SUSPENSIÓN. EN LOS CASOS DE ASEGURAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN MATERIA PENAL PROCEDE CONCEDERLA SIEMPRE Y CUANDO NO SE AFECTE EL INTERÉS SOCIAL NI EL ORDEN PÚBLICO, CONFORME AL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO Y ALGUNA OTRA LEY.", sostuvo que cuando el acto reclamado se refiera al aseguramiento de un bien inmueble procede conceder la suspensión definitiva, siempre y cuando no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En este sentido, los efectos de la suspensión serán, en su caso, levantar los sellos y otorgar al quejoso la posesión sobre el inmueble asegurado, esto es, podrá disfrutar de él pero no disponer del mismo; sin embargo, si también se reclama el aseguramiento del menaje que se encuentra en el interior de dicho inmueble, será improcedente conceder la suspensión definitiva. Lo anterior es así, toda vez que los bienes muebles son susceptibles de ocultación, lo cual implica que al conceder al quejoso la medida suspensional se corre el riesgo de que se desvanezcan las pruebas que se pretenden obtener con motivo de la investigación de los delitos y, en su caso, iniciar el procedimiento correspondiente, de donde resulta una directa afectación al interés social y a las disposiciones del orden público, puesto que la sociedad y el Estado están interesados en la averiguación de los delitos y en el castigo de los que resulten responsables, dada la directa vinculación entre la probable actividad delictiva materia de esa indagatoria y el favorecimiento que para su ejecución reporta la existencia de bienes asegurados. En consecuencia, para que pueda otorgarse al quejoso la posesión del inmueble asegurado, la autoridad responsable debe tomar las medidas pertinentes por lo que se refiere a los bienes muebles, respecto de los cuales aquél no podrá disfrutar, al no proceder la concesión de la medida cautelar." Así como por identidad de razones la diversa tesis cuyos datos de localización y texto, a continuación se transcriben: Registro digital: 2021675 Instancia: Plenos de Circuito Décima época Materias: Común y penal Tesis: PC.I.P. J/66 P Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 75, febrero de 2020, tomo II, página 1791 Tipo: Jurisprudencia "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CUANDO LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE DEVOLVERLO DERIVA DE LA EXISTENCIA DE DILIGENCIAS MINISTERIALES PENDIENTES. Conforme al artículo 21, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, lo que converge con el esclarecimiento de los hechos, que es uno de los objetivos del proceso penal, de conformidad con el artículo 20, apartado A, fracción I, de la misma Constitución. Por su parte, el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales cataloga el aseguramiento de bienes como una técnica de investigación ministerial y su objeto, durante el desarrollo de ésta, es mantener el bien en el estado en que materialmente fue asegurado por el Ministerio Público, para que no se alteren, destruyan o desaparezcan huellas, o porque pudiera tener relación con el delito. En este sentido, como el aseguramiento es de un vehículo automotor, los artículos 236 y 237 del citado Código Nacional prevén que el propietario, el poseedor o el tenedor legítimo puede solicitar al Ministerio Público su devolución con o sin reservas, después de realizadas las acciones de peritaje y registro señaladas en el primer precepto, siempre y cuando no haya sido medio eficaz para la comisión del delito. Ahora, si el Ministerio Público niega la solicitud de devolución, porque faltan diligencias y/o actos de investigación que realizar, esta contestación forma parte de las circunstancias fáctico-jurídicas que el órgano jurisdiccional de amparo debe ponderar como parte de la naturaleza del acto reclamado, al resolver sobre la suspensión provisional a petición de parte. En este orden, en atención a la naturaleza del acto reclamado, es improcedente conceder la suspensión provisional con los efectos restitutorios provisionales que prevé el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a fin de que el vehículo automotor asegurado sea entregado temporalmente al quejoso que acreditó su propiedad en la carpeta de investigación, si de los datos contenidos en la demanda de amparo y los documentos que la acompañan, se colige que el Ministerio Público negó su devolución porque existen diligencias ministeriales pendientes; pues de concederse la suspensión provisional con esos efectos, se seguiría un posible perjuicio al interés social, ya que puede interferir en la investigación del delito, al ponerse en riesgo la pérdida de huellas o indicios que pudieran estar relacionados con los hechos investigados; lo que responde a disposiciones de orden público, pues el aseguramiento de bienes, como técnica de investigación, tiene como objetivo garantizar el correcto esclarecimiento de los hechos; por lo que debe privilegiarse el interés social, sobre el interés particular. Lo anterior no implica soslayar los intereses del quejoso en el incidente de suspensión, ya que la resolución de la suspensión provisional deberá tener efectividad como medida cautelar instrumental, en términos del artículo 139, párrafo primero, de la Ley de Amparo, esto es, para conservar la materia del juicio, impidiendo que el acto se consume irreparablemente; aunado a que, como lo dispone el párrafo segundo de ese precepto, podrá modificarse y operar también con efectos restitutorios provisionales, cuando se cumplan las condiciones que prevén los artículos 236 y 237 del Código Nacional de Procedimientos Penales y así se demuestre en el incidente de suspensión, ante el órgano jurisdiccional de amparo." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Naybi Ríos Sandoval, en su carácter de defensora particular de Elizabeth Blanco Nava, respecto de los actos precisados en el resultando primero, por la autoridad y motivos expuestos en los considerandos primero y segundo de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Julián Pantaleón Suarez, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, seis de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe previo que rinde el Agente del Ministerio Publico de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, de la Fiscalía General de la República, residente en la Ciudad de México; por tal motivo, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Julián Pantaleón Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que no es posible celebrar la audiencia incidental señalada para hoy, ello en virtud de que a la fecha no obran los informes previos requeridos a la totalidad de las autoridades responsables, ni los acuses de recibo de los oficios por medio de los cuales se requirieron los mismos; de ahí que se difiere la audiencia incidental señalada para esta fecha, fijándose de nueva cuenta para las NUEVE HORAS CON DOS MINUTOS DEL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del diecisiete al treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el seis de junio del presente año, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/2215/2022, asistido de Julián Pantaleón Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, doce de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que a la fecha no obra la totalidad de los informes previos de las autoridades responsables, así como tampoco los acuses de recibo de los oficios por los cuales fueron requeridos; en consecuencia, no es posible celebrar la audiencia incidental señalada para el día de hoy; por tanto, se difiere y se señalan las NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.
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