Elizabeth Avalos Hurtado

Expediente 200/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
200/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
23/11/2021

Partes del expediente

  • Elizabeth Avalos Hurtado
  • Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de Morelia, Michoacán
  • Elizabeth Avalos Hurtado y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, no fue impugnada en legal término la sentencia que decretó el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3. Incidente de suspensión. Mediante resolución de veinte de agosto de dos mil veinte, se negó la suspensión de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción y no es de relevancia documental. 3.1. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que con fundamento en la fracción III, del punto vigésimo del capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 4. Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo IV-200/2020; y, RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito recibido el veinticuatro de febrero de dos mil veinte por la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, y turnado al día siguiente a este órgano, Elizabeth Ávalos Hurtado, por derecho propio y en cuanto representante legal de la personas menor de edad Christopher Yosafat Chávez Ávalos, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de autoridad, que consideró violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La parte quejosa narró bajo protesta de decir verdad los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados y que sirven de fundamento a los conceptos de violación. SEGUNDO. En acuerdo de seis de marzo de dos mil veinte, este juzgado, al que por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda de amparo y previo cumplimiento de dos autos preventivos, la admitió a trámite y registró con el expediente II-200/2020, se solicitó a la única autoridad responsable el informe justificado y se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación, se emplazó a Jorge Chávez Núñez en cuanto tercero interesado, quien compareció a juicio por conducto de su apoderado legal Jorge Pedraza Bajaras mediante escrito presentado el once de septiembre de dos mil veinte. Por acuerdo de quince de diciembre de dos mil veinte se designó como representate especial de la persona menor de edad Christopher Yosafat Chávez Ávalos, al licenciado Santiago Orozco Valencia asesor jurídico federal adscrito al Instituto de la Defensoría Pública. Delegación Michoacán, el que formuló alegatos en el este juicio mediante escrito ingresado a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación el dieciocho de diciembre de dos mil veinte; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación la intervención que legalmente le corresponde y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional la que se verificó en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el juicio de amparo, en términos de los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48, 54, fracción I y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece el número, denominación y circunscripción territorial de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuitos y Juzgados de Distrito, dado que los actos reclamados están constituidos por normas generales que fueron aplicadas por una autoridad distinta a los Tribunales Administrativos que residen dentro de la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y a efecto de fijar la litis constitucional, de la lectura integral de la demanda de amparo armonizada con el resto de los elementos que se desprenden de las demás actuaciones, se tiene que los actos reclamados son los siguientes: El emplazamiento practicado en el juicio oral familiar sobre desocupación de inmueble, número 151/2019 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad; y, Como consecuencia de ello, todas las actuaciones practicadas en dicho contradictorio, incluida la sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, así como su ejecución. Acto que se reclamaron a las autoridades judiciales siguientes: Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia oral Familiar. Secretaria de Acuerdos. Y Actuario de su adscripción. TERCERO. Existencia de actos reclamados. Son ciertos los actos que la quejosa reclama a la Juez, Secretaria de Acuerdos y Actuario del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar ya que así se desprende del contenido de los informas justificados rendidos y se corrobora con las copias certificadas del expediente 115/2020, las que tienen valor probatorio pleno con base en los artículos 129 y 2020 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, de oficio se advierta que se actualicen, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." IV.1. En relación con lo anterior, el tercero interesado Jorge Chávez Núñez, a través de su apoderado legal Jorge Pedraza Barajas, mediante escrito presentado el once de septiembre de dos mil veinte, señaló que el juicio de amparo es improcedente porque -a su modo de ver- se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XIII y XIV, de la Ley de Amparo, debido a que la representante legal y madre de la persona menor de edad Christopher Yosafat Chávez Ávalos, tuvo conocimiento del juicio natural desde el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve en que fue emplazada la juicio ya que fue la persona a quien se le demandó la entrega y desocupación del bien inmueble. Entonces, sostiene el tercero interesado, la promoción del presente juicio se realizó fuera del plazo de quince días que cita el artículo 17 de la Ley de Amparo, produciendo con ello el consentimiento tácito del acto reclamado. Lo anterior es infundado. Uno de los actos reclamados en el juicio está constituido por el emplazamiento al juicio ordinario familiar sobre desocupación de un inmueble número 115/2019, de ahí que al encontrarse cuestionada la primera notificación en ese juicio, no puede servir como referencia para fincar el conocimiento del juicio natural, porque se refiere a una cuestión que atañe al fondo del asunto, esto es, de llegarse a resolver la controversia que se plantea, tendría que decidirse sobre la legalidad de ese emplazamiento para luego ponderar si en perjuicio de la parte quejosa se violaron o derecho humanos o las garantías que los protegen; por tanto, lo alegado en este apartado debe desestimarse. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 135/2001 que establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse". IV.2. El tercero interesado también alegó que el juicio de amparo es improcedente, porque la parte quejosa no agotó el principio de definitividad, ya que sí fue debidamente emplazada, pero sobre todo dio contestación a la demanda, opuso excepciones y defensas, compareció a la audiencia de desahogo de pruebas, en general conoció el desarrollo de todo el procedimiento, estuvo en posibilidad de recurrir la sentencia que le fue adversa, actualizándose por tanto la causal prevista en el artículos 61, fracción XIII, en relación a la fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Lo anterior es fundado, aunque por motivos diversos a los indicados por el tercero interesado. Efectivamente, no se actualizan las causales de improcedencia previstas en las fracciones XIII (consentimiento expreso) y XVIII (definitividad por existencia de recurso) de la Ley de Amparo, por el hecho de que la quejosa Elizabeth Ávalos Hurtado, haya comparecida al juicio, porque la hipótesis de procedencia a la que se acogió es la prevista en el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Ampro que señala: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas". Esta hipótesis de procedencia tiene su razón de ser, en el hecho de que una de las violaciones de mayor entidad que pueden cometerse cuando se emite un acto privativo de derechos, gira alrededor de la garantía de audiencia previa, que junto con las demás formalidades esenciales del procedimiento constituyen los elementos básicos que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo. Así, la figura del "tercero extraño a juicio" es una institución de construcción jurisprudencial ya que ha sido en las interpretaciones del Poder Judicial de la Federación de donde derivo la hipótesis de procedencia en contra de actos fuera de juicio, dentro de él o después de concluido cunado se afectaran derechos de personas que no hubieran tenido una participación material en el juicio natural, ya sea por no figurar como parte formal, o bien, porque figurando como tal no fueron emplazadas al juicio, o este se llevó de forma contraria a la ley o de forma deficiente de manera que el resultado es precisamente que no hay tenido esa participación. Bajo esta hipótesis, el Poder Judicial de la Federación ha distinguido entre dos tipos de terceros extraños, el "auténtico" que está constituido por aquella personas que no figura formalmente como parte en el juicio natural, ya que no tiene interés jurídico en ejercer alguna acción u oponer alguna excepción; sin embargo su derechos pueden verse afectados, en un juicio ya que es factible esos derechos puedan verse afectados desde el inicio del procedimiento, o que tal afectación se incorpore en alguna parte del proceso, o en la sentencia y su ejecución o solamente en esta, todo lo cual estará determinado por el tipo de acción que se ejerza en el juicio. Así por ejemplo, si en el juicio se debatirá una acción real como puede ser reivindicatoria que se ejerce para recuperar la posesión de un bien inmueble, parte del debate se referirá a decidir si quien pretende reivindicarla es o no propietario del inmueble, ya que la propiedad es uno de los elementos de tal acción, en estos casos los derechos del tercero extraño se verán afectados desde el inicio del procedimiento y seguirán afectándose hasta la ejecución de la sentencia en la que se orden la reivindicación. En estos casos, el inicio del proceso judicial, su trámite resolución y ejecución, incluso la apelación si hasta allá llego el asunto, afectan al tercero extraño que aduce ser propietario del bien en cuestión, casos en los que se identificará como tercero extraño por equiparación, porque para que el acto privativo resulte constitucional debió ser oído y vencido en el juicio con todas las formalidades del procedimiento. En cambio, si el inicio del juicio y su trámite no afectan el derecho del tercero, sino solamente la sentencia por haberse incorporado el derecho debatido en ese momento, ésta y su ejecución serán los únicos que le afecten, por ejemplo, si se ejerce una acción personal de cobro en contra de persona diversa del quejoso, es evidente que el inicio y el trámite del juicio no le afecta; empero, si durante el proceso se embarga algún bien de su propiedad ajeno a la parte reo, ese embargo, la condena de que se haga transe y remate de los embargado y el procedimiento de ejecución le afectará, pero bajo la perspectiva de tercero extraño "auténtico o natural", porque solo esos aspectos y no el resto del proceso son los que les causan perjuicio. La distinción entre tercero extraño por equiparación y tercero extraño "auténtico o natural", no es meramente semántica sino que tiene varias implicaciones, ya que para efectos del juicio de amparo en el caso del tercero extraño por equiparación -al que le afecta la totalidad el juicio-, son actos reclamados todas las actuaciones en el juicio y en la apelación su la hubo, y autoridades responsables el juez, el actuario, el magistrado del tribunal de apelación si la hubo, y las autoridades relacionadas con las ejecución, como podría ser, por ejemplo el Registro Público de la Propiedad, y actos reclamados desde el emplazamiento omitido o realizado de forma defectuosa hasta el procedimiento de ejecución, de manera que, de otorgarse la protección constitucional solicitada el efecto será que se deje insubsistente todo lo actuado desde el emplazamiento omitido o mal realizado. En cambio, para el tercero extraño auténtico sólo serán actos reclamados aquellos que se relacionen con la incorporación de su derecho afectado, y en caso de otorgarse la protección constitucional bastará con que se desincorpore para lograr la restitución dejando intocadas el resto de las actuaciones, incluso la sentencia en la porción que no afecte el derecho deducido en el juicio. En el caso, se advierte que la posición que se alega en el juicio de amparo de la quejosa Elizabeth Ávalos Hurtado, y de su menor hijo Christopher Yosafat Chávez Ávalos, es la de tercero extraño por equiparación, ya que en el juicio subyacente se ejerció una acción personal relativa a la desocupación y entrega de un bien inmueble cuya posesión derivó de una situación de un vínculo familiar sui géneris, equiparable al concubinato ya que, aunque ese vínculo no pudo nacer o ser reconocido por el derecho porque el tercero interesado Jorge Chávez Núñez, se encontraba unido en matrimonio con otra persona, lo que impide desde luego que el concubinato pueda surgir a la vida jurídica; sin embargo, esta circunstancia y el estado de convivencia entre el citado Chávez Núñez y Elizabeth Ávalos Hurtado, genera algunos derechos en particular porque procrearon hijos durante esa unión. Lo anterior porque la ilicitud del estado de convivencia tiene asociada como sanción que no se reconozca una situación de concubinato, empero eso no merma en los derechos que puedan generarse por las consecuencias de ese estado, ya que existen obligaciones que deben ser cumplidas que se relacionan con alimentos que deben proveerse entre los convivientes y los hijos procreados dentro de esa convivencia. Pues bien un aspecto que comprende la obligación de dar alimentos está referido a la vivienda, obligación que puede ser cumplida ya sea asignando una pensión suficiente que permita el arriendo o -en el mejor de los casos- la compra de una vivienda digna, empero, también se puede cumplir mediante la incorporación de los acreedores alimentarios a un domicilio familiar, si es propiedad del deudor. Cuando esta última hipótesis sucede, el cónyuge casado bajo el régimen de separación de bienes, la concubina o los convivientes y los acreedores alimentarios, adquieren por derivación el derecho a poseer el bien inmueble, pero se trata de una posesión derivada no originaria, de ahí que se constituya un derecho personal y no real. Esa posesión derivada nace del vínculo familiar del estado de convivencia, no de un contrato cuyo objeto sea el goce y disfrute o el uso del bien inmueble, sino la convivencia de la familia y la satisfacción de las obligaciones alimentarias en su vertiente de vivienda digna. Es por ello que si el cónyuge, concubina o conviviente que es propietario del bien inmueble desea recuperar la posesión, lo debe hacer ejerciendo una acción personal que se basa en la extinción del estado de convivencia o disolución del vínculo conyugal, y no a través de la acción reivindicatoria. Por identidad jurídica substancial es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia 89/2006 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "ACCIÓN REIVINDICATORIA. ES IMPROCEDENTE SI SE INTENTA CONTRA QUIEN DETENTA LA POSESIÓN QUE DERIVA DEL VÍNCULO MATRIMONIAL CELEBRADO BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES, POR LO QUE DEBE EJERCERSE LA ACCIÓN PERSONAL BASADA EN LA DISOLUCIÓN DE ESE VÍNCULO. En el régimen de separación de bienes, cada uno de los cónyuges conserva la propiedad y administración de sus respectivos bienes y pueden establecer su domicilio conyugal en un inmueble que sea o no propiedad de ambos o que pertenezca sólo a uno de ellos, ya sea que lo haya adquirido antes o durante el matrimonio. En este último supuesto, cuando existe un régimen de separación de bienes, el inmueble ocupado como domicilio conyugal permanece como propiedad del cónyuge que lo adquirió, conservando éste la posesión originaria, mientras que el otro integrante del vínculo tendrá una posesión que deriva a causa del matrimonio. Ahora bien, sin menoscabo de ese dominio exclusivo de uno de los cónyuges, el bien inmueble debe destinarse principalmente a la satisfacción de los alimentos del otro cónyuge y de los hijos que, en su caso, se hayan procreado, cubriéndose así, específicamente, el rubro relativo a la habitación. Por tanto, una vez disuelto el matrimonio celebrado bajo el régimen de separación de bienes, sin haber hijos procreados por ambos esposos, el cónyuge que tenga el carácter de poseedor derivado debe desocupar el inmueble, por haber terminado el acto jurídico causal de la posesión, e incluso puede ser condenado a ello, si así se reclamó, en la sentencia que declare el divorcio; además, tal desocupación también procede si el cónyuge poseedor derivado tiene derecho a alimentos, pero en tal supuesto el esposo deudor alimentario debe otorgarle el valor correspondiente al rubro de habitación que dejará de cubrirse con el que fuera el domicilio conyugal. En ese sentido, y en caso de que no exista la condena a la desocupación y entrega del inmueble en la sentencia de divorcio, y el cónyuge poseedor derivado se abstenga de desocuparlo voluntariamente tras la disolución del vínculo matrimonial, el propietario del bien tiene derecho a recuperar la posesión, pero no a través de una acción real, como la reivindicatoria, sino de la acción personal basada en dicha disolución, en virtud de que los poseedores derivados sólo pueden ser compelidos a restituir un bien mediante acciones personales relacionadas con el vínculo jurídico que les permitió adquirir la calidad de poseedores. De similar forma, es decir, por medio del ejercicio de la acción personal correspondiente, puede reclamar la desocupación del inmueble a los hijos con derecho a alimentos que, tras el divorcio de sus padres, hayan permanecido en él, pero en tal caso debe otorgarles el valor correspondiente al rubro habitación. Asimismo, igual acción personal debe ejercerse si el cónyuge o los hijos, como acreedores alimentarios, permanecieron en el inmueble con posterioridad al divorcio por virtud de un convenio o sentencia que así lo previniera, ya que en esa hipótesis la modificación o cesación de la obligación alimenticia que promueva el cónyuge propietario del bien puede llevar a su desocupación". Lo antes expuesto conduce a este juzgador a considerar, que tanto Elizabeth Ávalos Hurtado, como su menor hijo Christopher Yosafat Chávez Ávalos, efectivamente pudieran tener el carácter de terceros extraños por equiparación porque los derechos debatidos en el juicio natural, ordinario familiar sobre recuperación de la posesión 151/2019 del índice del Juzgado Tercero de primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, no obstante que se trata de una acción personal recae sobre la posesión derivada que adquirieron por formar parte (de hecho) de un familia que se formó por estado de convivencia que existió entre el tercero interesado y la parte quejosa con quien procreó varios hijos, de ahí que el inicio del procedimiento, su trámite resolución y ejecución afecta sus derechos sustantivos. Sin embargo, el juicio de amparo resulta improcedente porque ni Elizabeth Ávalos Hurtado, ni Christopher Yosafat Chávez Ávalos tienen el carácter indicado, pues la primera, en cuanto parte demandada, compareció a juicio, opuso excepciones, ofreció pruebas y estuvo en posibilidad de interponer todos los medios de impugnación ordinarios previstos en las leyes. Lo que se afirma en ese sentido porque en el escrito aclaratorio presentado el cinco de marzo de dos mil veinte (foja 43 del expediente electrónico), se advierte lo siguiente: "PRIMERO. "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" manifiesto y afirmo que; "SI COMPARACI POR PROPIO DERECHO A DAR CONTESTACION A LA DEMANDA INSTAURADA EN MI CONTRA SOBRE DESOCUPACION DE BIEN INMUEBLE, Y QUE TAMBIEN PROMOVI UN INCIDENTE DE COSA JUZGADA DENTRO DEL JUICIO 151/2019 ANTE EL JUEZ TERCERO ORAL DE LO FAMILIAR DE ESTA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACAN". Esto para que surta todos los efectos legales a que haya lugar. SEGUNDO. - "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" manifiesto y afirmo que; "COMPARACI AL JUICIO 151/2019 ANTE EL C. JUEZ TERCERO ORAL DE LO FAMILIAR UNICAMENTE POR PROPIO DERECHO" y no en cuanto a representante de mi menor hijo de nombre CHRISTOPHER YOSAFAT CHAVEZ AVALOS, según consta en mi escrito de contestación de demanda glosado a fojas 96 noventa y seis del expediente en cita. Esto para que surta todos los efectos legales a que haya lugar". Manifestación que se corrobora con las copias certificadas que la autoridad responsable remitió como complemento del informe justificado en el que se aprecia que, efectivamente. la quejosa compareció al juicio natural, documentales que tienen valor probatorio pleno con base en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Por tanto, Elizabeth Ávalos Hurtado carece del carácter de tercero extraño por equiparación dado que tuvo conocimiento del proceso judicial antes de que se pronunciara la sentencia definitiva. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 47/2011 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo". Y lo mismo sucede respecto de la persona menor de edad Christopher Yosafat Chávez Ávalos, porque al guardar esa condición, su representación está a cargo de sus padres, en particular de Elizabeth Ávalos Hurtado, ya que al ser su progenitor quien ejerció la acción personal de desocupación, correspondía a la madre su representación. Lo anterior porque el Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo precisa en el artículo 407 lo siguiente: "Artículo 407. Los que ejerzan la patria potestad son legítimos representantes de los que están bajo de ella, y tienen la administración legal de los bienes que les pertenecen, conforme a las prescripciones de este Código". Asimismo, el artículo 409 del código citado establece: "Artículo 409. La persona que ejerza la patria potestad representará también a los menores de edad en juicio; pero no podrá celebrar algún arreglo para terminarlo, sino con el consentimiento expreso de su consorte, salvo en aquellos casos en que, por disposición de la ley, se requiera de autorización judicial". En este contexto, si la madre de la persona menor de edad compareció al juicio y estuvo en condiciones de conocer los pormenores del proceso, para ejercer una adecuada defensa de ella misma y de su menor hijo, Christopher Yosafat Chávez Ávalos, éste tampoco tiene el carácter de tercero extraño porque sus intereses están representados por su madre, la que funge como representante legítima de éste. Al respecto cobra aplicación la tesis de jurisprudencia XXI.1o. J/7 del entonces primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito que establece: "REPRESENTANTES LEGALES. NO PUEDEN IGNORAR, CON TAL CARÁCTER, LO QUE CONOCEN EN LO PERSONAL. Si en autos se encuentra acreditado que el apoderado de la empresa recurrente, misma que se ostentó como tercero extraño en el juicio de garantías, conoció los actos reclamados por haber sido demandado en el sumario del que emanan aquéllos, es ilógico que lo que sabe cómo persona física lo ignore como representante legal". También debe tenerse en consideración la tesis de jurisprudencia 142/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER POR SÍ MISMO EL MENOR DE EDAD, QUE PRESENTÓ LA DEMANDA O RECONVINO EN EL JUICIO NATURAL, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, Y DURANTE EL TRÁMITE ADQUIERE LA MAYORÍA DE EDAD (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE SINALOA Y DEL DISTRITO FEDERAL). Una de las razones que le provocan indefensión a un tercero extraño a juicio por equiparación es porque siendo parte en el juicio natural no tiene conocimiento de la acción instaurada en su contra, cuyo resultado puede causarle perjuicios, lo que no acontece cuando su representante promueve la demanda de origen o su reconvencional, puesto que a través de él, conoce la existencia del procedimiento en el que se emitió el acto reclamado, por ser parte del mismo. Consecuentemente, el solo hecho de haber adquirido la mayoría de edad durante el procedimiento del juicio ordinario no da lugar a que en el juicio de amparo se le considere tercero por equiparación, por sí mismo, como consecuencia de haber alcanzado su capacidad de ejercicio; razón por la cual el juez debe notificarle al antes menor las actuaciones subsecuentes, pues ya no puede ordenarlas por conducto de sus representantes legales, porque de acuerdo con los Códigos Civiles de Sinaloa y del Distrito Federal aplicados por los Tribunales Colegiados contendientes, la representación legal de los menores de edad fenece una vez que éstos adquieren la mayoría de edad". En virtud de lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el 107, fracción VI, de la Ley de Amparo (y no la que refiere el tercero interesado), dado que los quejosos no tienen respecto del juicio natural el carácter de "terceros extraños", por tanto, con base en el artículo 61 fracción V, de la Ley de Amparo procede sobreseer en el juicio. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Elizabeth Ávalos Hurtado, por sí y en cuanto representante legítima de Christopher Yosafat Chávez Ávalos, contra de los actos que reclamó a la Juez, Secretaria de Acuerdos y Actuario del Juzgado Tercero de Primera Instancia Oral Familiar por las razones precisadas en este fallo.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A SANTIAGO OROZCO VALENCIA, REPRESENTANTE ESPECIAL DEL MENOR DE EDAD DE IDENTIDAD RESERVADA Y DE INICIALES C.Y.C.A., la siguiente resolución: VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo IV-200/2020; y, RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito recibido el veinticuatro de febrero de dos mil veinte por la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, y turnado al día siguiente a este órgano, Elizabeth Ávalos Hurtado, por derecho propio y en cuanto representante legal de la personas menor de edad Christopher Yosafat Chávez Ávalos, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de autoridad, que consideró violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La parte quejosa narró bajo protesta de decir verdad los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados y que sirven de fundamento a los conceptos de violación. SEGUNDO. En acuerdo de seis de marzo de dos mil veinte, este juzgado, al que por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda de amparo y previo cumplimiento de dos autos preventivos, la admitió a trámite y registró con el expediente II-200/2020, se solicitó a la única autoridad responsable el informe justificado y se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación, se emplazó a Jorge Chávez Núñez en cuanto tercero interesado, quien compareció a juicio por conducto de su apoderado legal Jorge Pedraza Bajaras mediante escrito presentado el once de septiembre de dos mil veinte. Por acuerdo de quince de diciembre de dos mil veinte se designó como representate especial de la persona menor de edad Christopher Yosafat Chávez Ávalos, al licenciado Santiago Orozco Valencia asesor jurídico federal adscrito al Instituto de la Defensoría Pública. Delegación Michoacán, el que formuló alegatos en el este juicio mediante escrito ingresado a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación el dieciocho de diciembre de dos mil veinte; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación la intervención que legalmente le corresponde y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional la que se verificó en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el juicio de amparo, en términos de los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48, 54, fracción I y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece el número, denominación y circunscripción territorial de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuitos y Juzgados de Distrito, dado que los actos reclamados están constituidos por normas generales que fueron aplicadas por una autoridad distinta a los Tribunales Administrativos que residen dentro de la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y a efecto de fijar la litis constitucional, de la lectura integral de la demanda de amparo armonizada con el resto de los elementos que se desprenden de las demás actuaciones, se tiene que los actos reclamados son los siguientes: El emplazamiento practicado en el juicio oral familiar sobre desocupación de inmueble, número 151/2019 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad; y, Como consecuencia de ello, todas las actuaciones practicadas en dicho contradictorio, incluida la sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, así como su ejecución. Acto que se reclamaron a las autoridades judiciales siguientes: Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia oral Familiar. Secretaria de Acuerdos. Y Actuario de su adscripción. TERCERO. Existencia de actos reclamados. Son ciertos los actos que la quejosa reclama a la Juez, Secretaria de Acuerdos y Actuario del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar ya que así se desprende del contenido de los informas justificados rendidos y se corrobora con las copias certificadas del expediente 115/2020, las que tienen valor probatorio pleno con base en los artículos 129 y 2020 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, de oficio se advierta que se actualicen, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." IV.1. En relación con lo anterior, el tercero interesado Jorge Chávez Núñez, a través de su apoderado legal Jorge Pedraza Barajas, mediante escrito presentado el once de septiembre de dos mil veinte, señaló que el juicio de amparo es improcedente porque -a su modo de ver- se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XIII y XIV, de la Ley de Amparo, debido a que la representante legal y madre de la persona menor de edad Christopher Yosafat Chávez Ávalos, tuvo conocimiento del juicio natural desde el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve en que fue emplazada la juicio ya que fue la persona a quien se le demandó la entrega y desocupación del bien inmueble. Entonces, sostiene el tercero interesado, la promoción del presente juicio se realizó fuera del plazo de quince días que cita el artículo 17 de la Ley de Amparo, produciendo con ello el consentimiento tácito del acto reclamado. Lo anterior es infundado. Uno de los actos reclamados en el juicio está constituido por el emplazamiento al juicio ordinario familiar sobre desocupación de un inmueble número 115/2019, de ahí que al encontrarse cuestionada la primera notificación en ese juicio, no puede servir como referencia para fincar el conocimiento del juicio natural, porque se refiere a una cuestión que atañe al fondo del asunto, esto es, de llegarse a resolver la controversia que se plantea, tendría que decidirse sobre la legalidad de ese emplazamiento para luego ponderar si en perjuicio de la parte quejosa se violaron o derecho humanos o las garantías que los protegen; por tanto, lo alegado en este apartado debe desestimarse. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 135/2001 que establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse". IV.2. El tercero interesado también alegó que el juicio de amparo es improcedente, porque la parte quejosa no agotó el principio de definitividad, ya que sí fue debidamente emplazada, pero sobre todo dio contestación a la demanda, opuso excepciones y defensas, compareció a la audiencia de desahogo de pruebas, en general conoció el desarrollo de todo el procedimiento, estuvo en posibilidad de recurrir la sentencia que le fue adversa, actualizándose por tanto la causal prevista en el artículos 61, fracción XIII, en relación a la fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Lo anterior es fundado, aunque por motivos diversos a los indicados por el tercero interesado. Efectivamente, no se actualizan las causales de improcedencia previstas en las fracciones XIII (consentimiento expreso) y XVIII (definitividad por existencia de recurso) de la Ley de Amparo, por el hecho de que la quejosa Elizabeth Ávalos Hurtado, haya comparecida al juicio, porque la hipótesis de procedencia a la que se acogió es la prevista en el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Ampro que señala: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas". Esta hipótesis de procedencia tiene su razón de ser, en el hecho de que una de las violaciones de mayor entidad que pueden cometerse cuando se emite un acto privativo de derechos, gira alrededor de la garantía de audiencia previa, que junto con las demás formalidades esenciales del procedimiento constituyen los elementos básicos que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo. Así, la figura del "tercero extraño a juicio" es una institución de construcción jurisprudencial ya que ha sido en las interpretaciones del Poder Judicial de la Federación de donde derivo la hipótesis de procedencia en contra de actos fuera de juicio, dentro de él o después de concluido cunado se afectaran derechos de personas que no hubieran tenido una participación material en el juicio natural, ya sea por no figurar como parte formal, o bien, porque figurando como tal no fueron emplazadas al juicio, o este se llevó de forma contraria a la ley o de forma deficiente de manera que el resultado es precisamente que no hay tenido esa participación. Bajo esta hipótesis, el Poder Judicial de la Federación ha distinguido entre dos tipos de terceros extraños, el "auténtico" que está constituido por aquella personas que no figura formalmente como parte en el juicio natural, ya que no tiene interés jurídico en ejercer alguna acción u oponer alguna excepción; sin embargo su derechos pueden verse afectados, en un juicio ya que es factible esos derechos puedan verse afectados desde el inicio del procedimiento, o que tal afectación se incorpore en alguna parte del proceso, o en la sentencia y su ejecución o solamente en esta, todo lo cual estará determinado por el tipo de acción que se ejerza en el juicio. Así por ejemplo, si en el juicio se debatirá una acción real como puede ser reivindicatoria que se ejerce para recuperar la posesión de un bien inmueble, parte del debate se referirá a decidir si quien pretende reivindicarla es o no propietario del inmueble, ya que la propiedad es uno de los elementos de tal acción, en estos casos los derechos del tercero extraño se verán afectados desde el inicio del procedimiento y seguirán afectándose hasta la ejecución de la sentencia en la que se orden la reivindicación. En estos casos, el inicio del proceso judicial, su trámite resolución y ejecución, incluso la apelación si hasta allá llego el asunto, afectan al tercero extraño que aduce ser propietario del bien en cuestión, casos en los que se identificará como tercero extraño por equiparación, porque para que el acto privativo resulte constitucional debió ser oído y vencido en el juicio con todas las formalidades del procedimiento. En cambio, si el inicio del juicio y su trámite no afectan el derecho del tercero, sino solamente la sentencia por haberse incorporado el derecho debatido en ese momento, ésta y su ejecución serán los únicos que le afecten, por ejemplo, si se ejerce una acción personal de cobro en contra de persona diversa del quejoso, es evidente que el inicio y el trámite del juicio no le afecta; empero, si durante el proceso se embarga algún bien de su propiedad ajeno a la parte reo, ese embargo, la condena de que se haga transe y remate de los embargado y el procedimiento de ejecución le afectará, pero bajo la perspectiva de tercero extraño "auténtico o natural", porque solo esos aspectos y no el resto del proceso son los que les causan perjuicio. La distinción entre tercero extraño por equiparación y tercero extraño "auténtico o natural", no es meramente semántica sino que tiene varias implicaciones, ya que para efectos del juicio de amparo en el caso del tercero extraño por equiparación -al que le afecta la totalidad el juicio-, son actos reclamados todas las actuaciones en el juicio y en la apelación su la hubo, y autoridades responsables el juez, el actuario, el magistrado del tribunal de apelación si la hubo, y las autoridades relacionadas con las ejecución, como podría ser, por ejemplo el Registro Público de la Propiedad, y actos reclamados desde el emplazamiento omitido o realizado de forma defectuosa hasta el procedimiento de ejecución, de manera que, de otorgarse la protección constitucional solicitada el efecto será que se deje insubsistente todo lo actuado desde el emplazamiento omitido o mal realizado. En cambio, para el tercero extraño auténtico sólo serán actos reclamados aquellos que se relacionen con la incorporación de su derecho afectado, y en caso de otorgarse la protección constitucional bastará con que se desincorpore para lograr la restitución dejando intocadas el resto de las actuaciones, incluso la sentencia en la porción que no afecte el derecho deducido en el juicio. En el caso, se advierte que la posición que se alega en el juicio de amparo de la quejosa Elizabeth Ávalos Hurtado, y de su menor hijo Christopher Yosafat Chávez Ávalos, es la de tercero extraño por equiparación, ya que en el juicio subyacente se ejerció una acción personal relativa a la desocupación y entrega de un bien inmueble cuya posesión derivó de una situación de un vínculo familiar sui géneris, equiparable al concubinato ya que, aunque ese vínculo no pudo nacer o ser reconocido por el derecho porque el tercero interesado Jorge Chávez Núñez, se encontraba unido en matrimonio con otra persona, lo que impide desde luego que el concubinato pueda surgir a la vida jurídica; sin embargo, esta circunstancia y el estado de convivencia entre el citado Chávez Núñez y Elizabeth Ávalos Hurtado, genera algunos derechos en particular porque procrearon hijos durante esa unión. Lo anterior porque la ilicitud del estado de convivencia tiene asociada como sanción que no se reconozca una situación de concubinato, empero eso no merma en los derechos que puedan generarse por las consecuencias de ese estado, ya que existen obligaciones que deben ser cumplidas que se relacionan con alimentos que deben proveerse entre los convivientes y los hijos procreados dentro de esa convivencia. Pues bien un aspecto que comprende la obligación de dar alimentos está referido a la vivienda, obligación que puede ser cumplida ya sea asignando una pensión suficiente que permita el arriendo o -en el mejor de los casos- la compra de una vivienda digna, empero, también se puede cumplir mediante la incorporación de los acreedores alimentarios a un domicilio familiar, si es propiedad del deudor. Cuando esta última hipótesis sucede, el cónyuge casado bajo el régimen de separación de bienes, la concubina o los convivientes y los acreedores alimentarios, adquieren por derivación el derecho a poseer el bien inmueble, pero se trata de una posesión derivada no originaria, de ahí que se constituya un derecho personal y no real. Esa posesión derivada nace del vínculo familiar del estado de convivencia, no de un contrato cuyo objeto sea el goce y disfrute o el uso del bien inmueble, sino la convivencia de la familia y la satisfacción de las obligaciones alimentarias en su vertiente de vivienda digna. Es por ello que si el cónyuge, concubina o conviviente que es propietario del bien inmueble desea recuperar la posesión, lo debe hacer ejerciendo una acción personal que se basa en la extinción del estado de convivencia o disolución del vínculo conyugal, y no a través de la acción reivindicatoria. Por identidad jurídica substancial es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia 89/2006 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "ACCIÓN REIVINDICATORIA. ES IMPROCEDENTE SI SE INTENTA CONTRA QUIEN DETENTA LA POSESIÓN QUE DERIVA DEL VÍNCULO MATRIMONIAL CELEBRADO BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES, POR LO QUE DEBE EJERCERSE LA ACCIÓN PERSONAL BASADA EN LA DISOLUCIÓN DE ESE VÍNCULO. En el régimen de separación de bienes, cada uno de los cónyuges conserva la propiedad y administración de sus respectivos bienes y pueden establecer su domicilio conyugal en un inmueble que sea o no propiedad de ambos o que pertenezca sólo a uno de ellos, ya sea que lo haya adquirido antes o durante el matrimonio. En este último supuesto, cuando existe un régimen de separación de bienes, el inmueble ocupado como domicilio conyugal permanece como propiedad del cónyuge que lo adquirió, conservando éste la posesión originaria, mientras que el otro integrante del vínculo tendrá una posesión que deriva a causa del matrimonio. Ahora bien, sin menoscabo de ese dominio exclusivo de uno de los cónyuges, el bien inmueble debe destinarse principalmente a la satisfacción de los alimentos del otro cónyuge y de los hijos que, en su caso, se hayan procreado, cubriéndose así, específicamente, el rubro relativo a la habitación. Por tanto, una vez disuelto el matrimonio celebrado bajo el régimen de separación de bienes, sin haber hijos procreados por ambos esposos, el cónyuge que tenga el carácter de poseedor derivado debe desocupar el inmueble, por haber terminado el acto jurídico causal de la posesión, e incluso puede ser condenado a ello, si así se reclamó, en la sentencia que declare el divorcio; además, tal desocupación también procede si el cónyuge poseedor derivado tiene derecho a alimentos, pero en tal supuesto el esposo deudor alimentario debe otorgarle el valor correspondiente al rubro de habitación que dejará de cubrirse con el que fuera el domicilio conyugal. En ese sentido, y en caso de que no exista la condena a la desocupación y entrega del inmueble en la sentencia de divorcio, y el cónyuge poseedor derivado se abstenga de desocuparlo voluntariamente tras la disolución del vínculo matrimonial, el propietario del bien tiene derecho a recuperar la posesión, pero no a través de una acción real, como la reivindicatoria, sino de la acción personal basada en dicha disolución, en virtud de que los poseedores derivados sólo pueden ser compelidos a restituir un bien mediante acciones personales relacionadas con el vínculo jurídico que les permitió adquirir la calidad de poseedores. De similar forma, es decir, por medio del ejercicio de la acción personal correspondiente, puede reclamar la desocupación del inmueble a los hijos con derecho a alimentos que, tras el divorcio de sus padres, hayan permanecido en él, pero en tal caso debe otorgarles el valor correspondiente al rubro habitación. Asimismo, igual acción personal debe ejercerse si el cónyuge o los hijos, como acreedores alimentarios, permanecieron en el inmueble con posterioridad al divorcio por virtud de un convenio o sentencia que así lo previniera, ya que en esa hipótesis la modificación o cesación de la obligación alimenticia que promueva el cónyuge propietario del bien puede llevar a su desocupación". Lo antes expuesto conduce a este juzgador a considerar, que tanto Elizabeth Ávalos Hurtado, como su menor hijo Christopher Yosafat Chávez Ávalos, efectivamente pudieran tener el carácter de terceros extraños por equiparación porque los derechos debatidos en el juicio natural, ordinario familiar sobre recuperación de la posesión 151/2019 del índice del Juzgado Tercero de primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, no obstante que se trata de una acción personal recae sobre la posesión derivada que adquirieron por formar parte (de hecho) de un familia que se formó por estado de convivencia que existió entre el tercero interesado y la parte quejosa con quien procreó varios hijos, de ahí que el inicio del procedimiento, su trámite resolución y ejecución afecta sus derechos sustantivos. Sin embargo, el juicio de amparo resulta improcedente porque ni Elizabeth Ávalos Hurtado, ni Christopher Yosafat Chávez Ávalos tienen el carácter indicado, pues la primera, en cuanto parte demandada, compareció a juicio, opuso excepciones, ofreció pruebas y estuvo en posibilidad de interponer todos los medios de impugnación ordinarios previstos en las leyes. Lo que se afirma en ese sentido porque en el escrito aclaratorio presentado el cinco de marzo de dos mil veinte (foja 43 del expediente electrónico), se advierte lo siguiente: "PRIMERO. "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" manifiesto y afirmo que; "SI COMPARACI POR PROPIO DERECHO A DAR CONTESTACION A LA DEMANDA INSTAURADA EN MI CONTRA SOBRE DESOCUPACION DE BIEN INMUEBLE, Y QUE TAMBIEN PROMOVI UN INCIDENTE DE COSA JUZGADA DENTRO DEL JUICIO 151/2019 ANTE EL JUEZ TERCERO ORAL DE LO FAMILIAR DE ESTA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACAN". Esto para que surta todos los efectos legales a que haya lugar. SEGUNDO. - "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" manifiesto y afirmo que; "COMPARACI AL JUICIO 151/2019 ANTE EL C. JUEZ TERCERO ORAL DE LO FAMILIAR UNICAMENTE POR PROPIO DERECHO" y no en cuanto a representante de mi menor hijo de nombre CHRISTOPHER YOSAFAT CHAVEZ AVALOS, según consta en mi escrito de contestación de demanda glosado a fojas 96 noventa y seis del expediente en cita. Esto para que surta todos los efectos legales a que haya lugar". Manifestación que se corrobora con las copias certificadas que la autoridad responsable remitió como complemento del informe justificado en el que se aprecia que, efectivamente. la quejosa compareció al juicio natural, documentales que tienen valor probatorio pleno con base en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Por tanto, Elizabeth Ávalos Hurtado carece del carácter de tercero extraño por equiparación dado que tuvo conocimiento del proceso judicial antes de que se pronunciara la sentencia definitiva. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 47/2011 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo". Y lo mismo sucede respecto de la persona menor de edad Christopher Yosafat Chávez Ávalos, porque al guardar esa condición, su representación está a cargo de sus padres, en particular de Elizabeth Ávalos Hurtado, ya que al ser su progenitor quien ejerció la acción personal de desocupación, correspondía a la madre su representación. Lo anterior porque el Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo precisa en el artículo 407 lo siguiente: "Artículo 407. Los que ejerzan la patria potestad son legítimos representantes de los que están bajo de ella, y tienen la administración legal de los bienes que les pertenecen, conforme a las prescripciones de este Código". Asimismo, el artículo 409 del código citado establece: "Artículo 409. La persona que ejerza la patria potestad representará también a los menores de edad en juicio; pero no podrá celebrar algún arreglo para terminarlo, sino con el consentimiento expreso de su consorte, salvo en aquellos casos en que, por disposición de la ley, se requiera de autorización judicial". En este contexto, si la madre de la persona menor de edad compareció al juicio y estuvo en condiciones de conocer los pormenores del proceso, para ejercer una adecuada defensa de ella misma y de su menor hijo, Christopher Yosafat Chávez Ávalos, éste tampoco tiene el carácter de tercero extraño porque sus intereses están representados por su madre, la que funge como representante legítima de éste. Al respecto cobra aplicación la tesis de jurisprudencia XXI.1o. J/7 del entonces primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito que establece: "REPRESENTANTES LEGALES. NO PUEDEN IGNORAR, CON TAL CARÁCTER, LO QUE CONOCEN EN LO PERSONAL. Si en autos se encuentra acreditado que el apoderado de la empresa recurrente, misma que se ostentó como tercero extraño en el juicio de garantías, conoció los actos reclamados por haber sido demandado en el sumario del que emanan aquéllos, es ilógico que lo que sabe cómo persona física lo ignore como representante legal". También debe tenerse en consideración la tesis de jurisprudencia 142/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER POR SÍ MISMO EL MENOR DE EDAD, QUE PRESENTÓ LA DEMANDA O RECONVINO EN EL JUICIO NATURAL, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, Y DURANTE EL TRÁMITE ADQUIERE LA MAYORÍA DE EDAD (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE SINALOA Y DEL DISTRITO FEDERAL). Una de las razones que le provocan indefensión a un tercero extraño a juicio por equiparación es porque siendo parte en el juicio natural no tiene conocimiento de la acción instaurada en su contra, cuyo resultado puede causarle perjuicios, lo que no acontece cuando su representante promueve la demanda de origen o su reconvencional, puesto que a través de él, conoce la existencia del procedimiento en el que se emitió el acto reclamado, por ser parte del mismo. Consecuentemente, el solo hecho de haber adquirido la mayoría de edad durante el procedimiento del juicio ordinario no da lugar a que en el juicio de amparo se le considere tercero por equiparación, por sí mismo, como consecuencia de haber alcanzado su capacidad de ejercicio; razón por la cual el juez debe notificarle al antes menor las actuaciones subsecuentes, pues ya no puede ordenarlas por conducto de sus representantes legales, porque de acuerdo con los Códigos Civiles de Sinaloa y del Distrito Federal aplicados por los Tribunales Colegiados contendientes, la representación legal de los menores de edad fenece una vez que éstos adquieren la mayoría de edad". En virtud de lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el 107, fracción VI, de la Ley de Amparo (y no la que refiere el tercero interesado), dado que los quejosos no tienen respecto del juicio natural el carácter de "terceros extraños", por tanto, con base en el artículo 61 fracción V, de la Ley de Amparo procede sobreseer en el juicio. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Elizabeth Ávalos Hurtado, por sí y en cuanto representante legítima de Christopher Yosafat Chávez Ávalos, contra de los actos que reclamó a la Juez, Secretaria de Acuerdos y Actuario del Juzgado Tercero de Primera Instancia Oral Familiar por las razones precisadas en este fallo.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las catorce horas con cuarenta minutos del veintiséis de febrero de dos mil veintiuno1 , hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo IV200/2020, promovido por Elizabeth Ávalos Hurtado, por sí y en representación de su menor hijo de iniciales C.Y.C.A., contra de las autoridades responsables Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad, así como a el secretario de Acuerdos y Actuario de su adscripción, el acto siguiente: ? El emplazamiento practicado en el juicio oral familiar sobre desocupación de inmueble, número 151/2019 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad; y, ? Como consecuencia de ello, todas las actuaciones practicadas en dicho contradictorio, incluida la sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, así como su ejecución. Actos que reclama partiendo de la perspectiva consistente en que la parte quejosa se ostenta como tercera extraña por equiparación, al juicio subyacente El licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, con la asistencia del secretario licenciado Juan Francisco Orozco Córdova, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. Enseguida, el secretario hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan: Escrito inicial de demanda; prevención de veintiséis febrero de dos mil veinte, reprevención de tres de marzo de dos mil veinte y auto admisorio seis de marzo siguiente, emplazamiento a los terceros interesados Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del distrito judicial de Morelia, Michoacán y Jorge Chávez Núñez e informes justificados que obra en autos, el cual se relaciona en el cuadro siguiente: # AUTORIDAD RESPONSABLE FECHA DEL AUTO SENTID O 1 Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad. 13 marzo 2020 CIERTO 2 Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad. 13 marzo 2020 CIERTO 3 Actuario judicial adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad. 13 marzo 2020 CIERTO A lo anterior el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias que antecede. Acto seguido, el Juez declara abierto el período de PRUEBAS, en el que el secretario hace constar que el juez responsable ofertó las documentales que adjuntó a su informe justificado, sin que las demás partes hicieran uso de ese derecho. A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidos y desahogados en razón de su propia y especial naturaleza, los medios de convicción aludidos y por perdido el derecho de las demás partes para ofrecerlas; sin prueba pendiente de desahogo, se cierra este período. Posteriormente, se abre la etapa de ALEGATOS, en la que únicamente los formuló el tercero interesado Jorge Chávez Núñez por conducto de su apoderado jurídico Jorge Pedraza Barajas, sin que las demás partes hicieran uso de ese derecho. A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene a la tercera interesada en comento formulando los alegatos que a su parte corresponden y por perdido el derecho de las partes para realizar manifestaciones, se cierra este período. Al no existir prueba pendiente de desahogo, ni promoción sin acordar y encontrándose debidamente integrado este expediente, queda en estado de dictarse la sentencia correspondiente, cuando las labores del juzgado lo permitan. Doy fe.

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