Elizabeth Armenta Ramírez

Expediente 1304/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1304/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • Elizabeth Armenta Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Causa estado acuerdo. Visto el estado que guarda este asunto y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente haya interpuesto el recurso de queja contra el proveído de trece de junio del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que la determinación de mérito ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Archivo. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que se desechó la demanda de amparo, por lo que es susceptible de destrucción una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído; debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del aludido acuerdo general. Notifíquese.

  2. Principal

    DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA V.A.J.M., EL AUTO DE SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRES, QUE EN SINTESIS DICE: Zapopan, Jalisco, siete de junio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Datos de los menores. Es menester puntualizar, que en el presente asunto se encuentran vinculados derechos de menores de edad; por consiguiente, ante la eventual necesidad de citar sus nombres, únicamente se insertarán sus iniciales al momento de hacerse referencia a ella, conforme con lo dispuesto en la Convención de los Derechos de los Niños, artículo 40, punto 2, fracción VIII1 , de la Convención Americana de los Derechos de los Niños, así como en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, específicamente, en sus cánones 13, fracción XVII , 76 , 77 y 79 , por ello, este órgano jurisdiccional ordena que se omita la publicación de sus datos personales en este juicio. Apertura del incidente de suspensión. En atención a la certificación de cuenta y en cumplimiento a lo ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 125, 128 y 130 de la Ley de Amparo, se tramita por cuerda separada el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 184/2023, promovido por *, abogado patrono del solicitante de amparo *, quien es representante de la menor *, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, por así tenerlo reconocido en el juicio de origen, contra actos de las autoridades que denominó: 1 Juez Séptimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco con residencia en Zapopan, Jalisco. 2 Director de Seguridad Pública de Guadalajara. Informe previo. Con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire, pídase a la(s) responsable(s) el correspondiente informe previo, mismo que deberá(n) rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este proveído; asimismo, deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan establecer, de ser el caso, el monto de las garantías correspondientes; y, para tal efecto, remítase fotocopia sin certificar de la demanda de amparo. Se apercibe a las responsables de que en caso de no rendir el informe solicitado, se le(s) impondrá una multa equivalente a CIEN unidades de medida y actualización, prevista en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional). Además, al rendir el informe solicitado deberá(n) hacer referencia al juicio de amparo y citar el número de oficio con el cual se les notifica el presente proveído. Fecha de audiencia incidental. En términos del artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental. Pruebas ofrecidas en el incidente de suspensión. Se tienen como pruebas de la parte quejosa las documentales exhibidas con la demanda de amparo, lo que se tienen a la vista para resolver sobre la suspensión provisional. Tercero Interesado. Asimismo, se advierte que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, le reviste el carácter de tercera interesada a: *, quien tiene domicilio particular en la *, así como con domicilio para recibir notificaciones en la *. Turna autos para notificar. Por lo anterior, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este juzgado de Distrito, para que, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifique a la parte tercera interesada en cualquiera de los domicilios mencionados, a quien deberá entregarle copia autorizada del presente acuerdo. Requiere constancias. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a dicha ley, requiérase al Juez Séptimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del momento siguiente a aquel al en que reciba el oficio respectivo, remita fotocopia certificada legible (debidamente foliada, rubricada, entresellada y signada por el funcionario público facultado para dicho cotejo), de todo lo actuado en el expediente **, de su índice. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a CINCUENTA unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cincuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional). Suspensión provisional. Fundamento constitucional de las medidas cautelares de la Ley de Amparo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos pronunciamientos,6 ha considerado que la eficacia de cualquier sistema jurisdiccional depende, en gran medida, de la posibilidad de emitir medidas cautelares que permitan mantener viva la materia del proceso. En ese orden, ha considerado que especialmente en los juicios de protección de derechos fundamentales, la importancia del sistema de medidas cautelares radica en que tienen por objetivo evitar, en gran medida, que aquellos actos posiblemente transgresores de derechos humanos no consumen sus efectos durante la tramitación del proceso y afecten la esfera jurídica del particular de manera irreversible o difícilmente reparable, ocasionando que el propio proceso instituido para su defensa terminara por resultar inútil a esos efectos. En tal virtud, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que, el derecho a la vida, a la igualdad (no discriminación), a la salud, a las libertades (trabajo, expresión, personales), los derechos de la personalidad, el derecho a la integridad física de las personas, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho de alimentos, por ejemplo, serían letra muerta sin la existencia de un proceso adecuado y capaz de garantizar que no sean transgredidos, lo que debe necesariamente incluir, en cuanto debido proceso (artículo 14 constitucional), un sistema de medidas cautelares apto para la protección efectiva y completa (artículo 17 constitucional) de los intereses jurídicos involucrados, tomando en cuenta que la demora del procedimiento para obtener la salvaguarda de aquéllos no es un factor que justifique su lesión irreversible o grave.7 En suma, el Más Alto Tribunal del País ha considerado que de la prohibición prevista en el artículo 17 constitucional en el sentido de que "ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho", y de la exigencia constitucional a la administración de justicia "pronta, completa e imparcial", deriva el derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende, como una de sus manifestaciones, el derecho a un sistema de medidas cautelares apto para la adecuada y oportuna protección de los intereses jurídicos controvertidos, tomando en cuenta que sólo a través de ellas se evita que la demora en la substanciación del juicio de amparo hasta el dictado de la sentencia consume las violaciones alegadas de manera irreparable, y se impida, consecuentemente, que resulte inútil el proceso principal instituido para la defensa y eficacia de los derechos defendidos. Sobre esa relevancia constitucional será interpretado el sistema de medidas cautelares previsto en la Ley de Amparo a efecto de proveer sobre la suspensión solicitada. Presupuestos procesales para la válida paralización de los actos reclamados. Análisis del caso concreto. La interpretación sistemática de los artículos 125 a 158 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107 constitucional, fracción X, permite arribar a la conclusión de que fuera de los casos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo,9 la válida paralización de los actos reclamados en el juicio de amparo se encuentra condicionada a la configuración de cinco presupuestos jurídicos: i) Solicitud de parte (salvo suspensión de oficio); ii) Interés suspensional; iii) Certeza de los actos reclamados; iv) Existencia de materia para la suspensión (análisis de la naturaleza de los actos reclamados); v) Análisis simultáneo de peligro en la demora, apariencia del buen derecho, orden público e interés social. Es preciso mencionar que la ausencia de cualquiera de tales condiciones amerita negar el otorgamiento de la medida cautelar. i) Solicitud de la suspensión (artículo 128, fracción I de la Ley de Amparo), salvo los supuestos de los artículos 126 (violaciones graves) y 127 (extradición y violaciones irreparables).10 La parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados, mismos que en esencia consisten en: La determinación de nueve de enero de dos mil veintitrés, emitida por el Juez Séptimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, en el juicio de origen *, de su índice y sus consecuencias, es decir, el pretendido arresto administrativo decretado por treinta y seis horas en contra del aquí quejoso, así como, la determinación de dejar a la menor quejosa *, a disposición de la aquí tercera interesada * (madre de la infante) durante el lapso que dure al arresto en comento. Además, solicita la suspensión de los actos reclamados. Por tanto, se tiene por cumplido el primer presupuesto jurídico para el otorgamiento de la medida cautelar. ii) Interés suspensional (artículos 131 y 139 Ley de Amparo).11 De conformidad con la Ley de Amparo, sólo se concederá la medida cautelar cuando la parte quejosa acredite el interés jurídico o legítimo que justifique su otorgamiento, es decir, cuando el acto reclamado, sus efectos o consecuencias, causen daños de imposible o difícil reparación en la esfera jurídica del quejoso. Por ende, para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional solicitada, este órgano jurisdiccional atiende a las manifestaciones de la parte quejosa, formuladas bajo protesta de decir verdad, así como a las documentales exhibidas en el juicio de amparo del cual deriva este incidente; siendo éstos los únicos elementos con los que se cuenta para resolver sobre la solicitud de la medida cautelar. Así, para obtener la suspensión, se debe acreditar de manera directa e inmediata, aún de manera indiciaria, que cuentan con interés para la obtención de la medida cautelar; por lo que se traduce que con la medida cautelar no se pueden constituir derechos que no se tenían antes de la presentación de la demanda. Tiene aplicación al respecto la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito12, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR SU INTERÉS JURÍDICO. El promovente del amparo, al solicitar la suspensión provisional del acto reclamado, está obligado a demostrar aun en forma presuntiva su interés jurídico, cuando dada la naturaleza del acto en contra de la cual se pide, no pueda desprenderse del texto de la propia demanda tal presunción y así dejar satisfechos todos los requisitos que exige el artículo 124 de la Ley de amparo, por lo que no es el caso, de que a pesar de la falta de prueba, que demuestre siquiera en forma presuntiva el interés jurídico, debe concederse la suspensión provisional y dejar al quejoso expedito su derecho para que lo demuestre hasta la audiencia incidental, donde debe resolverse sobre la procedencia de la definitiva, pues esto solamente podría darse, cuando se hubiere concedido la provisional y dentro del trámite del incidente, se impugnará el derecho del peticionario de garantías, alegando que no tiene interés jurídico para pedir la medida cautelar". Por lo que la parte quejosa sí acredita el interés suspensional, pues de las documentales que acompañó a su escrito aclaratorio se advierte que *, es el ascendiente paterno de la menor de edad *, y es parte actora en el juicio *, del índice del Juzgado Séptimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco con residencia en Zapopan, Jalisco. Constancias que tienen valor indiciario, además, su contenido se concatena con las manifestaciones que, bajo protesta de decir verdad, aduce el abogado patrono del quejoso en su demanda, mismas que, producen certeza para los efectos de resolver acerca de la suspensión provisional. Es aplicable la jurisprudencia por contradicción número 5, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doce del Tomo LXVIII, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del rubro siguiente: "SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO.". iii) Certeza de los actos reclamados. Desde una perspectiva lógica, el suscrito interpreta que la inexistencia de los actos reclamados produce que las medidas cautelares deban, en consecuencia, negarse ante la ausencia de materia para que produzcan efectos. Luego, para resolver sobre la suspensión provisional se debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Por ende, para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional solicitada este órgano jurisdiccional atiende a las manifestaciones de quienes se ostentan como abogados patronos de la parte quejosa formuladas en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, así como las documentales que acompañaron; pues son los únicos elementos con que se cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar. Sirve de fundamento a lo anterior, por analogía la tesis de jurisprudencia 2a./J. 5/93, del siguiente rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO".13 Por tanto, se tiene por acreditado el tercer presupuesto jurídico necesario para otorgar la medida cautelar, en los términos expuestos en este apartado. iv) Valoración de la existencia de materia para la concesión de la medida cautelar. Análisis de la naturaleza de los actos reclamados (artículos 131 y 147 Ley de Amparo).14 Los actos reclamados, sus efectos o consecuencias, deberán ser paralizables y no haberse consumado irreparablemente en lo jurídico y material; o bien, aquéllos deberán, en el momento de resolverse la suspensión, contener efectos vigentes que perjudiquen a la parte quejosa en forma actual y presente, de manera que las violaciones permanezcan vivas y exista materia para la medida cautelar. Por tanto, el acto por el que se solicita la suspensión provisional, es susceptible de ser suspendido, por ende, existe materia para proveer sobre la medida cautelar. Así, se tiene por acreditado el cuarto presupuesto jurídico necesario para otorgar la suspensión, en los términos expuestos en este apartado. v) Análisis simultáneo de peligro en la demora, apariencia de buen derecho, orden público e interés social. El Máximo Tribunal del País ha considerado15 que pese a que la mayor parte de la actuación pública y de las leyes emitidas por el Congreso persiguen fines de carácter público y social, la eficacia de los derechos fundamentales defendidos frente a ese tipo de actos impone al juez de amparo realizar un juicio de ponderación y de equilibrio de los intereses fundamentales involucrados, al resolver los asuntos sobre medidas cautelares en dicho proceso. De ahí la importancia de realizar una ponderación de todos los intereses en conflicto al resolver los asuntos sobre medidas cautelares, destacado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Contradicción de Tesis 115/2003-SS,16 de la siguiente manera: "(.) Es decir, aun cuando se reclame un acto cuyo fundamento es una ley de orden público, para decidir sobre la suspensión el juzgador debe examinar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, debido a que no basta la sola circunstancia de que se pida la paralización de los efectos del acto fundamentado en un ordenamiento de orden público para negar la suspensión bajo el argumento del carácter de éste y de que responde al interés general, ya que todas las leyes (en sentido amplio) participan en mayor o menor medida de esas características, sino que resulta imprescindible, incluso para la conservación de la materia del juicio, analizar los diversos grados de afectación al interés social y al orden público, la distinta naturaleza del objeto específico de los ordenamientos y la causación al quejoso de daños y perjuicios de difícil reparación ()". En esos términos, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País apuntó que son los Jueces de Distrito y Tribunales de Circuito a los que les corresponde realizar la ponderación de los intereses en conflicto en los casos relativos a medidas cautelares, debido a que tienen acceso directo e inmediato al material probatorio del asunto concreto. En ese orden, los siguientes elementos: i) peligro en la demora, ii) apariencia del buen derecho; iii) orden público; y iv) interés social, serán analizados simultáneamente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida."17 Ahora bien, en el caso concreto, la parte quejosa reclama el acuerdo de nueve de enero de dos mil veintitrés, emitida por el Juez Séptimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, en el juicio de origen *, de su índice y sus consecuencias, es decir, el pretendido arresto administrativo decretado por treinta y seis horas en contra del aquí quejoso, así como la determinación asumida en dicho auto de dejar a la menor quejosa *, a disposición de la aquí tercera interesada * (madre de la infante) durante el lapso que dure al arresto en comento. Y solicita la suspensión de los actos reclamados en los siguientes términos: "solicito se me (sic) no s conceda LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL y en su oportunidad la definitiva de los actos reclamados" Precisado lo anterior, en el acuerdo reclamado de nueve de enero de dos mil veintitrés, según refiere el quejoso, se ordenó girar oficio al Director de Seguridad Pública de Guadalajara, Jalisco, a fin de que procediera con el arresto administrativo decretado en auto de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, determinando que únicamente durante el periodo que dure dicho arresto, deberá quedar la menor * bajo el cuidado de su madre * (tercera interesada), pues la custodia de la menor la tiene (por lo menos desde esa data, dado que no se tienes mayores datos) el aquí quejoso *. Este juzgador advierte a foja ocho de la demanda de amparo, la imagen que insertó el abogado patrono del quejoso, de la que se desprende que en el juicio de origen aparentemente existió un procedimiento previo de investigación (estudio de campo de los parientes consanguíneos) para determinar quién de los familiares del infante es apto para cuidar y proteger a la menor durante el lapso de treinta y seis horas que pudiese durar el arresto administrativo decretado al aquí quejoso, sin que la autoridad requerida (Trabajadora Social de la Dirección de Trabajo Social de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco), se hubiese pronunciado al respecto, decisión que, refiere el quejoso, atenta contra sus derechos humanos y los de la menor custodiada por él. Ahora bien, no obstante que de autos no se desprenda que el quejoso haya manifestado el motivo específico por el cual se decretó en su contra la medida de arresto administrativo, es dable colegir de su narración de antecedentes del acto reclamado que fue por no cumplir con su obligación del régimen de visitas de modalidad supervisada a entrega y recepción en el Centro de Convivencias DIF. . Sin embargo, aun considerando que esa fue la razón, la medida impuesta no es la idónea, pues se afectaría la libertad personal del quejoso, lo cual redundaría en afectar a la menor de edad que está bajo su guarda y custodia, pues por breve que sea el tiempo del arresto administrativo, se le dejaría en protección y cuidado durante ese lapso de diversa persona, respecto de la cual no se ha determinado, según lo manifestado en autos, que sea la mejor opción para ello. Sirve de apoyo a lo anterio, por lo ilustrativo de su contenido, el criterio de rubro y texto siguientes: "GUARDA Y CUSTODIA. EL APERCIBIMIENTO DE REALIZAR SU MODIFICACIÓN ES LA MEDIDA DE APREMIO IDÓNEA PARA HACER CUMPLIR AL PROGENITOR CUSTODIO EL RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS ENTRE EL HIJO O HIJA MENOR DE EDAD CON SU DIVERSO PROGENITOR, LO QUE EXCLUYE LA MULTA O EL ARRESTO. Hechos: En la sentencia emitida en un juicio de divorcio incausado, el Juez familiar determinó que la guarda y custodia de la hija menor de edad procreada entre los contendientes, continuara a cargo de la madre, estableciendo un régimen de convivencias entre la niña y su progenitor; por tanto, se conminó a ambos padres, principalmente a la progenitora custodia, a que cumplieran con el régimen impuesto, de lo contrario, en aras de proteger el interés superior de la menor de edad, se tomarían las medidas que se estimaran conducentes, inclusive, modificar el ejercicio de la guarda y custodia para poner a la menor de edad al cuidado del progenitor no custodio, o bien, de otra persona, como podrían ser los abuelos maternos o paternos, pues consideró esta medida como la idónea para garantizar ese derecho; recurrida dicha sentencia por la madre custodia, la Sala determinó que el apercibimiento establecido por el Juez de primera instancia, por sí mismo, no le deparaba agravio alguno, sobre todo si realiza todos los actos que le corresponden para garantizar ese derecho de su menor hija. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que para hacer cumplir el régimen de convivencia familiar entre el hijo o hija menor de edad con uno de sus progenitores, el apercibimiento al progenitor custodio en el sentido que, de no permitir dicha convivencia, la guarda y custodia podrá ser modificada y otorgarla al otro progenitor, es la medida de apremio idónea para garantizar ese derecho de la niña, lo que excluye la multa o el arresto. Justificación: Lo anterior, porque el apercibimiento indicado, al no consistir en una sanción automática, sino en un mecanismo extremo tendente a garantizar el derecho de convivencia del infante con ambos progenitores, implica que el cambio únicamente tendrá lugar si existen diversos requerimientos, apercibimientos y órdenes, sin que el progenitor custodio permita se realicen las convivencias. Por tanto, no es idónea la imposición de una multa o el arresto, pues de llegarse a decretar la primera se afectaría gravemente el patrimonio del progenitor custodio y, con el segundo, su libertad personal, lo cual redundaría en afectar a la menor de edad que está bajo su guarda y custodia, pues por breve que sea el tiempo del arresto administrativo, se le dejaría sin protección y cuidado durante ese lapso o quedaría resguardada en una institución social o con familiares trasladándola fuera del lugar de su residencia y del entorno habitual en el que se desenvuelve, con la conducente afectación que ello conlleva.19 " En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 128, 129 y 131 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, para el efecto de que: Sin paralizar el procedimiento de origen, no se ejecute la determinación de nueve de enero de dos mil veintitrés, emitida por el Juez Séptimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, en el juicio de origen *, de su índice , y por consecuencia, no se lleve a cabo el arresto administrativo en contra del aquí quejoso, por ende, tampoco se deje, por ese motivo, a disposición de la tercera aquí tercera interesada a la menor quejosa *, si es que lo anterior a la fecha no ha ocurrido; en el entendido de que dicha medida no tiene efectos restitutorios. En el entendido de que el Juez responsable, bajo su más estricta responsabilidad, deberá velar para que no se coloque a la menor en comento en alguna situación de riesgo para su salud o vida, así como para que se preserve el estado de salud emocional y psicológico de la menor *. Asimismo, la autoridad responsable deberá informar el cumplimiento dado a lo anterior dentro de las veinticuatro horas siguientes a que surta efectos la notificación de la presente resolución. Apercibida que de no hacerlo informar el impedimento que tengan para ello se les impondrá una multa equivalente a CIEN unidades de medida y actualización, prevista en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo establecido en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional). En otro orden, es preciso enfatizar que en caso de que los actos reclamados obedezcan a antecedentes diversos a los narrados en la demanda de amparo, si los mismos provienen de autoridades distintas a las señaladas como responsables, la suspensión provisional no surtirá efectos legales, tampoco si fueron dictados en cumplimiento de alguna determinación de amparo o medida cautelar. Todo lo anterior tendrá vigencia hasta el momento en que se resuelva en definitiva la presente incidencia. Requisito de efectividad. Dada la naturaleza del acto reclamado, por el momento no procede fijar garantía para la medida cautelar concedida de manera provisional, además de que se trata de una menor de edad. Orienta lo anterior, por sus consideraciones, los criterios siguientes: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo."20 "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz."21 "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS. Resulta ya un lugar común señalar que la configuración del interés superior del menor, como concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. Así, a juicio de esta Primera Sala, es necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente, en qué consiste el interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto en los casos correspondientes. Es posible señalar que todo concepto indeterminado cabe estructurarlo en varias zonas. Una primera zona de certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima. Una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos hallamos fuera del concepto indeterminado. En tercer y último lugar la denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias decisiones. En la zona intermedia, para determinar cuál es el interés del menor y obtener un juicio de valor, es necesario precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta zona podemos observar cómo el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter general para todos los hijos, pues éste varía en función de las circunstancias personales y familiares. Además, dicha zona se amplía cuando pasamos -en la indeterminación del concepto- del plano jurídico al cultural. Por lo anterior, es claro que el derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor para cada supuesto de hecho planteado. Son los tribunales quienes han de determinarlo moviéndose en esa "zona intermedia", haciendo uso de valores o criterios racionales. En este sentido, es posible señalar como criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, los siguientes: a) se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4o. constitucional".22 Autorizados y domicilio. En atención a la certificación de cuenta, de conformidad con los artículos 12, 24 y 27 de la Ley de Amparo, se tiene al quejoso designando como autorizado en términos amplios a los señalados en su escrito inicial dado que sí se encuentran registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, asimismo, se tiene a las demás personas que menciona como autorizados en términos restringidos, por así haberlo solicitado, por otra parte, se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el señalado en el escrito inicial. En el entendido de que si la parte quejosa solicitó que las notificaciones personales se efectúen electrónicamente, aquellas se diligenciarán por ese medio, siempre y cuando el usuario proporcionado se encuentre registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y pertenezca a las personas que en términos de los artículos 5, 9, 12 y 24 de la Ley de Amparo, se encuentren legitimados para intervenir electrónicamente en el juicio. Proporciona correo electrónico y número telefónico. Por otro lado, se tiene a la parte quejosa señalando correo electrónico y número telefónico a través del cual se puedan entablar comunicaciones no procesales Habilitación de días y horas. Ahora, para el adecuado despacho de los asuntos, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto; ello, de conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Devolución de documentos. De ser el caso de que así lo soliciten las partes, se les anticipa que no se devolverán los documentos exhibidos y que con posterioridad alleguen las partes en original o copia certificada, en virtud de que los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, establecen que los documentos pueden ser objetados por las partes, y que estos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, mientras no se haya resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hayan formulado, o bien, mientras el juicio de amparo no haya sido resuelto definitivamente. Sin embargo, se hace de su conocimiento que tienen expedito el derecho para solicitar copias certificadas de las documentales exhibidas o, en su caso, una vez que haya causado ejecutoria este asunto soliciten la devolución de los documentos mediante nueva promoción. Es aplicable la jurisprudencia de rubro: "DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN PUEDE FORMULARSE ANTES O EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL".23 Consulta vía internet del expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán consultar este expediente vía electrónica, previo trámite que al efecto realicen en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, para otorgar la autorización y/o el acceso al sistema de consulta electrónico, las partes y/o su representante legal deberá solicitarlo por escrito y por única ocasión en el expediente principal. Al respecto, atento a lo que solicita la parte promovente, se autoriza al usuario "*", para que pueda consultar el expediente electrónico. Integración del expediente electrónico. Hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte del expediente electrónico las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos y los documentos anexos a los informes justificados que no resulten necesarios para sustentar una determinación judicial; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales, a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, o bien, si se procede a su digitalización, no serán visibles para la parte respectiva; tampoco formarán parte las constancias que por imposibilidad material no se puedan digitalizar; asimismo, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, no serán digitalizados los documentos, públicos o privados, ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstas en el expediente impreso, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, y toda información relacionada, con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo y en cuanto a los actuarios, deberán digitalizar todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, así como los acuses de los oficios que se giren, debiendo el secretario cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad, con las salvedades señaladas en el párrafo que antecede. Aplicaciones del sistema electrónico. Con fundamento en el artículo 263, fracción II, del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia, por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo", este Juzgado de Distrito adopta, como eje rector de su actividad, la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por lo que se exhorta a las partes para que, en la medida de lo posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Expedición de copia simple o certificada. En obvio de mayores dilaciones procesales y a efecto de agilizar el procedimiento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, se ordena la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin que sea necesario que medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues solo a éstas les serán entregadas. Reproducción electrónica de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, verbigracia, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. Es aplicable, en lo conducente, la Tesis I.3o.C.725 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". Información reservada o confidencial. En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que en términos de los numerales 1, 9 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. En el entendido de que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011 emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, de rubro: DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. Notifíquese por lista al agente del Ministerio Público de la adscripción, por oficio a la(s) autoridad(es) responsable(s), personalmente a la parte tercera interesada y vía electrónica a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 9,286 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano