Elizabeth Arenas Vergara
Expediente 275/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 275/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Elizabeth Arenas Vergara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio; por tanto, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución que SOBRESEE el juicio de amparo, ha causado ejecutoria. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.IS.E.). Ahora bien, toda vez que el presente juicio se encuentra definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la citada ley ARCHÍVESE el mismo. Por otra parte, de las constancias de autos se advierte que el presente expediente carece de relevancia documental de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio, sin que se advierta del mismo, documento alguno en original exhibido por la partes; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo y Vigésimo Primero, supuestos II, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 275/2018; promovido por Elizabeth Arenas Vergara, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Por escrito recibido el nueve de marzo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, y remitido el mismo día a este Juzgado Séptimo, Elizabeth Arenas Vergara, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridad que a continuación se precisan: "AUTORIDAD RESPONSABLE Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. ACTO RECLAMADO "PRIMERO. La (sic) OMISIÓN DE SEÑALAR HORA Y FECHA PARA LA DILIGENCIA DE REQUERIMIENTO DE PAGO DEL JUICIO LABORAL 721/2009; NO OBSTANTE VARIAS PROMOCIONES DE MI APODERADO LEGAL FRANCISCO JAVIER MESINO NUÑEZ. SEGUNDO. LA OMISIÓN DE ACTUALIZAR LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE LAS PRESTACIONES CONDENADAS EN EL LAUDO LABORAL DICTADO EN EL JUICIO PRIMARIO, NO OBSTANTE VARIAS PETICIONES HECHOS POR EL CITADO APODERADO LEGAL. TERCERO. LA OMISIÓN DE DICTAR Y EJECUTAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS Y CONDUCENTES PARA EL PAGO EXACTO, TOTAL Y CABAL; Y PRONTO Y EXPEDITO DEL LAUDO DICTADO EN EL JUICIO LABORAL 721/2009, SE ARGUMENTGA ESTO PORQUE NO OBSTANTE QUE DICTÓ AUTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, AUN NO LO MATERIALIZAN, conforme a los artículos 94 al 98 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la ley de la materia; dicha omisión y negativa viola flagrantemente, mis GARANTÍAS DE SEGURIDAD JURÍDICA, PRINCIPIO DE LEGALIDAD y DE DERECHO A UNA JUSTICIA PRONTA y EXPEDITA, que se consagran en los preceptos 14, 16 y 17respectivamente de nuestra Carta Magna. CABE SEÑALAR QUE EL ACTO INCONSTITUCIONAL ES DE TRACTO SUCESIVO, ES DECIR, NOS CAUSA PERJUICIOS DE MOMENTO A MOMENTO, YA QUE SUBSISTE Y SE PROLONGA EN EL TIEMPO Y SOLAMENTE VA DEJAR DE CAUSARNOS TRANSGRESIÓN A MIS GARANTÍAS, HASTA EN TANTO SE OBLIGUE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE A ACTUAR DE MODO QUE RESPETE MIS GARANTÍAS CONCULCADAS QUE SEÑALAMOS MÁS ADELANTE. ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO, PORQUE HAY UNA MANIFIESTA E INDUDABLE, DILACIÓN PROCESAL POR PARTE DE LA RESPONSABLE. ES APLICABLE LA TESIS JURISPRUDENCIA SIGUIENTE: .". Actos que la parte quejosa considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Mediante acuerdo de doce de marzo de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo, misma que quedó registrada en el libro de gobierno correspondiente como juicio de amparo indirecto 275/2018; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, quien formuló alegatos respectivos mediante pedimento ministerial el veintitrés de abril de dos mil dieciocho; se ordenó emplazar al tercero interesado y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización de la materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince; lo anterior en virtud de que en el presente asunto se reclama un acto de carácter omisivo, atribuido a una autoridad con residencia en el territorio en que este Órgano de Control Constitucional, ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la Litis. Previo a abordar lo relativo a la certeza de los actos reclamados, y por razón de técnica jurídica, con el fin de cumplir con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo a determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de amparo, a efecto de conocer la verdadera intención de la parte quejosa al promover este juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página treinta y dos, tomo XI, correspondiente a abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Es preciso destacar que la identificación de los actos reclamados, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención de la parte quejosa, analizando los anexos y la información allegada en esa etapa inicial. De ahí que, del análisis de la demanda de amparo, se advierte de manera categórica que la parte quejosa se duele de: La omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, en dictar todas las medidas necesarias y conducentes para lograr el exacto y total ejecución del laudo dictado en el juicio natural 721/2009. La omisión de la autoridad señalada como responsable en actualizar la planilla de liquidación respecto de las prestaciones condenadas en el laudo dictado en el juicio natural 721/2009. La omisión del tribunal obrero en señalar fecha y hora para efectuar el requerimiento de pago respecto del laudo dictado en el juicio natural 721/2009. TERCERO. Por razón de método debe en principio analizarse si en realidad los actos reclamados existen, es decir, resolver respecto de su certeza; lo anterior, porque de no existir los actos combatidos resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia o, en su caso del propio estudio de fondo del acto reclamado; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia del amparo o de la materia de fondo sometida a la consideración implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que el juicio de amparo sea procedente. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de texto y rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." En esa tesitura, se tiene, que el acto reclamado identificado con el inciso 1), consistente en la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, en dictar todas las medidas necesarias y conducentes para lograr el exacto y total ejecución del laudo dictado en el juicio natural 721/2009, resulta inexistente, en términos del artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo, como enseguida se explica. Ello es así, toda vez que, medularmente refiere la parte inconforme, que la autoridad responsable ha sido omisa en dictar y ejecutar todas las medidas necesarias y conducentes para lograr el pago exacto, total y cabal, del laudo dictado en el juicio de origen, es decir materializar la ejecución del mismo de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia, contraviniendo con dicho actuar sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Carta Magna. Empero, la omisión atribuida a la responsable se trata de actos futuros e inciertos, ya que se desconoce si los mismos van a ser emitidos o no por la responsable, dado que no se trata de actos de realización inminente, al estar supeditadas a las diversas etapas del procedimiento de ejecución. Ello es así, toda vez que el juicio de amparo es procedente contra actos actuales y ciertos, positivos o negativos, esto es, que ya se han llevado a cabo, en virtud de que ese medio de control de los actos de la autoridad no tienen efectos preventivos o especulativos, sino de reparación, lo cual excluye su viabilidad respecto de actos futuros, en la inteligencia de que este concepto no debe entenderse referido exclusivamente y en forma aislada a aquellos actos que en un momento y tiempo específicos aún no se han realizado, sino que debe verse en función de su indeterminación, incertidumbre, probabilidad o posibilidad de que se produzcan. Estos elementos permiten diferenciar a los actos futuros de los inminentes, es decir, los que aun cuando no se han materializado, se tiene la certeza de que se producirán. Lo anterior, de conformidad con la tesis aislada emitida por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: "ACTOS FUTUROS.- Los actos futuros contra los cuales es improcedente el amparo, son aquellos que tienen el carácter de futuros e inciertos; pero si se tiene la certeza de que se ejecutarán, el amparo procede contra ellos, en los términos de la ley." Consecuentemente, el elemento que permite diferenciar los actos futuros respecto de los inminentes es la certeza de su realización, lo que en la especie no acontece, toda vez que el acto reclamado por la parte quejosa es genérico, pues no precisa de manera concreta la omisión, acto o resolución de la etapa ejecutiva que estima le causa agravio, sino que menciona actos futuros e inciertos, limitándose únicamente a expresar que la responsable omite dictar y ejecutar todas las medidas necesarias para lograr la efectiva ejecución del laudo dictado en el natural. Aunado, a que no debe perderse de vista que las actuaciones en los juicios laborales, relativo a la ejecución forzosa del laudo, están sujetas a la previa solicitud de impulso del ejecutante, pues el artículo 98 de la Ley número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, establece que cuando se pida la ejecución del laudo, el Tribunal laboral debe despachar auto de ejecución y comisionar al actuario para que junto con el ejecutante, se constituya en el domicilio del demandado, y la requiera que cumpla la resolución; numeral que es de la literalidad siguiente: "Artículo 98.- Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución apercibiéndola de que, de no hacerlo, se procederá a lo dispuesto en los artículos anteriores." Y si bien es cierto que el diverso artículo 97 de la ley antes mencionada, dispone que el órgano laboral está obligado a promover la eficaz e inmediata ejecución de laudos, y dictar para tal efecto todas las medidas necesarias, que a su juicio sean procedentes, ello no implica que deba actuar de oficio, pues en los procedimientos de ejecución deben realizarse diversos actos para culminar con su cumplimiento. De ahí, que no solo corresponda a los ejecutantes la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, sino que también, se encuentran obligados a intervenir en la prosecución de ese procedimiento hasta su conclusión, al resultar necesaria su asociación con el Actuario comisionado por el Tribunal burocrático, cuantas veces sean necesarias, a efecto de requerir el cumplimiento del laudo. Además de que, de estimar lo contrario, implicaría desconocer la figura de la prescripción contenida en el artículo 74, fracción III, de la Ley Numero 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, que dice: "ARTÍCULO 74.- Prescriben en dos años: (.) III.- Las acciones para ejecutar las resoluciones del Tribunal de Arbitraje desde que sea ejecutable su resolución. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo II, página 845, siguiente: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO BUROCRÁTICO. CORRESPONDE AL EJECUTANTE SU INICIO Y PROSECUCIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. El citado numeral de la Ley Federal Burocrática, dispone que cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, requiera a la demandada el cumplimiento de la resolución, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa hasta por mil pesos, en términos del artículo 148 del referido ordenamiento laboral; de ahí que no sólo corresponda a la ejecutante la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, sino que también, se encuentra obligada a intervenir en la prosecución de ese procedimiento hasta su conclusión, al resultar necesaria su asociación con el Actuario comisionado por el Tribunal burocrático, cuantas veces sean necesarias, a efecto de requerir el cumplimiento del laudo. Además de que estimar lo contrario, implicaría desconocer la figura de la prescripción contenida en el numeral 114, fracción III, de la referida ley, que establece que prescriben en dos años las acciones para ejecutar las resoluciones del tribunal, y si bien es cierto que en términos del artículo 150 de la ley burocrática, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la inmediata y eficaz ejecución de sus laudos, también es verdad que esa obligación es correlativa con la parte interesada en el sentido de que ésta tiene a su vez la obligación de manifestar su voluntad de continuar con la acción de ejecución ejercida, lo cual debe realizar dentro del término de dos años, ya que de no hacerlo, su falta de interés daría lugar, en su caso, a que opere la prescripción de la acción para ejecutar el laudo, pues razonar en sentido contrario implicaría que dicha ejecución se tornara indefinida, lo que contravendría el principio de certeza jurídica que prevé el artículo 14 constitucional." De ahí que, el acto reclamado resulte inexistente, y como consecuencia que se sobresea en el juicio en términos del artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable la Jurisprudencia emitida en Pleno en Materia de Trabajo por el Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, septiembre 2015 Tomo II, página 844, siguiente: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante." De igual manera, los actos reclamados identificados en el segundo considerando con los incisos 2) y 3), consistentes en la omisión de la autoridad señalada como responsable en actualizar la planilla de liquidación respecto de las prestaciones condenadas en el laudo dictado en el juicio natural 721/2009; así como la omisión del tribunal obrero en señalar fecha y hora para efectuar el requerimiento de pago respecto del laudo dictado en el juicio natural 721/2009, deviene inexistente, en términos del artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que la autoridad responsable al rendir su informe con justificación no aceptó la certeza del mismo, como enseguida se explica. En esa línea de pensamiento, no es cierto el acto reclamado a del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, toda vez de que al rendir su informe con justificación, negó el acto que se le atribuye, circunstancia que se corrobora de las copias certificadas del expediente natural que envió en justificación a su informe; documentales a las que se concede valor probatorio pleno acorde con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. Sustenta a lo anterior la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno del más Alto Tribunal de Justicia en el país, que aparece publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, del rubro y contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En efecto, del análisis integral a las constancias allegadas por la autoridad responsable se aprecia que el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, emitió acuerdo dentro del expediente natural, en el que atendió a las peticiones hechas por la parte trabajadora y su apoderado legal, y esencialmente actualizó el auto de ejecución respecto de la trabajadora Elizabeth Arenas Vergara, -aquí quejosa-, de igual forma señaló fecha y hora para que el actuario de su adscripción en compañía de la parte trabajadora se constituya ante la demandada y se efectué la reinstalación laboral, así como para que la demandada -aquí tercero interesado- exhiba el pago a la trabajadora en comento por la cantidad de $649,762.76 (seiscientos cuarenta y nueve mil setecientos sesenta y dos pesos 76/100 moneda nacional), apercibida que de no dar cumplimiento se hará acreedora a una multa consistente en doscientos días de salario mínimo; circunstancia que se corrobora de autos a fojas treinta y tres y treinta y cuatro allegadas en el informe justificado rendido por el tribunal laboral aludido. En esas circunstancias, y dado que Elizabeth Arenas Vergara, promovió por propio derecho, demanda de amparo el nueve de marzo de dos mil dieciocho, en el cual señaló como acto reclamado la omisión por parte de del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, la omisión de actualizar la planilla de liquidación, así como señalar fecha y hora para la diligencia de requerimiento de pago, ello dentro del juicio natural 721/2009; empero, de las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte que mediante acuerdo de treinta y uno de enero del año en curso, emitió acuerdo en el que emitió pronunciamiento respecto de las omisiones que atribuye la parte quejosa, es decir, entre otras cosas actualizó el auto de ejecución respecto de la trabajadora Elizabeth Arenas Vergara, -aquí quejosa-, de igual forma señaló fecha y hora para que el actuario de su adscripción en compañía de la parte trabajadora se constituya ante la demandada y se efectué la reinstalación laboral, así como para que la demandada -aquí tercero interesado- exhiba el pago a la trabajadora en comento por la cantidad de $649,762.76 (seiscientos cuarenta y nueve mil setecientos sesenta y dos pesos 76/100 moneda nacional), con los apercibimientos de ley. Es así, que de autos se aprecia que a la fecha en que se presentó el escrito que contiene la demanda de amparo, la omisión atribuida al tribunal responsable ya no existía. Resulta aplicable al caso, por identidad de razón de contenido, la Jurisprudencia 36/98, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." También apoya lo expuesto, el diverso criterio Jurisprudencial número 2a./J. 3/94, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En ese orden de ideas, al constar en autos que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, no existía la omisión reclamada en el presente juicio y que ha quedado identificada en el segundo considerativo de la presente sentencia con los incisos 2) y 3), esta Juzgadora estima que al momento de la presentación de la demanda de amparo, los actos omisivos atribuidos al tribunal obrero, eran inexistentes, y como consecuencia que se sobresea en el juicio en términos del artículo 63 fracción IV, de la Ley de amparo. De esta suerte, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por el impetrante de amparo, tal como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO SE PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Texto: "No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". CUARTO. Orden de publicación. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, en la publicación a que se refieren los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. La anterior circunstancia se hizo del conocimiento de las partes mediante auto de doce de marzo de dos mil dieciocho, mismo que fue notificado por lista de acuerdos el trece siguiente, como se constata de la foja once vuelta, de actuaciones. Por lo expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62, 63 fracción V, se, R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por Elizabeth Arenas Vergara, contra los actos y autoridad mencionados en el resultando primero y por las razones precisadas en el considerativo tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Se tiene a la parte quejosa de mérito implícitamente conforme con que se incluya su nombre y datos personales en la publicación de la presente determinación, en términos del último considerando. Notifíquese a todas las partes, por lista en los estrados de este órgano jurisdiccional en términos del artículo 26 fracción III de la Ley de Amparo, por tratarse de una sentencia dictada en audiencia constitucional, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E" y anótese en el libro de registro.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, toda vez que aún está transcurriendo el término de la vista que se dio a las partes en proveído de doce de abril del presente año, con las constancias que en vía de informe remitió el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. A fin de dar margen a que las partes tengan conocimiento del contenido de dichas constancias, con la anticipación de ocho días a que se refiere el numeral 117, párrafo segundo de la Ley de amparo, la celebración de la audiencia señalada para este día se difiere, y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISÉIS MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo. Por otra parte, visto el escrito presentado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele por formulados sus alegatos, sin perjuicio de ser relacionados en la etapa procesal oportuna y de tomarse en consideración en la audiencia constitucional. Finalmente, dígasele al Representante Social de la Federación, que toda vez que la expedición de copias en el presente juicio, fueron autorizadas en el auto de radicación, una vez que se emita la resolución o el auto correspondiente le será entregada copia de la misma al notificársele esta.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, téngasele rindiendo informe justificado; con su contenido y constancias que acompaña en apoyo al mismo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de su relación el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional.
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