Elizabeth Arae Palacios Rodríguez
Expediente 555/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 555/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 07/08/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Elizabeth Arae Palacios Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad de México, siete de agosto de dos mil veinte. Vista la constancia secretarial que antecede, se advierte que el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, determinó levantar la suspensión de plazos y términos procesales señalados en los diversos Acuerdos Generales 4/2020 y 6/2020 del propio Pleno; asimismo, levantar la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, y reanudar el trámite y resolución de aquellos expedientes que se hayan tramitado con anterioridad al inicio de la contingencia derivada del referido fenómeno. Atento a lo anterior, agréguese a los autos el oficio de cuenta firmado por el Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual expone que esa autoridad tiene conocimiento que mediante oficio ***, la Dirección General Jurídico Consultiva y de Implementación del Sistema de Justicia Penal, solicitó el Visto Bueno condicionado a la Dirección General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, por la cantidad de ***, correspondiente al concepto de diferencias de aguinaldo dos mil dieciocho, a favor de la parte quejosa. De lo anterior, este juzgado federal toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, visto el estado procesal y tomando en cuenta las constancias de autos específicamente el proveído de diecinueve de junio de este año, se advierte que el Subdirector de Amparos Administrativos, en suplencia del Oficial Mayor, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a través del oficio con número de correspondencia 6582, hizo del conocimiento de este juzgado federal que para continuar con los trámites tendentes al pago, era necesario que la Dirección General Jurídico Consultiva y de Implementación del Sistema de Justicia Penal, solicite a la Dirección General de Servicios Legales otorgue el "VISTO BUENO CONDICIONADO", tal como lo establecen los LINEAMIENTOS PARA OTORGAR EL VISTO BUENO PREVIO AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA CUBRIR LOS GASTOS POR CONCILIACIÓN DE JUICIOS EN TRÁMITE PROMOVIDOS EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO O POR LIQUIDACIONES DE LAUDOS EMITIDOS O SENTENCIAS DEFINITIVAS DICTADOS POR AUTORIDAD COMPETENTE FAVORABLE AL CAPITAL HUMANO AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EL AÑO DOS MIL VEINTE. REQUERIMIENTO En tal virtud, a efecto de continuar con el protocolo de ejecución de sentencia dictado mediante auto de nueve de agosto de dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la autoridad vinculada Directora General Jurídico Consultiva y de Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que dentro del término de QUINCE DÍAS, remita las constancias con las que acredite haber solicitado a la Dirección General de Servicios Legales otorgue el VISTO BUENO CONDICIONADO; o bien, para que dentro del mismo plazo, informen a esta juzgadora la razón objetiva y demostrable por la que no le es posible cumplir con ese requerimiento, acompañando en este caso las constancias que fehacientemente demuestre la verdad de su dicho. Asimismo, REQUIÉRASE al Coordinador General de Administración (antes Oficial Mayor), de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad ante mencionada, para dentro del mismo plazo, demuestre ante esta juzgadora haber ORDENADO y CONMINADO a ésta el cumplimiento de la etapa del protocolo de que se trata, o bien, para que igualmente, y dentro del mismo plazo, informe y demuestre la razón objetiva que se lo impide. Cabe señalar a propósito de lo anterior, que la emisión de oficios y su comunicación a éste órgano jurisdiccional no basta para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de sentencia a cargo de los superiores jerárquicos de las autoridades responsables y vinculadas al cumplimiento del fallo protector, sino que deben demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer para constreñir a la autoridad a que cumpla.1 APERCIBIMIENTOS SE APERCIBE a la autoridad responsable y a su superior jerárquico, que de no dar cumplimiento a los requerimientos que anteceden, mediante las actuaciones descritas o mediante el informe de imposibilidad de referencia, se les impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de unidades de medida y actualización.2 Lo anterior, sin perjuicio de que se remita el expediente en el que se actúa al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, en incidente de inejecución de sentencia, para que éste a su vez, en caso de considerarlo procedente, emita la resolución respectiva en relación con el incumplimiento de la ejecutoria de amparo y envíe los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, de su superior jerárquico y de las autoridades vinculadas; además de la consignación ante el Juez de Distrito que corresponda por los delitos relacionados con el incumplimiento de una sentencia de amparo. SEGUIMIENTO Hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional tramitará el presente procedimiento conforme al Protocolo de Ejecución de Sentencia descrito en auto de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, para lo cual realizará los requerimientos y apercibimientos correspondientes a cada una de las etapas que lo conforman. Asimismo, que analizará el estado de autos para determinar el cumplimiento de las etapas del Protocolo, y en general, del fallo protector, así como la conducta que asuman las autoridades responsables, sus superiores jerárquicos o en su caso, las autoridades vinculadas en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, cada vez que transcurra uno de los plazos que se otorgue a dichas autoridades para que lleven a cabo determinada actuación, o bien, cuando se presente un oficio en el que la autoridad afirme haber dado el cumplimiento requerido, ya sea al fallo protector en su totalidad o a la etapa del Protocolo en que se encuentre el procedimiento, y haya transcurrido el plazo en el que se dé vista a la quejosa con las constancias respectivas. Por lo tanto, se exhorta a las autoridades responsable y superior jerárquico, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, comiencen las demás gestiones necesarias para dar cumplimiento a la etapa del Protocolo de Ejecución establecido en el proveído antes citado, con el fin de dar celeridad al debido acatamiento de la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 17 constitucional. Lo anterior, en el entendido que, conforme al criterio del Pleno de nuestro más alto Tribunal,3 se considerará incumplimiento del fallo protector, el retraso en el cumplimiento de las distintas etapas del Protocolo mediante evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables, sus superiores jerárquicos o cualquiera que intervenga en el trámite de cumplimiento. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por el Secretario que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad de México, a veintisiete de julio de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal del presente juicio de amparo, se advierte que el presente asunto se ubica en el supuesto establecido en la ejecutoria emitida para resolver la Contradicción de Tesis 127/2020 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues el presente asunto la quejosa ***, por derecho propio, reclamó del Director del Hospital General de Zona Número 8 "San Ángel" del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades, los actos que hizo consistir en: La instrucción de continuar con las actividades laborales presenciales de enfermería general, asignada en específico al área de Atención de Pacientes con Covid-19. Sin tomar en consideración que se encuentra en el grupo de personas consideradas como vulnerables porque se encuentra en periodo de lactancia. En ese sentido, conviene tener presente que el análisis de la competencia es un presupuesto procesal cuyo estudio es de orden público y se puede realizar en cualquier momento del procedimiento, ya que su inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez cuya competencia no encuentra justificación. En ese tenor, vista la certificación de cuenta de la que se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de ocho de julio pasado resolvió la contradicción de tesis 127/2020 entre las sustentadas por el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Decimosegundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y al respecto en la Contradicción de mérito de manera sustancial, entre otras cuestiones determinó en lo que aquí importa que: Si bien era cierto se emitieron diversos Acuerdos que establecen las medidas preventivas que deben implementarse para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), los cuales derivaron de autoridades de carácter administrativo, en ejercicio de las facultades que tienen en materia de salud pública, también lo era, que aquéllas también tienen un impacto en el mundo del trabajo, derivado de lo cual se instruyó a los empleadores, en un primer momento, a evitar la asistencia a los lugares de trabajo a aquellas personas con mayor riesgo de enfermar gravemente a causa del COVID-19 y, posteriormente, ordenando la suspensión total de las actividades que no fueran esenciales para hacer frente a la emergencia sanitaria. Las medidas implementadas para reducir los riesgos de contagio de la enfermedad por coronavirus COVID-19 derivan de una política de salud pública dirigida a enfrentar la situación de emergencia que se vive, lo cierto es que su aplicación se ubica, de manera importante, en el ámbito laboral al tener como consecuencia la adaptación de las condiciones de los trabajadores, a efecto de reducir su exposición a dicha enfermedad. Las referidas medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARSCoV2 tienen naturaleza laboral, cuando su aplicación esté dirigida a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en sus centros de trabajo. Lo anterior derivó en la jurisprudencia que está pendiente de publicación de rubro siguiente: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE APLICAR A FAVOR DE UN TRABAJADOR LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA MITIGAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS PARA LA SALUD ORIGINADOS POR EL VIRUS SARS-CoV2 EN LOS CENTROS DE TRABAJO. CORRESPONDE A UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO. En ese sentido, si bien la jurisprudencia cuyo rubro se cita aún no está publicada y por tal motivo no es una obligación para esta juzgadora atenderlo, esa determinación es un criterio orientador que evidentemente debe observarse. Es aplicable a lo anterior por las razones que sustenta la tesis emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: SENTENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. PUEDEN FUNDAR UNA SENTENCIA DE APELACION. No es exacto que una tesis aislada de este Alto Tribunal, no pueda fundar una sentencia de apelación, puesto que no existe disposición legal que prohíba a los tribunales orientar su criterio con los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando el caso que se juzga es análogo al que con anterioridad fue resuelto en un amparo. En ese orden de ideas, atendiendo a lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 127/2020 antes descrita, esta Juzgadora procede a verificar si cuenta con las facultades legales para ejercer su jurisdicción en el presente asunto, lo anterior en atención a lo establecido en la jurisprudencial P./J. 21/2009 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO QUE CARECE DE ELLA RESUELVE UN JUICIO DE AMPARO, TAL SITUACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. La competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez incompetente. Por otra parte, de la interpretación sistemática de los artículos 107, fracción V y 94, párrafo sexto, constitucionales, se infiere que la competencia especializada por razón de materia de los Juzgados de Distrito está elevada a rango constitucional. En congruencia con lo anterior, se concluye que aquella competencia es un presupuesto de validez del proceso cuya infracción por los citados órganos jurisdiccionales al resolver un juicio de amparo sin tener competencia por razón de materia, se traduce en el desconocimiento de la voluntad del Constituyente y, por ende, de la del legislador que la desarrolla, lo que ocasiona que se violen las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo en perjuicio de las partes, porque se les sujeta a la determinación proveniente de una autoridad que prorroga indebidamente su competencia y resuelve un juicio específico sin tener facultades para ello, afectando directamente los derechos sustantivos de aquéllas. En ese tenor, es conveniente tomar en cuenta la distinción que existe entre los conceptos de jurisdicción y competencia, entendiéndose por jurisdicción la potestad de con que cuentan los juzgadores para administrar justicia, mientras que la competencia se refiere a la facultad que tienen tales juzgadores para conocer de determinadas controversias. Así, para determinar cuáles son los asuntos que debe conocer un juzgador por razón de competencia, deben atenderse criterios como: a) Materia, la cual se establece en atención a la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio, esto es, las cuestiones jurídicas que constituyen el fondo de la materia en el proceso, de acuerdo con las diferentes ramas del derecho sustantivo; b) Territorio, es decir, el ámbito espacial de validez dentro del cual un juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional, el cual puede denominarse de diversas maneras como circuitos, distritos o partidos judiciales. c) Grado, el cual se refiere a la posibilidad de que la decisión sobre una controversia sea sometida a revisión por parte de un juzgador de mayor jerarquía, con el fin de que determine si dicha decisión fue dictada con apego o no a derecho y resuelva si debe o no confirmarse. Así, los criterios mencionados constituyen factores determinantes de la competencia de los órganos jurisdiccionales para conocer de las controversias relacionadas con una rama específica del derecho, dentro de un espacio territorial concreto, en una instancia determinada. Ahora, de acuerdo con el artículo 94, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , para determinar el régimen de distribución de competencias de los órganos jurisdiccionales de amparo, debe atenderse a las pautas que de manera expresa establezca la legislación ordinaria, específicamente la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la cual regula la especialización por materia de los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito. En particular, respecto a las materias administrativa y de trabajo, los artículos 52 y 55 de la ley mencionada6 detallan la competencia de los Juzgados de Distrito en tales materias, de donde se advierte que el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado, así como de la autoridad responsable. Los artículos a que se han hecho referencia son del tenor siguiente: Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo; III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; IV De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; y V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. VI. De las diferencias o conflictos de la materia laboral, en los términos de la fracción XX del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como se aprecia de los numerales transcritos, la competencia para conocer de un juicio de amparo, se surte a favor de un Juez de Distrito en Materia del Trabajo, entre otros supuestos, cuando se promueva contra actos de autoridad distinta de la judicial. De esa forma, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia P./J. 83/98 , de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES." determinó que para fijar la competencia por materia se debe atender a la naturaleza de la acción ejercida, sin analizar la relación jurídica existente entre las partes en litigio, en tanto que dicho tema pertenece al estudio de fondo del asunto. En ese mismo sentido, la Segunda Sala emitió la jurisprudencia 2ª/J. 24/2009, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS." , en la que se concluyó que para determinar la competencia por materia de los asuntos sometidos a los jueces de distrito, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado, ya que éste es precisamente el elemento que define la acción constitucional, sin que ello implique el análisis de las expresiones alegadas en contra de aquél. Así, de acuerdo con lo expuesto, corresponde ahora analizar la naturaleza del acto reclamado en el presente sumario constitucional, en el que se advierte que la parte quejosa reclama la instrucción de continuar con las actividades laborales presenciales de enfermería general, asignada en específico al área de Atención de Pacientes con Covid-19; asimismo; de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad en el escrito inicial de demanda, se advierte que la peticionaria de amparo se desempeña de enfermera general, lo anterior, en virtud de que corre peligro su vida, al estar en riesgo inminente de contagio del virus COVID-19, así como la vida de su menor hija, ya que ésta última se encuentra en periodo de lactancia. Por tanto, tomando en consideración que el acto reclamado en este asunto es obligar a la quejosa atender pacientes infectados con el virus SARS-CoV2 (COVID-19), aun cuando no es especialista en enfermedades respiratorias y que cuenta con una hija menor de edad, asimismo, las omisiones de dotarlo del equipo de seguridad sanitaria e insumos adecuados, de dictar todas las medidas necesarias para prevenir y controlar el contagio entre el personal médico que atiende a pacientes contagiados como sospechosos y aquéllos que ya se encuentran contagiados, la de contratar el personal médico suficiente para atender la pandemia y la de realizarle al quejoso la prueba del virus SARS-CoV2 (COVID-19), dado que ha estado en constante contacto con el personal y pacientes infectados, acto que se encuentra dentro del supuesto resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta Juzgadora estima que carece de competencia legal por razón de materia para conocer del presente asunto. En ese contexto, se infiere que para resolver una cuestión competencial por razón de materia, se debe atender fundamentalmente a la naturaleza material del acto reclamado, prescindiendo de la calidad de la autoridad que lo haya emitido. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48, de la Ley de Amparo y 55, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado declara carecer de competencia legal por razón de materia para conocer del presente asunto, por lo que se ordena remitir este expediente, al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México en virtud que se encuentra de guardia, órgano jurisdiccional al cual se le solicita atentamente informe si acepta la competencia declinada en su favor. A efecto de dar cumplimiento a lo anterior, con la certificación respectiva de la Secretaria que las constancias que integran el presente sumario constitucional se encuentran debidamente integradas en el expediente electrónico, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese cuaderno de antecedentes, para los efectos legales procedentes; y, resulta innecesario señalar nueva fecha de audiencia. Consecuentemente, se deja sin efectos la fecha señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Tomando en consideración que las constancias del asunto de que se trata, se encuentran integradas en el expediente electrónico correspondiente; además de las medidas de uso racional por escasez de papel en la Administración de este edificio sede, fórmese cuaderno de antecedentes con la papeleta, la demanda que dio lugar al presente asunto, auto admisorio y el presente acuerdo. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por el Secretario que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad de México, a diez de julio de dos mil veinte. Agréguense los oficios firmados por la Jefa de la Oficina de Personal, por el Jefe de Enfermería y por el Director del Hospital General Zona con Unidad de Medicina Familiar No. 8 del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Sur de la Ciudad de México (en sus denominaciones correctas), mediante los cuales rinden su informe justificado, designan delegados, domicilio para oír y recibir notificaciones, asimismo, ofrecen pruebas. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos sus informes justificados; dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga y relaciónense en la audiencia constitucional. De conformidad, con los artículos 9, 26, fracción II y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados y domicilio, los señalados en los oficios que se proveen. Por otra parte, en términos de los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de las responsables la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana, mismas que serán relacionadas en la audiencia constitucional. En consecuencia, dado que los informes justificados rendidos son puestos a la vista de las partes en esta fecha, para dar margen a que se impongan de su contenido, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con treinta minutos del veintinueve de julio de dos mil veinte, para que tenga verificativo. Finalmente, es necesario señalar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por el Secretario que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE
- Principal
Ciudad de México, a seis de julio de dos mil veinte. Se tiene por recibido el oficio firmado por el delegado de las autoridades señalas como responsable del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 8 del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social del Distrito Federal, Sur, por el que remite las constancias con las que acredita dar cumplimiento a la suspensión de plano. En ese sentido, dese vista a la parte quejosa, vía electrónica, con el presente acuerdo y el oficio y anexo de cuenta, para que en el plazo de TRES DÍAS, manifieste lo que a su interés convenga en relación con lo manifestado por la autoridad responsable. Apercibida que de ser omisa a lo anterior, o bien, de no manifestar oportunamente el impedimento legal que le asista, se tomará en cuenta su actitud procesal, en el momento de valorar el cumplimiento a la suspensión de plano concedida en el presente juicio de amparo. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por la Secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE POR CORREO ELECTRÓNICO AL QUEJOSO.
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