Elizabeth Ambriz Alonso

Expediente 625/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
625/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
08/06/2022

Partes del expediente

  • Elizabeth Ambriz Alonso

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; ocho de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, se advierte que no fue recurrido el acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por **********. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se desechó la demanda; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. Resolución a Disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que desechó la demanda estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por presentada la demanda de amparo signada por **************, contra actos de la Junta Especial Numero Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos; personalidad que se advierte de la constancia que adjunta a su demanda, pudiera estar acreditada en el expediente laboral de donde emana el acto reclamado; por lo que dé inicio dese trámite a la presente demanda de amparo, sin perjuicio de que dicha circunstancia deba quedar debidamente reconocida durante la secuela de este juicio. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 625/2022 y fórmese expediente. Desechamiento. Previo a pronunciarse, sobre su admisión, prevención o desechamiento, debe analizarse íntegramente el escrito de demanda, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: ". Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano..." Del precepto transcrito, se desprende que es obligación del Juez de Distrito examinar ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Para ello, se debe analizar si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia, reguladas en el artículo 61 de la ley invocada. Es menester establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos, pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para determinar en forma contundente la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo, e indudable significa evidente, lo que no puede ponerse en duda, que al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Por lo que ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las veintitrés causas de improcedencia establecidas en el ordinal 61 de la Ley de Amparo, su última fracción contempla que procede sobreseer el juicio, si la misma deriva de cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, caso en que procede a desechar de plano la demanda de amparo y no así, a la admisión y tramitación del juicio, pues a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente a la parte quejosa, al cual, se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo la tesis VIII.2o.C.T.1 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Libro 7, Junio de 2014, Décima Época, página 1669, del siguiente rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI EL JUEZ DE DISTRITO ADVIERTE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DESDE SU PRESENTACIÓN, NO ESTÁ OBLIGADO A OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA DESECHARLA DE PLANO, CONFORME AL DIVERSO ARTÍCULO 113 DE LA MISMA LEY. Si se trata del juicio de amparo indirecto, la obligación prevista en el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo vigente, sólo se surte a cargo del Juez de Distrito una vez que se haya tramitado el respectivo juicio de amparo, mas no cuando el juzgador federal advierta la actualización del motivo de improcedencia desde la presentación de la demanda, lo anterior, porque el numeral en cuestión se refiere a que se advierta de oficio la actualización de una causal de improcedencia "no alegada por alguna de las partes", lo cual presupone el previo trámite del respectivo juicio constitucional, en tanto que sólo así, dicha causal podría hacerse valer por alguna de las partes pero, además, porque en términos del artículo 113 de la citada ley, el juzgador federal conserva la facultad de desechar de plano la demanda de amparo." Por otra parte, los artículos 3o, 6o, 61, fracción XXIII, y 108 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. (.)" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación." De los numerales transcritos, se establece que el escrito inicial de demanda puede presentarse mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la firma electrónica, conforme a la regulación establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, la cual producirá todos los efectos jurídicos que la firma autógrafa; juicio de amparo que lo puede promover la quejosa por sí misma, a través de su representante legal o por su apoderado. Asimismo, refieren que el juicio de amparo es improcedente en los casos que deriven de la Ley de Amparo o de la Constitución y que la demanda de amparo puede formularse por escrito o por medios electrónicos. En tal virtud, la demanda de derechos fundamentales puede ser presentada por la directa quejosa, representante legal o apoderado, por medios electrónicos, mediante el uso de la "firma electrónica", en términos del artículo 3o de la Ley de Amparo y conforme a los artículos 6, 9, 14 y 16 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; la que en términos del artículo 2, fracciones XV y XVI del acuerdo invocado, se entiende por firma electrónica a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica o "FIEL"), y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el Poder Judicial de la Federación haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados. En el particular caso la demanda de amparo fue promovida vía electrónica por ************; sin embargo, fue firmada electrónicamente por el diverso ***********, careciendo de la firma electrónica del primero de los mencionados; en ese sentido, al carecer de firma electrónica de la directa impetrante reconocida por el Poder Judicial de la Federación, se actualiza una causa de improcedencia del juicio de amparo. Se sostiene lo anterior, en virtud de que uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de amparo consiste en que debe ser siempre promovido a instancia de parte agraviada. En ese contexto, del escrito de demanda se advierte que el promovente **********, señala como actos reclamados la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral *********. Actos que no se ubican dentro de los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo y catalogados como asuntos urgentes, por no tratarse de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Casos en los que se puede omitir el requisito de la firma electrónica prevista en el artículo 3 de la ley de la materia. En efecto, no se ubican los supuestos anteriormente expuestos, en razón de que los actos que se combaten en la presente instancia constitucional, son actos emitidos dentro de juicio, que se atribuye a la Junta Responsable. En ese orden, si la demanda no contiene la firma electrónica reconocida del promovente ************, eso no puede considerarse como una "irregularidad", en los términos previstos por el artículo 114 de la Ley de Amparo. Debido a que el juicio constitucional únicamente se sigue a instancia de parte agraviada, siendo que todo escrito presentado en el procedimiento debe ser firmado por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da origen al juicio, constituyendo esto un requisito esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante, puesto que un escrito que carece de firma electrónica, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna. No obsta para tal conclusión que obre evidencia criptográfica de la firma electrónica de diverso ***************, pues no corresponde a la firma electrónica de quien se ostenta como promovente, de modo que quien debe firmar el escrito de demanda respectivo es el multicitado promovente *************, por lo que no se satisface el principio de instancia de parte agraviada, porque no se garantiza la manifestación inequívoca de la voluntad de la parte quejosa de instar el juicio constitucional y tampoco de la designación en términos amplios de las personas que se mencionan en la demanda. Consecuentemente, al no existir la manifestación de voluntad de la promovente, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 3o, 5o, fracción I, 6o, 61, fracción XXIII, en relación con el 15 y 109 de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Materia Común, Décima Época, página 79, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Cabe precisar que el análisis de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, no constituye una denegación de justicia. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que para que exista un recurso efectivo, debe ser idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y establecer lo conducente para remediarlo; pero en el derecho interno existen condiciones que deben observarse para garantizarlos, como criterios de admisibilidad del recurso o relativos al estudio de fondo del mismo, porque por seguridad jurídica, es dable establecerlos para una correcta y funcional administración de justicia y consecuente protección de derechos; sin que ello implique una violación al derecho de acceso a un recurso judicial efectivo. Lo anterior es acorde, con la tesis 1a. CCLXXV/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, visible en la página 525, del tenor: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". Así, el incumplimiento de las condiciones necesarias para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes, no constituye, en sí mismo, una denegación de justicia, máxime que permitir el acceso en todo momento al juicio de amparo, generaría inseguridad jurídica en detrimento del propio derecho fundamental de acceso a la justicia. Domicilio y autorizados. Sin que haya lugar a proveer en relación a los autorizados, domicilio y uso de medios electrónicos que precisa, pues como se indicó, no se externó la voluntad de quien se dice instó la demanda de amparo. No obstante, a fin de realizar la notificación del presente auto y no dejarlo en estado de indefensión, aunado a que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el nombre de usuario "*********", se autoriza las notificaciones electrónicas del presente juicio, por tanto, instrúyase a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que realice las gestiones necesarias y se habilite las notificaciones electrónicas. Se exhorta a las partes. Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema "juicio en línea", en términos del último párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, emitido el veintiocho de julio de dos mil diecinueve, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos del jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. Habilitación Días y Horas. En acato al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental, en términos del artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles, pero en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 21/2020. Aviso de transparencia. Se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4, 11, 12, 15 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, asimismo, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la referida ley, deberá ponerse a disposición del público y actualizarse la información relativa a las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, así como las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, en la inteligencia de que la falta de oposición de manera expresa conlleva su consentimiento. En caso de oposición, deberá estarse a lo establecido en la sección tercera, relativa al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince. Notifíquese personalmente.

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