Elizabeth Aguilar Sotelo
Expediente 154/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 154/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 15/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Elizabeth Aguilar Sotelo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, quince de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal del juicio de amparo en que se actúa, al advertirse que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión contra la determinación dictada el veintitrés de abril de dos mil dieciocho, sin que ninguna de las partes hiciera uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de conformidad con el 2° de la Ley de Amparo, se declara que la determinación referida ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se sobreseyó en el juicio. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Finalmente, devuélvase a la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 CPS Femenil Morelos el anexo que remitió, para los efectos legales a que haya lugar, por ser innecesaria su retención en el juicio. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Marcos Zamora Álvarez, que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 154/2018-I promovido por ELIZABETH AGUILAR SOTELO, y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el treinta de enero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnado a este Juzgado Segundo de Distrito ese mismo día, ELIZABETH AGUILAR SOTELO y Alberta Vergara García, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades 1) Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 CPS- Femenil Morelos, 2) Encargada o Titular del Área Médica en turno del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 CPS- Femenil Morelos, y 3) Directora del Área de Seguridad y Custodia del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 CPS- Femenil Morelos; los que hicieron consistir en falta de atención médica especializada en neurología, traumatología, dermatología, ginecología y odontología. SEGUNDO. Tramite de la demanda. Por auto de dos de febrero de dos mil dieciocho, previo requerimiento, este Juzgado Segundo de Distrito, radicó el juicio de amparo con el número de expediente 154/2018-I, asimismo ordenó la separación del juicio por la otra quejosa, y admitió éste juicio a trámite únicamente por la quejosa ELIZABETH AGUILAR SOTELO; por lo que se requirió a las autoridades responsables su respectivo informe justificado y se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación. Finalmente, se señaló día y hora para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia constitucional, que inició al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del que en su numeral cuarto, fracción XVIII, se advierte que, en lo conducente, dispone que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Morelos, ejercerá jurisdicción en el territorio que comprende dicha entidad federativa, que se señala como el de ejecución del acto reclamado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Bajo esa premisa, en el presente juicio es necesario fijar adecuadamente los actos reclamados por la quejosa. En ese orden de ideas, de la lectura íntegra de la demanda se aprecia que la quejosa atribuye a las autoridades responsables los actos reclamados consistentes en: La falta de atención médica especializada en neurología y traumatología. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Son inexistentes los actos reclamados a la autoridad responsable "Directora del Área de Seguridad y Custodia del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 CPS- Femenil Morelos", cuya denominación correcta es Directora de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 CPS- Femenil Morelos, al rendir el informe justificado precisó que carece de facultades para ordenar o ejecutar los actos reclamados (foja 49, vuelta). Asimismo, las autoridades responsables Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 CPS- Femenil Morelos, y la "Encargada o Titular del Área Médica en turno del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 CPS- Femenil Morelos", la cual su denominación correcta es Encargada del Departamento de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 CPS-Femenil Morelos; al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos que se les reclaman y que consisten en la falta de atención médica especializada en neurología y traumatología (fojas 48 a 50). En efecto, si bien en la demanda de amparo se advierte que la impetrante precisó lo siguiente: "La suscrita Elizabeth Aguilar Sotelo manifiesto y expone solicito se me proporcione atención médica especializada en el área de neurología para que me hagan los estudios, necesarios para que se me proporcione tratamiento adecuado del procedimiento que resulte ya que desde hace 5 meses presento intensos dolores de cabeza los cuales me provocan mareo y vomito. Solicito se me proporcione atención médica especializada en el área de traumatología, ya que presento un esguince en el tobillo derecho que me provoca (sic) un intenzo (sic) dolor que en ocasiones me impide diambular (sic) y en ocasiones tengo que hacerlo de manera asistida impidiéndome así aser (sic) mis actividades por lo que suplico a usted su señoría me otorgue el amparo y protección de la justicia federal y se me conceda la atención única y exclusivamente con los especialistas en las áreas que mencionó y no con los médicos de área general de este centro. Cabe mencionar que todos estos padecimientos los he reportado por todos los medios con los que cuento como persona privada de la libertad en este centro federal sin respuesta alguna". [fojas 2 vuelta y 3]. Sin embargo, al respecto, la quejosa no aportó algún otro elemento de prueba que sustente esos argumentos y desvirtúen la negativa de las autoridades responsables; toda vez que del expediente médico de la impetrante de amparo, que remitieron las responsables al rendir el informe justificado, se aprecia lo siguiente: a) De las notas médicas de fechas catorce de enero, trece de febrero, siete de mayo, veintinueve de junio, dos de octubre y veinte de noviembre, todos de dos mil diecisiete, emitidos por el médico penitenciario, así como de los estudios de laboratorio practicados el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete y de las hojas de enfermería en donde consta la ministración de los medicamentos; se advierte que la quejosa, al asistir a dichas consultas no refirió nada respecto al dolor de cabeza que manifiesta en su demanda sufre desde hace cinco meses y tampoco solicitó la especialidad de neurología formalmente a través del documento correspondiente para la atención de ese padecimiento. Y, en cambio, lo que sí refirió, entre otras cuestiones, fue el dolor que le causa el esguince del tobillo, pero al momento de ser examinada la quejosa por los médicos al presentarse en los diversos momentos que precisan las mencionadas notas médicas, estos atendieron dicho padecimiento y le suministraron a la misma diversos medicamentos para ello, sin que al respecto los médicos surgieran la necesidad de la especialidad en traumatología (fojas 4 a 9, 47, 59 a 69 del Anexo I). b) En la nota médica del dos de febrero de dos mil ocho, se advierte que la impetrante refirió nuevamente que el esguince del tobillo le produce un dolor ocasionalmente, asimismo, hasta ese momento, manifestó padecer "cefaleas momentáneas punzantes desde hace un año sin causa aparente" y solicitó "interconsulta en especialidades de traumatología y neurología", pero al ser examinada por el médico éste atendió dichos padecimientos y le suministraron a la quejosa diversos medicamentos para ello, sin que al respecto el médico surgiera la necesidad de las especialidades solicitadas por la quejosa (fojas 52 y 53). A dichas constancias, se les otorga pleno valor probatorio, con fundamento en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de que se trata de documentos públicos, expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones. De lo anterior, se considera que en el caso, la negativa de las autoridades responsables no fue desvirtuada por la parte peticionaria del amparo, porque de las fotocopias certificadas del expediente médico de la quejosa, se advierte que, incluso, se le ha proporcionado atención médica. Entonces, desde un punto de vista conceptual, no basta mencionar que existe una omisión o inactividad, pues para que se configure una omisión reclamable en amparo, es imprescindible que exista el obligación de realizar una conducta y que alguien la haya incumplido a fin de que pueda exigírsele que obre en el sentido que ese deber le impone. Situación que en la especie no se surte, porque la peticionaria de amparo no demostró haber observado el procedimiento legalmente establecido en los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, elevando una petición administrativa a las autoridades responsables para recibir atención médica en las materias que narra en la demanda, y que éstas lo hayan negado o en su caso omitido atender. En efecto, la peticionaria de amparo afirmó en la demanda de amparo, que había solicitado atención médica especializada en el área de neurología para que le hicieran los estudios necesarios y se le proporcionara el tratamiento adecuado del procedimiento que resulte ya que desde hace cinco meses presenta intensos dolores de cabeza los cuales me provocan mareo y vómito, además, solicitó se le proporcionara la atención médica especializada en el área de traumatología, debido al esguince del tobillo. Sin embargo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que por lo que se refiere al acto reclamado consistente en la falta de atención médica especializada en neurología, se considera que la quejosa no solicitó la atención en dicha especialidad formalmente a través del documento correspondiente, y fue hasta el dos de febrero de dos mil ocho, esto es, con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo (treinta de enero de dos mil dieciocho), que la interna refirió el padecimiento del dolor de cabeza y realizó la solicitud de la interconsulta en neurología y traumatología, pero al respecto el médico tratante atendió dichos padecimientos, y no sugirió ni consideró que haya necesidad de las especialidades solicitadas por la quejosa. Y, por lo que respecta al acto reclamado consistente en la falta de atención médica especializada en traumatología, se estima que las autoridades responsables demostraron que en el ámbito de sus funciones y facultades, se encuentra brindando la atención médica necesaria a la impetrante, y específicamente ha estado dando atención médica respecto al padecimiento del dolor de tobillo; toda vez que de las copias certificadas consistentes en las notas médicas y el registro de medicamentos que aportaron, se advierte que antes y aun con posterioridad a la fecha en que presentó la demanda de amparo, la quejosa ha recibido la atención médica y los medicamentos respectivos. Lo que evidencia, que la quejosa, efectivamente, no ha seguido el trámite previsto en los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el caso, ante el Juez de Ejecución. Por tanto, al no demostrarse la existencia de la petición administrativa que hubiera sido omitida, realizada a la Directora del Centro de Reclusión, ni a las diversas autoridades, no puede considerarse que existiera un deber incumplido ni, por ende la omisión que se combate. Es aplicable la jurisprudencia de la décima Época, Registro: 2016418, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 16 de marzo de 2018, Materia(s): (Común), Tesis: 1a. XVII/2018 (10a.), del texto y rubro: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones. Luego, de acuerdo a lo explicado en los párrafos que anteceden, se concluye que no quedó acredita la omisión que combate la quejosa, siendo que a ella le corresponde acreditar esa circunstancia, de acuerdo al nuevo paradigma de la ejecución penal judicializada y la existencia de un procedimiento para obtener atención médica y demás requerimientos para la vida digna dentro de los centros de reclusión, a través de las peticiones administrativas que realice al Director del Centro respectivo y, en su caso, al Juez de Ejecución. En la parte conducente y por analogía, es aplicable la tesis de la Décima Época, Registro: 2003971, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2, Materia(s): Común, Tesis: XXI.2o.P.A.11 A (10a.), Página: 1386, de rubro y texto siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. SI EL ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO LO CONSTITUYE LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE A RECIBIR EL ESCRITO RELATIVO, CORRESPONDE AL QUEJOSO ACREDITAR QUE SE CONSTITUYÓ ANTE ÉSTA. Los elementos del denominado derecho de petición son: 1) Debe formularse de manera pacífica y respetuosa; 2) Ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada, y 3) El peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. En ese sentido, si el acto reclamado en el amparo lo constituye la negativa de la autoridad responsable a recibir el escrito que contiene la petición relativa, corresponde al quejoso acreditar que se constituyó ante ésta, en virtud de que para la existencia de la conducta negativa se requiere, necesaria y previamente, la solicitud del particular.". Observando que, por cuanto hace a la aplicabilidad del procedimiento referido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, no incide el sistema mixto o acusatorio bajo el cual se haya decretado el acto que mantiene a la quejosa privada de la libertad; de ahí que éste sea vigente y aplicable. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2016366, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 09 de marzo de 2018 10:12 h, Materia(s): (Penal), Tesis: I.2o.P. J/3 (10a.), del tenor siguiente: "LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. CON EXCEPCIÓN DE LOS NUMERALES CITADOS EN LOS DOS PRIMEROS PÁRRAFOS DE SU ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO (CUYA VIGENCIA DEPENDE DE LA ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA DE LAS CONDICIONANTES QUE EL PROPIO PRECEPTO ESTABLECE), ENTRÓ EN VIGOR A NIVEL NACIONAL A PARTIR DEL 17 DE JUNIO DE 2016, Y SU APLICABILIDAD NO DEPENDE DEL SISTEMA MIXTO O ACUSATORIO BAJO EL QUE SE DICTÓ LA SENTENCIA CONDENATORIA. De acuerdo con el artículo primero transitorio, párrafo inicial, de la ley mencionada, entró en vigor a partir del 17 de junio de 2016, con excepción de los numerales citados en los dos primeros párrafos de su segundo precepto transitorio, cuya vigencia quedó supeditada hasta que se emita la declaratoria para el inicio de vigencia de la norma indicada, o transcurran las fechas señaladas expresamente en el último artículo en cita. En otro aspecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal recoge el sistema acusatorio penal; empero, su eficacia no es limitativa a las personas que fueron condenadas con posterioridad a su vigencia, ni está condicionada al sistema judicial en el que ello ocurrió, pues con independencia de la posibilidad material de cada entidad federativa para implementar el nuevo sistema de justicia penal, la ley busca homologar el marco normativo aplicable a los individuos que se encuentran privados de su libertad y a la ejecución de sentencias; máxime que de una interpretación literal de su artículo tercero transitorio, se advierte que con la entrada en vigor de la norma aludida quedaron abrogadas la Ley de Normas Mínimas para la Readaptación Social y las legislaciones de ejecución de sanciones penales locales, por lo que los procedimientos iniciados con anterioridad, seguirán su trámite de acuerdo con los ordenamientos vigentes en ese momento, en el entendido de que esos "procedimientos" no se refieren a los sistemas penales en que surgieron los procesos (mixto o acusatorio), sino única y exclusivamente a los procedimientos iniciados con motivo de las solicitudes sobre temas de "ejecución penal" en general, realizadas al Juez de ejecución con base en las legislaciones vigentes antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional aludida. Por ende, ésta se encuentra vigente sin importar si el quejoso fue sentenciado conforme al anterior sistema o el actual acusatorio. No pasa inadvertida la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2014072, Instancia: Plenos de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Abril de 2017, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: PC.VII.P. J/3 P (10a.), Página: 1096, que a continuación se trascribe: "ATENCIÓN MÉDICA EN LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL INTERNO RECLAMA LA FALTA U OMISIÓN DE PROPORCIONARLE ATENCIÓN MÉDICA Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA EL ACTO Y EXHIBE CONSTANCIAS PARA DEMOSTRAR QUE SÍ LA HA PROPORCIONADO, PORQUE EL ESTUDIO SOBRE SU EXISTENCIA IMPLICA UNA DECISIÓN DE FONDO. El Estado es responsable, en su condición de garante, de la observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia; así, en términos del numeral 29 del Manual de Tratamiento de los Internos en Centros Federales de Readaptación Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre de 2006, el área de Servicios Médicos es la responsable de velar por la salud física y mental de los internos, así como de integrar su diagnóstico médico desde el ingreso al Centro Federal, con el fin de establecer el tratamiento médico a seguir y aplicarlo. En ese tenor, cuando el acto reclamado por un interno en el juicio de amparo consiste en la negativa u omisión de proporcionarle atención médica y la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, niega el acto y exhibe diversas constancias para acreditar que sí ha proporcionado al recluso el servicio médico, no procede sobreseer en el juicio de conformidad con en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo por inexistencia del acto reclamado, sino determinar, mediante un estudio de fondo si se ha respetado o no el derecho humano a la salud, al ser éste, precisamente, el acto reclamado, partiendo de la base de que el quejoso, al estar privado de su libertad, se encuentra bajo un estricto control del Estado y, por ende, en condición de vulnerabilidad; estimar lo contrario implicaría dejarlo en estado de indefensión, al no poder decidirse sobre el tema planteado, a saber, si se le ha prestado el servicio y en qué condiciones. Esto es, sobreseer con base en la causa referida, aunque sea realizando un estudio periférico o superficial de las constancias para establecer si se le ha prestado o no la atención médica (para determinar la existencia o no del acto), atañe necesariamente al fondo de la cuestión planteada, pues implica tomar en cuenta los padecimientos reportados y la atención médica proporcionada.". Sin embargo, a criterio de quien resuelve, la jurisprudencia de mérito, versa sobre el reclamo de la omisión total de atención médica por las responsables, al no velar por la salud física y mental de los internos, al abstenerse de integrar su diagnóstico médico desde el ingreso al Centro Federal, con el fin de establecer el tratamiento médico a seguir y aplicarlo; tal como ahí se establece; pero en el caso particular, no es tal acto el que se combate, máxime que se demostró que sí existe el aludido diagnóstico médico y el tratamiento médico de los padecimientos de la quejosa. Entonces, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo 154/2018-I promovido por ELIZABETH AGUILAR SOTELO, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en la parte considerativa. NOTIFÍQUESE y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinte de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se encuentra transcurriendo el término de ocho días concedido a las partes mediante auto de nueve de marzo de dos mil dieciocho; por lo tanto, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijando en su lugar las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y UN MINUTOS DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EN EL LUGAR EN EL QUE SE ENCUENTRA RECLUIDA...
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de marzo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio signado por la DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 16 CPS FEMENIL MORELOS, por medio del cual remite copia certificada de las constancias solicitadas que integran el expediente clínico completo de la quejosa ELIZABETH AGUILAR SOTELO; el que se agrega a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes. En atención a su contenido, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con las documentales de referencia, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Por lo tanto, para facilitar el manejo del presente expediente, tomando en cuenta la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, fórmese el anexo I, que integra las constancias descritas en su informe, el cual queda a disposición de las partes en la Secretaría del Juzgado, para que se impongan de su contenido; en el entendido que se continuará actuando en el presente expediente. Finalmente, se agrega a los autos para que obre como legalmente corresponda, el acuse de recibo relativo a la notificación del oficio y autoridad responsable que en él se citan, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EN EL LUGAR EN EL LUGAR EN EL QUE SE ENCUENTRA RECLUIDA...
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