Elizabeth Abarca Villalobos

Expediente 707/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 16 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
707/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
28/06/2023

Partes del expediente

  • Elizabeth Abarca Villalobos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Visto; el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de trece de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo al Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, acusando recibo del juicio de amparo 707/2022-III e informando que se aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional. En consecuencia, remítansele, en vía de alcance, los cuadernos incidentales relativos, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, encargado del despacho por licencia académica concedida a la Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que reglamenta la Carrera Judicial, autorizado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/790/2023, de seis de marzo de dos mil veintitrés, quien actúa asistido por Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; trece de diciembre de dos mil veintidós. Visto; se tiene por recibido el oficio firmado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, a través del cual acusa recibo del juicio de amparo 707/2022-III e informa que se acepta la competencia planteada; de lo que queda enterada la suscrita para los efectos legales conducentes. Por tanto, hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo, como asunto totalmente concluido, y en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En la inteligencia de que con fundamento en el artículo 21, inciso j) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, SE HACE CONSTAR que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; por tanto una vez que transcurra el término de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; trece de octubre de dos mil veintidós. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en la especie el acto reclamado consiste en la sentencia definitiva de cinco de julio de dos mil veintidós, dictada por el Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, en el juicio de divorcio incausado 134/2021-3. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 104/2019, en la cual el punto a dilucidar fue si contra la resolución que decreta la disolución del vínculo matrimonial en el juicio de divorcio sin expresión de causa, sin resolver la totalidad de las cuestiones inherentes a éste, es procedente el juicio de amparo directo o en su contra procede el juicio de amparo indirecto, determinó que la resolución que decreta el divorcio, sin resolver sobre las cuestiones inherentes al matrimonio constituye una sentencia definitiva. Puntualizó que si bien en las contradicciones de tesis 63/2011, 180/2011 y 135/2011 de su propio índice, al interpretar la legislación del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en una consideración obiter dicta se afirmó que la determinación que decreta el divorcio constituye un auto definitivo pero que, sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema lleva a sostener que tal determinación no tiene el carácter que entonces se le atribuyó, sino el de una sentencia definitiva, pues una de las características de los autos definitivos es que impiden la decisión de fondo al paralizar o impedir la prosecución del juicio, lo que no acontece en el caso, pues no es que la resolución de divorcio impida que continúe el juicio, antes bien, lo concluye en una parte al resolver de fondo una de las pretensiones planteadas, de hecho, la principal de ellas, cuya consecuencia es escindirla de las restantes sobre las que el juicio habrá de continuarse hasta su resolución en una sola sentencia. De la contradicción de tesis en estudio derivó la jurisprudencia 1a./J. 1/2020 (10a.), de rubro y texto: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LO DECRETA, AUN SIN RESOLVER LA TOTALIDAD DE LAS CUESTIONES INHERENTES AL MATRIMONIO, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COAHUILA Y AGUASCALIENTES). El juicio de divorcio sin expresión de causa es un proceso en el que se ventilan dos pretensiones, a saber: la disolución del vínculo matrimonial y la regulación de las consecuencias inherentes a ésta. Ahora bien, cuando las leyes locales que lo regulan, admiten la posibilidad de escisión, siempre que se actualicen ciertos supuestos, el proceso iniciado en común puede culminar con más de una sentencia definitiva y no sólo con una en la que se decida la totalidad del litigio. En el caso del juicio en cuestión, la resolución que decreta el divorcio concierne a la controversia principal, por lo que materialmente es una sentencia definitiva, independientemente de las alusiones o denominaciones formales con las que se refiera a ella el legislador, en contra de la cual procede el juicio de amparo directo en conformidad con el artículo 170 de la Ley de Amparo, ante un Tribunal Colegiado de Circuito, y no el juicio de amparo indirecto ante un Juez de Distrito". En ese tenor, este órgano jurisdiccional estima que en el expediente en que se actúa, se plantea un asunto cuya competencia corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito, conviniendo, para efectos de precisar lo anterior, especificar el ámbito competencial de dichos órganos, para lo cual resulta necesario transcribir el contenido de los artículos 107, fracciones III y V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los numerales 34, 170, fracción I, y 47 primer párrafo de la Ley de Amparo, que literalmente señalan: "Artículo. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá 106 pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. b) Contra actos en juicio cuya ejecución sean de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (...) Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: [.] c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicio del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y [.] Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. [.] Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. [.]" Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. [.]" De las transcripciones anteriores se obtiene que, cuando un gobernado estime que una sentencia definitiva, un laudo o una resolución que ponga fin a un juicio, dictada por un tribunal judicial, civil, administrativo o del trabajo, es contraria por sí misma a sus derechos públicos subjetivos consagrados en la Carta Magna o la violación a ellos surgió durante el procedimiento afectando sus defensas y trascendiendo al resultado del fallo, entonces, de así estimarlo, y una vez agotados los recursos ordinarios que pudieran revocarla o modificarla, lo procedente es promover juicio de amparo directo del que le corresponde conocer a un Tribunal Colegiado de Circuito. Es de destacarse que, la procedencia del juicio de amparo directo se limita a la impugnación de algunos actos provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, y que son: a) Sentencias definitivas o laudos. b) Resoluciones que pongan fin al juicio sin resolverlo en el fondo. Ahora bien, la propia Ley de Amparo define que debe entenderse por sentencia definitiva, y por resolución que pone fin al juicio; en este sentido, por sentencia definitiva o laudo se comprende aquella resolución, que, además de satisfacer el requisito exigido a la totalidad de las conductas materia de impugnación en amparo directo relativo a que en su contra no proceda recurso ordinario alguno (principio de definitividad), debe resolver el fondo de la cuestión debatida, esto es, debe pronunciarse acerca de la relación material que constituye la litis, o en otras palabras, en ella debe existir pronunciamiento referente a las acciones, y a las defensas y excepciones opuestas (en su caso) dentro del procedimiento. Así, para demostrar que las hipótesis antes mencionadas se surten plenamente en el presente caso, conviene precisar que el solicitante de amparo en su escrito inicial de demanda, señaló como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: "III.- Autoridad responsable.- C. Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Familiar de esta Ciudad y Puerto. IV.- Acto reclamado.- La sentencia definitiva de fecha cinco de julio del dos mil veintidós, dictada en el juicio de divorcio incausado 134-3/2021 promovido por Samuel Martínez Solano, en contra de la suscrita." Por otra parte, del análisis minucioso de las constancias que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable, específicamente de la resolución de cinco de julio de dos mil veintidós, misma que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional, se advierte que se trata de una sentencia definitiva, habida cuenta que decretó la disolución del vínculo matrimonial y dejó a salvo los derechos de las partes para aperturar el incidente correspondiente respecto de la liquidación de la sociedad conyugal. Razón por la cual, este órgano jurisdiccional estima que es el Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en turno, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, a quien compete resolver lo conducente respecto de la constitucionalidad de dicha sentencia, de conformidad con el artículo 107, fracciones III y V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los numerales 34, 170, fracción I, y 47 primer párrafo de la Ley de Amparo. En efecto, los puntos primero y segundo del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, del que es conveniente subrayar las partes conducentes, establecen textualmente: "PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: "XXI. VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO: ... "Estado de Guerrero." SEGUNDO. Cada uno de los Circuitos a que se refiere el punto primero comprenderá los tribunales colegiados y unitarios de Circuito y los juzgados de Distrito que a continuación se precisan: XXI. VIGESIMO PRIMER CIRCUITO: 1. Cinco tribunales colegiados especializados: tres en materias civil y de trabajo, con residencia en Chilpancingo; y dos tribunales colegiados en materias penal y administrativa, con sede en Acapulco. 2. Dos tribunales unitarios: uno con sede en Chilpancingo y el otro con residencia en Acapulco 3. Diez juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero: tres con residencia en Chilpancingo, cinco con residencia en Acapulco y dos con residencia en Iguala." En consecuencia, se concluye que este Juzgado Cuarto de Distrito, carece de competencia legal para conocer la demanda de amparo y estima que su conocimiento se surte a favor del Tribunal Colegiado de Circuito en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en turno, con residencia en Chilpancingo, por lo que, con apoyo en el artículo 47, párrafo primero, de la Ley de Amparo, fórmese cuaderno de antecedentes y remítasele el original, por conducto de la Oficialía de Partes Común, solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente y que se informe a este órgano jurisdiccional la determinación que se adopte respecto al conocimiento de dicha demanda. En virtud de lo resuelto con anterioridad, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada a las diez horas con diez minutos del tres de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarta de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTOS, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE INDICA: "Acapulco de Juárez, Guerrero; trece de octubre de dos mil veintidós. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en la especie el acto reclamado consiste en la sentencia definitiva de cinco de julio de dos mil veintidós, dictada por el Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, en el juicio de divorcio incausado 134/2021-3. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 104/2019, en la cual el punto a dilucidar fue si contra la resolución que decreta la disolución del vínculo matrimonial en el juicio de divorcio sin expresión de causa, sin resolver la totalidad de las cuestiones inherentes a éste, es procedente el juicio de amparo directo o en su contra procede el juicio de amparo indirecto, determinó que la resolución que decreta el divorcio, sin resolver sobre las cuestiones inherentes al matrimonio constituye una sentencia definitiva. Puntualizó que si bien en las contradicciones de tesis 63/2011, 180/2011 y 135/2011 de su propio índice, al interpretar la legislación del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en una consideración obiter dicta se afirmó que la determinación que decreta el divorcio constituye un auto definitivo pero que, sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema lleva a sostener que tal determinación no tiene el carácter que entonces se le atribuyó, sino el de una sentencia definitiva, pues una de las características de los autos definitivos es que impiden la decisión de fondo al paralizar o impedir la prosecución del juicio, lo que no acontece en el caso, pues no es que la resolución de divorcio impida que continúe el juicio, antes bien, lo concluye en una parte al resolver de fondo una de las pretensiones planteadas, de hecho, la principal de ellas, cuya consecuencia es escindirla de las restantes sobre las que el juicio habrá de continuarse hasta su resolución en una sola sentencia. De la contradicción de tesis en estudio derivó la jurisprudencia 1a./J. 1/2020 (10a.), de rubro y texto: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LO DECRETA, AUN SIN RESOLVER LA TOTALIDAD DE LAS CUESTIONES INHERENTES AL MATRIMONIO, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COAHUILA Y AGUASCALIENTES). El juicio de divorcio sin expresión de causa es un proceso en el que se ventilan dos pretensiones, a saber: la disolución del vínculo matrimonial y la regulación de las consecuencias inherentes a ésta. Ahora bien, cuando las leyes locales que lo regulan, admiten la posibilidad de escisión, siempre que se actualicen ciertos supuestos, el proceso iniciado en común puede culminar con más de una sentencia definitiva y no sólo con una en la que se decida la totalidad del litigio. En el caso del juicio en cuestión, la resolución que decreta el divorcio concierne a la controversia principal, por lo que materialmente es una sentencia definitiva, independientemente de las alusiones o denominaciones formales con las que se refiera a ella el legislador, en contra de la cual procede el juicio de amparo directo en conformidad con el artículo 170 de la Ley de Amparo, ante un Tribunal Colegiado de Circuito, y no el juicio de amparo indirecto ante un Juez de Distrito". En ese tenor, este órgano jurisdiccional estima que en el expediente en que se actúa, se plantea un asunto cuya competencia corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito, conviniendo, para efectos de precisar lo anterior, especificar el ámbito competencial de dichos órganos, para lo cual resulta necesario transcribir el contenido de los artículos 107, fracciones III y V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los numerales 34, 170, fracción I, y 47 primer párrafo de la Ley de Amparo, que literalmente señalan: "Artículo. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá 106 pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. b) Contra actos en juicio cuya ejecución sean de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (...) Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: [.] c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicio del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y [.] Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. [.] Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. [.]" Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. [.]" De las transcripciones anteriores se obtiene que, cuando un gobernado estime que una sentencia definitiva, un laudo o una resolución que ponga fin a un juicio, dictada por un tribunal judicial, civil, administrativo o del trabajo, es contraria por sí misma a sus derechos públicos subjetivos consagrados en la Carta Magna o la violación a ellos surgió durante el procedimiento afectando sus defensas y trascendiendo al resultado del fallo, entonces, de así estimarlo, y una vez agotados los recursos ordinarios que pudieran revocarla o modificarla, lo procedente es promover juicio de amparo directo del que le corresponde conocer a un Tribunal Colegiado de Circuito. Es de destacarse que, la procedencia del juicio de amparo directo se limita a la impugnación de algunos actos provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, y que son: a) Sentencias definitivas o laudos. b) Resoluciones que pongan fin al juicio sin resolverlo en el fondo. Ahora bien, la propia Ley de Amparo define que debe entenderse por sentencia definitiva, y por resolución que pone fin al juicio; en este sentido, por sentencia definitiva o laudo se comprende aquella resolución, que, además de satisfacer el requisito exigido a la totalidad de las conductas materia de impugnación en amparo directo relativo a que en su contra no proceda recurso ordinario alguno (principio de definitividad), debe resolver el fondo de la cuestión debatida, esto es, debe pronunciarse acerca de la relación material que constituye la litis, o en otras palabras, en ella debe existir pronunciamiento referente a las acciones, y a las defensas y excepciones opuestas (en su caso) dentro del procedimiento. Así, para demostrar que las hipótesis antes mencionadas se surten plenamente en el presente caso, conviene precisar que el solicitante de amparo en su escrito inicial de demanda, señaló como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: "III.- Autoridad responsable.- C. Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Familiar de esta Ciudad y Puerto. IV.- Acto reclamado.- La sentencia definitiva de fecha cinco de julio del dos mil veintidós, dictada en el juicio de divorcio incausado 134-3/2021 promovido por Samuel Martínez Solano, en contra de la suscrita." Por otra parte, del análisis minucioso de las constancias que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable, específicamente de la resolución de cinco de julio de dos mil veintidós, misma que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional, se advierte que se trata de una sentencia definitiva, habida cuenta que decretó la disolución del vínculo matrimonial y dejó a salvo los derechos de las partes para aperturar el incidente correspondiente respecto de la liquidación de la sociedad conyugal. Razón por la cual, este órgano jurisdiccional estima que es el Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en turno, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, a quien compete resolver lo conducente respecto de la constitucionalidad de dicha sentencia, de conformidad con el artículo 107, fracciones III y V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los numerales 34, 170, fracción I, y 47 primer párrafo de la Ley de Amparo. En efecto, los puntos primero y segundo del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, del que es conveniente subrayar las partes conducentes, establecen textualmente: "PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: "XXI. VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO: ... "Estado de Guerrero." SEGUNDO. Cada uno de los Circuitos a que se refiere el punto primero comprenderá los tribunales colegiados y unitarios de Circuito y los juzgados de Distrito que a continuación se precisan: XXI. VIGESIMO PRIMER CIRCUITO: 1. Cinco tribunales colegiados especializados: tres en materias civil y de trabajo, con residencia en Chilpancingo; y dos tribunales colegiados en materias penal y administrativa, con sede en Acapulco. 2. Dos tribunales unitarios: uno con sede en Chilpancingo y el otro con residencia en Acapulco 3. Diez juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero: tres con residencia en Chilpancingo, cinco con residencia en Acapulco y dos con residencia en Iguala." En consecuencia, se concluye que este Juzgado Cuarto de Distrito, carece de competencia legal para conocer la demanda de amparo y estima que su conocimiento se surte a favor del Tribunal Colegiado de Circuito en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en turno, con residencia en Chilpancingo, por lo que, con apoyo en el artículo 47, párrafo primero, de la Ley de Amparo, fórmese cuaderno de antecedentes y remítasele el original, por conducto de la Oficialía de Partes Común, solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente y que se informe a este órgano jurisdiccional la determinación que se adopte respecto al conocimiento de dicha demanda. En virtud de lo resuelto con anterioridad, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada a las diez horas con diez minutos del tres de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarta de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe."

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