Elizabeta Escalona Ramos y Otros.

Expediente 178/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
178/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
15/03/2022

Partes del expediente

  • Elizabeta Escalona Ramos
  • Elizabeta Escalona Ramos y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Se declara que ha quedado firme el auto por el que se desechó la demanda intentada. Se ordena el archivo del presente expediente, en la inteligencia de que el mismo es susceptible de DESTRUCCIÓN.

  2. Principal

    (AVISO) NOTIFICACIÓN POR LISTA. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, en esta fecha se notifica por medio de lista de acuerdos la resolución de VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, a la PARTE QUEJOSA, cuya síntesis es del tenor siguiente: Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en auto que antecede; en consecuencia, se provee: Desechamiento. Al ser preferente su estudio, se analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como lo estipula el precepto 113 de la ley reglamentaria del juicio constitucional. En relación con lo expuesto, diversos tribunales de la Federación, se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Con otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo que es así porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes (o solicitudes ajenas al juicio de amparo), para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Ahora bien, una vez analizado el escrito inicial de demanda, así como el ocurso mediante el cual pretende la quejosa desahogar la prevención formulada por este juzgado, se advierte que la parte quejosa de lo que se duele medularmente es de la forma implementada por las autoridades que señala como responsables Jefe de la Sección Consular de México en La Habana, Cuba y Director General de Servicios Consulares, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para el otorgamiento de citas para entrevistas que forman parte del trámite para el otorgamiento de visas a extranjeros; toda vez que alude que únicamente se otorgan pocas citas y que se terminan de manera rápida, lo que le causa una afectación directa a su esfera jurídica. Así, bajo las premisas expuestas por la parte quejosa y sin prueba alguna que acredite que la responsable ha incurrido en alguna negativa u omisión ante la petición realizada por la quejosa para obtener la respectiva cita que necesita, se considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Previo a exponer las razones por las cuales se estima que se actualiza la citada causal de improcedencia, conviene precisar que en la jurisprudencia 37/2014, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretó la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en la que señaló que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora bien, los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De acuerdo con los preceptos legales transcritos, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación y el acto que reclama la parte quejosa, no se trata de uno que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Pues bien, vista la narrativa de los hechos, así como la documental que anexa la directa quejosa al ocurso acordado el día de la fecha, consistente en una impresión fotográfica de la plataforma digital MEXITELCUBA, se advierte que realizó dicha consulta el veintidós de febrero de dos mil veintidós, por lo que contrario a lo que la quejosa sostiene, no se advierte que exista una abierta demora o paralización total de concederle la cita que refiere ante el Consulado Mexicano en La Habana, Cuba; toda vez que la quejosa alude que las autoridades consulares le han negado o han sido omisas en concederle una entrevista, sin embargo, tanto del escrito de demanda como del escrito presentado en cumplimiento a la prevención del mismo, se constata que la quejosa se duele de la forma implementada por las autoridades que señala como responsables de otorgar las citas correspondientes a las entrevistas para el otorgamiento de visas a extranjeros, ya que si bien, intenta destacarlo como una omisión o negativa por parte dichas autoridades, lo cierto es que, no demuestra haber solicitado de manera fehaciente la cita de mérito, máxime, que todas sus manifestaciones bajo protesta de decir verdad se encuentran encaminadas a resaltar la dificultad de acceder a obtener una de las citas de entrevista, esgrimiendo que solo dan determinado número y que se terminan de manera pronta, aunado a que refiere que en ningún momento ha acudido ante la institución correspondiente a realizar solicitud escrita para dicho trámite, ni promovido algún medio para hacer valer su solicitud. Ahora bien, no hay que perder de vista que debido a la contingencia mundial presentada en los últimos años, debido al virus COVID-19, las instituciones gubernamentales y de las demás índoles, han tenido que verse forzadas a reducir de manera inminente el acceso a sus servicios, esto con la finalidad de preservar la salud de los habitantes, lo cual ha motivado que a nivel mundial exista un retraso en los trámites y servicios incluso fuera de los plazos previstos para cada caso; sin embargo, tal circunstancia afecta a todas las personas y no solo a una parte de la población o bien a un justiciable en específico. Así, también es importante destacar que bajo esa premisa, se han tenido que implementar métodos que ayuden para agilizar los trámites y servicios, sin poner en riesgo el derecho a la salud de todos y cada uno de los individuos, razón por la que se han habilitado los servicios en línea, como en el caso el registro de citas por internet, lo que no trae aparejado consigo una inminente violación a los derechos humanos del gobernado, pues como se dijo, dichas medidas han tenido que ser tomadas para salvaguardar un derecho primordial del interés social que es la salud. Ahora, la presente instancia constitucional ha sido creada si bien para custodiar el debido proceso y el respeto a los derechos consagrados en la Constitución Mexicana de cada uno de los justiciables, lo cierto es que no puede ser utilizada a capricho del gobernado, queriendo pasar por encima de los derechos del resto, o queriendo obtener de manera ventajosa un privilegio que conlleve no ajustarse a los lineamientos establecidos por las autoridades, debiendo respetar todos y cada uno los requisitos y trámites establecidos. En el caso, la parte quejosa esgrime que es complicado obtener una de las citas para entrevista que menciona, pero en ningún momento refiere que se le haya negado la misma o que se encuentren inhabilitadas, ni mucho menos demuestra haber realizado una petición al respecto ante la autoridad correspondiente y que la misma haya sido omisa en contestar o le haya negado el acceso de agendar la cita que alude solicita, aunado a que la captura de pantalla anexada es de un día anterior a la presentación del escrito de aclaración de demanda, por lo que es inconcuso que no hay una afectación a su esfera jurídica al implementar la forma de agenda de citas en línea, ya que se encuentra en posibilidad de obtener la misma de manera igualitaria al resto de los solicitantes, sin que se advierta que haya realizado trámite o solicitud alguna para pretender acceder a sus pretensiones, entonces sería no respetar el derecho del resto de la población el exigir mediante el juicio de amparo a las autoridades responsables que soportaran la carga de acreditar que no se rehusaron a actuar en el sentido en el que les fue exigido, si en principio la promovente tenía la carga de justificar que realizó el acto positivo del cual derivó la negativa u omisión reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 4a. 9 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, página 329, Octava Época, con número de registro 207986, que dice: "ACTO NEGATIVO DERIVADO DE UNO POSITIVO. CORRESPONDE AL QUEJOSO DEMOSTRAR EL SEGUNDO SI LA AUTORIDAD NIEGA AMBOS. Cuando el quejoso reclama como actos de aplicación de un reglamento la expedición de las órdenes de visita y clausura y las autoridades responsables los niegan, tal afirmación de inexistencia debe desvirtuarla con las pruebas correspondientes; y el hecho de que también se reclamó la negativa de las ejecutoras a mostrarle la orden de visita, no le releva de la carga probatoria, toda vez que aunque este último acto es de naturaleza negativa, es derivado de otros de carácter positivo (expedición de las órdenes de visita y de clausura), cuya existencia corresponde demostrarla al quejoso, pues para que las autoridades soporten dicha carga es necesario que antes se acredite la existencia de los actos positivos de los que deriva la actitud omisiva de las responsables; de lo contrario, no puede constreñirse a éstas a evidenciar actos derivados de hechos positivos que no llegaron a probarse." Luego, en el caso particular y en atención a los elementos descritos, es dable concluir que a la fecha la parte quejosa no ha gestionado el acceso al trámite que requiere, pues no puede dolerse de una omisión o una negativa por parte de las responsables en concederle una entrevista, si esta no ha accionado la instancia correspondiente para obtener la misma y así estar en aptitud de demostrar la acción violatoria de derechos humanos por parte de las responsables, ante su solicitud. Máxime que no puede decirse que existe una omisión o abierta dilación en la apertura de citas, si la documental exhibida evidencia que su solicitud o entrada al portal en línea de la institución señalada como responsable fue efectuada el veintidós de febrero de dos mil veintidós, de ahí, que el plazo excesivo que alude la justiciable no es palmario y mucho menos se aprecia una afectación a sus derechos sustantivos el hecho de que dichas citas deban agendarse vía electrónica, máxime que como se dijo, no se constata que la quejosa haya intentado por algún otro medio solicitar la misma. Sin que pase inadvertido que la quejosa refiere haber intentado dichas pretenciones en diciembre de dos mil veinte, marzo y diciembre de dos mil veintiuno; sin embargo, para estar en aptitud de exigir a la autoridad responsable que desvirtúe la omisión que se le reclama debe demostrar que sí peticionó la cita a que se hace alusión en la demanda de amparo, esto es, debió acreditar que realizó el trámite correspondiente a través del portal en línea o mediante escrito presentado ante la institución correspondiente; no obstante, de las documentales anexas a su escrito de demanda y diverso aclaratorio no prueba ni si quiera de manera indiciaria dicha pretensión. De modo que si no está demostrado que ante la autoridad responsable se instó el trámite de que se trata, cuya omisión de atender se le atribuye, no podría exigirse que acreditara haber otorgado la cita materia de la litis, esto es, corresponde a la parte quejosa acreditar de manera fehaciente que efectivamente realizó el trámite conducente para exigir la actuación de la autoridad responsable, sin que en el caso que se analiza se acredite tal extremo, pues no basta sólo su dicho, razón por la que no se advierte afectación directa a su esfera jurídica sobre una pretensión que ni siquiera ha sido intentada y mucho menos negada, siendo de explorado derecho que tratándose de juicios de amparo en los que se reclamen actos de naturaleza omisiva la carga de la prueba a fin de justificar su exigibilidad, corresponde precisamente a la parte quejosa, quien al efecto omitió aportar elemento de convicción fehaciente con el que se acreditara que intentó agendar una cita. Apoya lo expuesto, la Jurisprudencia 42/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 124 del Tomo XXV, Abril de 2007, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 172759, de rubro y contenido siguientes: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos." También robustece a lo explicado, la Jurisprudencia 192/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 209 del Tomo XXVI, Octubre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 171257, de rubro y contenido que dicen: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Así las cosas, a consideración de quien resuelve el derecho de acceso a la justicia no se vulneró en perjuicio de la quejosa; por ello, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el diverso 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Lo anterior, toda vez que no compareció a notificarse dentro de los dos días a que hace referencia el aviso que antecede.

  3. Principal

    . Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en auto que antecede; en consecuencia, se provee: Desechamiento. Al ser preferente su estudio, se analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como lo estipula el precepto 113 de la ley reglamentaria del juicio constitucional. En relación con lo expuesto, diversos tribunales de la Federación, se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Con otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo que es así porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes (o solicitudes ajenas al juicio de amparo), para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Ahora bien, una vez analizado el escrito inicial de demanda, así como el ocurso mediante el cual pretende la quejosa desahogar la prevención formulada por este juzgado, se advierte que la parte quejosa de lo que se duele medularmente es de la forma implementada por las autoridades que señala como responsables Jefe de la Sección Consular de México en La Habana, Cuba y Director General de Servicios Consulares, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para el otorgamiento de citas para entrevistas que forman parte del trámite para el otorgamiento de visas a extranjeros; toda vez que alude que únicamente se otorgan pocas citas y que se terminan de manera rápida, lo que le causa una afectación directa a su esfera jurídica. Así, bajo las premisas expuestas por la parte quejosa y sin prueba alguna que acredite que la responsable ha incurrido en alguna negativa u omisión ante la petición realizada por la quejosa para obtener la respectiva cita que necesita, se considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Previo a exponer las razones por las cuales se estima que se actualiza la citada causal de improcedencia, conviene precisar que en la jurisprudencia 37/2014, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretó la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en la que señaló que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora bien, los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De acuerdo con los preceptos legales transcritos, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación y el acto que reclama la parte quejosa, no se trata de uno que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Pues bien, vista la narrativa de los hechos, así como la documental que anexa la directa quejosa al ocurso acordado el día de la fecha, consistente en una impresión fotográfica de la plataforma digital MEXITELCUBA, se advierte que realizó dicha consulta el veintidós de febrero de dos mil veintidós, por lo que contrario a lo que la quejosa sostiene, no se advierte que exista una abierta demora o paralización total de concederle la cita que refiere ante el Consulado Mexicano en La Habana, Cuba; toda vez que la quejosa alude que las autoridades consulares le han negado o han sido omisas en concederle una entrevista, sin embargo, tanto del escrito de demanda como del escrito presentado en cumplimiento a la prevención del mismo, se constata que la quejosa se duele de la forma implementada por las autoridades que señala como responsables de otorgar las citas correspondientes a las entrevistas para el otorgamiento de visas a extranjeros, ya que si bien, intenta destacarlo como una omisión o negativa por parte dichas autoridades, lo cierto es que, no demuestra haber solicitado de manera fehaciente la cita de mérito, máxime, que todas sus manifestaciones bajo protesta de decir verdad se encuentran encaminadas a resaltar la dificultad de acceder a obtener una de las citas de entrevista, esgrimiendo que solo dan determinado número y que se terminan de manera pronta, aunado a que refiere que en ningún momento ha acudido ante la institución correspondiente a realizar solicitud escrita para dicho trámite, ni promovido algún medio para hacer valer su solicitud. Ahora bien, no hay que perder de vista que debido a la contingencia mundial presentada en los últimos años, debido al virus COVID-19, las instituciones gubernamentales y de las demás índoles, han tenido que verse forzadas a reducir de manera inminente el acceso a sus servicios, esto con la finalidad de preservar la salud de los habitantes, lo cual ha motivado que a nivel mundial exista un retraso en los trámites y servicios incluso fuera de los plazos previstos para cada caso; sin embargo, tal circunstancia afecta a todas las personas y no solo a una parte de la población o bien a un justiciable en específico. Así, también es importante destacar que bajo esa premisa, se han tenido que implementar métodos que ayuden para agilizar los trámites y servicios, sin poner en riesgo el derecho a la salud de todos y cada uno de los individuos, razón por la que se han habilitado los servicios en línea, como en el caso el registro de citas por internet, lo que no trae aparejado consigo una inminente violación a los derechos humanos del gobernado, pues como se dijo, dichas medidas han tenido que ser tomadas para salvaguardar un derecho primordial del interés social que es la salud. Ahora, la presente instancia constitucional ha sido creada si bien para custodiar el debido proceso y el respeto a los derechos consagrados en la Constitución Mexicana de cada uno de los justiciables, lo cierto es que no puede ser utilizada a capricho del gobernado, queriendo pasar por encima de los derechos del resto, o queriendo obtener de manera ventajosa un privilegio que conlleve no ajustarse a los lineamientos establecidos por las autoridades, debiendo respetar todos y cada uno los requisitos y trámites establecidos. En el caso, la parte quejosa esgrime que es complicado obtener una de las citas para entrevista que menciona, pero en ningún momento refiere que se le haya negado la misma o que se encuentren inhabilitadas, ni mucho menos demuestra haber realizado una petición al respecto ante la autoridad correspondiente y que la misma haya sido omisa en contestar o le haya negado el acceso de agendar la cita que alude solicita, aunado a que la captura de pantalla anexada es de un día anterior a la presentación del escrito de aclaración de demanda, por lo que es inconcuso que no hay una afectación a su esfera jurídica al implementar la forma de agenda de citas en línea, ya que se encuentra en posibilidad de obtener la misma de manera igualitaria al resto de los solicitantes, sin que se advierta que haya realizado trámite o solicitud alguna para pretender acceder a sus pretensiones, entonces sería no respetar el derecho del resto de la población el exigir mediante el juicio de amparo a las autoridades responsables que soportaran la carga de acreditar que no se rehusaron a actuar en el sentido en el que les fue exigido, si en principio la promovente tenía la carga de justificar que realizó el acto positivo del cual derivó la negativa u omisión reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 4a. 9 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, página 329, Octava Época, con número de registro 207986, que dice: "ACTO NEGATIVO DERIVADO DE UNO POSITIVO. CORRESPONDE AL QUEJOSO DEMOSTRAR EL SEGUNDO SI LA AUTORIDAD NIEGA AMBOS. Cuando el quejoso reclama como actos de aplicación de un reglamento la expedición de las órdenes de visita y clausura y las autoridades responsables los niegan, tal afirmación de inexistencia debe desvirtuarla con las pruebas correspondientes; y el hecho de que también se reclamó la negativa de las ejecutoras a mostrarle la orden de visita, no le releva de la carga probatoria, toda vez que aunque este último acto es de naturaleza negativa, es derivado de otros de carácter positivo (expedición de las órdenes de visita y de clausura), cuya existencia corresponde demostrarla al quejoso, pues para que las autoridades soporten dicha carga es necesario que antes se acredite la existencia de los actos positivos de los que deriva la actitud omisiva de las responsables; de lo contrario, no puede constreñirse a éstas a evidenciar actos derivados de hechos positivos que no llegaron a probarse." Luego, en el caso particular y en atención a los elementos descritos, es dable concluir que a la fecha la parte quejosa no ha gestionado el acceso al trámite que requiere, pues no puede dolerse de una omisión o una negativa por parte de las responsables en concederle una entrevista, si esta no ha accionado la instancia correspondiente para obtener la misma y así estar en aptitud de demostrar la acción violatoria de derechos humanos por parte de las responsables, ante su solicitud. Máxime que no puede decirse que existe una omisión o abierta dilación en la apertura de citas, si la documental exhibida evidencia que su solicitud o entrada al portal en línea de la institución señalada como responsable fue efectuada el veintidós de febrero de dos mil veintidós, de ahí, que el plazo excesivo que alude la justiciable no es palmario y mucho menos se aprecia una afectación a sus derechos sustantivos el hecho de que dichas citas deban agendarse vía electrónica, máxime que como se dijo, no se constata que la quejosa haya intentado por algún otro medio solicitar la misma. Sin que pase inadvertido que la quejosa refiere haber intentado dichas pretenciones en diciembre de dos mil veinte, marzo y diciembre de dos mil veintiuno; sin embargo, para estar en aptitud de exigir a la autoridad responsable que desvirtúe la omisión que se le reclama debe demostrar que sí peticionó la cita a que se hace alusión en la demanda de amparo, esto es, debió acreditar que realizó el trámite correspondiente a través del portal en línea o mediante escrito presentado ante la institución correspondiente; no obstante, de las documentales anexas a su escrito de demanda y diverso aclaratorio no prueba ni si quiera de manera indiciaria dicha pretensión. De modo que si no está demostrado que ante la autoridad responsable se instó el trámite de que se trata, cuya omisión de atender se le atribuye, no podría exigirse que acreditara haber otorgado la cita materia de la litis, esto es, corresponde a la parte quejosa acreditar de manera fehaciente que efectivamente realizó el trámite conducente para exigir la actuación de la autoridad responsable, sin que en el caso que se analiza se acredite tal extremo, pues no basta sólo su dicho, razón por la que no se advierte afectación directa a su esfera jurídica sobre una pretensión que ni siquiera ha sido intentada y mucho menos negada, siendo de explorado derecho que tratándose de juicios de amparo en los que se reclamen actos de naturaleza omisiva la carga de la prueba a fin de justificar su exigibilidad, corresponde precisamente a la parte quejosa, quien al efecto omitió aportar elemento de convicción fehaciente con el que se acreditara que intentó agendar una cita. Apoya lo expuesto, la Jurisprudencia 42/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 124 del Tomo XXV, Abril de 2007, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 172759, de rubro y contenido siguientes: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos." También robustece a lo explicado, la Jurisprudencia 192/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 209 del Tomo XXVI, Octubre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 171257, de rubro y contenido que dicen: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Así las cosas, a consideración de quien resuelve el derecho de acceso a la justicia no se vulneró en perjuicio de la quejosa; por ello, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el diverso 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo.

  4. Principal

    NPQ. Se tiene por recibida la demanda de amparo. Se ordena la formación de los expedientes impreso y electrónico respectivos. Se previene a la parte que peticiona el amparo para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique del presente acuerdo. PRIMERO. Aclare el acto efectivamente planteado y que reclama a las autoridades responsables. Lo anterior, ya que si bien señala como actos reclamados "(.) la omisión para concederle una entrevista, en día y hora cierto, en el Consulado Mexicano de la Habana, Cuba", lo cierto es que también indica que dicho reclamo es con la finalidad de tramitar la visa por unidad familiar respecto de su menor hija. En ese sentido, deberá indicar si lo que reclama es: a). El medio por el que se debe realizar la tramitación de la visa por unidad familiar, es decir que la cita debe agendarse a través de la plataforma digital MEXITELCUBA, la cual no se encuentra habilitada. b). La información telefónica o por otro medio, relativa a que tiene que solicitar la entrevista consular en la plataforma digital MEXITELCUBA, de la cual le fue informada que sería habilitada nuevamente hasta marzo de dos mil veintidós; o bien, c). La omisión para concederle una entrevista en el Consulado Mexicano de la Habana, Cuba, en el entendido de que de ser el caso, deberá indicar si acudió ante alguna otra instancia, dependencia, institución, donde hiciera valer la posible actitud o conducta del consulado y el estado procesal en la que se encuentre, es decir si interpuso algún medio de inconformidad, respecto a la omisión de respuesta a su solicitud realizada de manera formal o bien, ante la negativa de dicho trámite. d). O, en su defecto, precise la forma en que ha tratado de obtener la cita respectiva. SEGUNDO. Indique si de manera escrita realizó ante las oficinas que integran la Secretaría de Relaciones Exteriores la solicitud de respuesta a la petición de la cita que refiere, o mediante algún formato del que se advierta, que efectivamente ha efectuado la aludida solicitud de cita que refiere; toda vez que de los anexos de demanda no se advierte documental por escrito o bien, impresión fotográfica del referido portal, que desprenda la solicitud que aduce, ni mucho menos que exista respuesta a dicha solicitud en la que se hubiese negado la responsable agendar la cita solicitada por la quejosa. TERCERO. Precise la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, en caso de ser la negativa a su solicitud de agendar cita para la tramitación de la visa y/o entrevista en el consulado mexicano, con relación a su menor hija, estableciendo con claridad cuál fue el acto del que tuvo conocimiento el uno de febrero del año en curso, como lo informa en su demanda. En consecuencia, a fin de tener mayores elementos sobre la oportunidad o no de la presentación de la demanda, ya que las manifestaciones de la justiciable aun cuando las realiza bajo protesta de decir verdad no son congruentes entre sí, pues no es posible colegir la fecha en que tuvo efectivamente conocimiento del acto reclamado, es que se estima necesario prevenir a la parte quejosa para que aclare la fecha exacta en la que fue notificada la negativa de la que se duele. Lo anterior, toda vez que si bien indica como fecha de conocimiento el uno de febrero de dos mil veintidós, lo cierto es, que la justiciable alude que la omisión que reclama viene sucediendo desde hace más de dos años, razón por la que resulta necesario que señale de manera correcta la fecha por la cual se le hizo de conocimiento dicho acto. En este apartado, se aclara a la quejosa, así como a los autorizados o abogados que lleguen a asistirlo, que la Ley de Amparo prevé consecuencias penales para quien se conduzcan con falsedad, en términos del numeral 261, de la ley en mención, que estipula que se impondrá sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientas unidades de medida de actualización, a quien afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo. Se apercibe a la promovente, que en el caso de no dar cumplimiento a lo precisado en la presente prevención, se tendrá por no presentada la demanda. Los puntos de prevención deberán ser desahogados necesariamente por la parte que solicita el amparo. Sin que haya lugar a llevar a cabo las notificaciones relacionadas con el presente asunto el medio electrónico que precisa, toda vez que no se encuentra contemplado entre aquellos previstos por la Ley de amparo; por lo que, se tienen por señalados los medios de comunicación que precisa para que, de ser el caso se entablen comunicaciones no procesales. Se reconoce autorizados y el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones. Se precisa que los actuarios se encuentran facultados para que en caso de que se evidencie causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado por cualquiera de las partes, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; éstas se realicen mediante lista. Se requiere a la parte solicitante del amparo a fin de que proporcione un usuario a través del que se le puedan realizar las notificaciones personales, así como se le solicita que indiquen correo electrónico, número telefónico o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Se habilitan días y horas inhábiles. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario. Se hace del conocimiento de las partes que pueden oponerse a la publicación de sus datos personales.

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