Eliza Morones Ponce

Expediente 842/2013 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
842/2013
Año
2013
Actuaciones
11
Última actuación
09/12/2015

Partes del expediente

  • Eliza Morones Ponce

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Vista la cuenta; agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, atento a su contenido, remítase el acuse de recibo solicitado.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, se aprecia que ha transcurrido el término que se concedió a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. Ahora, siendo que el cumplimiento de las sentencias de amparo es una cuestión de orden público, pues la sociedad está interesada en que las resoluciones judiciales sean efectivamente acatadas; es procedente pronunciarse respecto si la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y el diverso tercero transitorio de la propia Ley, razón por la cual en este momento se realiza. Previo al análisis en cuestión, es necesario puntualizar al momento de estudiar las constancias mediante las cuales la autoridad responsable da a conocer el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se ajustan a lo que indica la lógica jurídica al respecto, en el sentido de realizar dicho análisis, estableciendo como base del mismo un silogismo; esto es, una premisa mayor, en este caso representada por el sentido en que fue amparada la parte quejosa en la ejecutoria de que se trata, ya sea que el amparo se haya concedido para efectos, o bien, liso y llano; una premisa menor, caracterizada por el informe y constancias que lo apoyen que rinde la responsable al dar a conocer el cumplimiento que afirma dio a la ejecutoria de amparo; y una conclusión, que es a lo que se llega después de confrontar la premisa menor con la mayor. En esa línea de pensamiento, es preciso fijar la premisa mayor, es decir, los efectos de la sentencia, emitida el veintiocho de agosto del presente año, por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, que se transcriben a continuación: ".En las relacionadas consideraciones, al quedar acreditada en autos la violación a las garantías y derechos a que hace alusión la quejosa, resulta procedente conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión instado, para el efecto de que el Juez responsable deje insubsistente la orden de aprehensión reclamada y en su lugar, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva determinación, fundando y motivando su conclusión, en los términos expuestos en la presente ejecutoria. Concesión que se hace extensiva a las diversas autoridades señaladas como ejecutoras, Jefe de Grupo de la Policía Investigadora del Estado Región Norte I, adscrito a la Agencia Investigadora del Ministerio Público del Primer Turno; Jefe de Grupo de la Policía Investigadora del Estado Región Norte I, adscrito a la Agencia Investigadora del Ministerio Público del Segundo Turno y Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Penal; todas con sede en Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; cuyos actos de ejecución fueron reclamados como una consecuencia del atribuido a la ordenadora y no por vicios propios." Una vez, fijada la premisa mayor, se examina la menor, es decir, las constancias del cumplimiento de las que se advierte que: El quince de septiembre de dos mil quince (fojas 405 a 410), se recibió en la Oficialía de Partes de este juzgado, los oficios signados por el Jefe de Grupo de la Policía Investigadora del Estado, adscrito a las Agencias Investigadoras del Primer y Segundo Turno, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales informó el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, se dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifestara lo que su interés legal conviniera, proveído que quedó notificado personalmente en dieciocho de septiembre del año en curso (foja 414), sin que haya realizado manifestación alguna al respecto. Posteriormente, en dieciocho de septiembre del año en curso, se tuvo al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, remitiendo el oficio 84/2015.-G (foja 415), del que se desprende que dejó insubsistente la orden de aprehensión de veintitrés de agosto de dos mil trece, dictada en el proceso penal 246/2013, iniciado en contra de la aquí quejosa Eliza Morones Ponce, y dictó una nueva resolución siguiendo los lineamientos de la ejecutoria concedida. Al efecto, remitió copia certificada del auto de quince de septiembre del presente año, mediante el cual ordenó dejar insubsistente la orden de aprehensión citada con antelación, así como de la resolución de diecisiete de septiembre de dos mil quince, de la que negó la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público de su adscripción, en contra de la impetrante de amparo (fojas 416 a 424). Con lo anterior, mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil quince (foja 425), se dio vista a la parte quejosa con el oficio y anexo que remitió la citada autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que en el término de tres días expresara lo que a su derecho conviniera; acuerdo que se le notificó personalmente el veintidós del ese mismo mes y año (foja 428). Así también, en veintiuno de septiembre de dos mil quince, se tuvo a la Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en esta ciudad, remitiendo el oficio AMPAJ3-205/2015 (foja 426), mediante el cual informó sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días expresara lo que a su derecho conviniera; misma que quedó notificada en veintiséis de octubre del año en curso (foja 442). Luego, en veintiocho de septiembre del año en curso, el Secretario de guardia de este Juzgado de Distrito, recibió el escrito signado por el licenciado Ricardo Livas Hernández, autorizado por la parte quejosa (foja 429 y 430), mediante el cual desahogó la vista que se le dio el veintiuno de septiembre del presente año, realizando las manifestaciones en relación con el cumplimiento que dio el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. Ahora, confrontadas la premisa mayor y menor antes fijadas, se procede determinar si se cumplió el núcleo esencial para el cual fue otorgado el amparo a la parte quejosa, haciendo el examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, mismas que tienen valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en el arábigo 2° de la ley de la materia. Los efectos para los cuales fue concedido el amparo, se consideran cumplidos, pues el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, en auto de quince de septiembre de dos mil quince (foja 416), dejó insubsistente la orden de aprehensión girada el veintitrés de agosto de dos mil trece, dentro de la causa penal 246/2013, ordenando dictar una nueva resolución, misma que emitió el diecisiete de septiembre del mismo año, en la que negó la orden de aprehensión solicitada por la Agente del Ministerio Público de su adscripción, en contra de la aquí quejosa Eliza Morones Ponce, por el delito de Despojo de Inmueble, previsto y sancionado en el artículo 431, fracción I, del Código Penal en el Estado. En conclusión, es evidente que se cumplió con el núcleo esencial que motivó la concesión del amparo otorgado; sin que sea técnico que este órgano jurisdiccional se ocupe de la legalidad de lo resuelto, pues ello pudiera, entre otras cosas, producir confusión a las partes, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformaran con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a la autoridad responsable, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa. (.) Por tales razones, se estima cumplida en su totalidad la ejecutoria de amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar; por tanto, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo; archívese este Juicio de Amparo, y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. Por otro lado, en cuanto a las manifestaciones vertidas por el autorizado de la parte quejosa; dígasele que se esté a lo acordado en párrafos precedentes, puesto que los efectos de la sentencia concesoria de amparo, no lo fue para que se le restituyera a la impetrante de amparo del predio que menciona en el ocurso que se provee. Ahora bien, toda vez que se concedió el amparo solicitado en el presente juicio, como lo establece la fracción IV del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de depuración, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, respecto al cuaderno original del incidente de suspensión relativo al presente sumario, toda vez que es susceptible de depuración, conforme lo dispone la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, manténgase por separado en el estado en que se encuentre, quedando sin efecto las providencias decretadas; así también, el duplicado del citado incidente, el cual de conformidad con el Acuerdo General Conjunto antes mencionado, se procederá a su desintegración material en el término de seis meses, a partir de la única o última resolución interlocutoria que se haya dictado.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta agréguese a los autos, el escrito signado por el licenciado Adolfo Segura Luévanos, en su carácter de autorizado del tercero interesado Eduardo Rogelio Bres Garza; en su atención, se provee: Como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2° de la legislación de la materia, expídase a su costa la copia certificada que refiere, previa razón de su recibo que se deje en autos para debida constancia. Ahora bien, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se omitió notificar a la parte quejosa el auto de veintidós de septiembre del año en curso, a través del cual se le dio vista para que manifiesta a lo que su interés conviniera en relación con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo efectuado por la Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad; en atención a ello, de conformidad con el artículo 26 de la Ley de Amparo en vigor, se ordena notificar en forma personal a la quejosa, el proveído que nos ocupa, así como el presente auto.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito signado por el licenciado Adolfo Segura Luévanos, en su carácter de autorizado del quejoso Eduardo Rogelio Bres Garza; en su atención, se provee: Como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2° de la legislación de la materia, expídase a su costa la copia certificada que refiere, previa razón de su recibo que se deje en autos para debida constancia.

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