Elixer Ruiz Juárez
Expediente 603/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 603/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Elixer Ruiz Juárez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, quince de agosto de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Nancy Román García, Delegada de la autoridad responsable Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual informa que el Secretario Técnico de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del citado Congreso, le hizo del conocimiento que la próxima Sesión a celebrarse se llevará a cabo el catorce de septiembre del año en curso, donde será puesto a consideración de los Diputados que integran la misma, el dictamen con proyecto de decreto en cumplimiento a la ejecutoria protectora. Al respecto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Congreso del Estado de Morelos, para que en el término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Informe y acredite en atención a la Sesión a que hace mención en su oficio de cuenta, si ya se encuentra notificada toda la Comisión, ello para evitar dilaciones o diferimiento innecesario, y así continuar con el procedimiento legislativo correspondiente. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del once al veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, autorizado por acuerdo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiséis de junio del presente año, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/3682/2023, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En tal virtud, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de la Materia, requiérase a la autoridad responsable, para que en el término de tres días, contados a partir del momento al en que quede notificada del presente auto, cumpla con la ejecutoria en los términos precisados, informando en ese lapso sobre su cumplimiento, apercibida que de no hacerlo así en el término que se le concede, el siguiente requerimiento se le hará por conducto de su superior jerárquico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, de la Ley de Amparo, y en su caso remitir el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en Turno o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso; por tal motivo, se les hace del conocimiento que dichos órganos al momento de resolver el incidente de inejecución de sentencia que en su caso se formule, están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, es decir, no solo verifican el cabal cumplimiento de la ejecutoria dictada, sino, también si hubo retardo en el cumplimiento de la misma, aplicando a las autoridades responsables las sanciones previstas en el artículo 107, Constitucional, ya que el cumplimiento extemporáneo no exime a las autoridades responsables de su responsabilidad, ni se decretará sin materia el incidente, puesto que en esa etapa se determina si hubo responsabilidad o no en el cumplimiento. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia cuyos datos de identificación y rubro, son los siguientes: Décima época Registro: 2007912 Instancia: Pleno Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, noviembre de 2014, tomo I Materia: Común Tesis: P./J. 60/2014 Página: 7 "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Con independencia de lo anterior, se hará efectiva una medida de apremio equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo; sin perjuicio de que, una vez que este órgano jurisdiccional agote las etapas del procedimiento de ejecución, se remita al Tribunal Colegiado de este circuito, para la continuación del procedimiento de ejecución respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Erik Calderón Ocampo, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 603/2023, promovido por********************contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otra autoridad, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el tres de mayo de dos mil veintitrés, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal,********************solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables: I. Del Congreso del Estado de Morelos; y, II. De la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos: Actos reclamados: ".reclama de las autoridades responsables la violación del derecho humano de petición consagrado en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por omisión de emitir decreto mediante el cual se me otorgue la pensión por jubilación solicitada prevista en el artículo 58 fracción I, inciso a) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y que fue solicitada mediante escrito de fecha 10 de marzo de 2022 tal y como se aprecia en el acuse de recibido con sello fechador original que se exhibe anexo a la presente demanda de garantías; así como la omisión de ordenar la publicación del decreto respectivo en el Periódico Tierra y Libertad". SEGUNDO. El cuatro de mayo de dos mil veintitrés, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 603/2023, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama: La omisión de emitir decreto mediante el cual se me otorgue la pensión por jubilación solicitada prevista en el artículo 58 fracción I, inciso a) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y que fue solicitada mediante escrito de fecha 10 de marzo de 2022. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable Congreso del Estado de Morelos, negó la existencia del acto reclamado; lo que así se advierte del análisis completo del informe justificado y las constancias agregadas en autos. En ese sentido, a criterio de este órgano jurisdiccional, lo procedente es decretar el sobreseimiento del presente juicio, en términos del numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;...". Del artículo anterior se desprende que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de autos se advierte que no existe el acto reclamado; circunstancia que acontece en el presente caso. En ese orden de ideas, toda vez que la autoridad responsable Congreso del Estado de Morelos, negó la existencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa desvirtuara dicha negativa, o aportara constancias que apoyaran su existencia. Por lo anteriormente expuesto, a criterio de este juzgador, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo promovido por********************por cuanto al acto reclamado al Congreso del Estado de Morelos, consistente en la omisión de emitir el decreto mediante el cual se otorgue pensión por jubilación y que fue solicitada por escrito de fecha diez de marzo de dos mil veintidós. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado en la jurisprudencia número VI. 2o. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, pag. 627, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Del mismo modo, refuerza las anteriores consideraciones, el criterio sustentado por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, PRUEBA DEL.- Cuando la autoridad señalada como responsable niegue en su informe justificado el acto que le atribuye el quejoso, éste tiene la carga procesal de desvirtuar esa negativa, y si no lo hace, resulta claro que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo procede el sobreseimiento". CUARTO. Certeza del acto reclamado. Por cuanto a la autoridad señalada como responsable Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, no obstante su negativa, se desvirtua y por lo tanto es cierto el acto reclamado, pues así se advierte del contenido de su informe justificado, y de las constancias anexas, documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. QUINTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que no se surten los supuestos de improcedencia, que en ese sentido dispone el artículo 61, de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de estudio oficioso, de conformidad con el artículo 62 del citado ordenamiento. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es innecesario realizar su transcripción, al no existir algún precepto en la Ley de Amparo que así lo establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Atendiendo a la causa de pedir, la parte quejosa expresó en sus conceptos de violación, en esencia, que se viola en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 8° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la autoridad responsable es omisa y no actúa en breve término como lo dispone el primero de los numerales citados. A criterio de este juzgador, resulta fundado y suficiente el concepto de violación en estudio en atención a las siguientes consideraciones de derecho: En primer lugar, debe precisarse que el derecho de petición encuentra sustento en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numeral que a continuación se transcribe para pronta referencia: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Del citado artículo se desprende que los elementos que debe tener la petición que los habitantes de la República son los siguientes: Debe formularse de manera pacífica y respetuosa; Ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada, y El peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. Por su parte, la respuesta de la autoridad debe ceñirse a lo siguiente: Debe ineludiblemente emitir acuerdo o respuesta; Ha de producirse en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; Tendrá que ser congruente con la petición; La autoridad debe notificar los acuerdos recaídos a las peticiónes en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; No existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quién se formuló, a que provea necesariamente de conformidad con lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y La respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejerció el derecho y no por autoridad diversa. Precisadas las características de la petición y su consecuente respuesta, se tiene que en el presente asunto, la parte quejosa, mediante escrito presentado el diez de marzo de dos mil veintidós, realizó solicitud sobre el trámite de pensión por jubilación, ante la responsable; misma que fue turnada a dicha autoridad en su fecha; no obstante lo anterior, a la data de la emisión de la presente sentencia no obra constancia de que la autoridad responsable haya dado respuesta a la petición formulada. Máxime que la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, al rendir su informe indico que dicha petición se encuentra en la etapa de integración e investigación del expediente interno conformado con motivo de la solicitud de pensión de ********************. Así, si la parte quejosa presentó la petición ante la autoridad responsable Comisión de Trabajo, Previsión, sin que a la fecha obre constancia de que se hubiese emitido su respectiva respuesta, es evidente que transcurrió en demasía el término con el que cuentan las responsables para dar respuesta a las peticiones que les fue formulada, por lo que se considera que el plazo transcurrido resulta excesivo a efecto de que la responsable se pronuncien respecto a la petición realizada. El razonamiento anterior encuentra sustento en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Octubre de 1992, página 318, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DERECHO DE PETICION. QUE DEBE ENTENDERSE POR BREVE TERMINO Y CUAL ES AQUEL EN QUE LA AUTORIDAD DEBE DICTAR EL ACUERDO RESPECTIVO Y DARLO A CONOCER AL PETICIONARIO. No es verdad que sea necesario que transcurran más de cuatro meses sin dar respuesta a una petición formulada en términos del artículo 8o. constitucional para considerar transgredido dicho precepto, puesto que sobre la observancia del derecho de petición debe estarse siempre a los términos en que está concebido el citado precepto constitucional. En efecto, la respuesta a toda solicitud debe hacerse al peticionario por escrito y "en breve término", debiéndose entender por éste como aquel en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición. En consecuencia, es inexacto que los funcionarios y empleados cuenten con un término de cuatro meses para dar contestación a una solicitud". Máxime que en el caso en particular debe indicarse que el derecho de petición reconocido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de dar respuesta al derecho de petición de la parte quejosa (solicitud en materia de pensiones), procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público dé respuesta a la petición, para que una vez conocida dicha contestación, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario debe acudir a la vía ordinaria laboral. SÉPTIMO. Efectos del amparo. En las relatadas consideraciones, al resultar fundado el concepto de violación hecho valer, lo procedente es conceder el amparo solicitado por********************para que la autoridad responsable Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, Morelos, dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, y en caso de no haberlo hecho, dé contestación de manera fundada, motivada y congruente a la petición realizada por la parte quejosa el diez de marzo de dos mil veintidós, y lo notifique en términos de la ley aplicable al acto. Sin que la presente determinación constriña a la autoridad ante quién se formuló, a que provea necesariamente de conformidad con lo solicitado por la parte promovente -aquí quejosa-, sino que está en libertad de resolver de conformidad de acuerdo con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso concreto. Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 1°, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO: Se sobresee en el juicio de amparo respecto del acto atribuido a la autoridad responsable Congreso del Estado de Morelos. SEGUNDO. La justicia de la unión ampara y protege a********************respecto del acto reclamado a la autoridad responsable Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, para los efectos señalados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Erik Calderón Ocampo, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Ana Karina Izquierdo Jiménez, apoderada legal de la institución de crédito denominada BBVA MEXICO, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA MÉXICO, mediante el cual informa que el área de atención autoridades México le hizo del conocimiento que la citada institución de bancaria encuentra imposibilitada para llevar acabo lo requerido, toda vez que el sistema operativo no cuenta con las herramientas y/o aplicativos que permitan la desinmovilización parcial de depósitos que provengan de conceptos por pensiones jubilatorias otorgadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por lo que solicita se precise el monto total que por concepto de pensión jubilatoria se ha depositado en la cuenta número 0444716949 a nombre de Arturo Muñoz Romero, y si este tendrá que ser de forma mensual, en tanto se resuelva el presente juicio de amparo, de igual manera solicita a su señoría se le notifique a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que tenga conocimiento de lo actuado, en virtud de ser la autoridad que recibió y ejecutó el embargo del presente amparo. Al respecto, y antes de proveer sobre las manifestaciones de la autoridad oficiante, córrase traslado con el oficio de cuenta dese vista a la parte quejosa, para que en el término de cinco días contados a partir del siguiente al que surta efectos la notificación respectiva, manifieste lo que a su interés convenga respecto a lo informado por la citada autoridad oficiante y proporcione la información necesaria para la autoridad responsable de cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado este Juzgador acordara lo que en derecho proceda para el debido cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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