Elivorio Zamora Rodríguez

Expediente 611/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
611/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
29/05/2023

Partes del expediente

  • Elivorio Zamora Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que ********************, no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído emitido el diecisiete de mayo del año en curso, en el cual se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Finalmente, cabe precisar que el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, establece que en el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días hábiles a recuperar los documentos originales que en su caso hubieren exhibido en el expediente, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado éstos serán destruidos; sin embargo, toda vez que en el juicio en que se actúa no existen documentos originales presentados por las partes, es innecesaria dicha notificación personal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por ********************, en su carácter de apoderado legal de********************, contra actos de la Junta Especial número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Reynosa, Tamaulipas; regístrese en el libro respectivo con el número 611/2023-III. En el entendido de que la personalidad del promovente se acredita con las constancias que se adjuntan al escrito de demanda, consistentes en actuaciones emitidas dentro del procedimiento laboral del que emana el acto reclamado, en las que se advierte que tiene reconocida ante la autoridad responsable la calidad de apoderado del quejoso de mérito; lo anterior, en términos del primer párrafo del artículo 11 de la Ley de Amparo. Se exhorta a las partes para que, de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; atendiendo a ello, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este juzgado debe haber autorizado, en el entendido de que la actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente. Sin embargo, para el caso de quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de su representante legal, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el acceso a un expediente electrónico determinado y las notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, en el entendido de que dicho precepto faculta al órgano jurisdiccional para desecharla de plano cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, se precisa que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora bien, la parte quejosa señala como autoridad responsable, a la siguiente: Junta Especial número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Reynosa, Tamaulipas. Asimismo, como acto reclamado: "se impugna por infundado e improcedente, ACUERDO DE FECHA VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES, QUE DECLARA INCOMPETENCIA PARA CONTINUAR PROCEDIMIENTO JUICIO LABORAL, dentro del juicio especial laboral del expediente ********************." (sic) De lo anterior, se desprende que el motivo de disentimiento del peticionario de garantías es, en esencia, el auto emitido el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, dentro del expediente ********************, del índice de la Junta Especial número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Reynosa, Tamaulipas, proveído en el que se declina competencia para conocer del citado asunto al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, residente en Ciudad Victoria, Tamaulipas. En ese contexto, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones V y VIII, de la Ley de Amparo, los cuales a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley ." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; . VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto; y ." De la trascripción de los artículos y fracciones que contiene la causa de improcedencia invocada, se advierte que el amparo solicitado ante un Juez de Distrito, cuando se reclamen actos dentro de un juicio seguido ante una autoridad jurisdiccional, sólo será procedente cuando esos actos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Bien, la interpretación del artículo 107 de la Ley de Amparo, permite considerar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos del gobernado, mismos que tutela la Constitución por medio de los derechos humanos, citando como ejemplos la vida, la libertad, la propiedad, las posesiones, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga un fallo definitivo favorable a sus pretensiones en el juicio; mientras que los actos de ejecución reparable o intraprocesales no afectan ese tipo de valores, sino que producen la posibilidad de que esa afectación se pueda reflejar al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses de la parte agraviada. Cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reflexionó sobre el alcance de la expresión "actos de imposible reparación" para la procedencia del juicio de amparo indirecto a la luz de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril del dos mil trece. Así, el Máximo Tribunal interpretó que el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Puede afirmarse que con esta aclaración el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Tales consideraciones se reflejan en la tesis P./J. 37/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, pág. 39, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En esa línea argumentativa, en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que por regla general cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo. En consecuencia, el criterio general es que la demanda de amparo que se promueva contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Tales consideraciones dieron origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 48/2016, de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Página 1086, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." En suma, se considera que los actos de imposible reparación son aquellos que infringen derechos sustantivos que la Constitución tutela para los gobernados; en tanto que los que no son de imposible reparación sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. En ese orden de ideas, cabe establecer que la procedencia del juicio de amparo indirecto promovido contra actos dictados dentro juicio con efectos de imposible reparación, está supeditada a que las repercusiones del acto de autoridad produzcan una lesión material en las prerrogativas sustantivas del justiciable, lo cual acontece cuando se restringe el pleno ejercicio de un derecho, previo al pronunciamiento de la resolución que dirima la controversia jurisdiccional y el derecho afectado no sea de naturaleza procesal (cuya afectación no es actual, al depender de que llegue o no a trascender en el desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Por lo que hace a la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto; sin embargo, la procedencia de la instancia constitucional se encuentra supeditada a que dichos actos sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables previstos en dicha hipótesis deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa. A mayor abundamiento, en la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos. La ejecutoria de que dio origen a la citada jurisprudencia, estableció que el método para definir el alcance que debe dársele al artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, en relación con la procedencia del juicio de amparo contra actos de autoridad en los que se determine declinar o inhibir la competencia, no puede ser otro que el que sea más acorde con los principios fundamentales previstos en la constitución federal y que rigen al juicio de amparo. En tal virtud, si el legislador al crear la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, únicamente introdujo como hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto: ".Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto.", sin hacer mayores especificaciones al respecto, es necesario acudir a la aplicación del principio de interpretación conforme, el cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al texto supremo a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico. Así, considerando que en la Constitución se clasificaron las reglas establecidas para regular la procedencia del juicio de amparo en contra de actos dictados en un juicio o en un procedimiento, según su carácter sustantivo y material, en oposición a su carácter adjetivo y formal, a que produzcan una afectación real y actual a la esfera jurídica del gobernado y que dicho acto goce de definitividad, en congruencia con el principio de concentración de violaciones procesales antes mencionado previsto en la Ley de Amparo; entonces, es de colegirse que por más que en la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, de manera destacada el legislador introdujo la posibilidad de combatir actos de autoridad en los que se determine inhibir o declinar la competencia, ello no significa que el juicio de amparo resulte procedente, pues antes debe superar un test de procedibilidad establecido no solo en el artículo 107 de la Constitución Política de este país, sino en diversas disposiciones constitucionales y reglamentarias. Situados en la parte en la que debe definirse si el acto de que se trata produce una afectación real, actual y de manera inmediata en la esfera jurídica del gobernado, debe constatarse si dicho acto es definitivo. De lo anterior se desprende que ya sea que una autoridad o tribunal se declare incompetente para conocer de un determinado asunto, o bien, que ello sea consecuencia de la formulación de una cuestión competencial, en cualquier caso existe un trámite que debe llevarse a cabo dentro del procedimiento o juicio e, incluso, existen medios de defensa ordinarios que deben agotarse (cuando estén previstos) y no será hasta que la primera de las condiciones se actualice o, en su caso, se interpongan y se resuelvan los recursos correspondientes cuando podrá considerarse que el acto de que se trata es definitivo y, por ende, ponderar si produce una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del interesado, lo que se actualizará, hasta que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta, o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto. Las anteriores consideraciones dieron origen a la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), de la Décima Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Materia Común, página 5, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes5 , cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Conforme a las consideraciones planteadas, el acto de autoridad impugnado por ********************, en su carácter de apoderado legal de********************, consistente en el auto emitido el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, dentro del expediente ********************, del índice de la Junta Especial número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Reynosa, Tamaulipas, proveído en el que se declina competencia para conocer del citado asunto al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, residente en Ciudad Victoria, Tamaulipas, de ninguna manera constituye un acto de imposible reparación para los efectos de la acción garante de derechos humanos. Lo anterior es así porque el acto reclamado se encuentra dentro del marco de un procedimiento jurisdiccional y versa sobre una cuestión puramente procesal; por lo que debe considerarse como un acto intraprocesal de ejecución reparable que produce una lesión jurídica de naturaleza adjetiva. Compréndase, acorde al lineamiento jurisprudencial antes citado, los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, de la legislación de la materia, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Precisado lo anterior, en el caso concreto, el acto reclamado no puede catalogarse como una determinación que se torne definitiva para la procedencia del juicio de amparo en los términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debido a que el auto de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, aún no produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos del peticionario, afectación que se actualizará hasta que la autoridad a favor de la cual se declina competencia, eventualmente, la acepte. En las condiciones expuestas, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones V y VIII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 de la legislación de la materia. Por otro lado, se tiene como domicilio de la parte agraviada para oír y recibir notificaciones el que menciona en su libelo de demanda. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

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