Eliut Camacho Jiménez
Expediente 667/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 667/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/12/2020
Partes del expediente
- Eliut Camacho Jiménez
- Juez Calificador de la Ciudad de Cintalapa de Figueroa, Chiapas.
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo. Atento a lo anterior, con apoyo en dicho precepto legal, para todos los efectos legales consiguientes, se declara firme el mencionado proveído. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo General, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. Asimismo, una vez transcurrido el término de tres años contado a partir del presente auto; dentro de los siguientes treinta días, se deberá destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su destrucción.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el escrito de demanda de amparo promovido por ****, contra actos del Juez Calificador, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 667/2020, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). A efecto de proveer lo que en derecho proceda en relación de la demanda presentada, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición, se observa que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Del análisis realizado al escrito de demanda y anexo, se advierte que el acto que en esta vía se reclama, consiste en el citatorio con sello de trece de noviembre de dos mil veinte. Así, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que el Juez Calificador del Ayuntamiento Municipal de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, mediante citatorio 01, con sello de trece de noviembre de dos mil veinte, citó al aquí quejoso para que compareciera al juzgado calificador el quince de noviembre del citado año, a las once horas, a efecto de tratar un asunto relacionado con su persona, haciéndole de su conocimiento que en caso de no comparecer sin causa justificada, podría hacerse acreedor a una falta administrativa, según lo dispuesto en el artículo 124, fracción IV, del Bando de Policía y Buen Gobierno de ese municipio; lo que constituye el acto reclamado. De lo anterior, se advierte que opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 con relación al diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anterior se sostiene, habida cuenta que, el citatorio con sello de trece de noviembre de dos mil veinte, requirió al aquí quejoso para que compareciera, a efecto de tratar un asunto relacionado con su persona, haciéndole de su conocimiento que en caso de no comparecer sin causa justificada, podría hacerse acreedor a una falta administrativa, por lo dicho acto no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto. Dicho en otros términos, el apercibimiento que realizó el Juez calificador es una advertencia a una persona de que en caso de no acatar una orden, su conducta u omisión tendrá consecuencias, esto es, su conducta encuadraría en una falta administrativa. El apercibimiento es una prevención de la autoridad a la persona que debe hacer o dejar de hacer algo, y se concreta en una advertencia conminatoria respecto de una sanción que se puede aplicar en caso de incumplimiento; así, el apercibimiento es un acto procesal a través del cual se previene a una persona, informándole que, de no acatar una obligación, se hará acreedora a la imposición de una sanción. En ese orden, el citatorio que apercibe al quejoso que en caso de no comparecer podría ser acreedor a una falta administrativa, sin que precisara cuál sería la medida de apremio a establecer; es un acto que no puede considerarse como inminente, por el contrario, es un acto incierto, porque depende del incumplimiento del sujeto obligado que dé lugar a hacer efectivo dicho apercibimiento, con la consecuente de ser acreedor de una falta administrativa. Ahora bien, en el citatorio que constituye el acto reclamado, la autoridad citó como fundamento el artículo 124, fracción IV, del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, que establece: "Artículo 124. Se considerarán como faltas al orden y la seguridad pública, los siguientes hechos: (.) IV. No comparecer sin causa justificada, a una citación formalmente hecha por la autoridad municipal, como consecuencia de dirimir cualquier tipo de diligencia de tipo conciliatorio, previa comparecencia de la persona solicitante." Es decir, el citatorio reclamado no se traduce en una orden de detención, aprehensión o presentación, ni contiene apercibimiento en relación con la utilización de los diversos medios de apremio, entre ellos, multa, arresto o el uso de la fuerza pública en contra del quejoso, para lograr su comparecencia ante dicha autoridad, pues de conformidad con el artículo invocado, únicamente establece que ante la incomparecencia del ahora quejoso, lo considerará como falta al orden y la seguridad pública y, como consecuencia, dirimir cualquier tipo de diligencia de tipo conciliatorio. Sin que hiciera mención de la disposición legal que establezca la medida correctiva ante la falta administrativa. Esto es, el Juez calificador no hizo referencia al artículo 215 del citado ordenamiento, que establece las medidas correctivas que puede imponer, a saber: "Artículo 215. El Juez calificador, podrá imponer cualesquiera de las siguientes medidas correctivas: Apercibimiento; Multa; y III. Arresto. Por tal motivo, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada, debido a que si bien es cierto que el peticionario tiene interés jurídico en el juicio de amparo indirecto, debido a que es titular de los derechos subjetivos que considera vulnerados y el citatorio impugnado se encuentra dirigido a dicho quejoso; empero, en este momento, el acto reclamado no produce una afectación real y actual en su persona o esfera jurídica, pues fue emitido en una etapa conciliatoria, respecto de la cual, por las razones expuestas, no se encuentra obligado a asistir, ni puede ser objeto de presiones, intimidación, ventaja o coacción, por parte de la autoridad responsable, para obligarlo a someterse a acudir. Por el contrario, del propio citatorio, como se precisó, se observa que fue emitido como parte de un mecanismo alternativo de solución, el cual tiene como finalidad propiciar, a través del diálogo, la solución de las controversias, lo que se corrobora con la propia fundamentación del supracitado citatorio, del que se colige que considerará como faltas al orden y la seguridad pública, el no comparecer sin causa justificada, a una citación formalmente hecha por la autoridad municipal. En ese orden, se concluye, el citatorio de requerimiento para comparecencia no genera por sí mismo certeza de que se hará efectivo alguna de los citados medios correctivos, pues como se apuntó, ni siquiera menciona alguno de ellos, ya que depende del actuar del sujeto apercibido; es decir, el apercibimiento queda sujeto a la potestad del juzgador para hacerlo efectivo o no, bastando considerar que el interesado tiene la posibilidad de acatar la orden contenida en el citatorio de referencia, pudiendo ser el caso que su conducta encuadre en una falta administrativa. Luego, al tratarse de un acto incierto, se estima que el citatorio es un acto que no produce afectación real, actual y directa al destinatario; lo que se traduce en que no existe apercibimiento alguno de la imposición de alguna medida de apremio, lo que en determinado sólo puede ser combatido hasta que se imponga algún medio de apremio; por tanto, en el particular, dicho requerimiento está condicionado a que el obligado cumpla o no con la medida, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar. Son aplicables, por analogía jurídica, las siguientes jurisprudencias: "MEDIDAS DE APREMIO. EL REQUERIMIENTO, CON APERCIBIMIENTO GENÉRICO DE IMPONERLAS, ES ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY RECLAMADA, QUE NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Si en el juicio de amparo se reclama la inconstitucionalidad de una disposición que establece medidas de apremio de que el juzgador puede hacer uso para que se cumplan sus determinaciones, y de la resolución que se señala como acto de aplicación se advierte que sólo contiene un requerimiento en el que de manera genérica y no específica se indica que, de no darse cumplimiento a lo ordenado en el proveído respectivo, se hará uso de las medidas de apremio a que se refiere la norma reclamada, de ello se deduce que no se ha actualizado, en perjuicio del requerido, alguna de las hipótesis previstas por el precepto legal, por lo que ninguna afectación ocasiona a su interés jurídico y, en tales condiciones, al operar la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en términos del artículo 74, fracción III, del propio ordenamiento legal." Época: Novena Época. Registro: 197898. Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Agosto de 1997. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 36/97. Página: 156. "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley." Época: Décima Época. Registro: 2010813. Instancia: Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Libro 26, Enero de 2016, Tomo III. Materia(s): Común. Tesis: PC.I.L. J/14 L (10a.). Página: 2321. Por las relatadas consideraciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se desecha de plano la demanda presentada, con fundamento en lo previsto en el numeral 113 del ordenamiento jurídico antes invocado. Toda vez que la parte quejosa señala los estrados para oír y recibir notificaciones y como dicha figura no está prevista en la ley de la materia, téngase como tal, la lista que se fija en un lugar visible de este órgano de control constitucional, acorde a lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la legislación invocada, hasta en tanto señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad. Asimismo, se tiene como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que señala. De conformidad con el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente y de las copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, previa toma de razón que obre en autos, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que no se publicaran sus nombres y datos personales, salvo petición expresa en contrario. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del referido Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, privilegiando el uso de medios electrónicos y en su caso, los que se encuentren a su disposición a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Finalmente, se le hace del conocimiento a las partes que en caso de necesitar revisar físicamente los autos del presente juicio y acudir a este órgano jurisdiccional, deberán atender lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, pudiendo ingresar al micrositio "Servicios jurisdiccionales" que está disponible en el Portal de Servicios en Línea, a fin de agendar una cita y generar un Código QR con el que podrán ingresar a este órgano jurisdiccional en el día y hora que la "Agenda OJ" le genere; en el entendido que para tal efecto, deberán cumplir los lineamientos establecidos en el artículo 7 del citado Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo acordó y firma Alex Conrad Hayton Herrera, Juez Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de la Secretaria María del Rosario Villalobos Gómez, quien certifica que la promoción de cuenta y este acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Certifico y doy fe.
- Principal
Por las relatadas consideraciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se desecha de plano la demanda presentada, con fundamento en lo previsto en el numeral 113 del ordenamiento jurídico antes invocado.
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