Eliu Yosafat Herrera Díaz

Expediente 2508/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 20 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2508/2021
Año
2021
Actuaciones
20
Última actuación
11/11/2022

Partes del expediente

  • Eliu Yosafat Herrera Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, a once de noviembre de dos mil veintidós. Firme resolución. Vista la certificación de cuenta se hizo constar que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con la sentencia de engrose de once de julio de dos mil veintidós, por la cual, se determinó sobreseer este juicio de amparo, y que así, hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con apoyo en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido. Orden de destrucción. Por lo que ve a este sumario constitucional, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Depuración del incidente de suspensión. Asimismo, procédase a la depuración del cuaderno original del incidente de suspensión al haberse concedido parcialmente la medida cautelar tanto en lo provisional, como en lo definitivo, en términos del artículo 21, inciso c) del Acuerdo General citado en el párrafo anterior. Y en atención a la fracción II, inciso a) del artículo 20 del aludido Acuerdo General, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión; por ende, remítase al legajo correspondiente. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Información reservada. De igual forma, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. Por otro lado, al resultar innecesario que permanezcan en autos los documentos exhibidos por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, requiérasele para que acuda a recibirlos en las instalaciones que ocupa este juzgado de Distrito, dentro del plazo de diez días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no acudir por éstos dentro del plazo indicado, serán depurados junto con el expediente. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal de este asunto, se pudo advertir que no obra incorporada electrónicamente la constancia de notificación del oficio dirigido a la autoridad responsable Secretario de Transporte del Estado de Jalisco, relativo a la sentencia de once de julio del año en curso, dictada en el presente juicio de amparo. Asimismo, cabe señalar que a las diez horas con veintitrés minutos del siete de julio de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia constitucional del presente asunto; por tanto, si la sentencia fue emitida el once siguiente, la notificación de ésta debió de practicarse personalmente a la parte quejosa, en términos del artículo 26, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo; sin embargo, se ordenó realizar por medio de lista, lo cual aconteció el doce de dicho mes y año. Instrucción al actuario judicial. Bajo dicho tenor, de conformidad con el citado numeral 26, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que proceda de inmediato a notificar personalmente a la parte quejosa el contenido del presente proveído, así como la sentencia emitida en autos. Reexpedición de oficio. Aunado a lo anterior, en términos de los numerales 26, fracción II y 28 de la Ley de Amparo, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, se instruye al personal de la adscripción para que proceda de inmediato a corroborar el paradero del acuse de recibo de la notificación realizada a la autoridad responsable Secretario de Transporte del Estado de Jalisco, o en su caso, para que proceda de inmediato a reexpedirlos. En la inteligencia de que tan pronto estén disponibles físicamente las constancias encomendadas, se deberán incorporar al expediente electrónico; lo anterior, a fin de continuar con la prosecución judicial de este asunto. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa (la presente determinación, así como la sentencia emitida en autos).

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 2508/2021, promovido por Eliú Yosafat Herrera Díaz, por propio derecho, contra actos del Gobernador del Estado de Jalisco y otras autoridades; y, RESULTANDO: Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil veintiuno y turnada a este Juzgado Decimocuarto Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Eliú Yosafat Herrera Díaz, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que en él precisó, y señaló como vulnerado su derecho humano contenido en el artículo 16 de la Constitución General y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Admisión y trámite. El veinte de diciembre de dos mil veintiuno, este juzgado de distrito admitió la demanda y la registró bajo el expediente 2508/2021. Se ordenó requerir a las autoridades responsables por su informe de ley, de los cuales se dedujo que algunos actos fueron emitidos por diversas autoridades a las demandadas, por tal motivo, en auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, se ordenó dar vista al quejoso para que manifestara si era su deseo señalarlas como autoridades responsables; también, se dio vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito; y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así´ como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia administrativa y reclamarse actos de autoridades residentes dentro de la jurisdicción de este órgano. Segundo. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda, se advierte que lo es: Al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, y al Congreso del Estado de Jalisco, en el respectivo ámbito de sus competencias les reclama la aprobación, expedición y promulgación de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en específico, los artículos 1 y 15. Al Secretario de Transporte del Estado de Jalisco, así como al Director General Jurídico de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, les reclama el primer acto de aplicación de la les señalada en el párrafo anterior, consistente en los actos de autoridad marcados con los folios siguientes: 113|295987782 113|318181594 113|318296650 113|318626669 113|319286225 113|319676074 113|320990165 113|321167039 113|321735584 113|322158262 113|322260938 113|322603630 113|322673639 113|323575525 113|311268223 113|323870675 113|325134771 113|326317780 113|326794937 113|330213000 113|322764957 113|356086481 113|300694187 113|308324473 113|280278750 113|299133486 113|298958414 Tercero. Sobre la existencia de los actos reclamados. Por razón de método en principio debe analizarse si los actos reclamados en verdad existen, habida cuenta que de no resultar ciertos, devendría innecesario proseguir con el estudio tanto de la procedencia del amparo, como del fondo del asunto, puesto que no habría materia para efectuarlo. Inexistencia de los actos. Al respecto de los actos atribuidos al Secretario de Transporte del Estado de Jalisco y al Director General Jurídico de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, no son ciertos. Del informe justificado rendido por la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, mediante oficio ST/DGJ/DC/AMP/9693/2021, se desprende que no son ciertos los actos reclamados a las autoridades señaladas en el párrafo anterior, sobre la emisión de las cedulas de notificación con folios: 113|308324473 113|318181594 113|318296650 113|318626669 113|319286225 113|319676074 113|320990165 113|321167039 113|321735584 113|322158262 113|322260938 113|322603630 113|322673639 113|323575525 113|311268223 113|323870675 113|325134771 113|326317780 113|326794937 113|330213000 113|322764957 113|356086481 Ello, porque adujeron no ser autoridades responsables, por ello, les resultan inexistentes dichos actos, pues incluso, la parte quejosa no desvirtúa esa negativa con probanza idónea, ya que al efecto no se manifestó. Lo que impone sobreseer en el presente juicio constitucional. En efecto, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Conforme a lo anterior, el sobreseimiento del juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos no quede demostrada la existencia del acto impugnado a las autoridades señaladas como responsables, o no se probare su existencia en la audiencia constitucional". Apoya a lo anterior la jurisprudencia siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo ." No se omite que la parte quejosa anexó a su demanda una relación de folios que contienen las multas que en esta sede impugna, sin embargo, ello no demuestra que las autoridades responsables fueran quienes las emitieron, de ahí que si el acto es negado y el quejoso no acreditó que existieran los actos reclamados a través de la exhibición de algún medio de prueba idóneo para desvirtuar la negativa externada por las autoridades responsables; en consecuencia, lo procedente es sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo que establece. En virtud de la determinación alcanzada, se hace innecesario abordar el estudio de los conceptos de violación expresados por la parte peticionaria respecto de dichos actos, tal y como lo establece la jurisprudencia que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." No se soslaya que producto de diversos requerimientos hechos por este órgano jurisdiccional, una diversa autoridad a la señalada como responsable -Director General Jurídico de la Secretaria de Seguridad del Estado de Jalisco-, fue quien emitió los siguientes folios: 113|325134771 113|318181594 113|318296650 113|318626669 113|319286225 113|319676074 113|320990165 113|321167039 113|322764957 113|356086481 113|311268223 113|323870675 113|326317780 113|323575525 113|326794937 113|330213000 Mientras que la agente vial con número de orden 5,769 adscrita a la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, emitió el folio 113|30832447-3. Por ese motivo, en auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo señalarlas como autoridades responsables. Sin embargo el impetrante no hizo pronunciamiento alguno. Lo anterior porque, es obligación del juez de Distrito, cuando del análisis integral del amparo, advierte la participación de autoridades no señaladas como responsables, prevenir al quejoso, con el apercibimiento relativo, para que aclare si señala o no como responsable a determinadas autoridades que se consideren intervinieron en la emisión de los actos reclamados; ya que de omitir el juzgador esa prevención, haría nugatorio el derecho que le asiste a la citada autoridad para defender su acto; por ende, la violación apuntada ameritaría la reposición del procedimiento en el juicio constitucional, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sin embargo, si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, a pesar de haberse requerido para ello, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída. De manera que, al no señalarse como responsable a las autoridades quienes realmente emitieron las infracciones reclamadas, a saber, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco y la agente vial adscrita a dicha dependencia; esto, pese a que la parte quejosa tuvo pleno conocimiento de tal actuación, en mérito de la vista dada y, aun así, fue omisa en llamar a la referida autoridad a este sumario constitucional. Consecuentemente, si no se les tuvo como autoridades que intervinieron en los actos reclamados, con ello se hizo nugatorio el derecho que les asistía para defender su acto y existe la imposibilidad jurídica de examinarlo sin la defensa de aquéllas, pues de lo contrario no se mantendría el equilibrio procesal entre las partes. En consecuencia, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, se sobresee en el presente juicio constitucional, respecto de los actos impugnados. Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Existencia de los actos. Son ciertos los actos sintetizados en el punto 1 del considerando segundo, pues así lo manifestaron el Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Jalisco, al rendir sus informes justificados, aunado a que su existencia no está sujeta a prueba por tratarse de la constitucionalidad de una norma y, por ende, basta su publicación en el diario oficial para que el juzgador pueda invocarla como hecho notorio. Es aplicable al tópico, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 2a./J. 65/2000, de la Novena Época, con número de registro 191452, visible a página 260, tomo XII, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.- Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Así como la tesis V.2o.214 K, de la Octava Época, con registro 209107, consultable dentro del Semanario Judicial de la Federación, en el tomo XV-1, febrero de 1995, y que es localizable a página 205, la cual se transcribe a continuación: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". Asimismo, son ciertos los actos atribuidos a las autoridades señaladas en el punto 2 del considerando anterior, única y exclusivamente en cuanto a los siguientes folios: 113|295987782 113|299133486 113|300694187 113|280278750 113|298958414 Lo anterior, porque así lo manifestó la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, al rendir su informe justificado mediante oficio ST/DGJ/DC/AMP/9693/2021. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio. Definido que resultó cierto lo reprochado por la parte quejosa, técnicamente ahora es menester examinar si respecto a ello resulta procedente la acción de garantías, en acatamiento a lo que ordena el numeral 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, se estima actualizada la causa de improcedencia por cesación de efectos, prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, respecto de los folios siguientes: 113|295987782 113|299133486 113|300694187 113|280278750 113|298958414 Al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ello acontece cuando se destruyen todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la tutela federal. En el caso, se advierte que la Secretaria de Transportes del Estado, mediante oficio ST/DGJ/DC/AMP/3682/2022, en el cual informó a esta autoridad que las cédulas quedaron insubsistentes y que el estatus que guardan ante el Sistema Integral de Informacion Financiera de la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco aparecen como "NO ACTIVO". Asimismo, anexó copia certificada del acuerdo de cuatro de enero de dos mil veintidós, en el que se determinó que el Director General Jurídico instruyó dejar insubsistentes las cedulas de notificación de infracciones antes señaladas, correspondientes al vehículo propiedad del quejoso. Incluso, este órgano jurisdiccional, al ingresar a la página oficial de adeudo vehicular, advierte que no obran adeudos al automotor propiedad del quejoso; se inserta la imagen correspondiente: En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en la fracción XXII del artículo 61 del propio ordenamiento, se impone sobreseer en el presente juicio los actos consistentes en las cedulas de notificación: 113|295987782, 113|299133486, 113|300694187, 113|280278750 y 113|298958414. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los artículos 1 y 15 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, ya que el motivo de su reclamó deviene de su aplicación en las infracciones, las cuales, como se estudió, por una parte se tuvieron como no reclamadas y, por otra, quedaron insubsistentes en su totalidad. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos, todos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Eliu Yosafat Herrera Díaz, contra los actos atribuidos al Congreso y otras autoridades. Notifíquese.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, a dieciséis de junio de dos mil veintidós. Autoridad responsable cumple requerimiento. Téngase por recibido el oficio signado por el delegado y jefe del área de amparos de la Secretaría de Transporte en el Estado de Jalisco, a través del cual y en atención al requerimiento formulado en auto de siete de junio de dos mil veintidós, remite copia certificada del acuerdo con número de oficio ST/DGJ/DC/AMP/0061/2022 de cuatro de enero de la presente anualidad, la cual, de conformidad a los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admite y se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza. Se da vista a las partes. Con lo anterior, en términos del numeral 117 de la ley de la materia, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y hágase la relación correspondiente en la audiencia constitucional, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

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