Eliseo Trejo Méndez
Expediente 713/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 713/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Eliseo Trejo Méndez
Actuaciones
- Principal
Vista la primera certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de trece de septiembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda que dio origen al expediente en que se actúa, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; en consecuencia, se declara que el referido auto ha causado estado, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, así como el precepto noveno del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, envíese al archivo. Asimismo, en cumplimiento artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse desechado la demanda de amparo, una vez transcurrido el plazo de tres años; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa.
- Principal
(AVISO)Radicación y registro del expediente. Vista la demanda de amparo de cuenta, mediante la cual ***, solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Comisariado Ejidal del Ejido Cafetal (Limones) del Municipio de Bacalar, Quintana Roo; fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 713/2022-II. ? Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concretoPrecisado lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, ya que en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo vigente, en relación con los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, Fracción I y 5, fracción II, de la Ley de la Materia, mismos que en orden jerárquico, al efecto estatuyen: "Artículo 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". Conforme a los preceptos transcritos, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos, leyes, reglamentos o tratados que en el mismo se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicasDe lo anterior se pone de manifiesto que es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; asimismo, quien ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Ahora, previo a exponer las razones de la decisión que se adopta, resulta menester precisar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares; lo anterior es así, ya que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad y por virtud de lo establecido en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, también procede excepcionalmente, en contra de particulares, siempre y cuando, éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese contexto jurídico, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. ?Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos humanos y garantías para su protección, como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Además, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En esas condiciones, es evidente que para definir el concepto de autoridad responsable es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que la promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto, se tiene que las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, el promovente de amparo reclama del Comisariado Ejidal del Ejido Cafetal (Limones), Municipio de Bacalar, la omisión de dar contestación a su escrito presentado el veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Sin embargo, como se anticipó, este juzgador estima que dicho acto no se surte en el supuesto de equivalente a los de autoridad en el contexto de una relación que surja de un mandato de la ley, susceptible de ser controvertidos a través del juicio de amparo indirecto, pues en este momento la parte quejosa no resiente un perjuicio real, actual, personal y directo a sus derechos subjetivos. Lo anterior, pues no obstante que el quejoso alegue en el presente asunto actos de molestia atribuidos a la autoridad ordenadora Comisariado Ejidal del Ejido Cafetal (Limones), Municipio de Bacalar, esta no es autoridad responsable para los efectos de este juicio de amparo, debido a que sus actos no son de supra a subordinación. Máxime, que los comisariados ejidales actúan únicamente como representantes del núcleo de población ejidal y como administradores de los bienes agrarios de éstos, en atención a que sus atribuciones legales solo los faculta para actuar como órganos de dirección del poblado correspondiente. En esas condiciones, se acredita de manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se analiza.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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