Eliseo Rodríguez De León
Expediente 183/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 183/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 06/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Eliseo Rodríguez De León
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, por el cual informa que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del juicio de amparo 183/2023, del índice de este Juzgado, promovido por Eliseo Rodríguez de León. Vinculación del expediente electrónico. En ese contexto, con fundamento en el artículo 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, contenido en el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, hágase del conocimiento del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, que se pone a su disposición la consulta del expediente electrónico en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) a través del apartado denominado "vinculación", en el cual se contienen todas las actuaciones acaecidas en el presente sumario, para lo cual se instruye a la Oficial Judicial "A" a cargo del referido sistema, a fin de que realice la vinculación respectiva. Remisión de informe justificado. De igual manera, infórmese al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, mediante oficio que al efecto se gire vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que a través del proveído de treinta de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, reservándose proveer su contenido hasta en tanto se tuviera certeza de la autoridad competente para conocer de este asunto; lo anterior, para que esté en aptitud de proveer lo que en derecho corresponda. Archivo. Ahora bien, toda vez que en el en el expediente en que se actúa no existe pendiente trámite alguno, archívese el mismo como asunto totalmente concluido y háganse las anotaciones en el libro de control electrónico respectivo. Valoración documental. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez transcurrido el plazo de tres años a que refiere dicho punto, destrúyase este expediente, dado que no existen documentos originales y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. Anotación de valoración documental y fecha de archivo en carátula de expediente. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado. Notifíquese.
- Principal
Téngase recibido el oficio signado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre; mediante el cual rinde su informe justificado, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, delegados y proporciona dirección de correo electrónico. Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, agréguese a los autos únicamente para que obre como constancia, toda vez que, por auto de veintinueve de mayo des dos mil veintitrés, este Juzgado Federal se declaró incompetente para seguir conociendo del presente juicio, declinando la competencia al Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre, en turno; por tanto, resérvese acordar lo conducente, hasta en tanto se tenga la certeza del órgano jurisdiccional al que le corresponderá conocer del mismo. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista al quejoso...la determinación de veintinueve de mayo del año en curso que dice:"Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que se encuentra transcurriendo el término concedido a la autoridad responsable, para que rinda su informe justificado; por tanto, existe imposibilidad para celebrar la audiencia constitucional en esta fecha. Por otra parte, del estado de autos, específicamente de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, también se advierte que el acto que el quejoso reclama de la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, es la omisión de dictar el laudo dentro del expediente laboral ********************. Incompetencia. En ese orden de ideas, este Juzgado de Distrito considera carecer de competencia legal para conocer del acto reclamado por el promovente del amparo, en términos de los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Lo anterior se afirma así, por lo siguiente. En principio, resulta pertinente destacar que el referido artículo 37 de la Ley de Amparo, contempla las siguientes hipótesis: Un Juez de Distrito es competente para conocer de un juicio de amparo cuando tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Así, de las dos primeras reglas competenciales se aprecia la exigencia de que los actos reclamados tengan ejecución material, a diferencia de la tercera que no lo requiere. Luego, a efecto de establecer la incompetencia por parte de este órgano jurisdiccional para conocer del juicio de amparo que nos ocupa, resulta indispensable analizar si la determinación reclamada tiene o no ejecución material. En el caso, de la demanda de amparo se observa que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, la omisión de dictar el laudo correspondiente al expediente laboral ********************, de su índice, en el cual el quejoso, bajo protesta de decir verdad, señala es parte demandada. Por tanto, en la especie se actualiza la hipótesis de incompetencia a que se refiere el inciso a) precisado, consistente en que es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución; ello, porque el acto reclamado tiene un principio de ejecución en tanto sus efectos se actualizan dentro del procedimiento laboral de referencia, cuya ejecución será ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí. Cierto, como lo explica la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión, puesto que en el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación; en ese sentido, las autoridades no solo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones . Desde la Sexta Época, la Suprema Corte de Justicia de la Nación entendía que dentro de los actos negativos se encuentran las decisiones, ejecuciones u omisiones . En su jurisprudencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que los actos negativos - omisivos- en realidad producen efectos meramente declarativos, es decir, que no alteran el estado de las cosas ni modifican el entorno o la esfera jurídica de un particular, consecuentemente, carecen de ejecución material; empero, ha precisado que los actos negativos - omisivos- con efectos positivos o los de carácter estrictamente positivo, producen un cambio en la realidad o modifican un estado existente en las cosas . Ahora, para fijar la competencia por cuestión de territorio, respecto de actos que requieren de ejecución material, no basta que los actos omisivos únicamente produzcan efectos positivos en virtud de un cambio en la realidad o modifiquen un estado existente en las cosas, sino que esos efectos generen o puedan generar materialmente una ejecución. Sentado lo anterior, es inconcuso que el reclamo de la parte quejosa versa en un "no hacer" de la autoridad respecto de algo que inminentemente tendría la obligación de efectuar, en la especie, dictar el laudo dentro del procedimiento de origen. Esto es así, ya que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta; la violación a ese derecho se manifiesta a través de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, la segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Entonces, de conformidad a la forma en que se plantea el acto reclamado en la demanda de amparo, éste tiene la naturaleza jurídica de un acto omisivo con efectos positivos, pues debe puntualizarse que no siempre los actos de carácter omisivo carecen de ejecución material, ya que si bien, la parte quejosa reclama la omisión de dictar laudo, en apariencia es un acto puramente de carácter omisivo, lo cierto es que, ese "no hacer" tiene efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad responsable continúe con la abstención que se le impugna, ineludiblemente provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos de la parte quejosa, como son los de seguridad jurídica y de acceso a la justicia; ya que se dilata la resolución definitiva del procedimiento laboral. En tal virtud, esta juzgadora considera que resulta legalmente competente para conocer de la acción constitucional intentada, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar en donde deban tener ejecución los actos reclamados, esto es, el que ejerce jurisdicción en la ciudad de San Luis Potosí, capital, que en el caso lo es alguno de los residentes en ese municipio, como lo establece el Acuerdo General 3/2013, en su artículo 4, fracción IX. Consecuentemente, de conformidad con lo establecido por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se declara que este órgano de control constitucional, carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo. Por tanto, se ordena remitir los presentes autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Noveno Circuito, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, capital, para que por su conducto, turne el mismo al Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre. Se solicita al Juzgado de Distrito que conozca del asunto, que de no existir inconveniente, informe si acepta la competencia declinada en esta resolución. Fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico. Audiencia constitucional. Atento a lo anterior, no ha lugar a señalar nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio en que se actúa. Finalmente, háganse lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; personalmente a las partes."
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que se encuentra transcurriendo el término concedido a la autoridad responsable, para que rinda su informe justificado; por tanto, existe imposibilidad para celebrar la audiencia constitucional en esta fecha. Por otra parte, del estado de autos, específicamente de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, también se advierte que el acto que el quejoso reclama de la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, es la omisión de dictar el laudo dentro del expediente laboral ********************. Incompetencia. En ese orden de ideas, este Juzgado de Distrito considera carecer de competencia legal para conocer del acto reclamado por el promovente del amparo, en términos de los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Lo anterior se afirma así, por lo siguiente. En principio, resulta pertinente destacar que el referido artículo 37 de la Ley de Amparo, contempla las siguientes hipótesis: Un Juez de Distrito es competente para conocer de un juicio de amparo cuando tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Así, de las dos primeras reglas competenciales se aprecia la exigencia de que los actos reclamados tengan ejecución material, a diferencia de la tercera que no lo requiere. Luego, a efecto de establecer la incompetencia por parte de este órgano jurisdiccional para conocer del juicio de amparo que nos ocupa, resulta indispensable analizar si la determinación reclamada tiene o no ejecución material. En el caso, de la demanda de amparo se observa que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, la omisión de dictar el laudo correspondiente al expediente laboral ********************, de su índice, en el cual el quejoso, bajo protesta de decir verdad, señala es parte demandada. Por tanto, en la especie se actualiza la hipótesis de incompetencia a que se refiere el inciso a) precisado, consistente en que es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución; ello, porque el acto reclamado tiene un principio de ejecución en tanto sus efectos se actualizan dentro del procedimiento laboral de referencia, cuya ejecución será ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí. Cierto, como lo explica la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión, puesto que en el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación; en ese sentido, las autoridades no solo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones . Desde la Sexta Época, la Suprema Corte de Justicia de la Nación entendía que dentro de los actos negativos se encuentran las decisiones, ejecuciones u omisiones . En su jurisprudencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que los actos negativos - omisivos- en realidad producen efectos meramente declarativos, es decir, que no alteran el estado de las cosas ni modifican el entorno o la esfera jurídica de un particular, consecuentemente, carecen de ejecución material; empero, ha precisado que los actos negativos - omisivos- con efectos positivos o los de carácter estrictamente positivo, producen un cambio en la realidad o modifican un estado existente en las cosas . Ahora, para fijar la competencia por cuestión de territorio, respecto de actos que requieren de ejecución material, no basta que los actos omisivos únicamente produzcan efectos positivos en virtud de un cambio en la realidad o modifiquen un estado existente en las cosas, sino que esos efectos generen o puedan generar materialmente una ejecución. Sentado lo anterior, es inconcuso que el reclamo de la parte quejosa versa en un "no hacer" de la autoridad respecto de algo que inminentemente tendría la obligación de efectuar, en la especie, dictar el laudo dentro del procedimiento de origen. Esto es así, ya que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta; la violación a ese derecho se manifiesta a través de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, la segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Entonces, de conformidad a la forma en que se plantea el acto reclamado en la demanda de amparo, éste tiene la naturaleza jurídica de un acto omisivo con efectos positivos, pues debe puntualizarse que no siempre los actos de carácter omisivo carecen de ejecución material, ya que si bien, la parte quejosa reclama la omisión de dictar laudo, en apariencia es un acto puramente de carácter omisivo, lo cierto es que, ese "no hacer" tiene efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad responsable continúe con la abstención que se le impugna, ineludiblemente provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos de la parte quejosa, como son los de seguridad jurídica y de acceso a la justicia; ya que se dilata la resolución definitiva del procedimiento laboral. En tal virtud, esta juzgadora considera que resulta legalmente competente para conocer de la acción constitucional intentada, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar en donde deban tener ejecución los actos reclamados, esto es, el que ejerce jurisdicción en la ciudad de San Luis Potosí, capital, que en el caso lo es alguno de los residentes en ese municipio, como lo establece el Acuerdo General 3/2013, en su artículo 4, fracción IX. Consecuentemente, de conformidad con lo establecido por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se declara que este órgano de control constitucional, carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo. Por tanto, se ordena remitir los presentes autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Noveno Circuito, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, capital, para que por su conducto, turne el mismo al Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre. Se solicita al Juzgado de Distrito que conozca del asunto, que de no existir inconveniente, informe si acepta la competencia declinada en esta resolución. Fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico. Audiencia constitucional. Atento a lo anterior, no ha lugar a señalar nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio en que se actúa. Finalmente, háganse lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; personalmente a las partes.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 4,820 expedientes
- Eligio Villedas Guzmán447/2019
- Eligio Villedas Guzmán224/2018
- Elisa Balderas Guerrero541/2021
- Elisa María de la Garza Elizondo290/2021
- Elisabeth González Rivas754/2022
- Eliseo Rangel Loredo y Otros.216/2021
- Eliseo Solís González46/2021
- Eliseo Solis González549/2015
- Eliseo Solis González263/2019
- Eliseo Solís González84/2015
- Eliseo Tamez Hernández311/2017
- Elizabeth Alvizo Mayorga347/2015