Eliseo Retana de Julián
Expediente 974/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 974/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/12/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Eliseo Retana de Julián
Actuaciones
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta suscrito por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Capital, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso ******, por conducto de su autorizado *******, en contra del proveído dictado el once de noviembre de dos mil quince.
- Principal
Agréguese en autos el escrito signado por **********, autorizado del quejoso; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se acuerda: I. Se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de queja contra el proveído de once de noviembre de dos mil quince, por el que se desechó la demanda de amparo por notoriamente improcedente. II. En razón de lo anterior, y dada la naturaleza de la resolución recurrida, esto es, que no existe parte alguna a la cual se haya emplazado a este juicio de amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en turno en el Estado de Guanajuato, el original del escrito del recurso, copia certificada de la demanda y resolución recurrida, con sus respectivas notificaciones, para su substanciación. III. Ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de ser cierto el acto reclamado, toda vez que efectivamente el suscrito determinó el once de noviembre del año en curso, desechar la demanda de amparo presentada por la parte quejosa, por resultar notoriamente improcedente. IV. Sin que haya lugar a suspender el procedimiento de conformidad con el artículo 102 de la Ley de la materia, toda vez que el procedimiento en el presente asunto no ha iniciado, dado el desechamiento que se combate.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo presentada por Eliseo Retana de Julián, por su propio derecho, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre y de otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 974/2015-II. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio que no tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Asimismo, se advierte que se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Por ello, de no actualizarse ninguno de los supuestos antes contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, se itera, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la resolución dictada el quince de octubre de dos mil quince, por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, dentro del toca 479/2015, que confirmó la emitida el doce de agosto del mismo año, por el Juez Civil de Apaseo el Grande, Guanajuato, en el juicio M-263/2015 de su índice, mediante la cual declaró procedente la incompetencia planteada por la parte demandada de dicho juicio. En esa tesitura, dicha determinación no constituye un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que el referido acto reclamado no causa un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la parte inconforme (persona, propiedades, posesiones o derechos), ello porque la declaración de incompetencia realizada por el Juez de origen que a su vez fue confirmada por la Sala responsable no puede ser considerada como un acto de imposible reparación, dado que la autoridad en cuyo favor se declinó la competencia para conocer de la demanda de origen planteada, no está obligada necesariamente a aceptarla. De ahí que la referida determinación tomada por la responsable constituye un mero planteamiento de incompetencia que no causa un agravio de imposible reparación al quejoso, pues consiste en una estimación procesal que no tiene el carácter de definitiva, para los efectos del juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia invocada respecto del descrito acto reclamado, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Téngase al promovente del amparo señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su libelo constitucional, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Aboytes Pizano, Rene Francisco Velázquez Pizano y Ricardo Enrique Corona Álvarez, en virtud de que cuentan con cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal; a José Manuel Hernández España, en términos de la última parte del segundo párrafo del citado numeral, por no encontrarse en ese supuesto. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley anteriormente citada, dígase al promovente, que a fin de respetar su intimidad, que al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el primer precepto invocado se omitirán sus datos personales cuando manifieste su oposición de manera expresa, en la inteligencia de que la falta de dicha oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos; asimismo, que las referidas restricciones a la difusión de las sentencias emitidas por los Órganos Jurisdiccionales no operan respecto de quién o quienes en términos de la legislación procesal aplicable estén legitimados para solicitar copias de las mencionadas sentencias. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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