Eliseo Martínez Vazquez

Expediente 133/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
133/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
20/04/2018

Partes del expediente

  • Eliseo Martínez Vazquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    ...Agréguese únicamente para que obre como corresponda el sobre devuelto por el Servicio Postal Mexicano, relativo al oficio número 4526, dirigido al Encargado de los Elementos del Ejército Mexicano de la Secretaria de la Defensa Nacional adscritos a la Región de Ario de Rosales, Michoacán, en el que aparece la leyenda: "NO EXISTE DESTINATARIO"; toda vez que en proveído de dos de abril de la presente anualidad, se declaró firme el auto por el que se desechó la demanda de garantías...

  2. Principal

    ... Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto catorce de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de garantías que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, el cual transcurrió del veinte al veintisiete de marzo del año en curso; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.Así lo acordó y firma el licenciado RODRIGO TORRES PADILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Verónica Araceli Camorlinga Hernández, Secretaria con quien actúa y da fe.MORELIA, MICHOACÁN, DOS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto catorce de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de garantías que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, el cual transcurrió del veinte al veintisiete de marzo del año en curso; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. ...

  3. Principal

    . Agréguese, el oficio 5167/2018, remitido vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, en términos de los artículos 107, 108, 109 y 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de diciembre de dos mil quince, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 287/2018 (133/2018-E), del índice de este órgano jurisdiccional, por el que se le solicitó que en auxilio de las labores de este juzgado, notificara el auto de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, al promovente Raúl Tovar Ramírez, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otro lado, glósese el oficio número 138/2018, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Primera Investigadora de Morelia de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de 3121, remite las copias certificadas de la carpeta de investigación FED/MICH/MLM/0000225/2018, de las que se advierte que los quejosos Juan Gabriel Martínez Vázquez y Eliseo Martínez Vázquez, el tres de febrero de dos mil dieciocho, se les dictó acuerdo de libertad durante la investigación de conformidad con el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ahora, para que la referida causal de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, como de los presentes autos se advierte que mediante escrito presentado el dos de febrero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan y turnado en esa misma fecha al Juzgado Octavo de Distrito, con residencia en esa ciudad, Raúl Tovar Ramírez, promovió juicio de amparo a favor de Gabriel Martínez Vázquez y Eliseo Martínez Vázquez, contra actos del Encargado y de los Elementos del Ejército Mexicano, pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional, adscritos a la región de Ario de Rosales, Michoacán y otras autoridades, consistentes en la detención, incomunicación y tortura de los quejosos Gabriel Martínez Vázquez y Eliseo Martínez Vázquez, según se advierte del análisis de la demanda. Asimismo, mediante proveído del dos de febrero de dos mil dieciocho, el referido juez federal se declaró incompetente para conocer del citado juicio, por razón de territorio, ordenando remitir los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, tocando conocer a este órgano jurisdiccional, quien mediante auto de catorce de febrero del año en curso se avocó a su conocimiento. Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable acompaña en copia certificada a su comunicado de cuenta, se advierte que la autoridad de mérito, con fecha tres de febrero de dos mil dieciocho, dictó el acuerdo de libertad durante la investigación, de conformidad con el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a los aquí quejosos, al no existir riesgo de fuga, peligro de que se sustraigan de la justicia, de obstaculización del desarrollo de la investigación, ni riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que los actos reclamados en este asunto han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, la parte quejosa señaló como acto reclamado la privación de la libertad, incomunicación y actos de tortura, también lo es que con fecha tres de febrero de dos mil dieciocho, fueron puestos en libertad, como se aprecia de las constancias respectivas. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, y lo procedente es DESECHAR la demanda de amparo que dio origen a este expediente, en términos del artículo 113 de la Ley de la Materia. Lo anterior, aunado a que de los certificados médicos de fecha dos de febrero de dos mil dieciocho, se asentó que los aquí quejosos, se encontraban clínicamente sanos. Finalmente, toda vez que la parte quejosa no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de fecha veintidós de febrero de dos mil dieciocho y, en consecuencia, las subsecuentes notificaciones se ordena practicarlas por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.Así lo acordó y firma el licenciado RODRIGO TORRES PADILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Verónica Araceli Camorlinga Hernández, Secretaria con quien actúa y da fe.MORELIA, MICHOACÁN, CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese, el oficio 5167/2018, remitido vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, en términos de los artículos 107, 108, 109 y 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de diciembre de dos mil quince, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 287/2018 (133/2018-E), del índice de este órgano jurisdiccional, por el que se le solicitó que en auxilio de las labores de este juzgado, notificara el auto de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, al promovente Raúl Tovar Ramírez, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otro lado, glósese el oficio número 138/2018, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Primera Investigadora de Morelia de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de 3121, remite las copias certificadas de la carpeta de investigación FED/MICH/MLM/0000225/2018, de las que se advierte que los quejosos Juan Gabriel Martínez Vázquez y Eliseo Martínez Vázquez, el tres de febrero de dos mil dieciocho, se les dictó acuerdo de libertad durante la investigación de conformidad con el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ahora, para que la referida causal de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, como de los presentes autos se advierte que mediante escrito presentado el dos de febrero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan y turnado en esa misma fecha al Juzgado Octavo de Distrito, con residencia en esa ciudad, Raúl Tovar Ramírez, promovió juicio de amparo a favor de Gabriel Martínez Vázquez y Eliseo Martínez Vázquez, contra actos del Encargado y de los Elementos del Ejército Mexicano, pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional, adscritos a la región de Ario de Rosales, Michoacán y otras autoridades, consistentes en la detención, incomunicación y tortura de los quejosos Gabriel Martínez Vázquez y Eliseo Martínez Vázquez, según se advierte del análisis de la demanda. Asimismo, mediante proveído del dos de febrero de dos mil dieciocho, el referido juez federal se declaró incompetente para conocer del citado juicio, por razón de territorio, ordenando remitir los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, tocando conocer a este órgano jurisdiccional, quien mediante auto de catorce de febrero del año en curso se avocó a su conocimiento. Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable acompaña en copia certificada a su comunicado de cuenta, se advierte que la autoridad de mérito, con fecha tres de febrero de dos mil dieciocho, dictó el acuerdo de libertad durante la investigación, de conformidad con el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a los aquí quejosos, al no existir riesgo de fuga, peligro de que se sustraigan de la justicia, de obstaculización del desarrollo de la investigación, ni riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que los actos reclamados en este asunto han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, la parte quejosa señaló como acto reclamado la privación de la libertad, incomunicación y actos de tortura, también lo es que con fecha tres de febrero de dos mil dieciocho, fueron puestos en libertad, como se aprecia de las constancias respectivas. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, y lo procedente es DESECHAR la demanda de amparo que dio origen a este expediente, en términos del artículo 113 de la Ley de la Materia. Lo anterior, aunado a que de los certificados médicos de fecha dos de febrero de dos mil dieciocho, se asentó que los aquí quejosos, se encontraban clínicamente sanos. Finalmente, toda vez que la parte quejosa no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de fecha veintidós de febrero de dos mil dieciocho y, en consecuencia, las subsecuentes notificaciones se ordena practicarlas por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto...

  4. Principal

    ... Vista la razón practicada por el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar mediante oficio número 3121, a la autoridad denominada: "AGENCIA INVESTIGADORA DE MORELIA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, ADSCRITA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. CIUDAD", con sede en esta ciudad, el proveído de fecha dos de marzo de dos mil dieciocho; por los motivos que en la misma se exponen; ahora bien, toda vez que de autos se desprende que los quejosos fueron puestos a disposición de la Agencia Primera Investigadora de Morelia de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Michoacán de la Procuraduría General de la República, con sede en esta ciudad; por tanto, reenvíese el comunicado de mérito, a fin de que remita la información ahí solicitada...

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