Eliseo Mandujano Moreno

Expediente 731/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
731/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
13/10/2021

Partes del expediente

  • Eliseo Mandujano Moreno

Actuaciones

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 13 DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que: Se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Requerimiento a la parte quejosa. Se previene a la parte quejosa para que en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda ante este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, tendrán el mismo destino que el presente expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponibles; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación."

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. I. Quejoso. Eliseo Mandujano Moreno. II. Autoridad responsable. Juez Primero del Ramo Civil, de San Francisco del Rincón, Guanajuato. III. Registro en el libro de gobierno. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, con el número 731/2021-I, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IV. Desechamiento. Del contenido integral de la demanda de amparo se obtiene que el impetrante señala como acto reclamado el auto de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, emitido por el juez Primero del Ramo Civil, de San Francisco del Rincón, Guanajuato, dentro del expediente C49/2020, de su índice, en el que desechó el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de once de agosto del año en curso, en el que no se acordó de conformidad la petición del mandatario judicial del quejoso, consistente en expedir oficios de localización para emplazar al juicio de origen a Cirilo Mandujano Fuentes, como albacea de la sucesión a bienes de Cirilo Mandujano Moreno, en razón a que en la diligencia de treinta y uno de mayo del año en curso, el actuario hizo constar que no le fue posible localizar el domicilio en el que se determinó debe emplazarse al demandado, quedando a salvo su derecho de proporcionar croquis o datos que lleven a su localización, ya que hasta en tanto no se localice ese domicilio, no habrá cercioramiento de que el demandado no lo habita. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo transcrito, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ello obedece a que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, la Ley de Amparo o la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En tal virtud, del análisis efectuado al acto reclamado descrito con antelación, se obtiene que carece de la característica material y formal de imposible reparación y, por ello, no procede su estudio conforme al texto de la Ley de Amparo. Para demostrar esta conclusión, véanse los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos lo que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." En efecto, en la especie el acto reclamado no se ubica dentro de los casos de excepción a la regla contenida en el numeral descrito en párrafos precedentes, relativo a los actos de imposible reparación que generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, en razón a que éste no afecta de manera directa derechos sustantivos, al tratarse de un proveído en el que se desechó el recurso de revocación interpuesto contra el auto en el que no se acordó de conformidad la petición del mandatario judicial del quejoso, consistente en expedir oficios de localización para emplazar al juicio de origen a Cirilo Mandujano Fuentes, como albacea de la sucesión a bienes de Cirilo Mandujano Moreno, en razón a que en la diligencia de treinta y uno de mayo del año en curso, el actuario hizo constar que no le fue posible localizar el domicilio en el que se determinó debe emplazarse al demandado, quedando a salvo su derecho de proporcionar croquis o datos que lleven a su localización, ya que hasta en tanto no se localice ese domicilio, no habrá cercioramiento de que el demandado no lo habita. Ahora bien, respecto a lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, la Ley de Amparo en su artículo 107, fracciones III, inciso b), y V, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. La primera de ellas, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones legales, puede afirmarse que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De lo anteriormente expuesto, se desprende que el concepto de irreparabilidad, necesario para la procedencia del juicio constitucional, no se actualiza en la especie, porque con el acto reclamado no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte agraviada tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte, como bien pudieran ser la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, entre otros, en razón a que la determinación del juez responsable de desechar el recurso de revocación interpuesto contra el auto en el que no se acordó de conformidad la petición del quejoso de expedir oficios de localización a efecto de emplazar al demandado al juicio de origen, debido a que en la diligencia de treinta y uno de mayo del año en curso, el actuario hizo constar que no le fue posible localizar el domicilio en el que se determinó debe emplazarse al demandado, quedando a salvo su derecho de proporcionar croquis o datos que lleven a su localización, ya que hasta en tanto no se localice ese domicilio, no habrá cercioramiento de que el demandado no lo habita, solo constituyen meras transgresiones a derechos intraprocesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, la cual se refleja únicamente en que se ordene el citado emplazamiento de determinada manera, continuando el juicio en sus etapas legales, empero no se priva del derecho de defensa que tiene el aquí quejoso, ni se altera la cuestión debatida en el mismo; por ello, solo constituye una violación procesal, cuya ejecución no es de imposible reparación, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, porque no afecta los derechos sustantivos de la parte agraviada ni decide el fondo del juicio en cita; en consecuencia, puede hacerla valer en amparo directo contra la sentencia definitiva que se pronuncie en el mismo. Ilustra lo anterior, en la parte conducente, la jurisprudencia I.1o.A.E. J/5 (10a.), registro 2011338, Décima Época, libro 29, abril de 2016, tomo III, página 1902, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Tiene aplicación además a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia número XI.T.Aux.C. J/1, Novena Época, julio de 2009, tomo XXX, página 1642, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "ACTOS EN JUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUPUESTOS QUE DEBE PONDERAR EL JUEZ DE DISTRITO PARA DETERMINAR SOBRE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Por tanto, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de amparo y, por ende procede desecharla de plano de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, de rubro que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." V. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Arturo Israel Carrera Pérez, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, en términos restringidos del artículo 12 y el correlativo artículo 24 segundo párrafo, ambos de la citada ley, a las diversas personas que menciona, por así solicitarlo. Por otro lado, téngasele proporcionando correo electrónico y número telefónico, con la finalidad de entablar comunicaciones no procesales; lo anterior, en razón a la contingencia derivada del virus COVID-19. VI. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VII. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Notifíquese personalmente. Así, lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, jueza Tercera de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, quien actúa asistida de la licenciada María Quiroz García, secretaria que autoriza y da fe. Angélica.

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