Eliseo Juan Manuel Torices Flores
Expediente 934/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 934/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Eliseo Juan Manuel Torices Flores
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de agosto de dos mil diecinueve. ANOTACIONES Vista la demanda de amparo promovida por Eliseo Juan Manuel Torices Flores, por propio derecho; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 934/2019-II. ACTO RECLAMADO De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: La SENTENCIA DE ADJUDICACIÓN dictada en fecha quince de marzo de dos mil diecinueve, en el juicio sucesorio intestamentario a bienes de David Ruiz Téllez, en el expediente número 2045/2016, en su calidad de tercero extraño. DESECHAMIENTO El suscrito juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículos 6°, ambos de la Ley de Amparo. En el juicio de amparo debe cumplirse con el requisito general de procedencia del juicio de amparo, consistente en la afectación al quejoso, principio que es consagrado por el artículo 107, fracción I, Constitucional. Por su parte, el artículo 6º de la citada norma, establece el principio general de "instancia de parte agraviada". Para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de la norma legal, es necesario que el acto o la ley reclamados, en su caso, cause una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso. Es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, no puede ser otra cosa, sino la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados. Lo anterior se afirma, porque la procedencia de la acción constitucional requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación causada por el acto reclamado a los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquier otra clase, pues sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directa o indirectamente sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de amparo. En tales condiciones, en el caso en concreto el acto reclamado se hace consistir en la sentencia de adjudicación dictada en fecha quince de marzo de dos mil diecinueve, en el juicio sucesorio intestamentario a bienes de David Ruiz Téllez, expediente número 2045/2016. A su vez, de la lectura a la demanda de amparo se colige que el impetrante considera tener derecho a oponerse al citado fallo, virtud a que en el juicio ordinario civil 192/2017, sobre cumplimiento de contrato de prestación de servicios profesionales, se condenó a la citada sucesión a pagarle el ocho por ciento (8%) del valor total a que asciendan los bienes adjudicados a David Ruiz Téllez, del acervo hereditario a bienes de Miguel Ruiz Gómez, que se determinará en ejecución de sentencia a juicio de peritos, así como al pago de gastos y costas en favor del aquí quejoso. Luego, si de conformidad con los preceptos constitucionales y de la Ley de Amparo que se analizaron, para la procedencia de la acción constitucional, es requisito que el acto reclamado cause un perjuicio real en la esfera jurídica del quejoso, es evidente que no le depara perjuicio, que se haya dictado sentencia de adjudicación el quince de marzo de dos mil diecinueve, en el juicio sucesorio intestamentario a bienes de David Ruiz Téllez, expediente número 2045/2016. Pues si bien es cierto a partir de la adjudicación se extingue la sucesión en cuanto patrimonio común y el albacea cesa en sus funciones representativas, también es verdad que opera jurídicamente la titularidad plena y personal de cada heredero sobre los bienes que integran la porción hereditaria que les corresponde. Lo que no implica que el acreedor reconocido en el juicio ordinario civil 192/2017, sobre cumplimiento de contrato de prestación de servicios profesionales, pierda el derecho de cobro ahí determinado. De ahí que, si de conformidad con los preceptos constitucionales y de la Ley de Amparo que se analizaron, para la procedencia del juicio de amparo, es requisito que el acto reclamado cause un perjuicio real y actual a la esfera jurídica del quejoso, respecto de un derecho subjetivo del que aduce es titular; y, en la especie ello no acontece; es de concluirse que no existe afectación a su esfera jurídica y por consiguiente no hay legitimación para la promoción del juicio de amparo. Por tanto, atento a lo dispuesto por los artículos 113, 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6°, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente, la demanda de amparo que se acuerda. DOMICILIO Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, las listas que se fijan en los estrados del Juzgado, por así señalarlo expresamente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. Notifíquese.Así lo proveyó Fernando Issac Ibarra Gómez, Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, quien actúa asistido del Secretario Tomás Martínez Moscoza, que da fe. El Juez El Secretario María Claudia.
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