Eliseo Gutierrez Belman
Expediente 810/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 810/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/08/2021
Partes del expediente
- Eliseo Gutierrez Belman
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, seis de agosto de dos mil veintiuno. ACEPTAN COMPETENCIA. Visto la cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio procedente del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, a través del cuales informa que aceptó la competencia planteada por este juzgado y se avocó al conocimiento del juicio de amparo indirecto 810/2020, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el expediente como asunto concluido.
- Principal
Toluca, Estado de México, tres de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Paula Valdez Monroy, a favor del quejoso Eliseo Gutiérrez Belman, contra los actos y autoridades siguientes. Acto reclamado Actos de tortura y crueles, en razón de que no se le da agua al quejoso para tomar. Falta de atención médica. Incomunicación. Segregación Traslado Asilamiento. Autoridades responsables Director General del Centro Penitenciario Federal Número 18 "CPS COAHUILA" en Ramos Arizpe, Coahuila. Comisionado de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. Coordinador General de los Centros Federales de Readaptación Social. SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente reclama la tortura, malos tratos, incomunicación, segregación, aislamiento y falta de atención médica, ejercida contra del directo quejoso, actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo y prohibidos por el diverso 22 de la Ley Fundamental; por tanto, con apoyo en el numeral 126 de la normatividad aludida en primer término, se decreta la suspensión de plano, para el efecto que cesen de inmediato tales actos; asimismo, que se permita a la parte quejosa comunicarse con sus familiares o de manera directa con quien represente sus intereses legales y de ser el caso se le brinde la atención médica que requiera, siempre tomando las medidas que se estimen pertinentes para mantener el orden dentro del lugar en el que se encuentre detenido; ello sin perjuicio de que siga a disposición de la autoridad correspondiente. Por otra parte, respecto del acto reclamado de traslado, no es procedente conceder la medida cautelar mencionada, ya que de una revisión integra a la demanda de amparo no se advierte que el quejoso vaya a ser reubicado a diverso centro penitenciario, sino únicamente manifiesta que este fue trasladado el tres de agosto de dos mil veinte del Centro Federal y de Readaptación Social Número uno "Altiplano" en Almoloya de Juárez al diverso Centro Penitenciario Federal Número 18 "CPS-COAHUILA" -lugar en el cual manifiesta se encuentran ejecutando los actos reclamados- motivo por el cual, la sola manifestación de la parte quejosa no constituye un elemento suficiente para decretar la suspensión de plano, máxime si esta ya fue consumada. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio II.3o.P.66 P (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo III, Materia(s): Común, Penal, Página: 2042, de rubro y texto, siguientes: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL. SI DE LOS ANTECEDENTES SE ADVIERTE QUE SE EJECUTÓ ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 161 DE LA LEY DE LA MATERIA, AL SER UN ACTO CONSUMADO. El precepto citado establece que cuando el acto reclamado consista en la orden de traslado del quejoso de un centro penitenciario a otro, la suspensión, si procede, tendrá por efecto que éste no se lleve a cabo; sin embargo, si se reclama una orden sin intervención judicial, y de los antecedentes narrados por el quejoso, se advierte que ya fue ejecutada antes de la presentación de la demanda, dicho efecto no puede concretizarse, al ser un acto consumado, por lo que, en todo caso, la determinación que se dicte de fondo en el expediente principal, será la que eventualmente tenga por efecto restituir al justiciable en el goce de sus derechos fundamentales, siendo innecesario que se provea de oficio y de plano respecto de su suspensión. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independiente de cualquier otro delito en que incurra.". Lo anterior comuníquese de inmediato por oficio a las autoridades responsables para su conocimiento y efectos legales conducentes. INFORME SOBRE LA SUSPENSIÓN DE PLANO Se previene a dichas autoridades responsables para que en el término de veinticuatro horas, informen acerca de la forma y términos en que hayan dado cumplimiento a esta suspensión de oficio y de plano, respecto de los actos reclamados, agregando a dichos informes copias certificadas de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho. Por otra parte, se previene a las autoridades responsables para que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 28 fracción I de la Ley de Amparo, y dada la notoria urgencia y características del caso, reciban el oficio dirigido a la autoridad que no estuviese en turno, apercibidas que en caso de ser omisas al respecto, con fundamento en el segundo de los citados artículos, se tendrá por legalmente hecha la notificación a las autoridades que vayan dirigidos los oficios; lo anterior, con independencia de que la citada conducta pueda ser constitutiva de algún hecho delictuoso. Se les apercibe que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, con fundamento en los artículos 251 y 260, fracción II, del ordenamiento invocado, a la omisa se le impondrá una multa de treinta y cien unidades de Medida y Actualización, respectivamente. Se pide a las autoridades requeridas remitan a este juzgado la información solicitada al correo electrónico institucional -7jdomajf2cto@correo.cjf.gob.mx- y para cualquier confirmación de recibido puede comunicarse al número (01) 722 236 05 00, extensión 2481; en cumplimiento a la expedita impartición de justicia que prevé el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual manera se les requiere para que al momento de rendir el informe solicitado proporcionen un correo electrónico institucional en el que sirva de enlace con este órgano jurisdiccional; lo anterior, a fin de dar mayor celeridad a las comunicaciones que sirvan ordenarse dentro del presente juicio. Asimismo, se hace del conocimiento a las autoridades responsables que el artículo 262, fracción III1 , de la Ley de Amparo, establece las penas a las que se hará acreedor el servidor público que en carácter de autoridad responsable no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado. OBLIGACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, las autoridades responsables están obligadas a recibir el oficio que con relación a esta comunicación se les dirija; en el entendido que de negarse a recibirlo, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de las autoridades, se tendrá por hecha la notificación con todas sus consecuencias legales; pudiendo, en todo caso, hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación correcta al rendir sus respectivos informes; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior el actuario judicial hará constar en autos el nombre de la autoridad o encargado con quien se entienda la diligencia y si se niega a firmarla o a recibir el oficio, de actualizarse tal evento. En el entendido de que la suspensión concedida no surtirá efectos: respecto de actos posteriores a su concesión; si el acto reclamado procede de autoridades diversas a las señaladas como responsables; si el acto reclamado es materia de otro juicio de amparo en el que se hubiera concedido la suspensión de los actos que ahora impugnan; 4) o bien, si dicha medida obedece a cuestiones de seguridad del centro penitenciario en que se encuentra recluida la parte quejosa, o son tendentes a salvaguardar su integridad o, la de la demás población penitenciaria. ENVÍO DE OFICIOS En el entendido de que se ordena el envío de los oficios que deriven del presente asunto a todas las autoridades. Al efecto, se hace saber al actuario judicial encargado de esta encomienda, para que en el caso de que las citadas autoridades responsables se negaren a recibir el oficio derivado del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, haga del conocimiento de quien al efecto lo atienda que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por realizada la notificación en ese momento, además de que si a consideración de este juzgado se estima que el despliegue de su conducta es con notoria mala fe o negligencia inexcusable se harán acreedoras a las sanciones establecidas en el artículo 262 de la ley de la materia. En este contexto, se faculta al actuario encargado de realizar esta diligencia para que en el momento de la notificación respectiva y de ser necesario, realice las aclaraciones correspondientes con relación a la denominación actual y correcta de la autoridad o autoridades que estén ejecutando el acto reclamado, a quienes deberá apercibir que en el supuesto de no recibir las notificaciones en comento, con fundamento en lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238 y 239 de la Ley de Amparo, se harán acreedoras de una multa de cincuenta a mil veces la unidad de medida y actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. INCOMPETENCIA Este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del presente asunto, de conformidad con las consideraciones que a continuación se exponen. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 37 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". El artículo Constitucional en comento, fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, en la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo.". Conforme a tales preceptos, este órgano federal se declara legalmente incompetente por territorio, para conocer de la demanda de amparo, pues ésta se surte a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, en turno. Lo anterior, conforme lo dispone el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en la parte toral siguiente: "[.] CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: VIII. OCTAVO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Arteaga, General Cepeda, Parras, Ramos Arizpe y Saltillo [.]" (Énfasis añadido) Lo anterior es así, ya que los actos reclamados consistentes en: 1) tortura y actos crueles, 2) la falta de atención médica, 3) incomunicación, 4) segregación, 5) traslado consumado y 6) asilamiento, tiene ejecución, en el Centro Penitenciario Federal Número Dieciocho "CPS COAHUILA", con sede en Ramos Arizpe-, de ahí que el juez competente es aquel que tiene jurisdicción donde se están ejecutando actos reclamados, según antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, narró Paula Valdez Monroy, en representación del quejoso Eliseo Gutiérrez Belman. Tal determinación se toma, en atención a que de la demanda de amparo se aprecia que Eliseo Gutiérrez Belman, se encuentra recluido dentro del Centro Penitenciario Federal Número Dieciocho "CPS COAHUILA", con sede en Ramos Arizpe, en otras palabras los actos de tortura, malos tratos, incomunicación, segregación, falta de atención médica y aislamiento, se están ejecutando en la persona del quejoso, quien a su vez está privado de la libertad en dicho centro penitenciario, por tanto, como quedó reseñado párrafos arriba, este órgano jurisdiccional no tiene jurisdicción. Sin que pase por desapercibido que el quejos reclama la orden de traslado; sin embargo, se aprecia que esta ya fue consumada desde el tres de agosto de dos mil veinte, por lo que ya ha producido todos sus efectos, aunado a que dadas sus manifestaciones genéricas no se advierte si controvierte alguna otra orden de traslado que tienda a reubicarlo en diverso centro penitenciario. Por tal motivo, al no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que orientan las anteriores consideraciones, la tesis II.2o.P.16 K (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Julio de 2016, Tomo III, Materia(s): Común, página: 2093 COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión. Atento a lo anterior, al no actualizarse alguna de las excepciones del artículo en cita, es legalmente competente para conocer del presente asunto un Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, resultando evidente que el Juez competente para conocer de la presente demanda de garantías lo es el Juzgado de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, en turno, dado que el acto que combate el quejoso, se está ejecutando en el lugar donde ejerce jurisdicción dicho Juzgado de Distrito. Pues, las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, las establece el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Ahora, la exégesis del referido numeral estriba en razones de índole funcional que permiten realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, pues el legislador estableció las referidas reglas de competencia para facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Por tanto, para estar en aptitud de establecer la competencia por razón de territorio de un juez de distrito, resulta necesario analizar en primer término el tipo de acto reclamado; y, en segundo lugar, determinar si aquél es de carácter declarativo o requiere ejecución material, y en su caso, en dónde se puede llevar a cabo ésta; para así determinar cuál de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinará la competencia. En este tenor, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente asunto, en mérito de los razonamientos expuestos. Por tanto, sin resolver acerca de la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, remítase el escrito original y copias de la demanda, al Juzgado de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, en turno, solicitándole de la manera más atenta, de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia planteada, y acuse el recibo correspondiente. ANOTACIONES Háganse las anotaciones respectivas y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes relativo. INFORMACIÓN PÚBLICA Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. CONSULTA DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Atento a lo anterior, debido a que la demanda de amparo fue promovida por un tercero, en contra de actos contenidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, sin embargo, dado que no estamos en el supuesto de ordenar ratificar la misma, en virtud de que se está a la espera de que el Juzgado de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, en turno acepte o niegue la competencia planteada, se observa que Paola Valdez Monrroy proporcionó el usuario "valmonvalmon", el cual se encuentra registrado, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en los artículo 77 y 78 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y el 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se instruye al Analista Jurídico Sise a efecto de que se autoricen los permisos correspondientes, a efecto de que pueda ser consultado el expediente electrónico y que las notificaciones se efectúen electrónicamente. PARTE QUEJOSA PROPORCIONA CORREO ELECTRÓNICO Respecto a los correos electrónicos y número telefónico que proporciona la parte quejosa, se tienen únicamente para establecer contacto, cuando este órgano jurisdiccional lo estime conveniente de conformidad con el Acuerdo General 21/2020. Sin que lo anterior se establezca como un medio de notificación en lo que toca al presente asunto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. GRATUIDAD DEL SERVICIO Se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 constitucional, todos los servicios que presta este juzgado de distrito son gratuitos. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa.
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