Eliseo Govea Manzo

Expediente 70/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 28 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
70/2020
Año
2020
Actuaciones
28
Última actuación
12/07/2022

Partes del expediente

  • Eliseo Govea Manzo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de julio de dos mil veintidós. SOLICITA COPIA DE SENTENCIA Y CUADERNOS DE PRUEBA Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio por el cual se le notificó que se causó ejecutoria la sentencia dictada en autos, asimismo, solicita se le remita copia de la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo en que se actúa y los cuadernos de prueba remitidos con el informe justificado; atento a su contenido, como lo solicita la oficiante, remítasele la copia que solicita, así como los cuadernos de prueba señalados, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, uno de julio de dos mil veintidós. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo, que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de trece de mayo de dos mil veintiuno, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo. ARCHIVO. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse SOBRESEÍDO el amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DE INCIDENTES. Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la suspensión provisional así como una parte la suspensión definitiva. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese sólo el original del incidente de suspensión y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    . V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número VIII-70/2020, promovido por Eliseo Govea Manzo contra actos del Magistrado de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el veintitrés de enero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta capital, Eliseo Govea Manzo promovió demanda de amparo contra actos del Magistrado de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Por auto de veinticuatro de enero de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda en cuestión, registrándola con el número VIII-70/2020; se requirió a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; finalmente, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama actos de naturaleza penal atribuidos a autoridades con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, ya que solo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además a la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste: Del Magistrado de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, la resolución de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en el toca XI-53/2019, que confirma el auto de vinculación a proceso emitido en la causa penal 51/2019, instruida en contra del aquí quejoso por el delito de despojo cometido en agravio de Francisco Govea Manzo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el magistrado responsable se advierte que acepta la existencia del acto reclamado. A cuyo efecto remitió el original del toca de apelación XI-53/2019, documental a la que se le concede pleno valor probatorio. Ello de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Además de remitir los registros de audio y video correspondientes, pruebas con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2°. Sirve de apoyo el siguiente criterio: Época: Décima Época Registro: 2004362 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) Página: 703 VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio del fondo, es necesario analizar las causas de improcedencia así sea de oficio, o invocadas por las partes, pues la procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procedimental de estudio preferente según dispone el último párrafo del artículo 62, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la jurisprudencia 814, visible a fojas 553, Tomo VI, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Registro: 222780, del rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". En ese tenor, quien suscribe advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el numeral 17, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) Fracción XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". De la interpretación de dicho precepto se advierte que los actos consentidos tácitamente, son aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos que precisa el artículo 17, de la Ley de Amparo, que no es otra cosa que la promoción del juicio de amparo de forma extemporánea. Ahora bien, para poder establecer si el juicio de amparo es extemporáneo, debe acudirse a lo que disponen los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, los cuales señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de los Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de entrada en vigor". De los preceptos arriba transcritos se desprende que el plazo legal con el que cuenta el reclamante del amparo para promover el juicio de garantías es de quince días hábiles, contado a partir de que surta sus efectos, conforme a la Ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Esto es, el plazo genérico para promover el juicio de amparo es de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la determinación que reclama; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; y c) Al en que se haya ostentado sabedor del acto en cuestión. En seguimiento a lo anterior, se precisa que los supuestos mencionados se excluyen entre sí, además que no guardan prelación alguna; por tanto, es clara la intención del legislador de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente siempre invariablemente en el improrrogable plazo de quince días hábiles siguientes. La referida regla que rige el plazo de quince días hábiles como término preprocesal que se exige a los gobernados admite ciertas excepciones que se contemplan en el artículo 17 de la Ley de Amparo, antes transcrito. De su intelección se pone de manifiesto que el ahora legislador ordinario tuvo la intención de poner límites en lo temporal a los gobernados para promover el juicio de amparo con relación a algunos actos respecto de los que con anterioridad no lo establecía, tales como los actos en materia agraria provenientes de autoridades administrativas e, incluso, en la materia penal hasta el caso de actos que afecten la libertad emitidos por una autoridad judicial -como sucede con los relativos a una orden de aprehensión, reaprehensión, auto de formal prisión o de sujeción a proceso-. Esto es, aquellos regulados por los artículos 16 y 19 de la Constitución Federal; lo anterior es así, pues el precepto reproducido no revela que el legislador los hubiere establecido nuevamente como excepciones a la regla general que establece el plazo de quince días hábiles para promover el juicio de amparo. Ahora bien, la causa que torna inejercitable la acción constitucional tiene lugar cuando éste no se promueve dentro del plazo de quince días hábiles que consagra el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo, cuando no se está en algunas de las excepciones que pueden llegar a la imprescriptibilidad de la acción de amparo, pues tal numeral contiene una presunción juris tantum que admite prueba en contrario, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de amparo, significa que consintió una u otro de forma tácita. Lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida- no podría quedar a la libre elección del gobernado. Aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. A más de que sujetar el ejercicio de la acción constitucional a un plazo indefinido, implicaría afectar el derecho que tienen las víctimas a la reparación del daño y a que de ser procedente se condene a quien resulte culpable. Sobre el tema de la causa de improcedencia que se invoca es de citar la Jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 364 del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y dos, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO." La jurisprudencia que precede pone de manifiesto la existencia de los elementos que como requisitos se deben satisfacer para que opere la presunción de consentimiento del acto que da lugar a la improcedencia del amparo, siendo los siguientes: Un acto de autoridad o de particular en términos del artículo 5° de la Ley de Amparo. Una persona afectada por tal acto. La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención. El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción. El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. De igual modo, se precisa como marco teórico referencial relacionado con la causa de improcedencia que se estima actualizada en la especie, que es de estudio preferente a las demás causales de improcedencia. Ello es así en razón de que de los múltiples aspectos que como presupuestos procesales se pueden observar con motivo del cumplimiento de las causas de improcedencia, el relativo a la oportunidad es básico frente a los restantes porque si la demanda de amparo no se presentó en tiempo, ya no tendría utilidad analizar los restantes problemas procesales. Al respecto es aplicable por su espíritu, la tesis I.3°.A.135 K, del Tercero tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer Circuito, visible en la página 619 del tomo XIV, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, LA CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, ES DE ESTUDIO PREFERENTE A LAS DEMÁS CAUSALES." Aunado a lo anterior, debe precisarse que el juicio de amparo que ahora se resuelve no se surte alguno de los supuestos que pudiere dar origen a la excepción a la regla contenida en el propio artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado carece de un contenido o efecto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento penal, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al ejército. Tampoco se reclama una norma general autoaplicativa, o un procedimiento de extradición, ni una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. Menos aún se promueve el amparo contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. En el particular, específicamente en el apartado denominado "FECHA DE CONOCIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS" el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de la resolución reclamada hasta el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, por información que fuera hecha por su defensor particular. Ahora bien, de las constancias relativas al toca de apelación XI-53/2019, que fueron previamente valoradas, se advierte con claridad que el quejoso fue notificado del acto reclamado mediante lista de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, tal como se desprende del acta de notificación respectiva. Asimismo, dicha determinación fue notificada al defensor particular del quejoso mediante correo electrónico enviado el mismo nueve de diciembre de dos mil diecinueve, tal como se acredita de la impresión de envío de dicha comunicación. En ese contexto, tomando en cuenta que tanto el promovente del juicio de amparo como su defensor particular fueron notificados del acto reclamado el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, tal notificación surtió efectos al día siguiente, de conformidad con el último párrafo del artículo 82, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, el plazo de quince días hábiles transcurrió del once de diciembre de dos mil diecinueve al quince de enero de dos mil veinte. De dicho periodo deben descontarse los días catorce y quince de diciembre de dos mil diecinueve, por corresponder a sábado y domingo; así como del veinte de diciembre de dos mil diecinueve al tres de enero de dos mil veinte, por corresponder al periodo vacacional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, según se advierte de la página electrónica oficial https://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/default.aspx. Tampoco se computan los días cuatro, cinco, once y doce, todos de enero de dos mil veinte, por corresponder a sábados y domingos. Por tanto, al haberse presentado la demanda de amparo hasta el veintitrés de enero de dos mil veinte, según se advierte del sello plasmado por la Oficina de Correspondencia Común, con sede en esta ciudad, se evidencia que ello sucedió en exceso del plazo precitado, ya que tanto el quejoso como su defensor particular fueron notificados del acto reclamado desde el nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Por ende operó el consentimiento tácito del aquí quejoso con el contenido de la resolución reclamada, de manera que se actualiza la improcedencia estipulada por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. En efecto, el consentimiento de que se ha venido hablando no es expreso, ni por manifestaciones de voluntad que así lo impliquen, pues, se insiste, la sola circunstancia de no presentar la demanda de amparo oportunamente se traduce en un consentimiento tácito del acto reclamado, esto es, una omisión del interesado, y no su conducta positiva, cuya sanción procesal consiste en la improcedencia del juicio de amparo. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia 12/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fojas 38, Décima Época, Registro: 2009174, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, del rubro: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA". En tales condiciones, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo. En ese contexto, al resultar improcedente la acción de amparo y ante el sobreseimiento decretado respecto de los actos reclamados, quien suscribe se encuentra legalmente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación expuestos, respecto del acto reclamado precisado con antelación ya que el sentido de este fallo imposibilita el análisis de las cuestiones del fondo del asunto. Sobre el particular deviene ilustrativa la jurisprudencia VI. 2o. J/3, registro: 230809 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 688, Época: Octava Época, del rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sin que obste a lo anterior el hecho de que en proveído de veinticuatro de enero de dos mil veinte, se haya admitido la demanda de amparo, toda vez que se tiene oportunidad hasta este momento para advertir la extemporaneidad antes analizada. Aunado a ello que las partes también pueden hasta la audiencia constitucional aportar las pruebas necesarias y de formular los alegatos convenientes a su favor, a efecto de desvirtuar la fecha en que se advierta que hayan conocido los actos reclamados; lo cual por cierto no se realizó. De ahí que es válido que al emitir la presente resolución se declare actualizada la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, en relación con el numeral 17, de la ley de la materia, al haberse presentado la demanda de amparo fuera del plazo legal de quince días hábiles que para tal efecto prevé la ley de la materia. Al efecto resulta conveniente citar la tesis de la Novena Época, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, Abril de 1996, página 477, registro 202792, que señala lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. ES PROCEDENTE CUANDO LA DEMANDA FUE PRESENTADA EXTEMPORANEAMENTE, SIN IMPORTAR QUE INICIALMENTE EL JUEZ LA HUBIESE ADMITIDO". Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Eliseo Govea Manzo, contra actos del Magistrado de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe, hoy trece de mayo de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, once de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre únicamente como constancia el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, toda vez que mediante proveído de siete de marzo del año en curso se proveyó lo conducente. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

Quedan 24 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano