Eliseo García López
Expediente 1347/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1347/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Eliseo García López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiuno de enero de dos mil veintidós. Cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio y anexo proveniente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante los cuales, da cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de seis de enero del presente año. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tienen por exhibidas la documental que anexan las autoridades oficiantes, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, y en cuanto a su contenido, se acuerda lo siguiente. Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis del oficio recibido, así como de la documental agregada, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto del acto por el cual se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal, que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en: De la Junta responsable, la omisión de desahogar en todos sus términos la prueba testimonial a cargo de Óscar Martín Martínez Yañes, Adrián Ernesto Mendoza Ortega y Julio César Mange Aguilar; ofrecidas por la parte demandada, dentro del juicio laboral 3081/2017. Al respecto, la parte quejosa expuso que a pesar de que interpuso demanda el pasado dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, la junta responsable no había realizado los trámites necesarios para conseguir el desahogo total de las antedichas probanzas. En relación con lo anterior, la autoridad responsable admitió en su informe justificado la existencia de los actos reclamados. No obstante lo anterior, al rendir su respectivo informe justificado, así como lo dilucidado en el informe de cuenta, el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Hermosillo, Sonora, exhibió copia certificada del acuerdo de tres de diciembre de dos mil veintiuno, del que se desprende que procedió a señalar como fecha para el desahogo de las consabidas diligencias, las once horas con treinta minutos del siete de enero de dos mil veintidós; además, de dicho acuerdo se advierte que la junta responsable ordenó notificar a los testigos señalados en párrafos precedentes en los domicilios correspondientes, lo que supone que no existe diversa omisión en cuanto al no realizar las gestiones encaminadas al éxito de la multicitada probanza. Asimismo, ordenó notificar del auto señalado en líneas precedentes a la diversa demandada Sistema Especializado de Monitoreo Integral Cassa, Sociedad Anónima de Capital Variable. El señalado informe con justificación, se agregó en los presentes autos mediante acuerdo de diez de diciembre de dos mil veintiuno, y mediante determinación judicial de seis de enero de dos mil veintidós, se requirió a la autoridad responsable para que remitiera copia certificada de las constancias relativas a la notificación de la parte demandada y los testigos en comento, a lo cual la autoridad oficiante de cuenta dio contestación remitiendo con los oficios que se agregan en esta data, copia certificada del mencionado auto tres de diciembre pasado, en cuyo reverso, consta plasmada la notificación a la parte quejosa, en tanto que en relación con la demandada "Sistema Especializado de Monitoreo Integral Cassa, Sociedad Anónima de Capital Variable" remitieron razón de fijación de notificación. Por otro lado, remite las constancias de imposibilidad de notificación levantada por el actuario, de la que se advierte que no fue posible emplazar a los testigos mencionados en párrafos precedentes, en virtud de que no fue posible ubicar los domicilios para tal efecto. En esa medida, quien resuelve determina que cesaron los efectos del reclamo constitucional, pues si bien es cierto, al momento de la presentación de la demanda se evidenció la existencia del acto reclamado en el que se indicó el nulo impulso procesal y omisión de señalar fecha para el desahogo de la aludida diligencia testimonial; sin embargo, la junta responsable emitió diverso acuerdo el tres de diciembre pasado (durante el trámite de este sumario), en el que corrigió el procedimiento del juicio y fijó para el verificativo de las diligencias en comento las once horas con treinta minutos del siete de enero de dos mil veintidós. De modo que aquella inactividad procesal que irrogaba perjuicio al quejoso, fue sustituida procesalmente en el impulso del juicio de origen, con el que se restituyó al peticionario en el goce de su derecho conculcado, pues la omisión reclamada cesó, ya que la junta laboral estableció fecha para las diligencias señaladas con anterioridad y, en el auto de tres de diciembre de dos mil veintiuno, fijó como hora y fecha para la desahogo de estas, las once horas con treinta minutos del siete de enero de dos mil veintidós; también, ordenó al fedatario de su adscripción, que notificara personalmente ese acuerdo al demandado que tiene domicilio reconocido en autos, en tal lugar o por medio de su representante legal; en tanto que, en relación con los testigos, ordenó su notificación para que estuvieran en aptitud de llevar a cabo la diligencia a su cargo, lo que pretendió realizar el actuario, empero infructuosamente, pero por causas ajenas a su voluntad. De ahí, que con tal actuación desplegada por la responsable se actualiza la causal de improcedencia analizada, pues cesaron los efectos del reclamo constitucional. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o. J/339, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Número 83, Noviembre 1994, Octava Época, página 70, que expresa: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando a resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En el particular, debe acotarse que no pasa inadvertido para quien resuelve la eventualidad relativa a que los testigos no pudieron ser notificados; sin embargo, tal eventualidad no corresponde a una conducta actual omisiva por parte de la autoridad responsable, pues como se advierte, el actuario comisionado acató la orden de la junta de trabajo y pretendió emplazar a dichos atestes; sin embargo, por razones ajenas a su voluntad y oficio, no fue posible tal llamamiento, según se desprende de la razones actuariales levantadas, por lo que el ahora quejoso está en aptitud de proporcionar ante la responsable ordenadora un domicilio actual o correcto de los testigos, o bien, manifestar en relación con la razón actuarial lo que a su interés convenga; de modo que actualmente no existe certidumbre en torno a que dicho órgano ejecutor vaya a desplegar una conducta omisa en lo futuro, pues en todo caso, de materializarse en lo futuro alguna omisión por parte de la autoridad responsable, el promovente estará en aptitud de ejercer su derecho en esta vía constitucional. Se cita al respecto, por consubstancialidad en lo conducente, la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 16, Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Sexta Parte, con registro de localización 249048, de rubro y texto siguientes: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. De acuerdo con la jurisprudencia definida de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, no procede conceder el amparo cuando se reclaman actos futuros e inciertos, situación que se contempla cuando el quejoso aduce como motivo de su demanda de amparo la factibilidad de que su contraparte pueda promover un embargo precautorio para garantizar las prestaciones reclamadas, caso en el cual estima que se afectaría el inmueble de su propiedad, circunstancia que no puede considerarse ni como probable ni como inminente, por lo que será sólo cuando se presente esa situación, el momento idóneo para impugnarla y no a través de este amparo." Bajo las condiciones apuntadas, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en los numerales 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, en página 386, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Atento a lo anterior, se dejan sin efecto la hora y fecha señaladas para la audiencia constitucional, esto es, para las doce horas con diecisiete minutos del veintiocho de enero de dos mil veintidós. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro uno de Registro de Juicios de Amparo, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, en su oportunidad, archívese el presente como asunto concluido. Notifíquese personalmente; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Juan de Dios Velasco Romero, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme al artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el artículo transitorio tercero del "Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles", autorizado en términos del oficio CCJ/ST/0047/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, seis de enero de dos mil veintidós. Requerimiento de constancias. Visto el estado de autos, y con el objeto de contar con mayores elementos para analizar la constitucionalidad del acto reclamado en el presente asunto, con apoyo en lo establecido en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se requiere la autoridad responsable Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, se sirva informar si notificó personalmente a las partes del acuerdo de tres de diciembre de dos mil veintiuno dictado en el juicio de origen 3081/17, así como a los testigos que refieren en el mismo; circunstancia que deberá corroborar con las constancias pertinentes, o bien, mencione la imposibilidad que tenga para ello. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de incumplir con el anterior requerimiento, conforme a lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Diferimiento de audiencia constitucional. A fin de dar oportunidad a lo anterior, se señalan las doce horas con diecisiete minutos del veintiocho de enero de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el informe justificado rendido por el presidente de la Junta Local de Conciliacion y Arbitraje del Estado de Sonora; dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales anexas; sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional
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