Eliseo Flores Pérez
Expediente 505/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 505/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/08/2022
Partes del expediente
- Eliseo Flores Pérez
Actuaciones
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente por Mercy Ossana Luna Guzmán, apoderada legal de Eliseo Flores Pérez, mediante el cual, solicita acceso al expediente electrónico a través del usuario "ABGOADOS010914". En atención a lo anterior, dígasele que de la certificación que antecede se advierte que la secretaria de juzgado hizo constar que al realizar un revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, advirtió que el usuario "ABGOADOS010914", proporcionado por la apoderada legal de la parte quejosa cuenta con las autorizaciones para la consulta del expediente electrónico, del juicio de amparo 505/2022. Notifíquese por lista.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, quince de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, el oficio 110/08 08 2022/1939, de la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante el cual, rinde informe justificado en el sentido de que no es cierto el acto reclamado por el quejoso, como justificación a su informe remite diversas copias certificadas del expediente laboral 183/2020. Con fundamento en el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de la autoridad responsable las copias certificadas que adjunta a su informe justificado, la cual, se desahoga dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional y en ese acto se tenga por recibida, aunque no exista gestión expresa del interesado. Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Por otra parte, es criterio preponderante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la existencia del acto reclamado debe relacionarse con la fecha en que se presenta la demanda de amparo. El anterior criterio se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 3/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Núm. 79, Julio de 1994, página 15, Octava Época, intitulada: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado el veinte de julio de dos mil veintidós, Mercy Ossana Luna Guzmán, apoderada legal de Eliseo Flores Pérez, promovió demanda de amparo contra la omisión de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, de desahogar el periodo probatorio y como consecuencia de la abierta dilación en el procedimiento laboral 183/2020. Ahora bien, como justificación a su informe la autoridad responsable remitió las copias certificadas siguientes: 1. Acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintidós, mediante el cual se determinó que al no haber más pruebas por desahogar en el expediente laboral 183/2020, se concedió a las partes dos días para que exhibieran sus alegatos. 2. Auto de cuatro de julio de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente laboral 183/2020, mediante el cual, se hizo constar que feneció el plazo de dos días otorgado a las partes para que ofrecieran alegatos y por tanto se declaró cerrada la instrucción. 3. Acuerdo de doce de julio de dos mil veintidós, mediante el cual se remite el expediente 184/2020, para la formulación de proyecto de resolución en forma de laudo. Documentales a las que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tienen la naturaleza de documentos públicos en razón de que fueron expedidas por servidor público en ejercicio de sus funciones, cuenta con signos exteriores que les da esa calidad, como son el nombre, cargo y firma del servidor público que las expidió, así como el sello de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. Ahora bien, de las documentales remitidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, se advierte que por acta de doce de julio de dos mil veintidós, al no haber más pruebas que hubieran quedado pendientes por desahogar se declaró cerrada la instrucción y se turnó el expediente 183/2020, para la formulación de proyecto de resolución en forma de laudo, esto es, con anterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo, a saber, el veinte de julio de dos mil veintidós, asimismo que el auto de doce de julio de dos mil veintidós fue notificado a las partes mediante boletín el trece de esos mismos mes y año Por consiguiente, al estar claramente demostrado que es inexistente el acto reclamado consistente en la omisión de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, de desahogar el periodo probatorio, en relación a la fecha de la presentación de la demanda en el expediente laboral 183/2020, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada XIII.1o.P.T.4 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 69, agosto de 2019, Tomo IV, página 4648, Décima Época, intitulada: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado." Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las doce horas con un minuto del dos de septiembre de dos mil veintidós. No se soslaya, que en auto de veinticinco de julio de dos mil veintidós, toda vez que el quejoso manifestó desconocer si existía tercero interesado, se reservó, hasta en tanto obrara en autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable, sin que se haya logrado su emplazamiento. No obstante, la falta de emplazamiento a juicio de los terceros interesados, no impide resolver en definitiva este juicio de amparo, pues ningún agravio les irroga el sentido de este proveído. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 531 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte SCJN, página 349, Séptima Época, intitulada: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito. Notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a la parte quejosa; y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO ENTREGADO EL DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN ESTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL CUAL SE TRANSCRIBE. Ciudad del Carmen, Campeche, quince de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, el oficio 110/08 08 2022/1939, de la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante el cual, rinde informe justificado en el sentido de que no es cierto el acto reclamado por el quejoso, como justificación a su informe remite diversas copias certificadas del expediente laboral 183/2020. Con fundamento en el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de la autoridad responsable las copias certificadas que adjunta a su informe justificado, la cual, se desahoga dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional y en ese acto se tenga por recibida, aunque no exista gestión expresa del interesado. Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Por otra parte, es criterio preponderante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la existencia del acto reclamado debe relacionarse con la fecha en que se presenta la demanda de amparo. El anterior criterio se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 3/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Núm. 79, Julio de 1994, página 15, Octava Época, intitulada: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado el veinte de julio de dos mil veintidós, Mercy Ossana Luna Guzmán, apoderada legal de Eliseo Flores Pérez, promovió demanda de amparo contra la omisión de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, de desahogar el periodo probatorio y como consecuencia de la abierta dilación en el procedimiento laboral 183/2020. Ahora bien, como justificación a su informe la autoridad responsable remitió las copias certificadas siguientes: 1. Acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintidós, mediante el cual se determinó que al no haber más pruebas por desahogar en el expediente laboral 183/2020, se concedió a las partes dos días para que exhibieran sus alegatos. 2. Auto de cuatro de julio de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente laboral 183/2020, mediante el cual, se hizo constar que feneció el plazo de dos días otorgado a las partes para que ofrecieran alegatos y por tanto se declaró cerrada la instrucción. 3. Acuerdo de doce de julio de dos mil veintidós, mediante el cual se remite el expediente 184/2020, para la formulación de proyecto de resolución en forma de laudo. Documentales a las que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tienen la naturaleza de documentos públicos en razón de que fueron expedidas por servidor público en ejercicio de sus funciones, cuenta con signos exteriores que les da esa calidad, como son el nombre, cargo y firma del servidor público que las expidió, así como el sello de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. Ahora bien, de las documentales remitidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, se advierte que por acta de doce de julio de dos mil veintidós, al no haber más pruebas que hubieran quedado pendientes por desahogar se declaró cerrada la instrucción y se turnó el expediente 183/2020, para la formulación de proyecto de resolución en forma de laudo, esto es, con anterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo, a saber, el veinte de julio de dos mil veintidós, asimismo que el auto de doce de julio de dos mil veintidós fue notificado a las partes mediante boletín el trece de esos mismos mes y año Por consiguiente, al estar claramente demostrado que es inexistente el acto reclamado consistente en la omisión de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, de desahogar el periodo probatorio, en relación a la fecha de la presentación de la demanda en el expediente laboral 183/2020, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada XIII.1o.P.T.4 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 69, agosto de 2019, Tomo IV, página 4648, Décima Época, intitulada: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado." Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las doce horas con un minuto del dos de septiembre de dos mil veintidós. No se soslaya, que en auto de veinticinco de julio de dos mil veintidós, toda vez que el quejoso manifestó desconocer si existía tercero interesado, se reservó, hasta en tanto obrara en autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable, sin que se haya logrado su emplazamiento. No obstante, la falta de emplazamiento a juicio de los terceros interesados, no impide resolver en definitiva este juicio de amparo, pues ningún agravio les irroga el sentido de este proveído. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 531 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte SCJN, página 349, Séptima Época, intitulada: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito. Notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a la parte quejosa; y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO ENTREGADO EL VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN ESTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL CUAL SE TRANSCRIBE. Ciudad del Carmen, Campeche, veinticinco de julio de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Mercy Ossana Luna Guzmán, apoderada legal de Eliseo Flores Pérez, contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, radíquese con el número de expediente 505/2022, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. PERSONALIDAD DEL PROMOVENTE. En términos del artículo 11, párrafo primero, de la Ley de Amparo, cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. Ahora bien, el artículo 692, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, establece que las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado. Y, tratándose de apoderado de persona física, la personalidad se acreditará con poder notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante el Tribunal. En el caso que nos ocupa, el promovente adjuntó a su demanda de amparo copia simple de la audiencia de uno de julio de dos mil veintiuno, relativo al expediente laboral 183/2020, de la que se advierte que la promovente Mercy Ossana Luna Guzmán, tiene reconocida ante la autoridad responsable el carácter de apoderado legal de la parte actora Eliseo Flores Pérez, aquí quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 11, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se le reconoce a la promovente el carácter de apoderada legal con el que se ostenta. ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal, 1, fracción I, 2, 3, 6, 10, 20, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo, promovida por Mercy Ossana Luna Guzmán, apoderada legal de Eliseo Flores Pérez, contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en los artículos 115 y 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir por escrito dentro plazo de quince días contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio en el que se le pide dicho informe. Informe justificado en el que con fundamento en el artículo 117, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados y acompañará, en su caso, copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo. Se apercibe a la autoridad responsable que de no rendir su informe justificado dentro del plazo concedido en los términos indicados, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá un multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), que resulta de multiplicar por cien el valor diario de dicha unidad de medida, esto es, $96.22 (noventa y seis pesos, veintidós centavos, moneda nacional) determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de dos mil veintidós, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en ese medio de difusión el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con fundamento en el artículo 115, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se señalan las DOCE HORAS CON UN MINUTO DEL DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde. SUSPENSIÓN. No se tramita incidente de suspensión de los actos reclamados, por no haberlo solicitado expresamente el quejoso. EMPLAZAMIENTO AL TERCERO INTERESADO. El quejoso manifiesta que no existe el tercero interesado, sin embargo, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados derivan del juicio laboral 183/2020, por tanto, una vez que se reciba el informe justificado solicitado, de advertirse su existencia, se proveerá lo conducente a su emplazamiento. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa, las que ofrece en su escrito inicial de demanda, consistentes en: 1. Copia de la audiencia de ofrecimiento de pruebas de uno de julio de dos mil veintiuno, celebrada en el juicio laboral 183/2020. 2. La presuncional legal y humana. Respecto a la prueba documental, se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional y se tenga recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Asimismo, en cuanto a la presuncional legal y humana, se desahoga dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional, toda vez que se constituye cuando expresamente así lo establece la ley, en cambio, la presuncional humana se integra cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquél. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada XX. 305 K del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, enero de 1995, página 291, Octava Época, intitulada: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda." DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en calle caracol, 121-A, colonia Justo Sierra, Ciudad del Carmen, Campeche. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. Como lo solicita la parte quejosa, se tienen por autorizados con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados en derecho Erika Berenice Díaz Pérez, Amy Valeria Mas Mas, Perla Rubí Hernández, Francisco Mario Rosado Coffin, Italia Rodríguez Bernabé, Mirley Bazán Bravo y Yolanda Heredia Aguilar. Autorización que se admite sin necesidad de que las personas autorizadas acrediten encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, pues este juicio de amparo es en materia laboral y el quejoso tiene el carácter de parte trabajadora. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por otra parte, como lo solicita el promovente, con fundamento en los artículos 6, 9, 10, 14, 16 y 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al quejoso, consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente asunto. Por consiguiente, se instruye que se ingrese el nombre de usuario "ABGOADOS010914", al módulo de autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que los referidos autorizados, tengan acceso al expediente electrónico y puedan consultarlo. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene como forma especial y expedita de contacto para entablar "comunicaciones no procesales" con la parte quejosa, el número telefónico 9381082356. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022 y 9/2022, de dicho órgano colegiado, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es, mediante el esquema de "juicio en línea". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; por lista a la parte quejosa; y por oficio a las autoridades responsables.
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