Eliseo Blas Loaiza Mora
Expediente 1612/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1612/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/08/2022
Partes del expediente
- Eliseo Blas Loaiza Mora
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio suscrito por la Secretaria General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, en vías de cumplimiento, se requiere a la autoridad responsable.
- Principal
SE CELEBRA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, contra el acto, las autoridades y por las razones asentadas en el tercer considerando de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege, contra el acto y autoridades precisados en el considerando segundo, por las razones asentadas en el sexto considerando y para los efectos señalados en el séptimo de la presente resolución.
- Principal
Por medio de lista se notifica a la parte quejosa el contenido del auto de diez de agosto de dos mil veintidós, que en lo conducente dice: Visto el oficio de cuenta enviado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, derivado del juicio de amparo directo 510/2022, por el cual informa que se declaró legalmente incompetente en razón de la vía, para conocer de la demanda de amparo promovida por Eliseo Blas Loaiza Mora, contra actos de la Junta Especial Numero Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, ordenó declinarla a favor de un Juzgado de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco en turno. En relación a lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 35 y 107 de la Ley de Amparo y 55, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado de Distrito acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo; consecuentemente, acúsese recibo y, procédase a su análisis. III. Se desecha. Vista la demanda de amparo promovida por Eliseo Blas Loaiza Mora, por conducto de quien afirma es su apoderado especial Jorge Enrique Calderón González, contra actos de la Junta Especial Numero Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por considerarlos violatorios de los derechos que señala en su demanda. IV. Desechamiento. Ahora bien, del examen de la demanda de amparo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. De estos preceptos se advierte, entre otras disposiciones, que se refieren al juicio de amparo promovido contra actos judiciales, esto es, contra actos dictados en un procedimiento jurisdiccional; además, establecen la regla general consistente en que el amparo indirecto procederá contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afectan materialmente derechos sustantivos. En ese contexto, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando afectan directamente derechos sustantivos, esto es, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutelan la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En el caso, del análisis integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado consiste en la solicitud de la Junta responsable para que la parte actora ratifique la firma que contiene la carta poder exhibida, previo a la radicación de la demanda del expediente laboral 1568/2022. De lo anterior, se evidencia que los elementos de las definiciones de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado, por lo siguiente: Con dicho acto sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues si se reclama la solicitud de la Junta responsable para que la parte actora ratifique la firma que contiene la carta poder exhibida, previo a la radicación de la demanda del expediente laboral 1568/2022, es evidente que los efectos de dicha resolución, no se traducen al exterior del procedimiento en el que se dictó, sino que sólo traen como consecuencia que en el juicio de origen, si no se cumple la prevención, no se le dé trámite a la demanda, lo cual, se traduce en el derecho de audiencia y defensa de las partes. Luego, será hasta que se dicte el acuerdo en el que, en su caso, no se le dé trámite a la demanda, cuando dicha cuestión pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador; por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegue a trascender y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si es adverso a los intereses de la parte quejosa. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser el reclamado un acto que afecte derechos sustantivos ni que constituya el supuesto de excepción previsto en la norma, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis prevista en el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto, pues no genera una violación a los derechos sustantivos del quejoso. En consecuencia, al actualizarse, de manera manifiesta, notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, con apoyo en el precepto 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de garantías y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional.
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