Eliseo Alvarado Martínez
Expediente 942/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 942/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 09/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Eliseo Alvarado Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Téngase por recibido el escrito que signa *****, mediante el cual solicita copias certificadas del todo lo actuado en el presente juicio de amparo; en atención a lo anterior dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, en razón de que dicha promovente no es parte en el presente juicio de amparo; por tanto, no es dable autorizar las copias solicitadas.
- Principal
CONSTANCIA. En cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído dictado en trece de diciembre de dos mil dieciséis, el cual en lo conducente dice: Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el treinta de noviembre del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, promovida por *****, por propio derecho, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se desechó la demanda de garantías.
- Principal
CONSTANCIA. En cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído dictado en ocho de diciembre de dos mil dieciséis, el cual en lo conducente dice: Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso *****, por medio del cual se desiste del presente juicio de garantías; empero, antes de proveer respecto de su contenido, requiérase al impetrante de garantías para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, ratifique el ocurso de desistimiento; con el apercibimiento que de no hacerlo, no se le tendrá por desistido y se continuará con el trámite del presente juicio.
- Principal
CONSTANCIA. En cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído dictado en treinta de noviembre de dos mil dieciséis, el cual en lo conducente dice: Visto el estado de autos, se advierte que el veintinueve de los corrientes, compareció ante este Juzgado *****, a fin de ratificar su escrito presentado ante este Juzgado el veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis; en tales condiciones, se le tiene dando cumplimiento al proveído de veinticinco de los actuales. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo establece textualmente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, ésta última en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." "(...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Ahora, a efecto de contextualizar el sentido de la presente determinación, se tiene que el impetrante de garantías se duele de lo siguiente: 1.- La falta de notificación de la sentencia emitida en fecha veinte de octubre de dos mil dieciséis, por la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, en autos del toca civil *****, en la que se confirma la diversa de dieciséis de agosto del presente año, dictada por el Juez Primero Civil de Partido, con sede en Pénjamo, Guanajuato, en el juicio *****, sumario en el que el aquí quejoso tiene el carácter de parte demandada, y se le condenó al pago de rentas a favor de la actora aquí tercera interesada *****. 2.- Orden de embargo, remate, adjudicación o cualquier acto procesal tendiente a privar el derecho de posesión y/o propiedad sobre los bienes del quejoso. Establecido lo anterior y para un mejor entendimiento, por lo que hace al acto reclamado señalado en el punto uno, se tiene que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que a continuación se expondrá. El motivo de improcedencia contenido en la fracción antes aludida se encuentra motivada por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la parte agraviada en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Puntualizado lo anterior, se considera que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia invocada, toda vez que en contra de la ausencia o bien, ineficaz notificación practicada por el Actuario de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, lo que procedía antes de acudir al juicio de amparo, era inconformarse mediante la promoción del incidente de nulidad de notificaciones, de conformidad con el artículo 328 del Código de Procedimiento Civiles del Estado de Guanajuato, que establece: "Artículo 328. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre la declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse, sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse sin haber pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que este sea resuelto". De lo anterior, se advierte que contra la actuación tildada de inconstitucional, el aludido cuerpo normativo establece un medio de defensa ordinario, siendo éste el incidente de nulidad de notificaciones y, por tanto, se insiste, es procedente agotarlo antes de acudir al juicio de amparo, máxime que el quejoso no se encuentra en ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, toda vez que de los antecedentes del acto reclamado que en esta vía se combate, narrados bajo protesta de decir verdad, se desprende que el aquí quejoso, compareció al juicio de origen, en su carácter de demandado, procedimiento en el cual, una vez agotadas las etapas procesales fue condenado al pago de diversas prestaciones en favor de *****; máxime, que como lo menciona, impugnó dicho fallo, del cual conoció y resolvió la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato; por ello, se estima que estuvo en posibilidad de acatar el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, dado el carácter aludido. Bajo este contexto, si contra la ausencia o bien, deficiencias en la notificación del fallo de segunda instancia que por esta vía reclama, resulta procedente el referido incidente, el cual debió promoverse ante la instancia que presuntamente practicó la notificación de la que se duele, es evidente que en términos de lo establecido por el artículo antes reproducido emerge como una cuestión incontrovertible que el quejoso debía plantear el aludido medio de impugnación en los términos que prevé el cuerpo de leyes en cita; de tal suerte que al no hacerlo así, es indiscutible que el peticionario no ha respetado el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo. Es así, ya que la esencia de la precitada causal de improcedencia, consiste en concebir al juicio de amparo como un medio de impugnación extraordinario, esto es, que solo en casos excepcionales se acuda a él, una vez que se agoten ante la propia autoridad responsable los recursos o medios de impugnación, para que ésta remedie la irregularidad existente y solo en el supuesto de que no fuera así, promover el juicio de amparo, cuando el acto reclamado afectara los derechos fundamentales del gobernado. Sin que obste a lo anterior, que en el juicio del que emana el acto reclamado ya exista sentencia ejecutoria, pues lo que tutela el dispositivo legal que autoriza la promoción del incidente en comento, es la legalidad de las notificaciones en cualquier momento del juicio y aún después de concluido, pues todas producen efectos y obviamente que de aparecer fundado el incidente ello obligaría a declarar la nulidad a partir de las que se consideran practicadas en forma ilegal. Por tanto, se actualiza dicha causa de improcedencia al no haberse agotado previamente el medio ordinario de defensa concedido en el artículo 328 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato, en contra de las notificación reclamada, de la cual, el peticionario pudo inconformarse a través de la promoción del incidente de nulidad de notificaciones. Ahora, por lo que hace a su acto reclamado consistente en la orden de embargo, remate, o adjudicación, que dice se pretende trabar sobre sus bienes, con motivo de la condena al pago de rentas al que fue condenado en el juicio *****, pues refiere que el día quince de noviembre de dos mil dieciséis, se presentó en su domicilio particular un funcionario judicial adscrito al Juzgado Primero Penal con sede en Pénjamo, Guanajuato, con la intención de ejecutar el pago de rentas al que fue condenado; situación que alega violenta sus derechos humanos, pues a la fecha desconoce si la sentencia de primera instancia ya quedó firme. Ante dicho acto reclamado, como ya se había adelantado surte la causal de improcedencia prevista por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, por los motivos que más adelante se expondrán. Dicho numeral refiere, para lo que aquí interesa, que cuando el juicio que ante esta instancia se reclame se encuentre en etapa de ejecución, sólo podrá impugnarse la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida ésta como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; por tanto, si se trata de procedimientos que versen sobre el remate de bienes muebles o inmuebles que hagan posible el cumplimiento de lo ordenado en las sentencias, se tomará como la última resolución aquélla que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Entonces, si se tiene que de acuerdo a lo narrado por la parte quejosa, el quince de noviembre del presente año, el funcionario judicial comisionado por el A quo se presentó ante su domicilio con la finalidad de ejecutar la sentencia por el pago de rentas al que fue condenado, ello denota indudablemente que el procedimiento de ejecución apenas comienza, lo que imposibilita, de acuerdo a lo ya explicado, admitir a trámite lo reclamado. Así, se tiene que el impetrante del amparo es parte formal y material en el juicio de origen, ya que tiene el carácter de demandado, es dable concluir que debe sujetarse a las reglas que regulan dicho procedimiento, es decir, tratándose de actos pronunciados en el periodo de ejecución de una sentencia, el amparo indirecto sólo procederá contra la última resolución dictada en el periodo de ejecución del fallo definitivo. En efecto, sobre dicho particular, tenemos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 215/2009, si bien es cierto estableció que el juicio de amparo indirecto procede aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, ello únicamente acontecerá cuando el acto infrinja directamente derechos sustantivos del impetrante, a condición de que esos derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. En esta tesitura, tenemos que en la especie el acto reclamado, descrito en párrafos que anteceden, no es el último acto de ejecución en el procedimiento para cumplimentar la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, de ahí lo improcedente de la demanda de cuenta. En efecto, el acto reclamado por sí solo no causa a la parte quejosa un agravio personal y directo, esto es, se trata de una actuación emitida en ejecución de sentencia, con la fuerza de cosa juzgada, respecto del cual el juicio de amparo prospera sólo hasta que se pronuncie la resolución final en ese procedimiento, la que en todo caso irrogue el perjuicio a que alude el hoy inconforme y cuando proceda el juicio de garantías, donde tendrá la oportunidad de hacer valer todas las violaciones al procedimiento que se hayan cometido durante ese período. Atento a lo anterior, si en término de la ley de los actos que se reclaman, procede el incidente de nulidad de notificaciones, mismo que no se agotó antes de acudir ante este instancia de garantías, así como también, por lo que respecta a los actos de ejecución que dice se pretenden trabar sobre sus propiedades y posesiones, según su narración de los hechos, el que un funcionario judicial se haya presentado ante su domicilio con la finalidad de ejecutar una sentencia que lo condena a un pago, dicha actuación imposibilita de facto su admisión a trámite, por los motivos que ya le fueron explicados; en tales condiciones y al resultar el juicio de amparo improcedente, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, SE DESECHA LA PRESENTA DEMANDA.
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