Elisabeth Osnaya Vizzuett
Expediente 1715/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1715/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Elisabeth Osnaya Vizzuett
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de enero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia dictada en autos, en la cual se determinó sobreseer en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica, por igualdad jurídica, en la hipótesis establecida en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso a), de dicho acuerdo, pues se trata de un sobreseimiento; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Juicio de amparo: 1715/2022********************Parte quejosa: ************************************************************S E N T E N C I A****************************************Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1715/2022, y****************************************R E S U L T A N D O****************************************Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado de manera electrónica el quince de noviembre de dos mil veintidós, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, turnado a este juzgado ese mismo día por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, se tiene que ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra de la autoridad y acto siguiente:****************************************"lll. Las autoridades responsables:********************a) EI Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con domicilio ubicado en [.]****************************************IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame: Al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos se reclama la dilación procesal al incumplir con la EJECUCIÓN DEL LAUDO dictado en el juicio burocrático laboral con sentencia de fecha nueve de marzo de dos mil veintidós dentro del expediente 01-606/19 y cuyo contenido fue legalmente validado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, con Residencia en Cuernavaca, Morelos, mediante sentencia de fecha diecinueve de agosto de dos mil veintidós dictada en el Amparo Indirecto 350/2022, misma que le fue noticiada a la autoridad responsable mediante oficio 7867 el treinta de agosto del año en curso, haciendo nugatorio el derecho de acceso a la justicia pronta, completa e imparcial consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."****************************************Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal.****************************************Trámite del juicio. Por auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, este juzgado admitió la demanda de amparo, pidió a las autoridades responsables su informe justificado, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, no se ordenó el emplazamiento de parte tercera interesada alguna, pues al ser el acto reclamado una denegación de justicia, no le asiste el carácter de tercero interesado a la contraparte de la quejosa en el juicio de origen, se hizo del conocimiento de las partes su derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determinando este Juzgado que resultaban aplicables las disposiciones para la protección de los datos personales y sensibles que en su caso se integren al expediente; y, fijó día y hora para celebración de la audiencia constitucional.****************************************Finalmente, la audiencia constitucional se celebró el día veintisiete de diciembre de dos mil veintidós; así, se procede a dictar la sentencia correspondiente.****************************************C O N S I D E R A N D O****************************************I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el acuerdo general número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, puesto que se trata de un amparo promovido contra una omisión atribuida a una autoridad con residencia en el lugar en que ejerce jurisdicción este juzgado federal.****************************************II. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos (en adelante, Tribunal responsable), es la omisión para acordar el escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, en el juicio laboral burocrático ****************************************Cabe señalar que, no pasa inadvertido que la quejosa haya señalado como acto reclamado la dilación procesal para ejecutar el laudo de nueve de marzo de dos mil veintidós, dictado por el Tribunal responsable, sin embargo, dicha cuestión la sustenta de manera destacada, en que el tribunal responsable nada ha dicho respecto de la petición que realizó mediante escrito de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, por medio de la cual solicitó la ejecución de dicho laudo.****************************************Ello en tanto que de la integridad de su escrito de demanda, se tiene que consiste en el precisado en líneas que anteceden, ya que al tratarse el acto reclamado de una violación del derecho fundamental de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro de un procedimiento, tal acto debe delimitarse en función del mismo y la etapa procedimental en que se sitúa, que en este caso, conforme a lo sostenido por la quejosa y el contexto de los autos, se circunscribe a que la responsable no ha proveído su solicitud, en la cual, entre otras cosas, solicita se ejecute el laudo dictado en el juicio de origen.********************Lo anterior tal como apoya por analogía la tesis 2a. CV/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2005150, del contenido siguiente:********************"CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013."********************Además, en caso de tener como acto reclamado la omisión genérica reclamada a la autoridad responsable de ejecutar el laudo, sería improcedente el juicio de amparo en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, relativa a que el acto reclamado no sería acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.********************Lo anterior es así, dado que la quejosa no reclamaría en el presente juicio de amparo un acto u omisión en concreto a dicha autoridad responsable, sino que de manera genérica reclamaría la omisión de tomar las medidas necesarias para lograr el pago y cumplimiento del laudo dentro del juicio laboral de origen, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, la cual en realidad no tiene existencia jurídica.********************Lo anterior es así, ya que el artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, supletoria Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, dispone que cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola de que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en el capítulo anterior, esto es, conforme a los artículos 148 y 149 -multas-; de lo que se colige que el impulso de la ejecución no corresponde al presidente ejecutor del Tribunal, sino a la parte actora, pues como se advierte es necesaria su intervención en la ejecución del laudo.********************Además, el ordinal 150 de la legislación burocrática federal, ordena al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, con independencia de que pueda imponer la medida de apremio indicada, también podrá dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes a fin, precisamente, de hacer eficaz tal ejecución.********************Por lo que no podría constreñirse al Presidente del Tribunal responsable para que de manera genérica, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los términos legales la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante y no al presidente ejecutor, dada la necesaria intervención del actor; y en esos casos, se está en presencia de un acto jurídicamente inexistente y de realización incierta al momento de la presentación de la demanda de amparo.********************Sustenta el anterior argumento, la jurisprudencia PC.I.L. J/10 L (10a.), del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, página 844, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo II, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número de 2010025, que establece:********************"AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante."********************Por tal motivo, es que el acto reclamado en este asunto, se precisa como la omisión para acordar el escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, en el juicio laboral burocrático ****************************************III. Certeza del acto reclamado. No obstante que el Tribunal responsable negó la existencia del acto reclamado, de las constancias remitidas en su informe justificado, se advierte que es cierto; ello, al tomar en consideración que a la fecha de presentación del escrito inicial de demanda de amparo -quince de noviembre de dos mil veintidós-, no se había proveído nada respecto de la petición de la quejosa presentada el veinticinco de octubre de dos mil veintidós.****************************************Tal cuestión se corrobora con las constancias remitidas por el Tribunal responsable en copia certificada; las cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2º, por haber sido expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones.****************************************IV. Oportunidad de la demanda de amparo. Como la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo un acto de tracto sucesivo, no son aplicables los plazos establecidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo para la presentación de la demanda, de ahí que la demanda se considere presentada en tiempo.****************************************V. Improcedencia. Se advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado a que se refiere la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo siguiente.****************************************En el caso, la quejosa combate la omisión de la autoridad responsable para acordar el escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, en el juicio laboral burocrático ********************, mediante el cual solicitó la ejecución del laudo.****************************************De las constancias que obran en autos se aprecia que, en efecto, la actora, aquí quejosa, ingresó diversos escritos, los cuales fueron registrados por la autoridad responsable con los números de folio 17396 y 17397, entre ellos, el aludido por la aquí solicitante del amparo, mediante ****************************************Asimismo, se aprecia que el doce de diciembre de dos mil veintidós, las partes en el juicio de origen, realizaron un convenio y entre otros aspecto, se tiene que la Secretaria General adscrita al Tribunal responsable, dio cuenta con los escritos presentados por la actora el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, por lo que procedió a proveer lo conducente.****************************************De tal determinación quedó notificada la aquí solicitante del amparo, al haber intervenido directamente en esa diligencia; de ahí que se aprecie que cesaron los efectos el acto reclamado, en tanto que recayó un acuerdo a la petición de la quejosa, y le fue notificada en esa fecha -doce de diciembre-.****************************************En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, lo que procede sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en la fracción XXI del artículo 63 de la propia Ley.****************************************VI. Cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).****************************************Por lo expuesto y fundado, además con apoyo en los artículos 63, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se:****************************************RESUELVE:****************************************Primero. Se sobresee en el presente juicio promovido por ********************, por propio derecho, contra la omisión reclamada al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, de acordar un escrito en el juicio natural; en términos del considerando V de este fallo.****************************************Segundo. Por los motivos vertidos en el último considerando de esta determinación, se ordena la captura y envío de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).****************************************Notifíquese personalmente.********************Así lo resuelve y firma Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones de la Titular, autorizado en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, contenidas en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, con registro digital 164525, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, comunicada mediante el oficio CCJ/ST/4981/2022, asistido de Marco Antonio García Cortez, secretario que autoriza y da fe, hoy treinta de diciembre de dos mil veintidós, en que las labores de este juzgado así lo permitieron.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, quince de diciembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Por otro lado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese para que obre como corresponda el INFORME JUSTIFICADO rendido por el Presidente y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; con el contenido del informe, dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Ténganse como delegados de la autoridad a las personas que designa y por señalado el domicilio que indica, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial; ello, en términos del artículo 28 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las documentales que anexa, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de su relación al momento de resolver el presente asunto. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Elisabeth Osnaya Vizzuett, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, se provee como sigue: Integración de expediente electrónico. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, fórmese el expediente electrónico relativo al presente asunto. De conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los documentos remitidos físicamente a este asunto, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. En el entendido de que aquéllos que por su volumen, protección a la integridad del documento o protección a datos personales que no puedan ni deban digitalizarse, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico o en los cuadernos auxiliares que se generen y que se encuentran bajo resguardo en la secretaría de este juzgado, en términos de los artículos 22 y 23 del citado Acuerdo General 12/2020 Del mismo modo, se hace del conocimiento de las partes que, en términos del artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, toda la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente físico, de acuerdo con la fracción III, del numeral 3º del referido Acuerdo General 12/2020; asimismo, el expediente físico que se genere, contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, de conformidad con el ordinal 22 del mismo ordenamiento. En términos de la fracción XII del numeral 3 del Acuerdo General 12/2020, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes; en tanto que los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, no obstante, los mismos tendrán validez, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Supervisión del registro diario. Con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, que asegure la permanente actualización y veracidad de la información, estará a cargo del secretario de juzgado asignado del presente asunto. Exhortación a las partes. De conformidad con el artículo 263, fracción II, último párrafo, del mencionado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán enviar solicitudes, escritos, demandas, recursos y demás documentos correspondientes al trámite del asunto, mediante el uso de la firma electrónica, que funciona con FIREL12 y con e.firma. Asimismo, se les solicita proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para los casos en que se estime necesaria una comunicación no procesal o se estime necesario su uso, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del mismo Acuerdo General. 1).- Registro de demanda. Regístrese con el número progresivo que le corresponda en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 2).- Admisión de demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 6, 20, 33, 35, 107, 108, 115, 116, 117, 118 y demás relativos de la Ley de Amparo, se ADMITE a trámite la demanda de amparo. 3).- Audiencia constitucional. Se señalan las ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, para la celebración de la audiencia constitucional. 4).- Requerimiento de informe justificado. Pídase a la autoridad responsable su INFORME JUSTIFICADO, que deberá rendir dentro del plazo de QUINCE DÍAS, debiendo acompañar copia certificada completa y legible de las constancias que lo apoyan y con la anticipación que permita el conocimiento del mismo a la parte quejosa, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o no manifestar el impedimento que tengan para ello, se le impondrá una multa de cien a mil valores diarios de unidades de medidas de actualización, en términos de los artículos 237, fracción I, 238, primera parte y 260, fracción II de la Ley de la Materia. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades que de conformidad con el artículo 71, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, podrán celebrar convenios de interconexión, intercomunicación, colaboración o para compartir desarrollos tecnológicos, con este órgano jurisdiccional para el trámite de todos los asuntos competencia del Poder Judicial de la Federación, para la consulta de expedientes y notificaciones de manera electrónica, así como para la colaboración relacionada con las estrategias de gobierno de datos, gobernanza digital, transformación digital y e-Justicia. En la inteligencia que de remitirlo a través del sistema de interconexión, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria. 5).- Terceros interesados. Por otra parte, atendiendo a las particularidades de este caso en el que se reclama denegación de justicia, no tiene el carácter de tercero interesado la contraparte del quejoso en el juicio de origen porque no puede considerarse válidamente que tenga un legítimo interés contrario al del quejoso ?que subsista tal denegación? y que es la razón toral de su participación en el juicio de amparo; y en contrapartida, su búsqueda podría dilatar este juicio. No se inadvierte la jurisprudencia 1a./J. 90/2010 de rubro TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que determinó que en casos en que se reclamen violaciones a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8º y 17 constitucionales, de conformidad con la fracción III, del ordinal 5º de la Ley de Amparo ?abrogada?, debe tenerse con el carácter de tercero perjudicado ?ahora tercero interesado? a la contraparte del impetrante. Sin embargo, esa tesis no es aplicable a este caso, porque su interpretación fue de la Ley de Amparo anterior ?no vigente?, considerando su literalidad y con base en un contexto constitucional diverso al actual, lo que da la pauta a que ahora se tome una interpretación diferente; en efecto, ahora el artículo 17 de la Constitución (reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete), establece: "siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Y a ese principio en el ámbito jurídico supremo, el cual permea la interpretación y aplicación de las normas que derivan de las constitutivas, se ajusta mejor considerar que la contraparte del quejoso no sea tercero interesado en casos como este, pues no podría legítimamente oponerse a que se enderece una denegación de justicia ?si en el fondo la hubiera?, aunado a que ello no le causaría perjuicio, dado que una eventual concesión de amparo obligaría a velar por la correcta prosecución del juicio en el que participa. Así, debe hacerse hincapié en que lo que eventualmente afecta a la parte quejosa con la denegación que reclama, en todo caso, lo es la violación en el seguimiento del procedimiento en la etapa en la que se desarrolla y no el contenido y/o decisión que llegase a tomar la autoridad responsable y, por ende, esa denegación no le depara perjuicio a la contraparte del quejoso. Aunado a lo anterior, el acto reclamado se ubica en la etapa de ejecución del laudo del juicio laboral, en la que se condenó a la parte demandada, a la cual no se le debe reconocer el carácter de tercero interesado, porque se debe evitar que el juicio de amparo se constituya en un medio que permita al destinatario de la ejecución del laudo tomar conocimiento de que se promovió el procedimiento de ejecución en su contra, dando oportunidad para que, eventualmente, se lleven a cabo maniobras tendentes a frustrar la eficacia de la ejecución solicitada. Lo anterior así se advierte de la parte conducente de la jurisprudencia 1a./J. 38/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual resulta orientadora y cuyo rubro señala: TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE TAL CARÁCTER EL DESTINATARIO DE UNA MEDIDA CAUTELAR, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN LA NEGATIVA DE OTORGARLA DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE UN PROCESO MERCANTIL (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013 Y LEGISLACIÓN MERCANTIL PREVIA AL DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EL 10 DE ENERO DE 2014). 6).- Incidente de suspensión. No se ordena formar el incidente de suspensión por no haberlo solicitado. 7).- Ministerio Público Federal. Dese la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, a quien de conformidad con el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de la Materia, le asiste el carácter de parte, corriéndole traslado con la copia simple de la demanda presentada. 8).- Obligación de informar causas de sobreseimiento. Se hace saber a las partes que, en términos del artículo 64, de la Ley de Amparo, tienen la obligación de informar a este Tribunal Federal si durante la tramitación de este juicio de amparo, sobreviene alguna causa de sobreseimiento, y de ser posible deberán acompañar las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa equivalente de treinta a trescientos valores diarios de la unidad de medida de actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238, primera parte y 251 de la Ley de la Materia. 9).- Requerimiento sobre juicios relacionados. A efecto de mejor proveer, requiérase a la autoridad responsable para que informe si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto reclamado en este juicio promovido por las mismas partes en el proceso natural o constitucional, y que se trate de actos que deriven del mismo procedimiento de donde emerge el acto reclamado o que se refiera a los mismos hechos, lo anterior a efecto de evitar el dictado de resoluciones contradictorias. 10).- Domicilio de la parte quejosa y autorizados. Se advierte que la parte quejosa señaló para oír y recibir notificaciones un domicilio físico y que a su vez autorizó expresamente que las mismas se le realizaran de forma electrónica. De conformidad con en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 35, 36, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones vía electrónica, siempre y cuando se realice con el usuario que aduce y se encuentre registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, de forma alternativa, o bien, en caso de que dichas notificaciones no puedan realizarse electrónicamente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta, en el entendido de que bastara con una notificación por alguno de dichos medios - electrónica o en domicilio físico-, para tener por notificada a la parte quejosa. 11).- Autorización de copias. Se hace del conocimiento de las partes que con fundamento en el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél; y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos a efecto de que puedan digitalizar las constancias que integren los autos, en el entendido de que ello deberá asentarse en el expediente; con la precisión de que en todo momento deberá privilegiarse la protección de datos o información que obre en el juicio de amparo en que se actúa conforme a la normativa. 12).- Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. 13).- Notificación de diferimientos. De igual manera, se instruye a los referidos servidores públicos para que los posibles diferimientos de audiencias los notifiquen a las partes (con excepción de los quejosos privados de su libertad) por medio de lista que fijen en los estrados de este juzgado de Distrito, aun a la autoridad responsable. Lo anterior, toda vez que dicha actuación no se estableció en la fracción I del artículo 26 de la Ley de Amparo; por tanto, resulta suficiente que se comunique en términos del artículo 29 de la citada ley. 14).- De las sanciones. Por otro lado, se hace saber a las partes que además de la disciplina y el cumplimento a las determinaciones judiciales que deben observar en el juicio de amparo, los artículos 261 y 262 de la Ley de Amparo tipifican como delitos conductas específicas cometidas en la sustanciación del mismo y son del tenor siguiente: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo. 15).- Transparencia y acceso a la información pública. Se comunica a las partes que a este expediente le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones IX y XVII, 5°, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la legislación en cita; ello debido a que dichos datos solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurídica; asimismo, serán protegidos por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6°, 73, fracciones II y V y 113, fracción V de la última ley referida, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados. En la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la última ley en cita. También, se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial. 16).- Digitalización y expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración, excepción hecha de las constancias que prevé el artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo. Asimismo, se le hace saber al Secretario que autoriza y da fe que, acorde al fundamento citado, es su obligación dar fe del cumplimiento de lo aquí ordenado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.
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