Elisabet Pérez Flores
Expediente 1463/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 14 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1463/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 29/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Elisabet Pérez Flores
- Director de la Dirección de Catastro del Ayuntamiento Constitucional de Nacajuca, Tabasco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Incidental
MESA 8.- ARCHÍVENSE LOS PRESENTES CUADERNOS INCIDENTALES.
- Principal
MESA 8.-[...] SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRESENTE EXPEDIENTE, EN LA QUE SE SOBRESEYÓ EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, HA CAUSADO EJECUTORIA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. TÓMESE NOTA QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Principal
MESA 8.-[..] Villahermosa, Tabasco; veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. Se agrega a los autos el escrito de cuenta, por medio del cual la quejosa ELISABET PÉREZ FLORES, solicita copia simple de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia simple de las constancias que solicita, y entréguese a las personas que para tal efecto autoriza para ello, previa razón que de recibo se otorgue en autos, indicando que en su entrega se procurará no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas.
- Principal
MESA 8.-En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con cincuenta minutos del ocho de noviembre de dos mil dieciocho, estando en audiencia pública Jorge Alberto Orantes López, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Santiago Cornelio García, Secretario que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, respecto del juicio 1463/2018-8, promovido por ELISABET PÉREZ FLORES. A continuación, el Secretario certifica que mediante oficios 185/2018 y 186/2018, de veinticinco de septiembre del presente año, se requirió a las autoridades responsables DIRECTOR Y COORDINADOR, AMBOS DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO, sus informes justificados en el término de quince días; lapso que transcurrió del dos al veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, sin contar los días inhábiles, en términos del numeral 19 de la Ley de Amparo, lo que se corrobora con las constancias de notificación respectiva, sin que lo hubiesen rendido. Asimismo, que en auto de veinticinco de septiembre de del presente año, esta autoridad reservó reconocer el carácter de parte tercera interesada a las personas que señaló la solicitante de amparo. El Juez acuerda: Por lo que respecta a la falta de informe justificado de la DIRECTOR Y COORDINADOR DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO, con apoyo en numeral 117 de la Ley de Amparo se presume cierto el acto reclamado, sin que esta autoridad considere necesario requerir constancia, para el dictado de la sentencia respectiva. Por lo que respecta, a la reserva de reconocer el carácter de parte tercera interesada, quien ahora resuelve considera que ello no viola derecho fundamental alguno por las razones que sustentarán el sentido de la sentencia que se pronuncie en este asunto, tal como quedará evidenciado en párrafos que subsecuentes. A continuación, el Juez declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informó de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa en su escrito de demanda, a saber las documentales que adjuntó y la presuncional legal y humana; por lo que respecta a las probanzas que la parte quejosa denominó, el expediente 287/1999, del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de Centro Tabasco y la supervenientes, ésta no fueron exhibidas; haciendo constar que las demás partes no hicieron uso del derecho de ofrecerlas; al respecto el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales que adjuntó la parte quejosa a su demanda de amparo y la presuncional legal y humana, teniéndose por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza; no así las constancias que integran el expediente 287/1999, del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de Centro Tabasco y la superveniente, toda vez que no fueron exhibidas por la parte oferente, ni justificó ante esta autoridad que la autoridad judicial le negó su expedición. Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos el secretario certifica que las partes no hicieron uso de ese derecho; El Juez acuerda: Se tiene por hecha la anterior certificación, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1463/2018-8, promovido por ELISABET PÉREZ FLORES, por propio derecho, contra un acto del DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO, y otra autoridad, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, ELISABET PÉREZ FLORES solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO: ".LA CANCELACIÓN DE LA CLAVE CATASTRAL QUE APARECE A NOMBRE DE MI PERSONA ELISABET PEREZ FLORE (CUENTA: 054010 CLAVE: U009-0003-05410), QUE ME FUE NOTIFICADA EL DÍA 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2018, SIN QUE EXISTAN PROCEDIMIENTO JUDICIAL O ADMINISTRATIVO, EN EL CUAL MI PERSONA HAYA SIDO ODA Y VENCIDA EN JUICIO Y AL CARECER DE ELLO SE VIOLARON LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES." (sic). AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO. 2. COORDINADOR DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO. SEGUNDO. Admisión y trámite. El veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 18 a 22), este Juzgado admitió a trámite la demanda de que se trata, la registró con el número de expediente 1463/2018-8, requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado, dio la intervención correspondiente al Ministerio Público de la Federación de la adscripción, y fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque se reclama un acto atribuido a autoridades que tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este Juzgado federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; para eso, es imprescindible efectuar un examen conjunto de la demanda de derechos fundamentales. Al respecto, es de tomar en cuenta la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Asimismo, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa expuso como acto reclamado: La cancelación de la clave catastral de un predio de la cual es posesionaria la parte quejosa. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Ante la omisión de las autoridades responsables Director y Coordinador de la Dirección de Catastro del Ayuntamiento Constitucional de Nacajuca, Tabasco, en rendir informe justificado, no obstante que fueron requeridas para tal efecto, en el acta que antecede se tuvo por presuntivamente cierto el acto aquí reclamado en términos del párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo. Se invoca a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO)". CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben estudiarse de oficio; asimismo, su análisis resulta preferente lo aleguen o no las partes. En el presente asunto, no obstante la presunción de certeza del acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. [.]." En efecto, la parte quejosa no acreditó tener interés jurídico, para promover el presente juicio de amparo, como se expondrá a continuación. En términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 5°, fracción I, el juicio de derechos fundamentales solamente puede pedirse contra actos que afecten el interés jurídico de la parte quejosa, el cual debe entenderse como el cúmulo de derechos subjetivos tutelados por la ley a favor de una persona; así, su afectación se traduce en una perturbación, disminución o privación de la libertad, patrimonio o derechos. Es así, que el interés jurídico debe demostrarse mediante la comprobación fehaciente de los hechos a que se refiere la parte quejosa en su demanda. En la especie, la parte quejosa se duele de la cancelación de la clave catastral de un predio de la cual aduce es posesionaria la parte quejosa, sin que haya aportado prueba idónea, para acreditar su interés jurídico en el asunto, esto es, que acreditara dicha posesión y, que por ende, que es titular de la cuenta catastral que refiere; ello, con el objeto de demostrar que el acto combatido afecta su interés jurídico; ya que para evidenciar lo anterior, sólo anexó copia simple de diversas documentales y la notificación catastral de siete de septiembre de dos mil dieciocho, con sello y firma autógrafa (foja 10). Esta última documental cuenta con valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 133 y 208 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de amparo por disposición de su artículo 2º. Sin embargo, este juzgador considera que las documentales exhibidas por la parte quejosa son insuficientes para demostrar su interés jurídico, al no existir en autos elementos relacionados que pudieran generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente sus derechos subjetivos tutelados. Por lo que al no encontrase demostrado el carácter con el que se ostenta la parte impetrante (titular del derecho reclamado), conlleva a determinar la falta de interés jurídico. Lo anterior no obstante que se tuvo por presuntivamente cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, ya que ello no establece una presunción juris tantum que acredite el interés jurídico del quejoso, pues ningún precepto de la ley establece que la sola presentación de la demanda de amparo y la relación de los hechos afirmados en ella traiga aparejada esa consecuencia. En cambio, la falta del informe justificado sólo acarrea la presunción de ser ciertos los actos reclamados, conforme a lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, sin que ello signifique que esa presunción se extienda hasta el grado de relevar al peticionario de amparo de la carga procesal de demostrar su interés jurídico. Tiene sustento lo anterior en la tesis de jurisprudencia número 854, visible en la página 582, Tomo VI, Parte TCC, Octava Época, Apéndice de 1995, cuyo rubro y texto dicen: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Asimismo, la jurisprudencia P./J. 23/2014 (10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 206, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO.- La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo." Sin que haya necesidad de analizar si en el caso la parte quejosa cuenta o no con interés legítimo para instar el presente juicio constitucional, puesto que, por una parte, no acredita con elemento de prueba alguno tener una situación especial frente a la autoridad responsable y, por otra parte, porque tratándose de actos provenientes de tribunales de trabajo, como en el caso sucede, de conformidad con el artículo 107, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reformada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, resulta necesario comprobar ser titular de un derecho subjetivo (Interés Jurídico) que se afecte de manera personal y directa, situación que el caso no se demostró. En consecuencia, lo procedente es sobreseer el presente juicio de derechos fundamentales, con fundamento en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo; esto al operar la causal de improcedencia que señala la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. QUINTO. Transparencia y Acceso a la Información Pública. En otro orden, toda vez que aun cuando por auto de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no obstante de lo anterior, no hicieron manifestación expresa con relación a lo puntualizado anteriormente. En consecuencia, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal antes invocado y 8° del reglamento antes precisado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de aquéllas de oponerse a la publicación de sus datos, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por ELISABET PÉREZ FLORES, contra el acto reclamado y autoridades referidas en el resultando primero, por las razones y motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en la parte final de este fallo, elabórese versión pública de la resolución.
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