Elisabel Hernandez Alvarado
Expediente 1142/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1142/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 22/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Elisabel Hernandez Alvarado
- Domingo Rojas González, Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Santa Maria Tepoxco, Teopoxco, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Solicita copia certificada. Agréguese a los autos el oficio firmado por el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especial de Tortura de la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y a la Sociedad de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, sede en Reyes Mantecón, en atención a su contenido, de conformidad con lo establecido por el artículo 3 de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire al domicilio indicado, remítasele copia certificada de las constancias que refiere. Notifíquese por lista electrónica."
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. I. Estado de autos, sentencia causa ejecutoria. Vistos los autos y la certificación de la secretaria, se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión en contra del auto de treinta de noviembre del año en curso, que sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2, de la ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO EJECUTORIA; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos a que haya lugar. II. Archivo, relevancia documental y destino del expediente. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, y dentro de los siguientes noventa días, procédase a su DEPURACIÓN, conforme el artículo 18 del referido acuerdo, toda vez que en este asunto se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa (foja 22); y, en su oportunidad, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. III. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IV. Notificación y envío de oficios. Por último, dada la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y a fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, el presente acuerdo se ordena notificar por lista electrónica; máxime que el mismo no contiene alguna determinación que se califique como urgente. Asimismo, se autoriza al actuario, firme los oficios derivados de este juicio, y en su caso, previa revisión del expediente, los entregue de forma presencial, los remita al correo electrónico autorizado, o bien, vía fax, correo ordinario o estafeta, debiendo dejar constancia de su entrega o remisión (acuse con sello original en el cual, se haga constar en su caso la entrega de anexos y copias, guías de correo o mensajería acelerada y/o razón en la cual deberá señalar nombre, fecha y cargo de la persona con quien confirma la recepción del oficio). En caso de existir alguna imposibilidad para su entrega, deberá hacerlo del conocimiento de la secretaria encargada de la mesa, a través de la razón correspondiente. En el entendido que las constancias y razones deberán vincular al expediente electrónico de manera inmediata, y entregar físicamente a las mesas de trámite, para ser glosadas al expediente físico. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos de los que se advierte que la quejosa ***** señaló como autoridad responsable al Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Tepoxco, Teopoxco, Oaxaca, de quien reclamó (52): "a) La orden verbal o escrita por parte de todas las autoridades responsables de clausurar, desalojar, expulsar, de no usar, de no aprovechar las aguas nacionales superficiales del manantial innominado con una superficie total de 55.00 metros cuadrados, fracción dos, ubicada sobre la margen derecho de Río Quetzalpa, ubicado en Santa María Tepoxco, Teopoxco, Oaxaca, del cual soy concesionaria. " Ahora, del análisis del acto que la quejosa reclama a la citada autoridad responsable se advierte que en este juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con los diversos artículos 1°, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte". "ARTÍCULO 5°. Son parte en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De las trascripciones anteriores, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se concluye que éste solo es procedente en contra de actos y omisiones de autoridad que sean violatorios de los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; y para la procedencia del juicio de amparo respecto de actos de particulares, éstos tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos previstos, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Lo anterior, atento a que el artículo 5° fracción II de la ley de la materia, dispone que autoridad responsable es quien, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y para el caso de los particulares, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por lo que, la procedencia del juicio tratándose de actos de particulares, está condicionada a que éstos "creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra subordinación". De ahí que será autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente público y/o el particular que se ubiquen en un plano de supra a subordinación y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En ese sentido, el presidente del Comisariado de Bienes Comunales; si bien resultan ser una institución reconocida por la Ley Agraria, para el caso que nos ocupa; esto es, la orden verbal o escrita emitida con la finalidad de clausurar, desalojar, expulsar, de no usar, de no aprovechar las aguas nacionales superficiales del manantial innominado con una superficie total de 55.00 metros cuadrados, fracción dos, ubicada sobre la margen derecha Río Quetzalapa, ubicado en Santa María Tepoxco, Teopoxco, no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo anterior, porque la autoridad antes citada, es un órgano de la comunidad a la que pertenece, no del Estado, por lo cual no puede considerarse como autoridad en estricto sentido, según lo prevé esencialmente el artículo 99, fracción II de la Ley Agraria, esto es, que actúa como integrante de un órgano de representación y gestión administrativa de la asamblea de comuneros, en los términos que establezca el estatuto comunal y la costumbre. En ese sentido, los artículos 99, 107, 21, 23, 32 y 33, todos de la Ley Agraria, en lo que interesa establecen: "Artículo 99.- Los efectos jurídicos del reconocimiento de la comunidad son: I. La personalidad jurídica del núcleo de población y su propiedad sobre la tierra; II. La existencia del Comisariado de Bienes Comunales como órgano de representación y gestión administrativa de la asamblea de comuneros en los términos que establezca el estatuto comunal y la costumbre; III. La protección especial a las tierras comunales que las hace inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo que se aporten a una sociedad en los términos del artículo 100 de esta ley; y IV. Los derechos y las obligaciones de los comuneros conforme a la ley y el estatuto comunal. Artículo 107.- Son aplicables a las comunidades todas las disposiciones que para los ejidos prevé esta ley, en lo que no contravengan lo dispuesto en este Capítulo. Artículo 21- Son órganos de los ejidos: I. La asamblea; II. El comisariado ejidal; y III. El consejo de vigilancia. Artículo 23.- La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos: I. Formulación y modificación del reglamento interno del ejido; II. Aceptación y separación de ejidatarios, así como sus aportaciones; III. Informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, así como la elección y remoción de sus miembros; IV. Cuentas o balances, aplicación de los recursos económicos del ejido y otorgamiento de poderes y mandatos; V. Aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por terceros de las tierras de uso común; VI. Distribución de ganancias que arrojen las actividades del ejido; VII. Señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal y parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización del área de urbanización; VIII. Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia de posesionarios; IX. Autorización a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas y la aportación de las tierras de uso común a una sociedad, en los términos del artículo 75 de esta ley; X. Delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común así como su régimen de explotación; XI. División del ejido o su fusión con otros ejidos; XII. Terminación del régimen ejidal cuando, previo dictamen de la Procuraduría Agraria solicitado por el núcleo de población, se determine que ya no existen las condiciones para su permanencia; XIII. Conversión del régimen ejidal al régimen comunal; XIV. Instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva; y XV. Los demás que establezca la ley y el reglamento interno del ejido. Artículo 32.- El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente. Artículo 33.- Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido. Así, se sostiene que de los trascritos preceptos de la Ley Agraria, se advierte que el Presidente del Comisariado de Bienes Comunales, no cuenta con atribuciones para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos, lo cual es una característica propia de una relación de supra a subordinación; b) sus relaciones con los demás sujetos de la comunidad, son de coordinación; y, c) aun cuando su artículo 27 establezca que sus resoluciones son obligatorias, lo cierto es que ello es una mera declaración llana como la dada por cualquier cuerpo director de una sociedad privada, pero que no está investida del imperio, coerción y unilateralidad de los cuales están dotados los actos de autoridad. Asimismo revelan que el Presidente del Comisariado de Bienes Comunales, tiene facultades de representación, administración, dirección, ejecución y vigilancia interna para la comunidad a la que sirven; por tanto, los acuerdos a que llegue la asamblea, como máximo órgano de la comunidad, serán dirigidos respetados, gestionados y ejecutados por el Comisariado de Bienes Comunales, en este caso; y quien vigilará que este último cumpla su cometido, será el Consejo de Vigilancia. Sin embargo, los actos que sus integrantes realicen, como ocurre en el presente, serán siempre actos entre particulares, sin imperio ni coerción de ninguna especie, porque no existe norma por la cual pudieran hacer uso de la fuerza pública o bien, solicitarla a diversa autoridad, para ejecutar los actos de la asamblea general o llevar a cabo el cumplimiento de las determinaciones de ésta; de ahí que sus actos no pueden ser considerados como provenientes de autoridad. Por tanto, en el asunto que nos ocupa, la autoridad señalada como responsable presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Tepoxco, Teopoxco, Oaxaca, carece de carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, debido a que en su relación con los sujetos de la comunidad en este caso, no se ubican en una posición de supra a subordinación, sino en una de coordinación. Sustenta lo anterior, el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "AGRARIO. AUTORIDADES INTERNAS DE LAS COMUNIDADES. NO TIENEN CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO. Jurídicamente es incorrecto tener en un juicio de amparo como autoridades ejecutoras de los actos reclamados a la asamblea general de comuneros y a los integrantes del comisariado de bienes comunales de un poblado, cuando, en realidad, esas autoridades internas de la comunidad no tienen el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque si bien es cierto que en las fracciones I y II del artículo 22 de la Ley Federal de Reforma Agraria se incluye a las asambleas generales y a los comisariados entre las autoridades de los núcleos de población ejidales o comunales que poseen tierras, también lo es que de las atribuciones que los artículos 47 y 48 de la misma ley señalan a dichas autoridades internas se desprende que no tienen el carácter de autoridades que puedan disponer de la fuerza pública, sino que son órganos de dirección de los ejidos o comunidades correspondientes." Así como el diverso criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AGRARIO. COMISARIADO EJIDAL Y CONSEJO DE VIGILANCIA. NO SON AUTORIDADES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Aun cuando el artículo 22, fracciones I y III, de la Ley Federal de Reforma Agraria incluyen a los comisariados ejidales y a los consejos de vigilancia entre las autoridades de los núcleos de población ejidal, relacionadas con las atribuciones que los diversos artículos 48 y 49 de la misma ley les marca, se desprende que no son autoridades agrarias, sino propiamente órganos de dirección y vigilancia, respectivamente, de los ejidos correspondientes: en consecuencia, aun en el supuesto de que éstos intervengan en los hechos que se le imputan, realizan actos de particulares que en todo caso caen bajo la sanción de las leyes comunes, por lo que en contra de dichas autoridades no cabe el juicio constitucional." Sin que el hecho de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo cause agravio a la quejosa o la prive de defensa, ya que, ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causa de improcedencia, con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Al caso, cobra aplicación la Jurisprudencia 2a./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ante ello, se deja sin efecto la hora y fecha señalada para la audiencia constitucional, seis de diciembre próximo; háganse las anotaciones respectivas. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
(NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA TODA VEZ QUE NO SE PRESENTÓ EN EL JUZGADO A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL, NI SUS AUTORIZADOS, A PESAR DEL AVISO JUDICIAL QUE SE LES DEJÓ CON ANTERIORIDAD)San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de noviembre de dos mil veintiuno.Visto el estado de autos de los que se advierte que la quejosa ***** señaló como autoridad responsable al Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Tepoxco, Teopoxco, Oaxaca, de quien reclamó (52): "a) La orden verbal o escrita por parte de todas las autoridades responsables de clausurar, desalojar, expulsar, de no usar, de no aprovechar las aguas nacionales superficiales del manantial innominado con una superficie total de 55.00 metros cuadrados, fracción dos, ubicada sobre la margen derecho de Río Quetzalpa, ubicado en Santa María Tepoxco, Teopoxco, Oaxaca, del cual soy concesionaria. "Ahora, del análisis del acto que la quejosa reclama a la citada autoridad responsable se advierte que en este juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con los diversos artículos 1°, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte". "ARTÍCULO 5°. Son parte en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general."De las trascripciones anteriores, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se concluye que éste solo es procedente en contra de actos y omisiones de autoridad que sean violatorios de los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; y para la procedencia del juicio de amparo respecto de actos de particulares, éstos tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos previstos, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.Lo anterior, atento a que el artículo 5° fracción II de la ley de la materia, dispone que autoridad responsable es quien, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y para el caso de los particulares, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.Por lo que, la procedencia del juicio tratándose de actos de particulares, está condicionada a que éstos "creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra subordinación".De ahí que será autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente público y/o el particular que se ubiquen en un plano de supra a subordinación y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria.En ese sentido, el presidente del Comisariado de Bienes Comunales; si bien resultan ser una institución reconocida por la Ley Agraria, para el caso que nos ocupa; esto es, la orden verbal o escrita emitida con la finalidad de clausurar, desalojar, expulsar, de no usar, de no aprovechar las aguas nacionales superficiales del manantial innominado con una superficie total de 55.00 metros cuadrados, fracción dos, ubicada sobre la margen derecha Río Quetzalapa, ubicado en Santa María Tepoxco, Teopoxco, no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo.Lo anterior, porque la autoridad antes citada, es un órgano de la comunidad a la que pertenece, no del Estado, por lo cual no puede considerarse como autoridad en estricto sentido, según lo prevé esencialmente el artículo 99, fracción II de la Ley Agraria, esto es, que actúa como integrante de un órgano de representación y gestión administrativa de la asamblea de comuneros, en los términos que establezca el estatuto comunal y la costumbre.En ese sentido, los artículos 99, 107, 21, 23, 32 y 33, todos de la Ley Agraria, en lo que interesa establecen: "Artículo 99.- Los efectos jurídicos del reconocimiento de la comunidad son: I. La personalidad jurídica del núcleo de población y su propiedad sobre la tierra; II. La existencia del Comisariado de Bienes Comunales como órgano de representación y gestión administrativa de la asamblea de comuneros en los términos que establezca el estatuto comunal y la costumbre; III. La protección especial a las tierras comunales que las hace inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo que se aporten a una sociedad en los términos del artículo 100 de esta ley; y IV. Los derechos y las obligaciones de los comuneros conforme a la ley y el estatuto comunal. Artículo 107.- Son aplicables a las comunidades todas las disposiciones que para los ejidos prevé esta ley, en lo que no contravengan lo dispuesto en este Capítulo. Artículo 21- Son órganos de los ejidos: I. La asamblea; II. El comisariado ejidal; y III. El consejo de vigilancia. Artículo 23.- La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos: I. Formulación y modificación del reglamento interno del ejido; II. Aceptación y separación de ejidatarios, así como sus aportaciones; III. Informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, así como la elección y remoción de sus miembros; IV. Cuentas o balances, aplicación de los recursos económicos del ejido y otorgamiento de poderes y mandatos; V. Aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por terceros de las tierras de uso común; VI. Distribución de ganancias que arrojen las actividades del ejido; VII. Señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal y parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización del área de urbanización; VIII. Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia de posesionarios; IX. Autorización a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas y la aportación de las tierras de uso común a una sociedad, en los términos del artículo 75 de esta ley; X. Delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común así como su régimen de explotación; XI. División del ejido o su fusión con otros ejidos; XII. Terminación del régimen ejidal cuando, previo dictamen de la Procuraduría Agraria solicitado por el núcleo de población, se determine que ya no existen las condiciones para su permanencia; XIII. Conversión del régimen ejidal al régimen comunal; XIV. Instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva; y XV. Los demás que establezca la ley y el reglamento interno del ejido. Artículo 32.- El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente. Artículo 33.- Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido.Así, se sostiene que de los trascritos preceptos de la Ley Agraria, se advierte que el Presidente del Comisariado de Bienes Comunales, no cuenta con atribuciones para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos, lo cual es una característica propia de una relación de supra a subordinación; b) sus relaciones con los demás sujetos de la comunidad, son de coordinación; y, c) aun cuando su artículo 27 establezca que sus resoluciones son obligatorias, lo cierto es que ello es una mera declaración llana como la dada por cualquier cuerpo director de una sociedad privada, pero que no está investida del imperio, coerción y unilateralidad de los cuales están dotados los actos de autoridad.Asimismo revelan que el Presidente del Comisariado de Bienes Comunales, tiene facultades de representación, administración, dirección, ejecución y vigilancia interna para la comunidad a la que sirven; por tanto, los acuerdos a que llegue la asamblea, como máximo órgano de la comunidad, serán dirigidos respetados, gestionados y ejecutados por el Comisariado de Bienes Comunales, en este caso; y quien vigilará que este último cumpla su cometido, será el Consejo de Vigilancia.Sin embargo, los actos que sus integrantes realicen, como ocurre en el presente, serán siempre actos entre particulares, sin imperio ni coerción de ninguna especie, porque no existe norma por la cual pudieran hacer uso de la fuerza pública o bien, solicitarla a diversa autoridad, para ejecutar los actos de la asamblea general o llevar a cabo el cumplimiento de las determinaciones de ésta; de ahí que sus actos no pueden ser considerados como provenientes de autoridad.Por tanto, en el asunto que nos ocupa, la autoridad señalada como responsable presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Tepoxco, Teopoxco, Oaxaca, carece de carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, debido a que en su relación con los sujetos de la comunidad en este caso, no se ubican en una posición de supra a subordinación, sino en una de coordinación.Sustenta lo anterior, el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "AGRARIO. AUTORIDADES INTERNAS DE LAS COMUNIDADES. NO TIENEN CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO. Jurídicamente es incorrecto tener en un juicio de amparo como autoridades ejecutoras de los actos reclamados a la asamblea general de comuneros y a los integrantes del comisariado de bienes comunales de un poblado, cuando, en realidad, esas autoridades internas de la comunidad no tienen el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque si bien es cierto que en las fracciones I y II del artículo 22 de la Ley Federal de Reforma Agraria se incluye a las asambleas generales y a los comisariados entre las autoridades de los núcleos de población ejidales o comunales que poseen tierras, también lo es que de las atribuciones que los artículos 47 y 48 de la misma ley señalan a dichas autoridades internas se desprende que no tienen el carácter de autoridades que puedan disponer de la fuerza pública, sino que son órganos de dirección de los ejidos o comunidades correspondientes."Así como el diverso criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AGRARIO. COMISARIADO EJIDAL Y CONSEJO DE VIGILANCIA. NO SON AUTORIDADES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Aun cuando el artículo 22, fracciones I y III, de la Ley Federal de Reforma Agraria incluyen a los comisariados ejidales y a los consejos de vigilancia entre las autoridades de los núcleos de población ejidal, relacionadas con las atribuciones que los diversos artículos 48 y 49 de la misma ley les marca, se desprende que no son autoridades agrarias, sino propiamente órganos de dirección y vigilancia, respectivamente, de los ejidos correspondientes: en consecuencia, aun en el supuesto de que éstos intervengan en los hechos que se le imputan, realizan actos de particulares que en todo caso caen bajo la sanción de las leyes comunes, por lo que en contra de dichas autoridades no cabe el juicio constitucional." Sin que el hecho de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo cause agravio a la quejosa o la prive de defensa, ya que, ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causa de improcedencia, con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Al caso, cobra aplicación la Jurisprudencia 2a./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:"SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.Ante ello, se deja sin efecto la hora y fecha señalada para la audiencia constitucional, seis de diciembre próximo; háganse las anotaciones respectivas. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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