Elisa Xolalpa Martínez

Expediente 661/2020 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
661/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
22/12/2020

Partes del expediente

  • Elisa Xolalpa Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja en contra del proveído de nueve de diciembre de dos mil veinte, que desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo; sin que a la fecha se hiciera valer dicho medio de impugnación. En tales condiciones, se declara que el citado acuerdo ha causado estado. Hágase del conocimiento de las partes que este expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE al no existir documento original alguno y carecer de relevancia documental, por lo que una vez que transcurra el PLAZO DE TRES AÑOS, PROCÉDASE A SU DESTRUCCIÓN. Realícense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Sin que resulte óbice a lo anterior, la circunstancia que de conformidad con la Circular SECNO/29/2020 de cuatro de diciembre de dos mil veinte, aprobada por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se haya determinado regresar al esquema de trabajo a distancia, así como de suspensión de plazos y términos previsto en el Acuerdo General 13/2020 para todos los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México; sin embargo, dicha suspensión de plazos no opera para los asuntos considerados como urgentes ni para los juicios que pueden ser tramitados en línea, como en el caso lo es el presente controvertido, pues la demanda de amparo que dio origen al mismo se recibió a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, aunado a que la determinación de nueve del mes y año en curso le fue notificada vía electrónica mediante el usuario proporcionado para tales efectos. De ahí que la presente determinación se emita en los términos antes mencionados.

  2. Principal

    NOTIFICACION ELECTRONICA A LA PARTE QUEJOSA. PROVEIDO DE NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.Visto el escrito de demanda de amparo aparentemente promovida por *, contra actos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; fórmese expediente físico y electrónico bajo el registro *. Improcedencia. Como cuestión previa, es importante señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En efecto, de la lectura del precepto transcrito, se observa que es obligación del Juez de Distrito, como se indicó, examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano; sin embargo, para ello debe analizar si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia, reguladas en el artículo 61 de la ley invocada. En ese sentido, este órgano de control de la constitucionalidad estima que la demanda de amparo es notoriamente improcedente, de conformidad con la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, De lo transcrito, se colige que uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de amparo consiste en que debe ser siempre promovido a instancia de parte agraviada, por ello la representación de quien acude ante esta vía de amparo es un presupuesto que tendrá que acreditarse en términos de lo que establecen los dispositivos citados con anterioridad. Así, es menester destacar que la demanda de amparo fue recibida en el módulo de intercomunicación habilitado por el Consejo de la Judicatura Federal, para el trámite del juicio de amparo en términos de los artículos 3, 21 y 110 de la Ley de Amparo1, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en cuyo caso, de conformidad con el primero de los numerales en cita, se requiere que dicha petición presente la firma electrónica de la parte promovente, la cual producirá los mismos efectos de la autógrafa. Asimismo, conforme a los lineamientos establecidos en los artículos 76, párrafo segundo, en relación con el 59 y 64, todos del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado el nueve de diciembre de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación; las demandas presentadas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de quién es el quejoso o en su caso quién promovió la demanda, debe contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del titular de la misma, y en el particular en la demanda, no se advierte la firma electrónica. Hipótesis legal que también fue prevista en el artículo 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal modificado por el diverso 25/2020 (que se encontrará vigente del uno de noviembre de dos mil veinte al quince de enero de dos mil veintiuno), relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que ordena que para la actuación de los juicios en línea, se requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. En este sentido, ponderando que la firma entraña la exteriorización de la voluntad de las personas en todos los actos jurídicos, y toda vez que la demanda de amparo no cuenta con ella, entonces debe considerarse que la promovente no exteriorizó su voluntad para acudir a la instancia constitucional. Además, si bien se advierte que el documento digitalizado al parecer cuenta con una rúbrica, tal circunstancia no cambia el sentido de la presente determinación, pues se considera un papel en copia simple; y no genera certeza jurídica de que lademanda haya sido instada por la parte interesada; pues -se insiste-, la normatividad aplicable exige la utilización de firma electrónica. Lo anterior es así, ya que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo. Eventualidad que no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 114 de la Ley de Amparo; ya que debe tomarse en cuenta que el artículo 6, de la ley de la materia, dispone que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la norma general que se reclama, por consiguiente, el juicio constitucional únicamente se sigue a instancia de parte y, por ello, todo escrito presentado en el procedimiento debe ser firmado por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da origen al juicio, constituyendo esto un requisito esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante, puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna. Sin que en el caso se actualice la excepción que contempla la tesis jurisprudencial transcrita, pues con mediana claridad no se advierte algún dato o elemento que permita establecer que dicho ocurso se promovió en términos del numeral 15 de la Ley de Amparo (considerando que los actos reclamados consisten en la negativa de brindar información a la parte quejosa con relación a la averiguación previa, así como diversas omisiones dentro de la misma), y por tanto, no se requiera de la firma electrónica, conforme lo previsto por el último párrafo del diverso 109 del citado cuerpo normativo. Determinación. En tal virtud, con fundamento en los artículos 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 6 de la Ley de Amparo, así como el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida vía electrónica. Domicilio y autorizados. Por otra parte, si bien, como ya quedó precisado la demanda carece de la declaración de la voluntad de la parte quejosa, lo cierto es que para efectos de la notificación del presente acuerdo en el Portal en Línea del Poder Judicial de la Federación; de conformidad con los artículos 5, 7, 10, 12 y 14 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, en congruencia con lo establecido en los artículos 3, 30, fracción II y 31 fracciones II y III de la Ley de Amparo; por esta ocasión, se autoriza se realice al usuario. En ese sentido, se instruye al Analista Jurídico Sise que lleve a cabo las acciones correspondientes para tal efecto. De igual manera, instrúyase al personal de la actuaria, a fin de que realice la notificación de este proveído por ese medio. En la inteligencia de que las subsecuentes notificaciones deberán realizarse por medio de las listas que se fijen en los estrados de este órgano judicial. Asimismo, no ha lugar a tener por autorizados a las personas que se señalan en el escrito que se provee para los fines propuestos, ni acordar de conformidad lo relativo a las documentales que se adjuntan a la demanda; ello, en virtud de que no se tiene certeza de la voluntad de quién promueve el presente sumario.

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