Elisa Santiago Lopez
Expediente 1706/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 9 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1706/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 26/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Elisa Santiago Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
se declara que la resolución emitida por este Juzgado Federal en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria. archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido.se declara que este expediente es susceptible de destrucción
- Principal
Visto para resolver en el juicio de amparo 1706/2018, promovido por Elisa Santiago López, contra actos del Gobernador del Estado de Morelos y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Elisa Santiago López, por escrito recibido el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y remitido por cuestión de turno a este juzgado Séptimo de Distrito, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos y autoridades que precisó en su demanda. SEGUNDO. Por auto de veinticinco del mismo mes y año (foja 20), este Juzgado Federal desechó la demanda, al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo. TERCERO. Contra esta determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja, del cual correspondió conocer al Tercer tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, quien por ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 359/2018, declaró fundado el citado medio de impugnación y ordenó proveer lo conducente en relación a la admisión de la demanda (foja 45). CUARTO. En cumplimiento a lo anterior, en auto de ocho de abril de dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda de amparo; dio la intervención que le compete al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, primer párrafo, y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se trata de un acto de carácter omisivo y por tanto, es competente el órgano jurisdiccional que ejerza jurisdicción en el lugar donde la parte quejosa haya presentado la demanda. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis de la demanda de amparo como de las constancias que obran en autos, se desprende que Elisa Santiago López, reclama en esencia: a) La omisión de emitir en forma conjunta la convocatoria y declaratoria de necesidad de la expedición de concesiones del servicio público sin itinerario fijo para el Municipio de Puente de Ixtla, Morelos; b) La omisión de reconocer y aplicar retroactivamente los derechos y efectos que se otorgaron en el acuerdo de cinco de septiembre de dos mil dieciocho y en el decreto 2857; c) La negativa de renovar el permiso de circulación otorgado para la prestación del servicio público sin itinerario fijo (taxi), con número de concesión LTT 1584. TERCERO. Actos reclamados inexistentes. La autoridad responsable Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado señaló que no es cierto el acto que se le reclama, consistente en la negativa de renovar el permiso de circulación otorgado para la prestación del servicio público sin itinerario fijo (taxi), con número de concesión LTT 1584, tomando en consideración que no existe ninguna solicitud de renovación de permiso por parte de la quejosa, de la cual derive la negativa por parte de esa autoridad. Por tanto, en el caso, respecto de dicho acto se actualiza la causa de sobreseimiento previsto en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo. Lo anterior, tomando en consideración que uno de los elementos del denominado derecho de petición, lo constituye precisamente la solicitud que realice el interesado, la cual debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. Luego, la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, depende invariablemente de la petición que formule el interesado. En el caso, como lo refiere la autoridad responsable, la parte quejosa no acreditó haber elevado alguna petición o solicitud en el sentido de renovarle el permiso de circulación otorgado para la prestación del servicio público sin itinerario fijo (taxi), con número de concesión LTT 1584, de la cual hubiera derivado como respuesta, la negativa para lo pretendido; de ahí que ante la falta de petición por parte de la impetrante, no puede afirmarse que exista una negativa de la responsable para renovar el permiso de circulación que pretende; de ahí la actualización de la causa de sobreseimiento en estudio. Apoya lo anterior la jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXIII, marzo de 2011, página 2167, que a la letra dice: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa.". Del mismo modo, el acto reclamado al Gobernador del Estado de Morelos, consistente la omisión de reconocer y aplicar de manera retroactiva los derechos y efectos que se otorgaron en el acuerdo de cinco de septiembre de dos mil dieciocho y en el decreto 2857 debe tenerse por inexistente. Lo anterior, pues al rendir su informe justificado señaló que no era cierto el acto que se le reclama, agregando que dicho acto no es de su competencia, conforme al Acuerdo por el que se Delega y Autoriza a la Persona Titular de la Secretaría de Movilidad y Transportes del Poder Ejecutivo Estatal, para Ejercer Facultades y Atribuciones Otorgadas al Gobernador del Estado de Morelos por la Ley de Transporte del Estado de Morelos en Materia de Concesiones, publicado el cinco de septiembre de dos mil dieciocho, en el periódico oficial Tierra y Libertad. En ese sentido, respecto del acto atribuido al Gobernador del Estado se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 61 fracción IV de la Ley de Amparo, pues conforme al numeral 1º, del acuerdo aludido, el Gobernador del Estado de Morelos autorizó y delegó al titular de la Secretaría de Movilidad y Transportes del Poder Ejecutivo Estatal, la facultad para ejercer de forma directa y personal, todas y cada una de las atribuciones legales y reglamentarias que conforme al marco jurídico estatal vigente, se otorgan al Titular del Poder Ejecutivo Estatal en materia de concesiones. De ahí que la autoridad que en su caso estuviera facultada para reconocer y aplicar de manera retroactiva los derechos y efectos que se otorgaron en el acuerdo de cinco de septiembre de dos mil dieciocho y en el decreto 2857, corresponde al Titular de la Secretaria de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos al habérsele delegado esas atribuciones. CUARTO. Actos reclamados existentes: La autoridad responsable Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, señaló que no es cierto el acto que le reclama la parte quejosa, consistente en la omisión de emitir en forma conjunta la convocatoria y declaratoria de necesidad para la expedición de concesiones del servicio público sin itinerario fijo para el municipio de Puente de Ixtla, Morelos, agregando que es facultad exclusiva del Gobernador del Estado expedir dicha declaratoria de necesidades. No obstante lo anterior, el acto reclamado debe tenerse por cierto, toda vez que el artículo 45, de la Ley de Transporte del Estado de Morelos establece que para el otorgamiento de concesiones, el Gobernador del Estado de Morelos, a través del Secretario, deberá publicar en el Periódico Oficial del Estado, conjuntamente con la Convocatoria, la Declaratoria de necesidades respectiva, que justifique el incremento de las concesiones existentes de acuerdo con la modalidad de que se trate. Conforme a lo anterior, si bien la facultad de emitir la declaratoria de necesidades corresponde al Gobernador, esta se materializa a través del Secretario de Movilidad y Transporte del Estado; por tanto el acto atribuido a esta última debe tenerse por cierto. Del mismo modo, es cierto el acto reclamado por la quejosa consistente en la omisión de reconocer y aplicar retroactivamente los derechos y efectos que se otorgaron en el acuerdo de cinco de septiembre de dos mil dieciocho y en el decreto 2857, pues como se estableció en el considerando tercero, el artículo 1º, del Acuerdo por el que se Delega y Autoriza a la Persona Titular de la Secretaría de Movilidad y Transportes del Poder Ejecutivo Estatal, para Ejercer Facultades y Atribuciones Otorgadas al Gobernador del Estado de Morelos por la Ley de Transporte del Estado de Morelos en Materia de Concesiones, publicado el cinco de septiembre de dos mil dieciocho, en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, corresponde al Titular de la Secretaría de Movilidad y Transportes del Poder Ejecutivo Estatal, la facultad para ejercer de forma directa y personal, todas y cada una de las atribuciones legales y reglamentarias que conforme al Marco Jurídico Estatal vigente, se otorgan al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, en materia de concesiones. QUINTO. Estudio de causas de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgado federal advierte de oficio que respecto de los actos reclamados consistentes en la omisión de emitir en forma conjunta la convocatoria y declaratoria de necesidad de la expedición de concesiones del servicio público sin itinerario fijo para el municipio de Puente de Ixtla, Morelos y la omisión de reconocer y aplicar retroactivamente los derechos y efectos que se otorgaron en el acuerdo de cinco de septiembre de dos mil dieciocho y en el decreto 2857, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. En efecto, en tratándose de omisiones de autoridades del poder ejecutivo, éstas pueden ser combatidas a través del juicio de nulidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 1°, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en relación con el diverso 18, inciso b), fracción II, subinciso a), de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Al respecto, el artículo 1º de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, establece que toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por esta ley. Por su parte, el artículo 18 de la citada legislación previene que cuando el Gobernador del Estado figure como autoridad demandada y el asunto sea de naturaleza fiscal, su representación corresponderá al Secretario de Hacienda; en consecuencia, ese numeral contempla la posibilidad de que el Gobernador del Estado pudiera figurar en esos procedimientos como autoridad demandada. Luego, si en el caso, los actos reclamados al Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos son consistentes en la omisión de emitir en forma conjunta la convocatoria y declaratoria de necesidad de la expedición de concesiones del servicio público sin itinerario fijo para el municipio de Puente de Ixtla, Morelos y la omisión de reconocer y aplicar retroactivamente los derechos y efectos que se otorgaron en el acuerdo de cinco de septiembre de dos mil dieciocho y en el decreto 2857, de conformidad con lo establecido en los ordinales 1º y 18 indicados, es posible controvertir esas omisiones a través del juicio de nulidad. Máxime que los actos reclamados tienen la naturaleza de administrativos por provenir de autoridades de esa característica, como son el Secretario de Movilidad y Transporte del Gobierno, ambos del Estado de Morelos. Por ende, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, es competente para conocer del reclamo de la parte quejosa, previo a acudir al juicio de amparo indirecto; actualizándose así, la hipótesis que establece el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que consagra la improcedencia del medio de control constitucional mencionado en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. Lo anterior es así, pues a través del juicio de nulidad se pueden controvertir las omisiones reclamadas al Titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte Estatal, al constituirse en una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado. No pasa inadvertida la excepción prevista en el artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo, en el sentido que el juicio de biinstancial puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclamen violaciones directas a la Constitución; sin embargo, tal excepción presupone que en la demanda de amparo solamente se hagan valer violaciones directas a la Carta Magna, pues si se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente, en la medida que la circunstancia de que en la demanda de amparo se hagan valer violaciones directas a preceptos constitucionales, no lo releva de la obligación de agotar los recursos que estatuye la ley del acto, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio de la parte quejosa, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca, lo que demuestra, que al no haberse agotado el recurso ordinario, el juicio de amparo es improcedente. Máxime que en el caso, la quejosa no alegó violaciones directas a la constitución, pues en la demanda de amparo manifestó que las responsables infringieron los artículos 45, 46 47 y 78 de la Ley de Transporte del Estado de Morelos; 7º fracciones V, X y XXXI y el 8°, del Reglamento Interior de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, cuestiones que constituyen planteamientos jurídicos de legalidad. Es aplicable al caso la jurisprudencia XX. J/1, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo I, abril de 1995, página 94, de rubro y texto: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna supuesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente.". En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, al no encuadrar el presente asunto en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, en términos del artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo. Finalmente, se precisa que las jurisprudencias y tesis que se citaron en esta resolución, aun cuando fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, siguen siendo aplicables, de acuerdo a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, al no oponerse a las disposiciones de esta última; las cuales fueron reproducidas directamente de la página oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en ninguna de ellas aparece que ya hayan sido superadas por algún otro criterio posterior. SEXTO. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 61, 62, 63, 64, 73, 74, 75, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Elisa Santiago López, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de este fallo. SEGUNDO. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió José Leovigildo Martínez Hidalgo, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Ana Laura Coutiño Mendoza, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
dése vista a las partes, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga.Para dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada en autos, y en su lugar, se fijan las nueve horas con quince minutos del seis de junio de dos mil diecinueve, para su celebración.
- Principal
dése vista a las partes, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga.Asimismo, de se tienen por designados como Delegados a las personas que menciona, y por señalado como su domicilio procesal el que indica, conforme a lo que establece el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo.
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