Elisa Nallely Hernández Espinosa
Expediente 162/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 162/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Elisa Nallely Hernández Espinosa
- Cuarto Tribunal Distrital en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en esta ciudad.
Actuaciones
- Principal
1. Declara firme. Visto el cómputo que antecede realizado por la Secretaría, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de dieciséis de marzo del año en curso, en el que se desechó la demanda de garantías; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 2.1 Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 2.3 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 2.4 Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.
- Principal
1. Promoción. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Elisa ***, en cumplimiento al proveído de cuatro de marzo del año en curso. 1.1 Cumple prevención. Téngase a la parte quejosa dando cumplimiento a lo requerido en el citado acuerdo, relativo a la aclaración de la demanda. 2. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso el acto reclamado consiste en la resolución de dos de febrero de dos mil veintidós, dictada por el Cuarto Tribunal Distrital en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en esta ciudad, dentro del toca 66/20201, con motivo del recurso de apelación que resolvió como infundado el incidente de nulidad de actuaciones relativo al juicio ordinario mercantil 458/2019. En ese sentido, resulta manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por no ser un acto de imposible reparación. En la jurisprudencia 37/2014 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que, a diferencia de la ley de la materia abrogada, la cual no contenía una definición de los actos de ejecución irreparable, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, estableció que por éstos debe entenderse aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas, como son la vida, la libertad personal o de tránsito, la propiedad, posesión, entre otros. En tal sentido, cuando los actos que se reclamen sean emitidos dentro de juicio y no sean de imposible reparación, el amparo promovido en su contra resultará improcedente. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia I.1o.A.E. J/5 (10ª). En el caso, el acto reclamado consistente en la resolución de dos de febrero de dos mil veintidós, emitida por el Cuarto Tribunal Distrital en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en esta ciudad, dentro del toca 66/2021, no es de aquellos que sean de imposible reparación. Ello es así, pues no afecta derechos materialmente sustantivos, sino únicamente procesales o adjetivos, los cuales pueden ser reparados al dictarse la resolución que ponga fin al juicio, si ésta es favorable a los intereses de la parte quejosa. Además, de los conceptos de violación realizados por la parte quejosa, no se advierte alguno encaminado a evidenciar vulneración a derechos materialmente sustantivos, sino únicamente adjetivos o procesales, como es el hecho de que según su dicho, se haya calificado como infundado el agravio propuesto en relación a la forma de notificación impugnada, dado que no le ocasionó un estado de indefensión. Por tanto, queda de manifiesto que la violación procesal en comento, dada su naturaleza, no es de modo alguno irreparable, siendo que es precisamente la irreparabilidad el único supuesto en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción V de la citada ley de la materia. 2.1 Criterio legal. Sobre el tema cobra aplicación en lo conducente la jurisprudencia 1a./J. 94/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así como la diversa jurisprudencia VI.2o.C. J/11 (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. Es ilustrativa la tesis I.12o.C.22 K (10a.), del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3. Conclusión. En mérito de lo expuesto, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia antes señalada, con apoyo además en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia.
- Principal
1. Recepción. Se tiene por recibido el escrito de demanda promovido por Elisa Nallely Hernández Espinosa, contra actos del Cuarto Tribunal Distrital en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en esta ciudad. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 162/2022, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Exhortación a las partes de tramitar el juicio en línea. En atención a lo dispuesto por los artículos 22, fracción I y 28 párrafo segundo del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, con el fin de evitar la concentración de personas y la propagación del citado virus, se exhorta a las partes para que, de ser posible, accedan a las herramientas tecnológicas, brindadas por el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para continuar con la tramitación del presente asunto, a través del esquema de juicio en línea, hasta su conclusión. 4. Solicitud de teléfono celular y correo electrónico. Asimismo, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono celular y una dirección de correo electrónico, a fin de que se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo anterior conforme a lo previsto por el artículo 22, fracción II del citado Acuerdo General. 5. Prevención. A fin de acordar lo procedente sobre su admisión o desechamiento, con apoyo en los artículos 114 fracción I y 108, fracción V, de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad: i. Narre en forma clara y precisa, así como en orden cronológico todos los antecedentes del juicio ordinario mercantil 458/2019, en virtud de que fue omisa en expresarlos en el escrito de demanda. ii. Señale la fecha en la cual interpuso el juicio de amparo directo en contra de la sentencia que refiere, el número estadístico que le correspondió, así como el estado procesal del mismo. 6. Copias. Además, de conformidad con el artículo 110 de la Ley de la Materia, es importante que exhiba tres copias del escrito aclaratorio para ser distribuidas de la siguiente manera: una para el tercero interesado, una para la autoridad responsable y una para dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. 7. Apercibimiento. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir la prevención en el plazo que se le otorga, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, como lo prevé el segundo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia. 8. Autorizados para oír y recibir notificaciones. Se tiene como autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Carlos Alberto Mata Rodríguez. A su vez, se tiene como autorizada en términos restrictivos del citado numeral a Sanjuanita Natalia Fuentes Ramón, toda vez que su cédula profesional no se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Régimen Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales Registro Electrónico. 9. Consulta y notificaciones vía electrónica. A su vez, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía electrónica al solicitante con nombre de usuario "CarlosMata" y la notificaciones se le realicen vía electrónica. En el entendido de que el acceso al expediente electrónico estará condicionado a que se encuentre vigente la firma electrónica respectiva y que el usuario proporcionado corresponda efectivamente al profesionista mencionado en los párrafos que anteceden; lo anterior, en términos del numeral 78 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. 9.1 Instrucción a oficial judicial A. Se instruye a la oficial judicial A, para que bajo su más estricta responsabilidad vincule al usuario proporcionado con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. 9.2 Instrucción Actuaria. Instrúyase al departamento de Actuaría de este órgano jurisdiccional a fin de que efectúe las notificaciones al usuario mencionado, en términos del artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo. 10. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 11. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 12. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que se serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter de reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaría encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 13. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 14. Promociones sin incidencia en tramitación. En términos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 constitucional que limita la tramitación del amparo indirecto a actos procesales relevantes y en aplicación de los principios de tutela judicial pronta y efectiva, interpretando los fines y la sistematicidad de los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos relativos a trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio; por ejemplo, entre otros, acuses de recibo de recursos enviados a tribunales de circuito; autorizaciones de las partes; solicitudes de reproducción de constancias en medios electrónicos, copias simples o certificadas; notificaciones a peritos o testigos; actuaciones de la autoridad hacendaria para hacer efectivas multas; con excepción de aquellas que por disposición legal deba darse vista a las partes, se integrarán al expediente y la Secretaría hará constar el día y hora en que se presentó la promoción, considerando desde este momento procedente su petición; las partes quedan en aptitud de imponerse de ellas y solamente en caso de que resulte notoriamente improcedente la solicitud, se comunicará al promovente tal decisión mediante acuerdo del juzgado y la notificación respectiva. 15. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que el trámite de este juicio se publique sin supresión de datos. Notifíquese en términos de ley.Así lo acordó y firma Juan Marcos Dávila Rangel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, asistido de la Secretaria María Eugenia Vela Castellanos, quien certifica que la promoción de cuenta y este acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Certifico y doy fe.
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