Elisa Martínez Trujillo

Expediente 1434/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1434/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
05/12/2019

Partes del expediente

  • Elisa Martínez Trujillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de doce de noviembre del año en curso, a través del cual se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de la materia, en relación con el diverso precepto legal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, con fundamento en lo establecido en el artículo 21, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible en su oportunidad de ser destruido. Se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 20 y 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este Juzgado Federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, Archivos, y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo se procederá a su destrucción, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.

  2. Principal

    UN ACUERDO NOTIFICACION PERSONAL AL QUEJOSO

  3. Principal

    UN ACUERDO NOTICACION PERSONAL AL QUEJOSO

  4. Principal

    se hace efectivo el apercibimiento hecho al quejoso y se le notitica por medio de lista el acuerdo de doce de noviembre que dice: Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días concedidos a la parte quejosa a fin de desahogar los puntos de prevención contenidos en el acuerdo de veintiocho de octubre de la presente anualidad, sin que haya presentado promoción tendente al respecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de referencia y se sigue la secuela procesal únicamente por cuanto a Elisa Martínez Trujillo, por propio derecho y se tiene como acto reclamado el proveído de uno de octubre del año en curso, dictado en el juicio 1251/2017, del índice del Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México; en el cual se le impuso una la multa de veinte veces la unidad de medida y actualización; lo anterior, por su supuesta negativa y/u obstrucción para que se genere la convivencia entre su menor hija de identidad reservada, y el que señala como tercero interesado, a saber, José Trinidad Ortiz Reyes. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, es pertinente destacar que en la especie el acto reclamado consiste en: El proveído de uno de octubre del año en curso, dictado en el juicio 1251/2017, del índice del Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México; en el cual se le impuso una la multa de veinte veces la unidad de medida y actualización; lo anterior, por su supuesta negativa y/u obstrucción para que se genere la convivencia entre su menor hija de identidad reservada, y el que señala como tercero interesado, a saber, José Trinidad Ortiz Reyes. Precisado lo anterior, respecto del aludido acto reclamado, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone: En principio, es necesario precisar el contenido del artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.)" A su vez, el contenido del diverso artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso." De lo anterior se advierte que la disposición legal y constitucional transcritas establecen el principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de derechos fundamentales, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Sin embargo, de las disposiciones transcritas se advierten excepciones al principio de definitividad, es decir, que no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra los actos reclamados, en los siguientes casos: a) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo). b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal (artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo). c) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 61, fracción XVIII, inciso c) de la Ley de Amparo). d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso (inciso d), fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo). Luego, en el caso el acto que aquí se reclama, no se encuentra dentro de alguno de los supuestos de excepción antes precisados, por ende, la parte quejosa no está exenta de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden contra el acto reclamado. Lo anterior se afirma, en razón a que cuando se reclaman infracciones de legalidad reguladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con lo previsto en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, existe la obligación de agotar el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio de amparo, lo cual acontece en el caso concreto, pues tal como se advierte del escrito de demanda, la quejosa es parte formal en el procedimiento de origen, a saber, parte actora; de ahí la obligación de agotar los recursos ordinarios previstos en la legislación común. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el promovente de amparo está obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan conforme a la ley que rige el acto reclamado. En ese contexto, como ya se dijo, en contra del acto reclamado en la presente instancia se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual pone de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Luego, para que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) Que la Ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa. c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada. d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Establecido lo anterior, se advierte que contra el acto reclamado consistente en el proveído de uno de octubre del año en curso, dictado en el juicio 1251/2017, del índice del Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México; en el cual se le impuso una la multa de veinte veces la unidad de medida y actualización; lo anterior, por su supuesta negativa y/u obstrucción para que se genere la convivencia entre su menor hija de identidad reservada, y el que señala como tercero interesado, a saber, José Trinidad Ortiz Reyes; procede el recurso de revocación, ello con fundamento en los artículos 5.1 y 5.74, en relación con los diversos preceptos legales 1.362 y 1.378, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que establecen: "Artículo 5.1.- Las controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, se tramitarán de acuerdo con las reglas que se señalan en este Libro, y en lo no previsto, con las del Libro Segundo de este ordenamiento. . Artículo 5.74.- Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales." Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó." Artículo 1.378.- Son apelables las sentencias interlocutorias y los autos que específicamente señala este Código. La apelación, en este caso, se admitirá sin efecto suspensivo, salvo cuando la ley disponga lo contrario." Así, de una interpretación sistemática, analítica y armónica de los artículos en comento, se puede arribar a la conclusión de que si la apelación solo procede contra las sentencias y los autos que específicamente señala la codificación en cita, cuya hipótesis de procedencia no contempla los autos en los que se imponen multas a las partes como medida de apremio; es inconcuso que en todo caso procede el recurso de revocación contra los autos respectivos. Así, del análisis de los preceptos legales antes transcritos, el suscrito arriba a la conclusión de que en la especie concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, pues el acto reclamado fue emitido por el Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, con lo cual se cumple con el primero de los requisitos antes relacionados, es decir, proviene de una autoridad judicial. El segundo y tercero de los requisitos antes señalados también se presenta en el caso a estudio, si se tiene en consideración el contenido de los artículos 5.1 y 5.74, en relación con los diversos preceptos legales 1.362 y 1.378, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, de los cuales se advierte la procedencia del medio de impugnación que debió hacer valer la parte quejosa en el procedimiento de origen (recurso de revocación, dado que el acto reclamado fue dictado fuera de audiencia), previo a la promoción del juicio de amparo. Lo anterior es así, porque de los preceptos legales transcritos se advierte, en principio, que las controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, se deben tramitar conforme a las reglas establecidas en el Libro Quinto del citado ordenamiento legal, y en lo no previsto, conforme a los lineamientos previstos en el Libro Segundo de ese mismo ordenamiento. Por tanto, resulta inconcuso la procedencia de un diverso recurso o medio de defensa ordinario por virtud del cual el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, a saber, el recurso de revocación previsto en los artículos 5.1 y 5.74, en relación con los diversos preceptos legales 1.362 y 1.378, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, respectivamente, con lo cual se colma el cuarto de los requisitos precisados en párrafos precedentes; de ahí que, resulta exigible que la parte quejosa, previo a acudir al juicio de amparo indirecto, agote los recursos ordinarios previstos por la Ley que rige la controversia de origen, los cuales se encuentran a su alcance, dado que como ya se dijo se trata de una de las partes formales dentro del juicio familiar subyacente (parte actora). Sin que pase desapercibido para este órgano de control de constitucionalidad, que el acto reclamado afecta el patrimonio de la quejosa, lo que materializa un acto que vulnera derechos sustantivos; sin embargo, ese solo hecho no faculta a la quejosa para soslayar el principio de definitividad expuesto con antelación y acudir directamente al juicio constitucional, máxime que como ya se dijo, el acto que reclama no actualiza alguna hipótesis de excepción para tal efecto; por ende, el quejoso debió agotar el recurso ordinario de revocación previsto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, antes de acudir al juicio constitucional. Por lo anterior, al actualizarse de forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso artículo 113 del citado ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Elisa Martínez Trujillo, por propio derecho, contra actos del Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México.

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