Elisa María Zaldívar Barcelata
Expediente 869/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 18 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 869/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 19/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Elisa María Zaldívar Barcelata
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por ********************, en su carácter de autorizado en términos amplios de la quejosa ********************; atento a su contenido, dígase que no ha lugar a acordar favorable su solicitud, en el sentido de que se requiera a la responsable para que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que de autos se advierte que mediante proveído de veintiséis de enero de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional tuvo por cumplida la ejecutoria de mérito para los efectos que fue concedida. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, once de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por Edgar García Martínez, en su carácter de autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, dígase que respecto a su solicitud de copias, se esté a lo acordado en el auto de cinco de octubre de dos mil veintiuno, en el que se ordenó la expedición de copias, siempre y cuando obren agregadas dentro de los autos del juicio de amparo en que se actúa, por conducto de las personas que autoriza para tal efecto, previa constancia de recibo que obre en autos. Así mismo, hágase del conocimiento de dicha parte que de conformidad con el artículos 3 y 4, capítulo II del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia que se toman en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID- 19, se determinó que a fin de acceder a los órganos jurisdiccionales, los justiciables deberán previamente generar una cita en el Portal de Servicios en Línea en el micro sitio sobre "Servicios jurisdiccionales" dentro de la cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", el cual, una vez elegida la hora y fecha de su preferencia, proporcionara un código QR (que podrá presentarse electrónicamente o impreso) que permitirá que la parte en el juicio que haya generado la cita, y en su caso, otra persona autorizada en el expediente, ingrese al órgano jurisdiccional correspondiente; debiendo hacerse del conocimiento en el momento de la generación de la cita, si las personas que acudirán a la misma se encuentran dentro del grupo vulnerable de Covid-19 o cuentan con alguna discapacidad, a fin de que este juzgado tome las medidas establecidas en el citado acuerdo general para tal caso. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y tercero interesada mediante proveído de diez y catorce de enero del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, la que desahogó el tercero interesado, mediante escrito visible a fojas ciento cinco y ciento seis. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el treinta de noviembre de la pasada anualidad, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Elisa María Zaldívar Barcelata, para el efecto siguiente: "[.] , la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz deje insubsistente la resolución dictada el seis de septiembre de dos mil veintiuno en el juicio ordinario civil 594/2021 y, en su lugar, emita otra en la que con plenitud de jurisdicción resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo, dando contestación a cada uno de los planteamientos realizados por la parte recurrente a efecto de determinar si es o no procedente la reclamación planteada.[.]". Así, en acuerdo de diecisiete de diciembre de la pasada anualidad, se requirió su cumplimiento al Juez Décimo de Primera Instancia, Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz. Posteriormente, mediante proveídos de diez y catorce de enero del presente año, se acordó y ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Esto es así, toda vez que mediante oficio 160/2022 el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de siete de enero de dos mil veintidós, de la que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria dictada y con fundamento en los artículos 192 y 194 de la ley de Amparo, dejó insubsistente la resolución de septiembre de dos mil veintiuno, dictada dentro de los autos del expediente 594/2021 de su índice. Acto seguido, la responsable turnó los autos nuevamente para resolver sobre el recurso de reclamación interpuesto por la aquí quejosa en contra de la medida de depósito de personas decretado en el sumario, lo que hizo bajo los siguientes considerandos El juez responsable señaló que la reclamación planteada a resolver, se encuentra normada por el artículo 162 del Código Procesal de Civil del Estado de Veracruz, el cual dispone que en los casos previstos en la fracción III del artículo 156 del mismo dispositivo, el juez dictará las medidas adecuadas para el aseguramiento y cuidado de los hijos, y cualquiera reclamación sobre las medidas referidas, se resolverán con un solo escrito de cada parte, sin ulterior recurso. Seguidamente, la responsable realizó una relación sucinta de los agravios expuestos por la parte demandada (aquí quejosa) así como de las pruebas que ofreció en relación al recurso de reclamación de la medida cautelar de depósito de menores, y tuvo por reproducidas las manifestaciones y material probatorio exhibido por la parte actora (aquí tercero interesado) en su escrito inicial de demanda, en razón de no haber desahogado la vista concedida en relación al recurso que nos ocupa. Posteriormente, tuvo por acreditado relación de parentesco que vincula a los contendientes con los citados infantes con las actas de nacimiento de los menores de edad involucrados, por tanto el ejercicio de la patria potestad ejercen sobre sus menores hijos, las que valoró al tenor de lo estipulado en los artículos 341, 142 y 343 del Código Civil vigente en el Estado, asistiéndoles el derecho para ocurrir ante ese órgano jurisdiccional. Ahora bien, después del análisis de las constancias que conforman en el expediente y medios de convicción que las partes pusieron a disposición de ese tribunal, mismas que en su conjunto valoró en términos de lo previsto los artículos 210, 336 y 337 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad, el juez responsable consideró que la reclamación planteada en contra del depósito de menores debía de estimarse fundada en razón de lo siguiente. Del análisis del agravio vertido por la recurrente, donde manifiesta que siempre ha cuidado de sus hijos, que ellos siempre han vivido con ella, no como falsamente lo manifestó el actor, que éste de manera ruin e ilegal la despojó de sus hijos dando argumentaciones falsas las cuales fueron tomadas en cuenta para decretar el depósito de personas, a pesar de que dentro de autos ya existía un oficio por parte de la fiscalía especializada, del cual se pudo haber tenido conocimiento de la posible comisión de un delito donde estuvieran involucrados sus menores hijos, el juez lo estimó fundado y operante, dado que la recurrente exhibió constancias de estudios expedida por Celeste Santa Cruz, Directora del plantel Introducción a la música y estimulación temprana, dos. constancias de estudios expedidas por la Licenciada Paola Noemí Sánchez, Directora de Meninos del Mar, comunidad educativa; constancia de estudios expedida por la Psicóloga Leticia Larrea Chávez, del Centro integral de Estimulación temprana, acústica y prenatal "Chigos"; dos libretas de reportes de la escuela Meninos del mar, Comunidad educativa; y un reporte psicológico signado por la psicóloga Mariana Lucía Acosta Vargas; tres constancias de residencia expedidas por el Dr. Alfredo Miguel Paz. Cetina, Secretario General del Ayuntamiento de Solidaridad Playa del Carmen, Quintana Roo; mismos que se valoran en términos de los artículos 235 fracción Il y Ill, 261 fracción II, 327 y 329 del código procesal civil del Estado, para tener por acreditado que efectivamente los menores se encontraban residiendo en la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo con su progenitora, de ahí que los mismos acudían a la escuela Meninos del Mar, pero además, se robustece también con las libretas de reportes de la misma escuela, que es donde los menores acudían habitualmente a sus actividades escolares; por tanto, se tiene acreditado que dichos menores se encontraban a lado de su progenitora en Playa del Carmen, Quintana Roo, y que los menores acudían a la escuela, de aquí que se advierte que los menores fueron sustraídos del seno materno, donde los menores desarrollaban su vida cotidiana. Asimismo, señalo que obra agregado en el sumario el oficio número 751 de fecha veintiocho de abril de dos mil veintiuno, signado por la Licenciada Rosa Amelia Guillén García, Fiscal Cuarta Especializada en la Investigación de delitos de violencia contra la familia, niñas y niños, y trata de personas de la Unidad Integral de procuración de Justicia, y valorado en términos de lo que dispone la fracción VIII del artículo 261 del código procesal de la materia, e imponiéndose el suscrito juzgador del mismo, se advierte que solicitó un informe sobre el estado procesal que guardaba el expediente que nos ocupa, ante la denuncia interpuesta por la aquí quejosa en contra del aquí actor, como probable responsable del delito de retención de sus dos menores hijos aquí involucrados, no obstante a lo anterior, al momento de decretar la medida combatida, se actuó con los datos aportados en ese momento, en apego a los dispuesto por los artículos 158, 159, 160 y 161, del mismo ordenamiento legal invocado. empero, como ya se dijo en el párrafo que antecede, se tiene por acreditado que los menores residían en la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo, a lado de su progenitora, de aquí que, el aquí actor haya retenido y/o sustraído a los menores Luego respecto al segundo de los agravios, donde refiere que los menores fueron arrebatados del seno materno sin justificación alguna lo que les está causando daño emocional, ya que los menores están acostumbrados a vivir con ella, que nunca ha puesto en riesgo su salud física y emocional; el juez responsable consideró que resulta fundado y operante, en razón del análisis del agravio anterior, hasta ese momento procesal tenía por acreditado que los menores estaban bajo la guarda y custodia de su progenitora en la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo, y que la recurrente reside en esa ciudad, según constancias de residencia aportadas por la misma. Respecto al tercero de los agravios esgrimidos, donde refiere que la entrevista con los menores en la diligencia por la cual se decretó la medida combatida, no se hizo con las medidas adecuadas para sus menores hijos, quienes por su corta edad aún no están conscientes de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, además de que la depositaria judicial no tiene disponibilidad suficiente para estar a cargo de los menores ya que es doctora y en su tiempo, o está trabajando o bien está cuidando a su esposo, que las pocas video llamadas de convivencia que ha tenido con sus menores hijos, tanto el actor como la depositaria judicial de los menores le ponen pretextos para que puedan comunicarle con los menores, que le mandan mensajes de textos vía Whatsapp para que se comunique al número celular de la actual pareja del actor; agravio que consideró resulta infundado e inoperante, toda vez que en la diligencia de cercioramiento de la necesidad de la medida que aquí se combate, y que fuera realizada en fecha veinte de mayo del año en curso, fueron escuchados los menores de edad aquí involucrados ante la presencia judicial, cumpliendo cabalmente a lo establecido por los artículos 158, 159, 160 y 161 del código procesal civil del Estado, 1 y 4 de la Constitución Federal, 1 al 41 de la Convención Sobre losDerechos el Niño, 3, 4, 7, 41, 48 y 49 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas u Adolescentes, significando que en todo momento se ponderó el interés superior de los menores, y su dicho fue libre y espontáneo. Ahora respecto a las siete fojas de (capturas de pantalla de conversaciones de whatsapp; cuarenta y un fojas en las que constan placas fotográficas y dos legajos de conversaciones de whatsapp, exhibidas por la recurrente, el juez responsable consideró ajustado a derecho restarles valor probatorio en términos del numerales 327, 329 y 337 del Código Procesal Civil en el Estado, toda vez que si bien es cierto se exhiben en copias simples, no menos cierto es que en nada beneficia a quien la oferta, además, de que su contenido no se ha robustecido con algún otro medio de convicción. Asimismo, en cuanto a lo manifestado por la demandada y recurrente en que tanto la depositaria judicial como el actor no tienen tiempo para cuidar la los menores de edad aquí involucrados, lo que no queda plenamente acreditado, toda vez que si bien es cierto, se tiene noticia que tanto el actor como la que fuera designada como depositaria judicial, ambos son médicos, según información recabada en los generales de éstos, y que constan en la diligencia de cercioramiento de la necesidad de la medida, atestes que se valoran en términos de lo que disponen los artículos 316 y 320 del código procesal civil del Estado, pero no se tiene por acreditado la falta de tiempo que tienen para cuidar a los infantes aquí involucrados. Por último, que el actor es, adicto a la marihuana, y que incluso la fumaba o fuma delante de sus menores hijos, siendo omiso que él consumió o consume la ayahuasca, y que además el actor fue el que insistió al menor de iniciales B.G. Nemi Zaldívar a probar la mariguana sin el consentimiento de la demandada y que ese fue el detonante de su separación. Agravio que resulta infundado e improcedente, dado que tampoco quedó acreditado en autos el probable consumo de la Ayahuasca tanto del actor como de la demandada, así como tampoco quedó acreditado que el actor haya dado aprobar la mariguana al hijo de iniciales B.G. Nemi Zaldivar sin el consentimiento de la demandada, pero además. este último hecho es irrelevante para la procedencia del recurso que nos ocupa, al ser hechos aislados que no afectan los intereses de los menores de edad aquí involucrados, máxime que como ya se dijo en párrafos anteriores, ha quedado acreditado que los menores de edad fueron sustraídos por parte de su progenitor y aquí actor, del seno materno el cual era en la ciudad de Solidaridad Playa del Carmen, Quintana Roo, suficiente para la procedencia del recurso planteado por la quejosa Elisa María Zaldívar Barcelata, y por tanto, levantar la medida de depósito de personas decretado en el sumario. Consiguientemente, el juez responsable declaró procedente la reclamación, que hizo valer la Elisa María Zaldívar Barcelata, en contra del depósito judicial decretado en los autos en que se actúa, mismo que fuera decretado a favor de María Chávez Méndez, en su domicilio ubicado en calle Cherna número 314 del Fraccionamiento Costa de Oro en la ciudad de Boca del Río, Veracruz; lo anterior tomando en consideración el interés supremo de los menores de apellidos SALAS ZALDIVAR, por ser esto lo que más beneficia el interés del infante, en virtud de haber quedado acreditado que los menores han sido sustraídos del seno materno, esto es, de la ciudad de Solidaridad, Playa del Carmen, Quintana Roo. Aunado a lo anterior, el juzgador responsable resaltó que dicho acto no afecta el interés jurídico de la depositaría judicial, quien solo resulta un auxiliar del Juez en el cargo que le fuera encomendado, toda vez que conforme lo establecido en el artículo 1 del Código de Procedimientos Civiles, por regla general, la representación legal de los menores corresponde originariamente a quienes ejercen la patria potestad, por tanto dicha representación recae en primer momento en sus progenitores, en apego a lo dispuesto por los artículos 354 y 343 del Código Civil del Estado de Veracruz. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, el juez responsable en su primer punto resolutivo, DEJÓ INSUBSISTENTE el acto reclamado consistente en la resolución de fecha seis de septiembre de dos mil veintiuno, entrando de nueva cuenta al estudio de los autos. Así mismo, en su segundo y tercer punto resolutivo, declaró PROCEDENTE LA RECLAMACIÓN planteada por Elisa María Zaldívar Barcelata, y fundamento en el artículo 58 del Código Procesal Civil del estado, REVOCÓ el depósito decretado en autos, con fecha veinte de mayo de dos mil veintiuno, publicado el veintiuno del citado mes y año, y como consecuencia, ordenó levantar el citado depósito decretado peticionado por Juan Eugenio Salas Chávez a favor de María Chávez Méndez, debiéndose retrotraer las cosas hasta antes de su decretamiento; por lo tanto, se ordenó requerir personalmente al actor Juan Eugenio Salas Chávez y/o a la depositaria judicial María Chávez Méndez, en el domicilio ubicado en calle Cherna 314 del Fraccionamiento Costa de Oro en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, para que haga entrega de los menores involucrados al lado de su progenitora Elisa María Zaldívar Barcelata, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se hará acreedor a una multa consistente en 30 UMAS de conformidad al artículo 53, fracción I, del Código Procesal Civil del Estado. En tales condiciones, se determina que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que dejó insubsistente la resolución dictada el seis de septiembre de dos mil veintiuno en el juicio ordinario civil 594/2021, y en su lugar, emitió otra en la, que con plenitud de jurisdicción resolvió nuevamente la litis sometida ante su potestad, dando contestación a los planteamientos realizados por la parte recurrente, a efecto de determinar si era procedente o no la reclamación planteada por la aquí quejosa. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. No es obstáculo a lo anterior, las manifestaciones vertidas por el tercero interesado, en el sentido de que la resolución dictada por el juzgador responsable deviene en defecto al cumplimento de la ejecutoria dictada por este órgano jurisdiccional; pues contrario a éstas, este Juzgado considera que la autoridad responsable sí cumplió con los lineamientos de la ejecutoria de amparo que se le indicaron, y que aquí quedaron precisados. Lo anterior es considerado así, puesto que el juez responsable con plenitud de jurisdicción, esto es, en el ejercicio del poder y facultad que le otorga el Estado para decidir sobre la controversia sometida a su potestad, realizó el estudio de los argumentos y agravios vertidos por la reclamante en su escrito de reclamación, la cual cabe señalar no fue desahogada por el aquí manifestante, así vez habiendo analizado y valorado el material probatorio exhibido, tuvo por acreditado que los menores fueron sustraídos del seno materno, declarando así fundada la procedencia de la reclamación referida, resolviendo en los términos ya establecidos. Ahora respecto al requerimiento por parte del juez responsable para que haga entrega de los menores a su madre, apercibiéndolo de multa en caso de incumplimiento, dígase que ella deviene de la facultad a utilizar diversas medidas de apremio autorizadas para lograr hacer cumplir sus determinaciones en un procedimiento judicial, conforme al artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Veracruz. De ahí que este Juzgado considera que la responsable sí demostró haber cumplido con los lineamientos de la ejecutoria de amparo que se le indicaron, y que aquí quedaron precisados. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General . Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 869/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y tercero interesada mediante proveído de diez y catorce de enero del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, la que desahogó el tercero interesado, mediante escrito visible a fojas ciento cinco y ciento seis. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el treinta de noviembre de la pasada anualidad, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Elisa María Zaldívar Barcelata, para el efecto siguiente: "[.] , la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz deje insubsistente la resolución dictada el seis de septiembre de dos mil veintiuno en el juicio ordinario civil 594/2021 y, en su lugar, emita otra en la que con plenitud de jurisdicción resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo, dando contestación a cada uno de los planteamientos realizados por la parte recurrente a efecto de determinar si es o no procedente la reclamación planteada.[.]". Así, en acuerdo de diecisiete de diciembre de la pasada anualidad, se requirió su cumplimiento al Juez Décimo de Primera Instancia, Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz. Posteriormente, mediante proveídos de diez y catorce de enero del presente año, se acordó y ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Esto es así, toda vez que mediante oficio 160/2022 el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de siete de enero de dos mil veintidós, de la que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria dictada y con fundamento en los artículos 192 y 194 de la ley de Amparo, dejó insubsistente la resolución de septiembre de dos mil veintiuno, dictada dentro de los autos del expediente 594/2021 de su índice. Acto seguido, la responsable turnó los autos nuevamente para resolver sobre el recurso de reclamación interpuesto por la aquí quejosa en contra de la medida de depósito de personas decretado en el sumario, lo que hizo bajo los siguientes considerandos El juez responsable señaló que la reclamación planteada a resolver, se encuentra normada por el artículo 162 del Código Procesal de Civil del Estado de Veracruz, el cual dispone que en los casos previstos en la fracción III del artículo 156 del mismo dispositivo, el juez dictará las medidas adecuadas para el aseguramiento y cuidado de los hijos, y cualquiera reclamación sobre las medidas referidas, se resolverán con un solo escrito de cada parte, sin ulterior recurso. Seguidamente, la responsable realizó una relación sucinta de los agravios expuestos por la parte demandada (aquí quejosa) así como de las pruebas que ofreció en relación al recurso de reclamación de la medida cautelar de depósito de menores, y tuvo por reproducidas las manifestaciones y material probatorio exhibido por la parte actora (aquí tercero interesado) en su escrito inicial de demanda, en razón de no haber desahogado la vista concedida en relación al recurso que nos ocupa. Posteriormente, tuvo por acreditado relación de parentesco que vincula a los contendientes con los citados infantes con las actas de nacimiento de los menores de edad involucrados, por tanto el ejercicio de la patria potestad ejercen sobre sus menores hijos, las que valoró al tenor de lo estipulado en los artículos 341, 142 y 343 del Código Civil vigente en el Estado, asistiéndoles el derecho para ocurrir ante ese órgano jurisdiccional. Ahora bien, después del análisis de las constancias que conforman en el expediente y medios de convicción que las partes pusieron a disposición de ese tribunal, mismas que en su conjunto valoró en términos de lo previsto los artículos 210, 336 y 337 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad, el juez responsable consideró que la reclamación planteada en contra del depósito de menores debía de estimarse fundada en razón de lo siguiente. Del análisis del agravio vertido por la recurrente, donde manifiesta que siempre ha cuidado de sus hijos, que ellos siempre han vivido con ella, no como falsamente lo manifestó el actor, que éste de manera ruin e ilegal la despojó de sus hijos dando argumentaciones falsas las cuales fueron tomadas en cuenta para decretar el depósito de personas, a pesar de que dentro de autos ya existía un oficio por parte de la fiscalía especializada, del cual se pudo haber tenido conocimiento de la posible comisión de un delito donde estuvieran involucrados sus menores hijos, el juez lo estimó fundado y operante, dado que la recurrente exhibió constancias de estudios expedida por Celeste Santa Cruz, Directora del plantel Introducción a la música y estimulación temprana, dos. constancias de estudios expedidas por la Licenciada Paola Noemí Sánchez, Directora de Meninos del Mar, comunidad educativa; constancia de estudios expedida por la Psicóloga Leticia Larrea Chávez, del Centro integral de Estimulación temprana, acústica y prenatal "Chigos"; dos libretas de reportes de la escuela Meninos del mar, Comunidad educativa; y un reporte psicológico signado por la psicóloga Mariana Lucía Acosta Vargas; tres constancias de residencia expedidas por el Dr. Alfredo Miguel Paz. Cetina, Secretario General del Ayuntamiento de Solidaridad Playa del Carmen, Quintana Roo; mismos que se valoran en términos de los artículos 235 fracción Il y Ill, 261 fracción II, 327 y 329 del código procesal civil del Estado, para tener por acreditado que efectivamente los menores se encontraban residiendo en la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo con su progenitora, de ahí que los mismos acudían a la escuela Meninos del Mar, pero además, se robustece también con las libretas de reportes de la misma escuela, que es donde los menores acudían habitualmente a sus actividades escolares; por tanto, se tiene acreditado que dichos menores se encontraban a lado de su progenitora en Playa del Carmen, Quintana Roo, y que los menores acudían a la escuela, de aquí que se advierte que los menores fueron sustraídos del seno materno, donde los menores desarrollaban su vida cotidiana. Asimismo, señalo que obra agregado en el sumario el oficio número 751 de fecha veintiocho de abril de dos mil veintiuno, signado por la Licenciada Rosa Amelia Guillén García, Fiscal Cuarta Especializada en la Investigación de delitos de violencia contra la familia, niñas y niños, y trata de personas de la Unidad Integral de procuración de Justicia, y valorado en términos de lo que dispone la fracción VIII del artículo 261 del código procesal de la materia, e imponiéndose el suscrito juzgador del mismo, se advierte que solicitó un informe sobre el estado procesal que guardaba el expediente que nos ocupa, ante la denuncia interpuesta por la aquí quejosa en contra del aquí actor, como probable responsable del delito de retención de sus dos menores hijos aquí involucrados, no obstante a lo anterior, al momento de decretar la medida combatida, se actuó con los datos aportados en ese momento, en apego a los dispuesto por los artículos 158, 159, 160 y 161, del mismo ordenamiento legal invocado. empero, como ya se dijo en el párrafo que antecede, se tiene por acreditado que los menores residían en la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo, a lado de su progenitora, de aquí que, el aquí actor haya retenido y/o sustraído a los menores Luego respecto al segundo de los agravios, donde refiere que los menores fueron arrebatados del seno materno sin justificación alguna lo que les está causando daño emocional, ya que los menores están acostumbrados a vivir con ella, que nunca ha puesto en riesgo su salud física y emocional; el juez responsable consideró que resulta fundado y operante, en razón del análisis del agravio anterior, hasta ese momento procesal tenía por acreditado que los menores estaban bajo la guarda y custodia de su progenitora en la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo, y que la recurrente reside en esa ciudad, según constancias de residencia aportadas por la misma. Respecto al tercero de los agravios esgrimidos, donde refiere que la entrevista con los menores en la diligencia por la cual se decretó la medida combatida, no se hizo con las medidas adecuadas para sus menores hijos, quienes por su corta edad aún no están conscientes de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, además de que la depositaria judicial no tiene disponibilidad suficiente para estar a cargo de los menores ya que es doctora y en su tiempo, o está trabajando o bien está cuidando a su esposo, que las pocas video llamadas de convivencia que ha tenido con sus menores hijos, tanto el actor como la depositaria judicial de los menores le ponen pretextos para que puedan comunicarle con los menores, que le mandan mensajes de textos vía Whatsapp para que se comunique al número celular de la actual pareja del actor; agravio que consideró resulta infundado e inoperante, toda vez que en la diligencia de cercioramiento de la necesidad de la medida que aquí se combate, y que fuera realizada en fecha veinte de mayo del año en curso, fueron escuchados los menores de edad aquí involucrados ante la presencia judicial, cumpliendo cabalmente a lo establecido por los artículos 158, 159, 160 y 161 del código procesal civil del Estado, 1 y 4 de la Constitución Federal, 1 al 41 de la Convención Sobre losDerechos el Niño, 3, 4, 7, 41, 48 y 49 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas u Adolescentes, significando que en todo momento se ponderó el interés superior de los menores, y su dicho fue libre y espontáneo. Ahora respecto a las siete fojas de (capturas de pantalla de conversaciones de whatsapp; cuarenta y un fojas en las que constan placas fotográficas y dos legajos de conversaciones de whatsapp, exhibidas por la recurrente, el juez responsable consideró ajustado a derecho restarles valor probatorio en términos del numerales 327, 329 y 337 del Código Procesal Civil en el Estado, toda vez que si bien es cierto se exhiben en copias simples, no menos cierto es que en nada beneficia a quien la oferta, además, de que su contenido no se ha robustecido con algún otro medio de convicción. Asimismo, en cuanto a lo manifestado por la demandada y recurrente en que tanto la depositaria judicial como el actor no tienen tiempo para cuidar la los menores de edad aquí involucrados, lo que no queda plenamente acreditado, toda vez que si bien es cierto, se tiene noticia que tanto el actor como la que fuera designada como depositaria judicial, ambos son médicos, según información recabada en los generales de éstos, y que constan en la diligencia de cercioramiento de la necesidad de la medida, atestes que se valoran en términos de lo que disponen los artículos 316 y 320 del código procesal civil del Estado, pero no se tiene por acreditado la falta de tiempo que tienen para cuidar a los infantes aquí involucrados. Por último, que el actor es, adicto a la marihuana, y que incluso la fumaba o fuma delante de sus menores hijos, siendo omiso que él consumió o consume la ayahuasca, y que además el actor fue el que insistió al menor de iniciales B.G. Nemi Zaldívar a probar la mariguana sin el consentimiento de la demandada y que ese fue el detonante de su separación. Agravio que resulta infundado e improcedente, dado que tampoco quedó acreditado en autos el probable consumo de la Ayahuasca tanto del actor como de la demandada, así como tampoco quedó acreditado que el actor haya dado aprobar la mariguana al hijo de iniciales B.G. Nemi Zaldivar sin el consentimiento de la demandada, pero además. este último hecho es irrelevante para la procedencia del recurso que nos ocupa, al ser hechos aislados que no afectan los intereses de los menores de edad aquí involucrados, máxime que como ya se dijo en párrafos anteriores, ha quedado acreditado que los menores de edad fueron sustraídos por parte de su progenitor y aquí actor, del seno materno el cual era en la ciudad de Solidaridad Playa del Carmen, Quintana Roo, suficiente para la procedencia del recurso planteado por la quejosa Elisa María Zaldívar Barcelata, y por tanto, levantar la medida de depósito de personas decretado en el sumario. Consiguientemente, el juez responsable declaró procedente la reclamación, que hizo valer la Elisa María Zaldívar Barcelata, en contra del depósito judicial decretado en los autos en que se actúa, mismo que fuera decretado a favor de María Chávez Méndez, en su domicilio ubicado en calle Cherna número 314 del Fraccionamiento Costa de Oro en la ciudad de Boca del Río, Veracruz; lo anterior tomando en consideración el interés supremo de los menores de apellidos SALAS ZALDIVAR, por ser esto lo que más beneficia el interés del infante, en virtud de haber quedado acreditado que los menores han sido sustraídos del seno materno, esto es, de la ciudad de Solidaridad, Playa del Carmen, Quintana Roo. Aunado a lo anterior, el juzgador responsable resaltó que dicho acto no afecta el interés jurídico de la depositaría judicial, quien solo resulta un auxiliar del Juez en el cargo que le fuera encomendado, toda vez que conforme lo establecido en el artículo 1 del Código de Procedimientos Civiles, por regla general, la representación legal de los menores corresponde originariamente a quienes ejercen la patria potestad, por tanto dicha representación recae en primer momento en sus progenitores, en apego a lo dispuesto por los artículos 354 y 343 del Código Civil del Estado de Veracruz. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, el juez responsable en su primer punto resolutivo, DEJÓ INSUBSISTENTE el acto reclamado consistente en la resolución de fecha seis de septiembre de dos mil veintiuno, entrando de nueva cuenta al estudio de los autos. Así mismo, en su segundo y tercer punto resolutivo, declaró PROCEDENTE LA RECLAMACIÓN planteada por Elisa María Zaldívar Barcelata, y fundamento en el artículo 58 del Código Procesal Civil del estado, REVOCÓ el depósito decretado en autos, con fecha veinte de mayo de dos mil veintiuno, publicado el veintiuno del citado mes y año, y como consecuencia, ordenó levantar el citado depósito decretado peticionado por Juan Eugenio Salas Chávez a favor de María Chávez Méndez, debiéndose retrotraer las cosas hasta antes de su decretamiento; por lo tanto, se ordenó requerir personalmente al actor Juan Eugenio Salas Chávez y/o a la depositaria judicial María Chávez Méndez, en el domicilio ubicado en calle Cherna 314 del Fraccionamiento Costa de Oro en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, para que haga entrega de los menores involucrados al lado de su progenitora Elisa María Zaldívar Barcelata, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se hará acreedor a una multa consistente en 30 UMAS de conformidad al artículo 53, fracción I, del Código Procesal Civil del Estado. En tales condiciones, se determina que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que dejó insubsistente la resolución dictada el seis de septiembre de dos mil veintiuno en el juicio ordinario civil 594/2021, y en su lugar, emitió otra en la, que con plenitud de jurisdicción resolvió nuevamente la litis sometida ante su potestad, dando contestación a los planteamientos realizados por la parte recurrente, a efecto de determinar si era procedente o no la reclamación planteada por la aquí quejosa. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. No es obstáculo a lo anterior, las manifestaciones vertidas por el tercero interesado, en el sentido de que la resolución dictada por el juzgador responsable deviene en defecto al cumplimento de la ejecutoria dictada por este órgano jurisdiccional; pues contrario a éstas, este Juzgado considera que la autoridad responsable sí cumplió con los lineamientos de la ejecutoria de amparo que se le indicaron, y que aquí quedaron precisados. Lo anterior es considerado así, puesto que el juez responsable con plenitud de jurisdicción, esto es, en el ejercicio del poder y facultad que le otorga el Estado para decidir sobre la controversia sometida a su potestad, realizó el estudio de los argumentos y agravios vertidos por la reclamante en su escrito de reclamación, la cual cabe señalar no fue desahogada por el aquí manifestante, así vez habiendo analizado y valorado el material probatorio exhibido, tuvo por acreditado que los menores fueron sustraídos del seno materno, declarando así fundada la procedencia de la reclamación referida, resolviendo en los términos ya establecidos. Ahora respecto al requerimiento por parte del juez responsable para que haga entrega de los menores a su madre, apercibiéndolo de multa en caso de incumplimiento, dígase que ella deviene de la facultad a utilizar diversas medidas de apremio autorizadas para lograr hacer cumplir sus determinaciones en un procedimiento judicial, conforme al artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Veracruz. De ahí que este Juzgado considera que la responsable sí demostró haber cumplido con los lineamientos de la ejecutoria de amparo que se le indicaron, y que aquí quedaron precisados. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General . Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley. Lo que se notifica por este medio a la parte tercero interesado, así por estar ordenado en autos.
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