Elisa Guzmán Espinoza
Expediente 1150/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1150/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Elisa Guzmán Espinoza
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, once de febrero de dos mil veintidós.****************************************Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de diecinueve de enero del año en curso por el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, sin que lo haya hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto causa estado.****************************************En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo.****************************************Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General.****************************************Notifíquese por lista, y mediante oficio a la autoridad responsable. ****************************************Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con diez minutos del diecinueve de enero de dos mil veintidós, el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización otorgada en oficio CCJ/ST/5333/2021, emitido por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de diciembre de dos mil veintiuno, con apoyo en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1150/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida el secretario da cuenta al secretario encargado del despacho con el pedimento registrado bajo el número 914 signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado. El secretario encargado del despacho provee: con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulado el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, con ellos dése cuenta en la etapa respectiva del desarrollo de la presente audiencia constitucional. Por otro lado, en virtud de la solicitud para que se le expida copia de la sentencia, una vez dictada entréguesele la misma. Enseguida, el secretario hace constar que el presente Expediente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva. El secretario encargado del despacho provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario da nueva cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa y por la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en Zamora. El secretario encargado del despacho provee: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales en cita. Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario da cuenta con los formulados por la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado. El secretario encargado del despacho acuerda: Vista la cuenta secretarial con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene a la agente adscrita formulando sus alegatos y por precluído el derecho de las demás partes para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del secretario encargado del despacho para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el trece de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Elisa Guzmán Espinoza, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridad responsable: Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en Zamora. Actos reclamados: La omisión de emitir por parte de la junta responsable el acuerdo de pruebas dentro del juicio ordinario laboral 142/2018. Segundo. Admisión de la demanda. Por acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintiuno se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, por tanto, una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional en relación con las siguientes CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues la parte quejosa reclama actos omisivos atribuidos a autoridades que residen en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 192097, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En cumplimiento al precepto y la jurisprudencia referidos, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en lo siguiente: La omisión de emitir por parte de la junta responsable el acuerdo de pruebas dentro del juicio ordinario laboral 142/2018. Tercera. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado manifestó que no es cierto el acto reclamado. Lo anterior, en virtud que de las documentales que acompañó a dicho informe, consistente en copias certificadas del juicio laboral 142/2018, se advierte que en auto de once de mayo de dos mil veintiuno, dicto un acuerdo en el que se da vista a las partes con las pruebas ofrecidas dentro del juicio origen; asimismo, se advierte que la junta responsable ordenó se notificara personalmente a las partes con dicho acuerdo. Documentales que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2º. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a la autoridad responsable se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo". Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Elisa Guzmán Espinoza, respecto del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, en términos de las consideraciones tercera y quinta del presente fallo. Notifíquese por lista y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización otorgada en oficio CCJ/ST/5333/2021, emitido por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de diciembre de dos mil veintiuno, con apoyo en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de enero de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que remite la Presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en Zamora. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por ofrecida, admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza la documental que anexa en apoyo a su informe la autoridad responsable en cita. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización otorgada en oficio CCJ/ST/5333/2021, emitido por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de diciembre de dos mil veintiuno, con apoyo en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito de ampliación de demanda que suscribe de forma electrónica el Sergio Ochoa Ruíz Esparza, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso Hernán Cortés Gómez. Antes de abordar el tema relativo a si es procedente o no la ampliación de demanda, es importante destacar que el ocursante Sergio Ochoa Ruíz Esparza, es autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, lo anterior se corrobora con el escrito de demanda de amparo. Asimismo, es de mencionar que únicamente tienen el carácter de apoderados jurídicos Arturo Magaña Cuevas, Azalia Lizeth Padilla Vázquez, Bárbara Zamacona Melgarejo, Hernán Cortes Ramírez, Nora Leticia Chávez Guillén y Vianey Miranda Álvarez, según se advierte del poder notarial que adjuntaron a la demanda de amparo. Precisado lo anterior, se aprecia que el ocursante Sergio Ochoa Ruíz Esparza no posee la calidad de apoderado jurídico del quejoso, solamente la de autorizado del mismo. Atento a ello, dígase al ocursante que no es procedente acordar de conformidad su petición de ampliación de demanda, toda vez que al ser autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, carece de legitimación para intentar una ampliación demanda de amparo y únicamente podrá ampliarla directamente el quejoso -en este caso el quejoso o los apoderados jurídicos del peticionario- y no por conducto de su autorizado, ya que es un acto personalísimo. En esa línea de pensamiento, si la Ley de Amparo, exige como requisito formal que la demanda de amparo sea suscrita por el agraviado (quejoso) o por sus representantes legales (apoderados jurídicos) es dable concluir que la misma suerte sigue la ampliación de demanda de amparo, ya que ese requisito no se puede sustituir o ampliar hacia los autorizados del quejoso. En consecuencia, si la persona directamente agraviada es quien debe solicitar el amparo, consiguientemente también deberá ocuparse de ampliar la demanda. De ahí que el autorizado no está en posibilidad de efectuar ese acto procesal, sino solamente aquellos subsiguientes a la promoción de la demanda de garantías o en su caso, de su ampliación, que no incidan con cuestiones que directamente deban provenir de la voluntad del interesado. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2007285, visible en la página 210, del Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, materia común, de rubro y textos siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes.". Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 161909, visible en la página 68, del Tomo XXXIII, Junio de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, materia común, de rubro y textos siguientes: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional.". Por otra parte, no pasa inadvertido para el de la voz que en el archivo de cuenta, por el cual se pretende ampliar la demanda de amparo, que contiene rubricas de Sergio Ochoa Ruíz Esparza y de Azalia Lizeth Padilla Vázquez, ésta última apoderada jurídica del quejoso. Sin embargo, al ser un documento presentado de forma electrónica la firma que cuenta es la firma criptográfica y no así las firmas que se encuentran plasmadas dentro del contenido del archivo. Por lo expuesto con anterioridad y con fundamento en el artículo 3, 5 y 12 de la Ley de Amparo, se desecha el escrito de ampliación de demanda de amparo intentada por el autorizado de la parte quejosa. Por último, en el supuesto hipotético que la ampliación de demanda hubiera sido presentada o intentada por alguna de las personas que tiene el carácter de apoderado jurídico reconocido en autos, la misma resultaría extemporánea. Se arriba a la anterior conclusión, porque la autoridad responsable rindió su informe justificado en auto de siete de mayo de dos mil veintiuno, por lo que desde aquella fecha el quejoso o sus apoderados jurídicos estaban en aptitud de formular la ampliación de demanda, sin que ello haya acontecido de manera legítima como se proveyó en la audiencia constitucional de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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