Elisa Gonzalez Mata
Expediente 1379/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1379/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Elisa Gonzalez Mata
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA IX. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito de ********************, por medio del cual da cumplimiento a la prevención formulada el seis de octubre de dos mil veintitrés. DESECHAMIENTO DE DEMANDA En esas condiciones, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: [...] El citado artículo impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. [...] Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que en esencia los actos reclamados que combate la parte quejosa consisten en: La omisión de ejecutar las resoluciones del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y arbitraje del Estado de Morelos, en relación a la ejecución del laudo dictado en el expediente ***, así como poner a disposición del justiciable el crédito laboral reconocido. Una vez establecido el acto reclamado, este juzgador determina que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues se estima se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: [...] De los anteriores preceptos y fracciones se obtiene que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que ésta resulte de alguna disposición de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. Por otra parte, el segundo de los preceptos señalados establece que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. En esos términos, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencia sobre la procedencia o improcedencia del juicio de amparo, los Juzgados de Distrito se encuentran obligados a aplicarla, atento a su carácter obligatorio, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, lo cual no posibilita que pueda ser objeto de análisis por un órgano de menor grado y, menos aún, que decida no aplicarla. Así, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció diversos criterios jurisprudenciales en los que estableció que conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. En el criterio citado, estableció que de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión de la responsable de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 63 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por la quejosa y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. [...] Además, los numerales 150 y 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, respecto a la ejecución de los laudos en materia laboral, establecen lo siguiente: [...] De los citados preceptos se desprende la obligación de proveer al dictado de las medidas necesarias para la ejecución de los laudos; sin embargo, el artículo 151 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento. Asimismo, se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución. Por las razones apuntadas determinó que no podría concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Tribunal responsable para que oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo, pues indefectiblemente se necesita la participación e impulso del procedimiento de ejecución por la parte quejosa. [...] Expuesto lo anterior, como se precisó en párrafos precedentes, el acto reclamado consiste en la omisión de ejecutar las resoluciones del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y arbitraje del Estado de Morelos, en relación a la ejecución del laudo dictado en el expediente ***. En ese escenario, se arriba a la conclusión que lo combatido por la parte quejosa constituye un reclamo genérico que, en atención a la etapa de ejecución en que se encuentra el juicio, motiva al desechamiento de la demanda de que se trata. Por tanto, tratándose de juicios de amparo promovido contra actos omisivos en ejecución de laudo, la parte quejosa está debe precisar la omisión específica en que incurrió la responsable, a fin de que pueda prosperar su acción de control constitucional, pues de otra manera, el acto reclamado es jurídicamente inexistente. En este orden de ideas, de la lectura integral de la demanda y escrito aclaratorio de cuenta, se reitera que, en el caso concreto, la parte quejosa reclama de manera genérica la omisión de ejecutar las resoluciones del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y arbitraje del Estado de Morelos, en relación a la ejecución del laudo dictado en el expediente **. Por tanto, si las referencias realizadas en el libelo constitucional son consideradas como manifestaciones genéricas, no cabe duda que en sí mismas actualizan la causa de improcedencia anunciada. [...] Así las cosas, atento a lo expuesto se concluye que el acto reclamado en el presente juicio por sí solo, no produce una afectación directa a los derechos sustantivos del gobernado, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario, el juicio de amparo instado en esta vía resulta improcedente y, por ende, con apoyo en el cardinal 113 del citado ordenamiento legal, se desecha la demanda promovida por ********************. [...] EXHORTACIÓN PARA TRAMITAR ASUNTO "EN LÍNEA" De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales cono ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, punto TERCERO que reforma, entre otros, los artículos 251 al 265 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, se les conmina para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico, teléfono o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En este sentido, se hace del conocimiento que, de ser necesario, las comunicaciones no procesales que se realicen, a criterio del órgano jurisdiccional, podrán incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. JRL
- Principal
CITATORIO. SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DICTADO EL DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN SÍNTESIS DICE: MESA IX. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito de ********************, por medio del cual da cumplimiento a la prevención formulada el seis de octubre de dos mil veintitrés. DESECHAMIENTO DE DEMANDA En esas condiciones, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: [...] El citado artículo impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. [...] Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que en esencia los actos reclamados que combate la parte quejosa consisten en: La omisión de ejecutar las resoluciones del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y arbitraje del Estado de Morelos, en relación a la ejecución del laudo dictado en el expediente ***, así como poner a disposición del justiciable el crédito laboral reconocido. Una vez establecido el acto reclamado, este juzgador determina que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues se estima se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: [...] De los anteriores preceptos y fracciones se obtiene que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que ésta resulte de alguna disposición de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. Por otra parte, el segundo de los preceptos señalados establece que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. En esos términos, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencia sobre la procedencia o improcedencia del juicio de amparo, los Juzgados de Distrito se encuentran obligados a aplicarla, atento a su carácter obligatorio, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, lo cual no posibilita que pueda ser objeto de análisis por un órgano de menor grado y, menos aún, que decida no aplicarla. Así, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció diversos criterios jurisprudenciales en los que estableció que conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. En el criterio citado, estableció que de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión de la responsable de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 63 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por la quejosa y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. [...] Además, los numerales 150 y 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, respecto a la ejecución de los laudos en materia laboral, establecen lo siguiente: [...] De los citados preceptos se desprende la obligación de proveer al dictado de las medidas necesarias para la ejecución de los laudos; sin embargo, el artículo 151 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento. Asimismo, se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución. Por las razones apuntadas determinó que no podría concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Tribunal responsable para que oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo, pues indefectiblemente se necesita la participación e impulso del procedimiento de ejecución por la parte quejosa. [...] Expuesto lo anterior, como se precisó en párrafos precedentes, el acto reclamado consiste en la omisión de ejecutar las resoluciones del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y arbitraje del Estado de Morelos, en relación a la ejecución del laudo dictado en el expediente ***. En ese escenario, se arriba a la conclusión que lo combatido por la parte quejosa constituye un reclamo genérico que, en atención a la etapa de ejecución en que se encuentra el juicio, motiva al desechamiento de la demanda de que se trata. Por tanto, tratándose de juicios de amparo promovido contra actos omisivos en ejecución de laudo, la parte quejosa está debe precisar la omisión específica en que incurrió la responsable, a fin de que pueda prosperar su acción de control constitucional, pues de otra manera, el acto reclamado es jurídicamente inexistente. En este orden de ideas, de la lectura integral de la demanda y escrito aclaratorio de cuenta, se reitera que, en el caso concreto, la parte quejosa reclama de manera genérica la omisión de ejecutar las resoluciones del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y arbitraje del Estado de Morelos, en relación a la ejecución del laudo dictado en el expediente **. Por tanto, si las referencias realizadas en el libelo constitucional son consideradas como manifestaciones genéricas, no cabe duda que en sí mismas actualizan la causa de improcedencia anunciada. [...] Así las cosas, atento a lo expuesto se concluye que el acto reclamado en el presente juicio por sí solo, no produce una afectación directa a los derechos sustantivos del gobernado, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario, el juicio de amparo instado en esta vía resulta improcedente y, por ende, con apoyo en el cardinal 113 del citado ordenamiento legal, se desecha la demanda promovida por ********************. [...] EXHORTACIÓN PARA TRAMITAR ASUNTO "EN LÍNEA" De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales cono ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, punto TERCERO que reforma, entre otros, los artículos 251 al 265 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, se les conmina para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico, teléfono o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En este sentido, se hace del conocimiento que, de ser necesario, las comunicaciones no procesales que se realicen, a criterio del órgano jurisdiccional, podrán incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. JRL
- Principal
AVISO. MESA IX.- Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de ***, mediante el cual pretende subsanar la prevención formulada en proveído de seis de octubre de dos mil veintitrés. SUBSISTE PREVENCIÓN Atento a su contenido, no ha lugar a tener por desahogada la prevención de referencia, toda vez que se requirió a la parte quejosa para lo siguiente: "ÚNICO. Precise el acto o actos que reclama en esta instancia constitucional al Presidente Ejecutor y Actuario del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Lo anterior, en virtud de que de la lectura de la demanda de amparo y, en específico del apartado de acto reclamado, se advierte que el promovente refiere reclamar, en lo conducente, el siguiente acto: "ACTOS RECLAMADOS.- DEL PRESIDENTE Y ACTUARIO EJECUTOR DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, la omisión de ejecutar las resoluciones del pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y arbitraje del Estado de Morelos (TECA), y poner a disposición del justiciable el crédito laboral reconocido y reinstalarla física, real, material y jurídicamente en su fuente de trabajo, como se ordenó en el laudo dentro del expediente, ANTE EL IRRESPETO DE LOS PLAZOS Y TERMINOS PREVISTOS EN LA LEY DEL SERVICIO CIVIL, ESPECIFICAMENTE A LOS 115 Y 119, dentro en el expediente 01/1062/2019" No obstante, posteriormente refiere lo siguiente: ". sin que a la fecha que tuve acceso al expediente exista un pronunciamiento adicional, pues es de explorado derecho que el impulso procesal corresponde al que obtuvo, situación que se solicitó desde el pasado 24 de mayo de dos mil veintitrés, sin que al momento que se presenta el juicio de amparo, haya despacho diligencia alguna y/o notificación al quejoso para que se asocie con el actuario ejecutor. Por tanto, la parte quejosa debe aclarar si pretende reclamar de las señaladas autoridades responsables: La omisión de ejecutar las resoluciones del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y arbitraje del Estado de Morelos, en relación a la ejecución del laudo dictado en el expediente 01/1062/2019, o bien; La omisión de acordar la promoción de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, en la que solicitó la ejecución del laudo dictado en el juicio 01/1062/2019. Lo anterior, a efecto de fijar correctamente la litis constitucional y determinar lo conducente respecto a la admisión de la demanda que se trata." Sin embargo, del contenido del escrito de referencia, se advierte que no se cumple con lo requerido en el ÚNICO punto preventivo del auto de seis de octubre de dos mil veintitrés, pues de las manifestaciones que vierte el promovente en el ocurso de cuenta no se desprende que puntualice el acto reclamado en los términos precisados en el auto preventivo de referencia. En consecuencia, el promovente deberá señalar en específico qué acto u omisión pretende reclamar en el presente juicio de amparo, es decir: La omisión de ejecutar las resoluciones del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y arbitraje del Estado de Morelos, en relación a la ejecución del laudo dictado en el expediente 01/1062/2019, o bien; La omisión de acordar la promoción de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, en la que solicitó la ejecución del laudo dictado en el juicio 01/1062/2019. Ello, tal como le fue requerido en el auto preventivo de seis de octubre de dos mil veintitrés. En mérito de lo anterior, no puede considerarse cumplida la prevención que se le formuló; por tanto, subsiste el requerimiento y apercibimiento insertos en el proveído en cita, en el entendido que cuenta con cinco días a efecto de desahogar el requerimiento antes señalado, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído; lo anterior es así, en virtud de que el auto preventivo de seis de octubre de dos mil veintitrés se notificó el dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA IX.- Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de ***, mediante el cual pretende subsanar la prevención formulada en proveído de seis de octubre de dos mil veintitrés. SUBSISTE PREVENCIÓN Atento a su contenido, no ha lugar a tener por desahogada la prevención de referencia, toda vez que se requirió a la parte quejosa para lo siguiente: "ÚNICO. Precise el acto o actos que reclama en esta instancia constitucional al Presidente Ejecutor y Actuario del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Lo anterior, en virtud de que de la lectura de la demanda de amparo y, en específico del apartado de acto reclamado, se advierte que el promovente refiere reclamar, en lo conducente, el siguiente acto: "ACTOS RECLAMADOS.- DEL PRESIDENTE Y ACTUARIO EJECUTOR DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, la omisión de ejecutar las resoluciones del pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y arbitraje del Estado de Morelos (TECA), y poner a disposición del justiciable el crédito laboral reconocido y reinstalarla física, real, material y jurídicamente en su fuente de trabajo, como se ordenó en el laudo dentro del expediente, ANTE EL IRRESPETO DE LOS PLAZOS Y TERMINOS PREVISTOS EN LA LEY DEL SERVICIO CIVIL, ESPECIFICAMENTE A LOS 115 Y 119, dentro en el expediente 01/1062/2019" No obstante, posteriormente refiere lo siguiente: ". sin que a la fecha que tuve acceso al expediente exista un pronunciamiento adicional, pues es de explorado derecho que el impulso procesal corresponde al que obtuvo, situación que se solicitó desde el pasado 24 de mayo de dos mil veintitrés, sin que al momento que se presenta el juicio de amparo, haya despacho diligencia alguna y/o notificación al quejoso para que se asocie con el actuario ejecutor. Por tanto, la parte quejosa debe aclarar si pretende reclamar de las señaladas autoridades responsables: La omisión de ejecutar las resoluciones del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y arbitraje del Estado de Morelos, en relación a la ejecución del laudo dictado en el expediente 01/1062/2019, o bien; La omisión de acordar la promoción de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, en la que solicitó la ejecución del laudo dictado en el juicio 01/1062/2019. Lo anterior, a efecto de fijar correctamente la litis constitucional y determinar lo conducente respecto a la admisión de la demanda que se trata." Sin embargo, del contenido del escrito de referencia, se advierte que no se cumple con lo requerido en el ÚNICO punto preventivo del auto de seis de octubre de dos mil veintitrés, pues de las manifestaciones que vierte el promovente en el ocurso de cuenta no se desprende que puntualice el acto reclamado en los términos precisados en el auto preventivo de referencia. En consecuencia, el promovente deberá señalar en específico qué acto u omisión pretende reclamar en el presente juicio de amparo, es decir: La omisión de ejecutar las resoluciones del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y arbitraje del Estado de Morelos, en relación a la ejecución del laudo dictado en el expediente 01/1062/2019, o bien; La omisión de acordar la promoción de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, en la que solicitó la ejecución del laudo dictado en el juicio 01/1062/2019. Ello, tal como le fue requerido en el auto preventivo de seis de octubre de dos mil veintitrés. En mérito de lo anterior, no puede considerarse cumplida la prevención que se le formuló; por tanto, subsiste el requerimiento y apercibimiento insertos en el proveído en cita, en el entendido que cuenta con cinco días a efecto de desahogar el requerimiento antes señalado, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído; lo anterior es así, en virtud de que el auto preventivo de seis de octubre de dos mil veintitrés se notificó el dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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